PORTADAS EL UNIVERSAL: ENSAYAN EN METRO CONTRA TERRORISMO EXCÉLSIOR: DELITO MENTIRLE AL CONGRESO MILENIO: PRECIOS FIJOS A LA TORTILLA Y EL ACEITE , ” SI HAY CONDICIONES” LA JORNADA: CONGELAN PRECIOS DE 24 PRODUCTOS TRAS ALZAS YA CONSUMADAS LA CRÓNICA: MULTA LEGÍTIMA DEL IFE A PRD Y PT POR $731 MIL EL MEXICANO: VENCE HOY PLAZO PARA QUE DESALOJEN PREDIO EN TIJUANA
Por unafuente
EL UNIVERSAL: ENSAYAN EN METRO CONTRA TERRORISMOEn sólo ocho minutos, los vagones del Metro en la estación Chabacano de la línea 8 fueron “liberados” de delincuentes armados que tenían a los pasajeros como rehenes. La acción fue parte de un simulacro que el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía Judicial de la Procuraduría capitalina realizó durante las madrugadas del 15 al 17 de mayo entre las 00:00 y las 4:00 horas, cuando ya no había usuarios. Divididos en tres comandos, 110 elementos del GERI, incluidas nueve mujeres, caminaron por los túneles, llegaron al vagón, lo abordaron y liberaron a las supuestas víctimas. El operativo fue por orden de Marcelo Ebrard. “Pidió al procurador y al jefe de la Policía Judicial realizar estas acciones para tener certeza de si estamos preparados y encontrar las estrategias adecuadas”, aseguró Rafael Cortés Medellín, comandante del GERI. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: SERÁ DELITO MENTIRLE AL CONGRESOEl Senado de la República aprobó, en comisiones, reformas constitucionales que obligarán a los secretarios de Estado y titulares de órganos paraestatales y autónomos a no mentirle al Congreso de la Unión cuando sean requeridos, pues no hablar con la verdad resultará un delito. De esta forma, la modernización del vínculo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo registró su primer paso en el proceso parlamentario, pues los senadores construyeron este cambio que pretenden rija a partir de septiembre próximo. Se trata de una de las aristas que tiene la reforma al formato del Informe de Gobierno en México, que ahora se engloba en una cultura de rendición de cuentas y, con base en modelos del sistema parlamentario, permitirá a los legisladores llamar a cuentas a los responsables de la administración pública federal, quienes tendrán la obligación de hablar con la verdad. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: PRECIOS FIJOS A LA TORTILLA Y EL ACEITE,”SI HAY CONDICIONES”El gobierno federal y las cámaras industriales del sector alimenticio acordaron congelar el precio de más de 150 productos para mantener la estabilidad de los costos de la comida de millones de mexicanos. Al anunciar la medida para enfrentar la coyuntura de alza de precios de los energéticos y los alimentos, el presidente Felipe Calderón reconoció que la estabilidad de precios en el país se ha logrado con algunas dificultades. Los productos, cuya lista definieron los industriales, tendrán un precio fijo en todo el país desde ayer y hasta el próximo 31 de diciembre e incluye alimentos enlatados que van desde los frutos en almíbar, frijoles, mermeladas, sopas instantáneas, bebidas de soya, salsas para espagueti, jugos de frutas y verduras, chiles jalapeños y chipotles, salsas, mole, chilorio, sardina y atún. Aunque se anunció que el aceite y la harina de trigo también entran en este programa especial, el presidente de Concamin, Ismael Ismael Plascencia Núñez, dijo que sus precios se mantendrían “de aquí a julio y otros hasta agosto”, y que si no hay aumentos indiscriminados en los insumos, se continuarían hasta diciembre. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA:CONGELAN PRECIOS DE 24 PRODUCTOS TRAS ALZAS YA CONSUMADASEl gobierno federal anunció que, para enfrentar la carestía, de aquí al 31 de diciembre se mantendrán sin variación los precios de 24 alimentos, condimentos y bebidas procesadas, en 140 presentaciones y 34 marcas. Los costos del aceite y la harina de trigo tampoco se incrementarán, pero sólo entre junio y julio. Así lo dieron a conocer ayer el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia, en la residencia oficial de Los Pinos. Más tarde, 31 integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), entre los que se encontraban empresarios como Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim Domit, tuvieron una comida privada con el mandatario y ofrecieron estar muy vigilantes para evitar que las expectativas de inflación en el país “empeoren”. Al término de la encerrona, Claudio X. González expresó su preocupación de que se presente una escalada inflacionaria en México, porque los más afectados serían los que menos tienen, y “una vez que el geniecito ese sale de la botella, el de la inflación, es canijo, es muy difícil volverlo a meter”. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: MULTA LEGÍTIMA DEL IFE A PRD Y PT POR $731 MILCon una decisión dividida y en medio de una fuerte discusión sobre los límites de la libertad de expresión en la propaganda política, la mayoría del Consejo General del IFE terminó con la leyenda de “Presidente Legítimo” que se utilizaba en algunos de los espots del PRD y PT para referirse a Andrés Manuel López Obrador, al considerarla ilegal y denostativa para la institución presidencial del país, por lo que prohibió el uso de esta expresión en los tiempos oficiales en radio y televisión. No obstante, en su dictamen, los consejeros permitieron el uso de la imagen y voz de López Obrador en los espots. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el IFE también redujo la multa originalmente propuesta de 893 mil pesos al PRD y PT de manera conjunta y la dejó en 731 mil.VER NOTA COMPLETA
EL MEXICANO: VENCE HOY PLAZO PARA QUE DESALOJEN PREDIO EN TIJUANA Se informa en el diario local tijuanense, que después de invitar a las personas que ocupan ilegalmente un predio conocido como Rosa de Castilla, ubicado en el estado de Tijuana, el Ministerio Público entregó un apercibimiento para que en un plazo de 72 horas se retiren del lugar, de lo contrario se utilizará la fuerza pública para el desalojo de las aproximadamente 90 personas. Este grupo de personas invadió por primera vez un terreno de aproximadamente 90 hectáreas entre el 31 de Mayo y primero de Junio, días después fueron desalojadas por la fuerza pública. Sin embargo, recientemente volvieron a ocupar ilegalmente el lugar. Y de nueva cuenta el Ministerio Público acudió al lugar para invitarlos a que desocuparan de manera voluntaria el predio, expresó el subsecretario general de gobierno en Tijuana, Oscar Zumaya Ojeda. El funcionario estatal aseguró que de antemano han platicado con el grupo de personas, a quienes se les han ofrecido las opciones que hay en el gobierno para la adquisición legal de un predio, a través de los programas del INDIVI, ante Inmobiliaria Estatal, pero nadie se ha acercado. VER NOTA COMPLETA
Emite CNDH recomendación por niños violados en Oaxaca
Por unafuente
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por el caso de tres niños menores de cuatro años de edad que fueron víctimas de agresiones sexuales en el colegio particular Villa de Etla, en esa entidad, informa EL UNIVERSAL. El organismo acreditó que los niños tienen daños emocionales, porque "se vulneró su integridad física y psicológica", además de que las autoridades judiciales y educativas del estado cometieron omisiones por no brindar atención médica y psicológica a las víctimas ni tomar las medidas necesarias para impedir que este tipo de delitos se repitan en las escuelas. El 11 de enero, la CNDH atrajo la queja presentada por los familiares de los tres niños en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, luego de que denunciaron cambios en la conducta de sus hijos, así como evidencias físicas de maltrato, golpes y abusos sufridos en el interior del colegio y efectuados presuntamente por personal de la escuela. Al analizar las pruebas obtenidas, la Comisión aseguró que "obtuvo elementos suficientes para acreditar violaciones al derecho a la debida protección a las víctimas del delito, derivado de la omisión para brindar a los menores y a sus familiares asistencia médica y psicológica, así como salvaguardar su integridad física, atribuible a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca", indica EL UNIVERSAL en su portal de internet.
Detienen a 16 ilegales cubanos en Q.Roo
Por unafuente
LEA: RESCATA MARINA A 96 INDOCUMENTADOS CUBANOS AL AÑO
Autoridades de Seguridad Pública de Solidaridad confirmaron la detención hoy de 16 indocumentados cubanos que fueron avistados frente a las costas de este municipio, informa EXCÉLSIOR. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Solidaridad, la embarcación en la que viajaban los cubanos se quedó varada frente al parque Xcaret, a unos ocho kilómetros al sur de esta ciudad. El director de Seguridad Pública de Solidaridad, Roberto del Angel, informó que tras el aviso de la embarcación que transportaba a los antillanos se montó un operativo sobre la zona costera y se logró detener a 16 cubanos, al parecer todos ellos del sexo masculino. Los indocumentados viajaban en una lancha rápida -con tres motores fuera de borda- y al parecer se quedaron sin combustible, por lo que la marea los arrojó hasta la costa y al verse descubiertos prefirieron lanzarse al mar a ser detenidos, aclara EXCÉLSIOR.
Ubican a PGR en 'lista negra' de transparencia
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El recién reelecto comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio, puso en la lista negra de la transparencia a la PGR, destaca EL UNIVERSAL. Lujambio calificó como un "punto delicado" para la transparencia a la Procuraduría General de la República (PGR), por no querer dar la información que solicitan algunos ciudadanos. En entrevista para EL UNIVERSAL, aseguró que a pesar de que el IFAI ha solicitado a la procuraduría dar "información inacatable", dicha institución sigue recurriendo al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa para no hacerlo. Comentó que la relación del instituto de transparencia con la PGR se ha vuelto "problemática y compleja", porque no coinciden en los alcances. Sin embargo, confía en que haya una interlocución con esta institución para tener un viraje y redefinir la aplicación del ministerio público en averiguaciones periciales, menciona EL UNIVERSAL.
Se titula en la UNAM indígena amuzga
Por unafuente
El próximo 20 de junio, Dydya López Domínguez, una joven de origen amuzgo, obtendrá su título de licenciatura en Biología de la UNAM con una tesis bilingüe del Sistema de Becas para Estudiantes indígenas de la Universidad, indica EXCÉLSIOR. Éste será el primer trabajo de tesis escrito en español y en una lengua indígena coordinado por el Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, creado en el 2004 para apoyar a estudiantes de otras culturas. La joven de 24 años, egresada de la FES Iztacala, realizó estudios en Biología y se especializó en etnobiología, un área que analiza la clasificación de los animales vertebrados usados en la alimentación humana, informó la UNAM a través de un boletín de prensa, anuncia EXCÉLSIOR.
Hallan médicos de EU indicios claros de tortura a presos en Irak y Guantánamo
Por unafuente
LEA: FALLA CORTE EU A FAVOR DE PRESOS EN GUANTÁNAMO ACATARÉ DECISIÓN DE LA CORTE: BUSH
Un informe de médicos estadounidenses relata el hallazgo de claros indicios de torturas tras exámenes realizados a ex prisioneros en Irak y la base naval norteamericana de Guantánamo, Cuba, indicó hoy la cadena de noticias CNN, destaca MILENIO en su portal de internet. Según el reporte, en 11 personas detenidas por Estados Unidos por ser sospechosos de terrorismo se hallaron huellas físicas y síquicas de golpes, descargas eléctricos, privación de sueño, humillación sexual, violación y otros graves abusos. Los resultados de las investigaciones se hallan en un informe del grupo "Physicians for Human Rights", una organización de médicos con sede en Boston que lucha por el respeto a los derechos humanos. Según CNN, el reporte señala que muchos ex prisioneros sufren hasta hoy las consecuencias de la tortura. El prólogo del informe lo escribió el ex general Antonio Taguba, quien lideró las investigaciones en el escándalo por los abusos a prisioneros a manos de soldados estadounidenses en la cárcel iraquí de Abu Ghoreib en 2003, publica MILENIO.
MEDIOS POLICÍAS DE NL GOLPEAN A REPORTEROS QUE CUBRÍAN UNA MANIFESTACIÓN
Por unafuente
Reporteros que cubrían una manifestación en repudio a la inseguridad que prevalece en el municipio de Benito Juárez fueron golpeados por la policía local, presuntamente por órdenes de un sujeto que dijo ser primo del alcalde Heriberto Treviño Cantú, informa LA JORNADA. Durante la agresión estuvo presente el director de la policía municipal, Alberto González Hernández, quien no intervino a favor de los comunicadores. La empresa Televisa anunció que procederá legalmente contra los uniformados que lesionaron a su reportero Sergio Cruz, a quien además le dañaron una cámara de televisión que portaba para realizar su labor. Según testigos, el ataque inició en las primeras horas de este miércoles, cuando un sujeto bajó de la camioneta que conducía y golpeó a los manifestantes, porque la movilización le impedía el paso. Esa misma persona azuzó a los policías a atacar a los periodistas, anuncia LA JORNADA.
REFORMA ENERGÉTICA TORPE E ILEGAL OPONERSE A CONSULTA: CARDENAS
Por unafuente
LEA: PIDE EBRARD A ADULTOS MAYORES PARTICIPAR EN CONSULTA DESCARTA BELTRONES DIVISIÓN EN EL PRI POR REFORMA ENERGÉTICA
FUERA DE LEY DEL ISSSTE REQUISITO DE TRES AÑOS, ES INCONSTITUCIONAL: SCJN CONTINUARAN TRABAJADORES DEL DF BATALLA CONTRA LEY DEL ISSSTE
Por unafuente
EL ECONOMISTA informa que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el requisito de permanencia de tres años en el mismo puesto para calcular el monto de la pensión por jubilación, como lo establecía la nueva ley del ISSSTE. De último momento, cinco ministros fueron convencidos por los argumentos de la otra mitad del pleno para declarar inconstitucional la fracción normativa que establecía que la pensión se calcularía con base en un mínimo de tres años de recibir el mismo sueldo, o de lo contrario se promediaría con el salario inmediato anterior. Los ministros argumentaron que el requisito de tres años afecta la preservación de la calidad de vida de los trabajadores, y por lo tanto su pensión tendrá que calcularse bajo el sistema anterior, que toma en cuenta el salario obtenido durante el último año. Esta resolución, destaca EL ECONOMISTA, sólo beneficiará a los quejosos que interpusieron un amparo contra la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
CONTINUARAN TRABAJADORES DEL DF BATALLA CONTRA LEY DEL ISSSTELos trabajadores del Gobierno del Distrito Federal anunciaron que continuarán la batalla legal, incluso ante organismos internacionales, para intentar revertir las reformas a la Ley del ISSSTE, publica EL UNIVERSAL en su sitio web. Luego de que ayer la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que el nuevo sistema de pensiones no afecta de manera retroactiva a los burócratas del país, el dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), Enrique Hanff Vázquez lamentó esta decisión. En entrevista, subrayó que los ministros de la Corte deberían acercarse a los empleados públicos para que conozcan de cerca cual es la real situación que enfrentan ante las reformas referidas hechas el año pasado y concienticen el costo social que tiene su determinación. Los ministros de la Corte llegaron a la conclusión de que el Congreso de la Unión no violó ninguna disposición al crear un nuevo sistema de pensiones y al obligar a los trabajadores a decidir si aceptan sumarse al nuevo esquema, que está administrado por el Pensión ISSSTE, o si optan por un esquema muy parecido al que tenían antes de la reforma para jubilarse, anuncia EL UNIVERSAL.
Hallan 'trampa mortal' en frontera con Nuevo México
Por unafuente
Una trampa construida con dos piezas de alambre y colocada para que una persona resulte lastimada de gravedad, o hasta degollada, fue descubierta este fin de semana en un camino de terracería paralelo a la línea internacional con México, reporta EL DIARIO de Ciudad Juárez. El dispositivo, de fabricación artesanal, localizado al sur de Deming, Nuevo México, es el segundo de su tipo descubierto este año en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con autoridades federales, y representa un peligro tanto para los agentes de la Border Patrol como para los indocumentados, dice EL DIARIO.
Editorial
Jalisco: la fiscalización de la sociedad
El Patronato Pro Construcción del Santuario de los Mártires anunció ayer que el próximo lunes devolverá, “junto con los intereses correspondientes”, los 30 millones de pesos que recibió como primer donativo, de un total de 90 millones anunciados, por parte del gobierno de Jalisco que encabeza el panista Emilio González Márquez. El anuncio se produce a más de tres meses de la entrega de la polémica macrolimosna para la construcción de un templo cristero en la entidad, y a pocos días de que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, “sugiriera” a la fundación promotora considerar “la posibilidad de devolver dichos recursos”, ante las muestras de descontento popular que el donativo había generado, y con el argumento de que “la paz y la concordia en la sociedad deben estar por encima de cualquier cosa”.
El hecho reviste importancia porque pone de manifiesto la efectividad de la presión social frente a una decisión gubernamental aberrante en varios sentidos: con la donación millonaria, y a cargo del erario, el mandatario estatal puso en evidencia el sesgo confesional con que se desempeña en un cargo que demanda laicidad e imparcialidad, así como su desprecio por las normas constitucionales que consagran la libertad de creencias y la separación entre las iglesias y el Estado; exhibió, al mismo tiempo, una jerarquización por demás cuestionable en lo que toca a las prioridades de su gobierno, pues los recursos entregados bien habrían podido servir para atender los rezagos sociales que enfrenta la entidad, mucho más urgentes que la “promoción del turismo religioso”, y aportó una muestra del sentido clientelar, patrimonialista y discrecional con que el panismo gobernante maneja los dineros públicos aprovechando los vacíos legales en materia de rendición de cuentas y transparencia.
Ante el empecinamiento de González Márquez, y los exabruptos soeces que lanzó a quienes criticaron el millonario donativo, la sociedad, en Jalisco y en el país, expresó un inequívoco repudio a semejantes maneras de gobernar; a la manifestación realizada en Guadalajara se agregaron cerca de 7 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A fin de cuentas, esa presión obligó a dar marcha atrás a quienes se habían beneficiado con ese manejo irregular y faccioso de los recursos públicos.
En otro sentido, el hecho que se comenta refleja la inefectividad, si no es que la inexistencia, de las instancias encargadas de controlar el manejo de los fondos gubernamentales, situación que prevalece en el escenario nacional a pesar de los alegatos oficiales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la misma turbiedad con que se condujo el gobierno de Jalisco pudo observarse en el ámbito federal con la elaboración y difusión de los espots del “tesoro en aguas profundas”, por parte de la administración calderonista, cuya autoría inicialmente fue negada por el gobierno federal, y cuyo costo exacto se desconoce hasta la fecha, aunque se estima que absorbió más de 70 por ciento de los 218 millones de pesos que Petróleos Mexicanos destinó este año para publicidad. Por lo demás, ambos casos encierran inaceptables intentos de imposición ideológica: el credo religioso de un gobernante, por un lado; la obsesión privatizadora de lo que queda de los bienes públicos, por el otro.
En suma, la devolución de la macrolimosna en Jalisco tiene dos caras opuestas: la efectividad de la oposición popular y las muestras de repudio ante la secuencia de desfiguros cometidos por González Márquez, y la ausencia de autoridad en lo que toca a la regulación del manejo de los recursos públicos, pese a que esa regulación resulta imprescindible para evitar la comisión de manejos indebidos como los comentados, inaceptables en cualquier régimen pretendidamente democrático.
El día después en Churubusco
El cierre de los carriles centrales de la arteria en su entronque con avenida Cuauhtémoc –en sentido de oriente a poniente–, para la construcción de un puente, causó un enorme caos vial en más de dos kilómetros. En los siguientes días se aplicarán las misma medidas en dirección al aeropuerto. Con la intención de atenuar efectos se destinarán 350 agentes para agilizar el tránsito Foto Carlos Ramos Mamahua
Laura Gómez y Mirna Servín
Son alimentos procesados de "gran consumo popular": Calderón
Congelan precios de 24 productos tras alzas ya consumadas
Jugos, atún plus y condimentos, sin variación hasta el 31 de diciembre
Aceite y harina de trigo tampoco sufrirán aumentos en junio y julio
Plan tardío: PRI y PRD; es un disfraz que no frenará la carestía: expertos
Más información en la sección de Política
AMLO: si ya no hay presidente legítimo, ¿dónde está el otro?
El cierre de los carriles centrales de la arteria en su entronque con avenida Cuauhtémoc –en sentido de oriente a poniente–, para la construcción de un puente, causó un enorme caos vial en más de dos kilómetros. En los siguientes días se aplicarán las misma medidas en dirección al aeropuerto. Con la intención de atenuar efectos se destinarán 350 agentes para agilizar el tránsito Foto Carlos Ramos Mamahua
Laura Gómez y Mirna Servín
Son alimentos procesados de "gran consumo popular": Calderón
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AMLO: si ya no hay presidente legítimo, ¿dónde está el otro?
Coyotepec, Mex., 18 de junio. En respuesta a lo resuelto por el Instituto Federal Electoral (IFE), Andrés Manuel López Obrador señaló: “el PAN presentó una demanda para que no me llamen más ‘presidente legítimo’. Pues ya cometieron un gran error, porque ya no va haber presidente de México. ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? ¿Existe otro presidente?”, preguntó.
Bueno, sí aparece, dijo en referencia a Felipe Calderón, pero “es como si no existiera. No sirve para nada”. Aparte de “pelele, resultó inepto. No puede manejar las cosas que tienen que ver con el país”, manifestó tras cuestionarle, además, el anuncio que realizó este miércoles de congelar precios de productos de primera necesidad.
Calderón, insistió, “anda desaparecido. Debajo de la cama o no sé donde se mete ése que no ganó la Presidencia de la República”, señaló el ex candidato presidencial en reunión con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
La resolución del IFE demuestra, señaló, “la intolerancia y además el nerviosismo” de los panistas, cuyo siguiente paso será la quema de las boletas electorales de 2006. “Están intentando desaparecer toda la paquetería, no quieren dejar huella, porque saben que la gente ya sabe que no ganaron la Presidencia”.
Resulta absurdo, resaltó, que por mayoría los consejeros electorales “tomen una resolución de este tipo”. Pero todo, apuntó el ex jefe de Gobierno capitalino, “ha sido una farsa; ellos (en el gobierno) saben bien que cometieron un fraude electoral, del que el IFE fue parte, y el tribunal electoral y (la mayoría de) los medios de comunicación fueron cómplices”.
Con el mandato del IFE al PRD y al PT para que retiren de sus mensajes la frase “presidente legítimo de México”, sentenció, “no van a resolver nada”. En el gobierno, remató, “andan muy desesperados porque no pueden”.
A lo largo de una gira que realizó por Tecámac, Zumpango, Coyotepec, Nicolás Romero y Naucalpan –en ese orden–, López Obrador reiteró su crítica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por rechazar los amparos contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
“Cuando dije al diablo con sus instituciones se molestaron mucho, pero ha quedado claro que la Suprema Corte está secuestrada, al servicio de los potentados, que en la Presidencia pusieron a un pelele, a Calderón”.
En referencia al panista, remató: “está muy nervioso, cada vez suda más porque sabe que es un traidorzuelo”.
Los ministros, continuó, son “de lo más conservadores y derechistas… Puede ser que resuelvan algún asunto menor, pero cuando se trata de proteger privilegios siempre ven para arriba”. Afirmó: “tenemos que limpiar las instituciones que están al servicio de una minoría”, y cuestionó que el gobierno se haya convertido “en un comité al servicio de unos cuantos”.
También habló del anuncio de Calderón de congelar precios. Advirtió que dicha medida “no va a dar resultado. Es un anuncio espectacular y demagógico, porque se hace después de que ya subieron los precios al doble”. La problemática, insistió, “no se resuelve con un anuncio en la televisión, con un acuerdo con la Concamin o por decreto”.
Eso, continuó, “no funciona. La ley más importante de la economía es la de la oferta y la demanda”. Y si no se produce en México se tienen que comprar alimentos afuera, cuando hay una crisis mundial. Este año el gobierno destinará 5 mil millones de dólares para esa compra cuando, manifestó, con ese dinero, y hasta con menos, “se podría lograr la autosuficiencia alimentaria y permitir un control de precios”.
Bueno, sí aparece, dijo en referencia a Felipe Calderón, pero “es como si no existiera. No sirve para nada”. Aparte de “pelele, resultó inepto. No puede manejar las cosas que tienen que ver con el país”, manifestó tras cuestionarle, además, el anuncio que realizó este miércoles de congelar precios de productos de primera necesidad.
Calderón, insistió, “anda desaparecido. Debajo de la cama o no sé donde se mete ése que no ganó la Presidencia de la República”, señaló el ex candidato presidencial en reunión con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
La resolución del IFE demuestra, señaló, “la intolerancia y además el nerviosismo” de los panistas, cuyo siguiente paso será la quema de las boletas electorales de 2006. “Están intentando desaparecer toda la paquetería, no quieren dejar huella, porque saben que la gente ya sabe que no ganaron la Presidencia”.
Resulta absurdo, resaltó, que por mayoría los consejeros electorales “tomen una resolución de este tipo”. Pero todo, apuntó el ex jefe de Gobierno capitalino, “ha sido una farsa; ellos (en el gobierno) saben bien que cometieron un fraude electoral, del que el IFE fue parte, y el tribunal electoral y (la mayoría de) los medios de comunicación fueron cómplices”.
Con el mandato del IFE al PRD y al PT para que retiren de sus mensajes la frase “presidente legítimo de México”, sentenció, “no van a resolver nada”. En el gobierno, remató, “andan muy desesperados porque no pueden”.
A lo largo de una gira que realizó por Tecámac, Zumpango, Coyotepec, Nicolás Romero y Naucalpan –en ese orden–, López Obrador reiteró su crítica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por rechazar los amparos contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
“Cuando dije al diablo con sus instituciones se molestaron mucho, pero ha quedado claro que la Suprema Corte está secuestrada, al servicio de los potentados, que en la Presidencia pusieron a un pelele, a Calderón”.
En referencia al panista, remató: “está muy nervioso, cada vez suda más porque sabe que es un traidorzuelo”.
Los ministros, continuó, son “de lo más conservadores y derechistas… Puede ser que resuelvan algún asunto menor, pero cuando se trata de proteger privilegios siempre ven para arriba”. Afirmó: “tenemos que limpiar las instituciones que están al servicio de una minoría”, y cuestionó que el gobierno se haya convertido “en un comité al servicio de unos cuantos”.
También habló del anuncio de Calderón de congelar precios. Advirtió que dicha medida “no va a dar resultado. Es un anuncio espectacular y demagógico, porque se hace después de que ya subieron los precios al doble”. La problemática, insistió, “no se resuelve con un anuncio en la televisión, con un acuerdo con la Concamin o por decreto”.
Eso, continuó, “no funciona. La ley más importante de la economía es la de la oferta y la demanda”. Y si no se produce en México se tienen que comprar alimentos afuera, cuando hay una crisis mundial. Este año el gobierno destinará 5 mil millones de dólares para esa compra cuando, manifestó, con ese dinero, y hasta con menos, “se podría lograr la autosuficiencia alimentaria y permitir un control de precios”.
Aplica el IFE el retiro de la leyenda en mensajes y sanciones a PRD y PT
Alma Muñoz y Alonso Urrutia
Más información en la sección de Política
En Texas, los 33 cubanos secuestrados en Chiapas
Pruebas de que la mafia de Miami intervino; agentes del INM, indiciados
Gustavo Castillo
Los 33 indocumentados cubanos que fueron supuestamente “arrebatados” de manos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por un grupo de hombres armados el pasado 11 de junio en Chiapas fueron localizados en Texas, Estados Unidos, revelaron autoridades diplomáticas mexicanas.
Según los funcionarios consultados, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones nacionales viajó a Estados Unidos en días recientes, luego de obtener información de inteligencia mediante un intercambio de datos con autoridades de aquel país, luego de que se logró ubicar a unos 23 cubanos que habían sido detenidos en Quintana Roo y luego “arrebatados” a funcionarios del INM en Chiapas.
Las investigaciones realizadas, de acuerdo con las fuentes consultadas, son llevadas por personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), toda vez que se comprobó lo declarado por el ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, de que la “mafia de Miami”, integrada por exiliados cubanos, financió al grupo armado que “rescató” a sus paisanos de manos de autoridades mexicanas el 11 de junio.
Según los informes recabados, el grupo de cubanos y cuatro centroamericanos, tras haber sido “rescatado”, fue llevado a la zona de Palenque y luego a Tabasco. Asimismo, vía terrestre, fueron conducidos al puerto de Veracruz, donde abordaron un autobús que los trasladó hasta Reynosa, Tamaulipas, sin que nadie los detuviera gracias a la presunta complicidad de personal del INM con grupos de cubanos radicados en Miami y vinculados con otras actividades criminales en Estados Unidos y México.
Según las fuentes, los cubanos y cuatro centroamericanos fueron movilizados rápidamente y sin problema por territorio nacional gracias a que a cada uno le fue elaborado un documento que le permitía transitar sin problema.
Los hombres armados únicamente los llevaron hasta Tabasco y luego “guías” les indicaron en cada punto que tocaron, Veracruz y Tamaulipas, lo que debían hacer y cómo pasar los filtros para no ser detenidos.
Se debe recordar que el domingo 8 de junio, los cubanos fueron detenidos por miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México en costas de Quintana Roo y puestos a disposición del INM para su envío a Cuba, pero antes de realizar ese procedimiento, las autoridades decidieron remitirlos al centro de detención temporal que posee ese organismo en Tapachula, que en días pasados fue considerado como “moderno y amplio” por la titular del INM, Cecilia Romero Castillo.
El martes 10 de junio, según Romero Castillo, se decidió su traslado porque llegaron más indocumentados a las instalaciones de Quintana Roo.
Durante su envío a Tapachula, fue interceptado el autobús en que viajaban. La unidad únicamente era custodiada por siete agentes desarmados. Según las primeras versiones, un comando de entre seis y nueve hombres encapuchados y fuertemente armados sometió a los choferes y a los empleados del INM, llevándose a los cubanos y los cuatro centroamericanos.
Los indocumentados, según las fuentes consultadas, llegaron a Tamaulipas, y por el puente Hidalgo, en Reynosa, cruzaron hacia Estados Unidos sanos y salvos.
La ruta por la que fueron trasladados corresponde a las áreas de influencia del cártel del Golfo, de cuyo grupo ya han sido detenidos algunos miembros, como fue el caso de Nabor Vargas García, El Débora, detenido en abril de 2007 en Ciudad del Carmen, Campeche; además de ser el encargado del tráfico de drogas en la zona, también se dedicaba al tráfico de indocumentados en toda la península de Yucatán.
Si bien hasta el momento supuestamente no se han encontrado evidencias de nexos entre los llamados zetas, empleados del INM y la mafia de Miami, no se descarta que se hayan vinculado en el caso de los 33 cubanos que ahora radican en Estados Unidos.
Indiciados, trabajadores del INM
La subsecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda, informó ayer que están en calidad de indiciados los trabajadores del INM que fueron testigos del secuestro de 33 cubanos por parte de un comando la semana pasada.
Puntualizó que será la PGR la dependencia que precise los hechos, aunque trascendió en la Secretaría de Gobernación que únicamente dos choferes han sido indiciados. Originalmente los nueve testigos de la acción estaban en la PGR para declarar. De ellos, siete son responsables directos de asuntos migratorios, mientras los otros dos únicamente fungían como operadores del autobús que transportaba a los caribeños.
Como responsable de la Subsecretaría para Población, Migración y Asuntos Religiosos, Aranda expuso que durante 2007 el INM apresó a 3 mil 294 cubanos, mientras en los primeros meses de 2008 son mil 296. Recordó que los isleños llegan a México por Tenosique, Chetumal, Acayucan o desde Centroamérica. Una vez en territorio nacional se entregan a las autoridades migratorias, para que éstas envíen al consulado de Cuba una relación con sus nombres, según el acuerdo existente en la materia. En un plazo no menor de 15 días, el consulado responde si los cubanos son repatriables o no. Dado que en ningún caso ha habido respuesta de dicha representación, el INM entrega a los cubanos un oficio de salida del país, y ellos por su cuenta tendrían que regresar a la isla o salir simplemente de México.
La funcionaria agregó en conferencia de prensa que las investigaciones sobre las mafias de tratantes de cubanos corresponden a la PGR y no al INM.
Por último se refirió a los 21 isleños que se entregaron el martes a las autoridades migratorias, al señalar que se encuentran recluidos en Tenosique.
Georgina Saldierna
Corte: la pensión de burócratas, según el último año de servicio
Anula puntos de la Ley del ISSSTE sobre cuotas y tiempo de jubilación
Se mantiene para los trabajadores el pago de un mes de aguinaldo
Jesús Aranda
Según los funcionarios consultados, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones nacionales viajó a Estados Unidos en días recientes, luego de obtener información de inteligencia mediante un intercambio de datos con autoridades de aquel país, luego de que se logró ubicar a unos 23 cubanos que habían sido detenidos en Quintana Roo y luego “arrebatados” a funcionarios del INM en Chiapas.
Las investigaciones realizadas, de acuerdo con las fuentes consultadas, son llevadas por personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), toda vez que se comprobó lo declarado por el ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, de que la “mafia de Miami”, integrada por exiliados cubanos, financió al grupo armado que “rescató” a sus paisanos de manos de autoridades mexicanas el 11 de junio.
Según los informes recabados, el grupo de cubanos y cuatro centroamericanos, tras haber sido “rescatado”, fue llevado a la zona de Palenque y luego a Tabasco. Asimismo, vía terrestre, fueron conducidos al puerto de Veracruz, donde abordaron un autobús que los trasladó hasta Reynosa, Tamaulipas, sin que nadie los detuviera gracias a la presunta complicidad de personal del INM con grupos de cubanos radicados en Miami y vinculados con otras actividades criminales en Estados Unidos y México.
Según las fuentes, los cubanos y cuatro centroamericanos fueron movilizados rápidamente y sin problema por territorio nacional gracias a que a cada uno le fue elaborado un documento que le permitía transitar sin problema.
Los hombres armados únicamente los llevaron hasta Tabasco y luego “guías” les indicaron en cada punto que tocaron, Veracruz y Tamaulipas, lo que debían hacer y cómo pasar los filtros para no ser detenidos.
Se debe recordar que el domingo 8 de junio, los cubanos fueron detenidos por miembros de la Secretaría de Marina-Armada de México en costas de Quintana Roo y puestos a disposición del INM para su envío a Cuba, pero antes de realizar ese procedimiento, las autoridades decidieron remitirlos al centro de detención temporal que posee ese organismo en Tapachula, que en días pasados fue considerado como “moderno y amplio” por la titular del INM, Cecilia Romero Castillo.
El martes 10 de junio, según Romero Castillo, se decidió su traslado porque llegaron más indocumentados a las instalaciones de Quintana Roo.
Durante su envío a Tapachula, fue interceptado el autobús en que viajaban. La unidad únicamente era custodiada por siete agentes desarmados. Según las primeras versiones, un comando de entre seis y nueve hombres encapuchados y fuertemente armados sometió a los choferes y a los empleados del INM, llevándose a los cubanos y los cuatro centroamericanos.
Los indocumentados, según las fuentes consultadas, llegaron a Tamaulipas, y por el puente Hidalgo, en Reynosa, cruzaron hacia Estados Unidos sanos y salvos.
La ruta por la que fueron trasladados corresponde a las áreas de influencia del cártel del Golfo, de cuyo grupo ya han sido detenidos algunos miembros, como fue el caso de Nabor Vargas García, El Débora, detenido en abril de 2007 en Ciudad del Carmen, Campeche; además de ser el encargado del tráfico de drogas en la zona, también se dedicaba al tráfico de indocumentados en toda la península de Yucatán.
Si bien hasta el momento supuestamente no se han encontrado evidencias de nexos entre los llamados zetas, empleados del INM y la mafia de Miami, no se descarta que se hayan vinculado en el caso de los 33 cubanos que ahora radican en Estados Unidos.
Indiciados, trabajadores del INM
La subsecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda, informó ayer que están en calidad de indiciados los trabajadores del INM que fueron testigos del secuestro de 33 cubanos por parte de un comando la semana pasada.
Puntualizó que será la PGR la dependencia que precise los hechos, aunque trascendió en la Secretaría de Gobernación que únicamente dos choferes han sido indiciados. Originalmente los nueve testigos de la acción estaban en la PGR para declarar. De ellos, siete son responsables directos de asuntos migratorios, mientras los otros dos únicamente fungían como operadores del autobús que transportaba a los caribeños.
Como responsable de la Subsecretaría para Población, Migración y Asuntos Religiosos, Aranda expuso que durante 2007 el INM apresó a 3 mil 294 cubanos, mientras en los primeros meses de 2008 son mil 296. Recordó que los isleños llegan a México por Tenosique, Chetumal, Acayucan o desde Centroamérica. Una vez en territorio nacional se entregan a las autoridades migratorias, para que éstas envíen al consulado de Cuba una relación con sus nombres, según el acuerdo existente en la materia. En un plazo no menor de 15 días, el consulado responde si los cubanos son repatriables o no. Dado que en ningún caso ha habido respuesta de dicha representación, el INM entrega a los cubanos un oficio de salida del país, y ellos por su cuenta tendrían que regresar a la isla o salir simplemente de México.
La funcionaria agregó en conferencia de prensa que las investigaciones sobre las mafias de tratantes de cubanos corresponden a la PGR y no al INM.
Por último se refirió a los 21 isleños que se entregaron el martes a las autoridades migratorias, al señalar que se encuentran recluidos en Tenosique.
Georgina Saldierna
Corte: la pensión de burócratas, según el último año de servicio
Anula puntos de la Ley del ISSSTE sobre cuotas y tiempo de jubilación
Se mantiene para los trabajadores el pago de un mes de aguinaldo
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto ayer disposiciones de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que afectaban a los empleados en activo que optaran por mantenerse en el régimen de jubilaciones anterior.
De esta manera, las cuotas por concepto de jubilación continuarán sin cambio; se mantiene el pago de un mes de aguinaldo; la pensión se incrementará anualmente de acuerdo con la inflación, y además queda vigente el derecho de jubilarse al cumplir 15 años de servicio con la parte proporcional que les corresponda.
Asimismo, los 10 ministros presentes en la sesión pública de ayer declararon inconstitucional la disposición que establecía que para calcular el monto de la pensión se tomara en cuenta la antigüedad mínima de tres años en el último puesto y nivel, lo que cerraba la posibilidad a los empleados públicos de obtener una mejor pensión, aun cuando los dos últimos años tuvieran un mayor salario; en lugar de ello, el pleno determinó por unanimidad que dicho cálculo se base exclusivamente en el sueldo obtenido durante el último año.
Cabe señalar que la decisión de que se mantengan sin aumento las cuotas (la nueva ley las incrementaba de poco más de un punto porcentual a 6.25 por ciento del sueldo mensual), la indexión de la pensión al índice inflacionario, el aguinaldo y el derecho de jubilación con 15 años de servicio no estaban contemplados en la ley que fue derogada en abril de 2007.
Sin embargo, luego de que los ministros resolvieron en la sesión del pasado martes que el artículo décimo transitorio de la nueva ley –que se refiere a los trabajadores que optaron por quedarse con el anterior régimen de pensiones en lugar de integrarse al seguro de cuentas individuales– únicamente “modalizaba” lo establecido en la ley anterior, es decir, que se mantenían vigentes las disposiciones de la anterior legislación respecto de los seguros de jubilación, cesantía y vejez. Los ministros simplemente establecieron por unanimidad que los trabajadores tenían el derecho a mantener esas prerrogativas bajo la nueva legislación.
Gracias a esta interpretación, ni siquiera fue necesario que el pleno declarara la inconstitucionalidad de la ley impugnada; fue un asunto de “interpretación” que se facilitó porque, como lo dijeron los ministros, la ley es “complicada” y falta de claridad, lo que permitió que el pleno interpretara cuáles eran las disposiciones que deben seguir vigentes.
Al entrar al análisis del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE en la sesión pública de ayer, el ministro Juan N. Silva Meza subrayó que su texto es “opaco”, poco claro y por ende viola los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.
Por su parte, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y Mariano Azuela reconocieron que, en general, la legislación impugnada es “poco clara” y que si bien el pleno ha logrado “darle inteligencia” a dicha ley, le “está resultando muy difícil”.
A propuesta expresa de José Ramón Cossío, el pleno entró al análisis detallado del décimo artículo transitorio, que se refiere a los trabajadores que opten por mantenerse en el antiguo régimen de pensiones con las “modalidades”.
Si bien la Corte declaró inconstitucional la fracción cuarta del artículo décimo transitorio, con lo que la pensión se calculará con el promedio salarial del último año de servicio del trabajador, los ministros precisaron que el beneficio será sólo para los que interpusieron amparo y hayan elegido el régimen de pensión anterior; sin embargo, ministros consultados explicaron que también queda abierta la puerta para que en el futuro los trabajadores que se sientan perjudicados interpongan amparo en contra del acto de aplicación del citado artículo cuando terminen su vida laboral y tramiten su pensión correspondiente.
Los ministros dejaron en claro que analizarían si el artículo décimo transitorio contiene aspectos inconstitucionales, “para que cuando (el trabajador) escoja el sistema de pensiones”, éste ya no adolezca de vicios de inconstitucionalidad.
Dicho artículo se refiere a que los trabajadores tendrán derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada, a separarse voluntariamente del servicio o darse de baja después de los 60 años de edad y que hayan cotizado un mínimo de 10 años al instituto.
Por unanimidad, los ministros anularon lo que tenía que ver con los tres años y dejaron establecido que sólo se cuente el último en el puesto para fijar la pensión correspondiente.
Ortiz Mayagoitia sostuvo que si bien es entendible “el esfuerzo tan grande que está haciendo el Estado mexicano” al hacerse cargo de estas pensiones con fondos fiscales, también hay que tomar en cuenta que la finalidad esencial de la jubilación es permitir “una salida digna que permita mantener el estándar de vida al que el servidor público está acostumbrado”.
Este jueves continúa el análisis del artículo décimo transitorio, y al igual que en las otras sesiones, no asistirá el ministro Genaro Góngora Pimentel por estar fuera del país.
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En la reforma de Pemex "no se dará gusto" al Ejecutivo: PRI
De esta manera, las cuotas por concepto de jubilación continuarán sin cambio; se mantiene el pago de un mes de aguinaldo; la pensión se incrementará anualmente de acuerdo con la inflación, y además queda vigente el derecho de jubilarse al cumplir 15 años de servicio con la parte proporcional que les corresponda.
Asimismo, los 10 ministros presentes en la sesión pública de ayer declararon inconstitucional la disposición que establecía que para calcular el monto de la pensión se tomara en cuenta la antigüedad mínima de tres años en el último puesto y nivel, lo que cerraba la posibilidad a los empleados públicos de obtener una mejor pensión, aun cuando los dos últimos años tuvieran un mayor salario; en lugar de ello, el pleno determinó por unanimidad que dicho cálculo se base exclusivamente en el sueldo obtenido durante el último año.
Cabe señalar que la decisión de que se mantengan sin aumento las cuotas (la nueva ley las incrementaba de poco más de un punto porcentual a 6.25 por ciento del sueldo mensual), la indexión de la pensión al índice inflacionario, el aguinaldo y el derecho de jubilación con 15 años de servicio no estaban contemplados en la ley que fue derogada en abril de 2007.
Sin embargo, luego de que los ministros resolvieron en la sesión del pasado martes que el artículo décimo transitorio de la nueva ley –que se refiere a los trabajadores que optaron por quedarse con el anterior régimen de pensiones en lugar de integrarse al seguro de cuentas individuales– únicamente “modalizaba” lo establecido en la ley anterior, es decir, que se mantenían vigentes las disposiciones de la anterior legislación respecto de los seguros de jubilación, cesantía y vejez. Los ministros simplemente establecieron por unanimidad que los trabajadores tenían el derecho a mantener esas prerrogativas bajo la nueva legislación.
Gracias a esta interpretación, ni siquiera fue necesario que el pleno declarara la inconstitucionalidad de la ley impugnada; fue un asunto de “interpretación” que se facilitó porque, como lo dijeron los ministros, la ley es “complicada” y falta de claridad, lo que permitió que el pleno interpretara cuáles eran las disposiciones que deben seguir vigentes.
Al entrar al análisis del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE en la sesión pública de ayer, el ministro Juan N. Silva Meza subrayó que su texto es “opaco”, poco claro y por ende viola los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica.
Por su parte, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y Mariano Azuela reconocieron que, en general, la legislación impugnada es “poco clara” y que si bien el pleno ha logrado “darle inteligencia” a dicha ley, le “está resultando muy difícil”.
A propuesta expresa de José Ramón Cossío, el pleno entró al análisis detallado del décimo artículo transitorio, que se refiere a los trabajadores que opten por mantenerse en el antiguo régimen de pensiones con las “modalidades”.
Si bien la Corte declaró inconstitucional la fracción cuarta del artículo décimo transitorio, con lo que la pensión se calculará con el promedio salarial del último año de servicio del trabajador, los ministros precisaron que el beneficio será sólo para los que interpusieron amparo y hayan elegido el régimen de pensión anterior; sin embargo, ministros consultados explicaron que también queda abierta la puerta para que en el futuro los trabajadores que se sientan perjudicados interpongan amparo en contra del acto de aplicación del citado artículo cuando terminen su vida laboral y tramiten su pensión correspondiente.
Los ministros dejaron en claro que analizarían si el artículo décimo transitorio contiene aspectos inconstitucionales, “para que cuando (el trabajador) escoja el sistema de pensiones”, éste ya no adolezca de vicios de inconstitucionalidad.
Dicho artículo se refiere a que los trabajadores tendrán derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada, a separarse voluntariamente del servicio o darse de baja después de los 60 años de edad y que hayan cotizado un mínimo de 10 años al instituto.
Por unanimidad, los ministros anularon lo que tenía que ver con los tres años y dejaron establecido que sólo se cuente el último en el puesto para fijar la pensión correspondiente.
Ortiz Mayagoitia sostuvo que si bien es entendible “el esfuerzo tan grande que está haciendo el Estado mexicano” al hacerse cargo de estas pensiones con fondos fiscales, también hay que tomar en cuenta que la finalidad esencial de la jubilación es permitir “una salida digna que permita mantener el estándar de vida al que el servidor público está acostumbrado”.
Este jueves continúa el análisis del artículo décimo transitorio, y al igual que en las otras sesiones, no asistirá el ministro Genaro Góngora Pimentel por estar fuera del país.
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En la reforma de Pemex "no se dará gusto" al Ejecutivo: PRI
Al expedir la convocatoria para la consulta ciudadana en el Distrito Federal sobre la reforma energética, el 27 de julio próximo, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Víctor Hugo Círigo Vázquez, y el presidente del Instituto Electoral local, Isidro Cisneros Ramírez, coincidieron en afirmar que en decisiones políticas fundamentales del país el pueblo debe ser consultado, como es práctica habitual en las democracias avanzadas del mundo.
Con un acto en el patio poniente del edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se formalizó la convocatoria de la consulta como un acto de gobierno, con lo que se instalarán en mil 800 puntos de la ciudad más de 5 mil mesas receptoras de la opinión de los ciudadanos.
“El gobierno de la ciudad de México, legítima y democráticamente electo, ha hecho siempre del conocimiento público su postura sobre los asuntos relevantes que conciernen a la nación y al Distrito Federal, transparentando así las convicciones que orientan la labor política y administrativa en la capital del país, vinculándola a los derechos e intereses de sus habitantes”, señala el documento hoy en la Gaceta Oficial de la ciudad.
Oportunamente se hará del conocimiento de la población la redacción de la o las preguntas que formulará un grupo de expertos, a invitación de los convocantes, así como la ubicación de los centros de recepción y la invitación, capacitación y selección de los funcionarios de las mesas, las cuales recibirán la opinión de los ciudadanos a partir de las ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde.
En entrevista posterior, el titular del Ejecutivo local dijo que después de la reunión con los gobernadores estatales del PRD, se buscará que las preguntas que decida el grupo de expertos sean las mismas que se apliquen en las otras entidades, y dejó en claro que la consulta va más allá del PRD, “somos muchos ciudadanos y ciudadanas los que la estamos apoyando”.
Círigo ofreció poner a disposición de la consulta los módulos de atención de los 66 diputados de la ALDF, independientemente del partido al que pertenecen, y Cisneros hizo lo propio con las 40 sedes distritales del IEDF.
Este último, quien suscribió la convocatoria como testigo de honor, dijo que el objetivo, “en suma, es que los ciudadanos puedan expresarse con absoluta certeza de que su opinión manifestada mediante el voto sea libre, efectiva, secreta, directa, personal e intransferible. Ese es nuestro compromiso y a él nos avocaremos”, indicó.
Derroche en campañas
Más tarde, al participar en el foro sobre la reforma energética organizado por agrupaciones sindicales, dijo que los recursos que gastó el gobierno federal en una “estrategia ofensiva” con mensajes televisivos sobre el “tesoro en aguas profundas”, hubiera servido para realizar cuatro o cinco consultas nacionales.
En lo que llamó el “foro itinerante del Castillo de Chapultepec”, luego de que el pasado lunes autoridades del INAH impidieron su realización, el mandatario capitalino fijó su postura en contra de la iniciativa de Felipe Calderón, al que sugirió aprovechar la lección del Partido Popular –por cierto muy cercano a Acción Nacional–, que perdió la elección por mentir cuando el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, mintió pretendiendo inculpar a ETA de los atentados del 11 de marzo de 2004, como ahora mienten con la iniciativa de reforma energética.
Antes, en un acto en el Zócalo con beneficiarios del programa de pensión alimentaria a personas adultas mayores, a los que invitó a participar en la consulta, dijo, señalando el Palacio Nacional, “que se acostumbren, aquí enfrente, a preguntar, a consultar y a respetar al pueblo de México, cuando se va disponer de sus activos o de sus derechos”.
Ebrard, la ALDF y el IEDF formalizan el acuerdo para la consulta
Respaldo a la presidenta argentina
El ex presidente Néstor Kirchner acompañó a su esposa Cristina Fernández en el acto masivo en Plaza de Mayo de apoyo a la mandataria, quien enfrenta un largo conflicto con empresarios rurales. La titular de la Casa Rosada pidió, "en nombre de la democracia, de la Constitución y las leyes, que liberen las carreteras y dejen a los argentinos producir y trabajar". Las organizaciones opositoras, aunque valoraron la actitud negociadora de las autoridades, mantienen su rechazo al incremento de los impuestos especiales a la exportación de soya Foto Ap
Stella Calloni, corresponsal
En el primer trimestre 670 mil personas perdieron su empleo
Signos francos de desaceleración económica: BBVA
De enero a mayo el costo de alimentos creció 10 veces más que salarios
Tiendas de autoservicio reportan baja en ventas en los recientes 4 meses
También hay contracción en la inversión extranjera y en las remesas
Juan Antonio Zúñiga y Roberto González Amador
Aprueba Europa encarcelar hasta por 18 meses a "sin papeles"
Armando G. Tejeda, corresponsal
Rayuela
Declarar la guerra es la respuesta de los europeos al hambre de la migración ilegal, a la necesidad de supervivencia de los pueblos que ellos expolian.
Salió de Los Pinos la versión del soborno a legisladores
El comentario lo hizo Jonnathan Carballido, asegura Velasco Oliva
Enrique Méndezy Roberto Garduño
La macrolimosna del gobernador de Jalisco será devuelta el lunes
Se incluirán réditos por los $30 millones: la fundación del santuario
Juan Carlos García,corresponsal
Regresará Suiza 148 mdd incautados a Raúl Salinas
El gobierno mexicano se quedará con 74 mdd y otro tanto Carlos Peralta
Gustavo Castillo
Columnas
Julio Hernández López : Astillero El dirigente de Concamin enfrió de inmediato la euforia del pequeño populismo de derecha desatado ayer en Los Pinos con un anuncio de presunto control de precios en 150 productos empaquetadamente “básicos”. Según la interpretación personal del ocupante de la Presidencia de la República, duraría todo el año la estabilización forzosa de precios en ciertos productos alimenticios. Pero el presunto firmante empresarial de ese minipacto, que mal recuerda los aires del echeverrismo y el lopezportillismo, rápidamente corrigió al patrono de Juan Camilo Mouriño y estableció que el compromiso de mantener ciertas etiquetas intocadas se sostendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta productiva mexicana” (¡oh!). Además, la vigencia de la oferta en materia de aceites y grasas comestibles no será por lo que resta del año sino hasta el último día de agosto y, en el caso del trigo, hasta el último de julio.
El gerente del Instituto del Fraude Electoral impulsó a su vez el proyecto de congelación de dos palabras procesadas que provocan contingencias negativas en el deprimido ego de ciertos personajes sujetos a control social y difícilmente retiquetables (ni modo de quitarle una vocal a una palabra y dividirla en dos para que lo falso parezca genuino: no sería entonces espurio, sino “es puro”, según amable dictamen de los Laboratorios de Control Adulterado de Calidad V. Zurita). Cinco de nueve consejeros del antes mencionado bife electoral decidieron sancionar el uso del adjetivo “legítimo” en relación con Andrés Manuel López Obrador porque consideran que con ello se denigra y deprecia la figura de quien jurídica y formalmente se mantiene como ocupante de la Presidencia de la República desde diciembre de 2006.
En realidad, más se maltrata y en su pequeñez política se exhibe al presunto defendido con esos actos de litigable censura política que constituyen el máximo reconocimiento oficial de que no ha fracasado el difícil lance emprendido por AMLO de ejercer la denominación de “presidente legítimo” que una convención de sus seguidores le asignó y que en sus primeros días de vigencia animó a sus detractores a vaticinar un final político del tabasqueño entre el ridículo y lo caricatural que, según ha necesitado aceptar formalmente el tal IFE, no sólo no sucedió sino que ahora hay necesidad de extender una orden intolerante y, esa sí, ridícula, para que no se denomine de determinada manera a un personaje al que en todo caso el propio curso de lo político debería poner en un lugar de marginación y repudio, si tal fuera la circunstancia, pero no emisiones de autoritarismo hechas por desprestigiados consejeros electorales que pretenden controlar la realidad política como un presunto presidente quiere someter a su arbitrio precios volátiles.
También es difícil el pretender ocultar el pago que por favores recibidos se hace desde el poder a los coadyuvantes que navegaron en determinados momentos con banderas de “independencia” y “objetividad”. Un miembro distinguido, pero ahora escindido, del grupo de delincuencia política llamado los Niños Verdes, ha asumido la coordinación de proyectos especiales de la ¿muy legítima? Presidencia de la República; Bernardo de la Garza asestó un golpe de traición a Roberto Madrazo en 2006 –golpe que ni siquiera era necesario para dañar al ya entonces muy erosionado priísta–, cuando primero declinó con enjundia en favor de él la candidatura presidencial de cambalache que había construido el partido llamado ecologista y luego lo dejó colgado de la verde brocha, con el beneplácito del efímero tucán Calderón.
La misma figura ambigua y sugerente de la “coordinación de proyectos especiales” (todo o nada, según decida el jefe) ha sido asumida, pero en el comité nacional panista, por el querido cuñado del presidente de la legitimidad al 0.56 por ciento, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que deja sus oficinas en la española Prisa para asomarse a los terrenos impredecibles (¿o ya desde ahora predichos, y por ello se le abre camino?) de la política panista dominada por el esposo de su hermana Margarita.
Otro funcionario designado (léase lo referido líneas arriba sobre coadyuvantes con banderas de “imparcialidad”, sobre todo en foros electrónicos de opiniones controladas) es el académico Rafael Fernández de Castro, quien ejercerá oficialmente la función de asesor en asuntos internacionales de la recontrarchirrequete legítima presidencia calderónica. Y las armas de las buenas familias panistas de siempre se vuelven a vestir de gloria con la relección de Alonso Lujambio al frente del Instituto Federal de Arreglos con la Información, el ente de presunta transparencia que en los hechos, y gracias al papel desempeñado por el citado Lujambio, ha servido de constante tapadera de excesos y abusos del patrón Calderón (en contra de esa continuidad se manifestó el comisionado Juan Pablo Guerrero, que da solitaria y acosada pelea en ese terreno minado de pinos).
Astillas
Julio Vázquez, especialista en asuntos de prestaciones sociales de Hewitt Associates en México, pregunta, a propósito de las reacciones adversas a la convalidación judicial del cambio en el esquema de pensiones federales: “¿Por qué pagar de nuestros impuestos pensiones generosas a quienes nunca nos han atendido bien? Si se hace una encuesta sobre la opinión y la experiencia que los contribuyentes y el público en general tienen sobre la burocracia, se vería el gran maltrato del que hemos sido víctimas. Aún así, ¿merecen estas personas un régimen tan injusto como el acceder al 100 por ciento de su último sueldo como pensión, cuando los expertos y consultores recomiendan un 75 por ciento como suficiente? ¿No se conforman con sus jugosos aguinaldos y sus ventajosas condiciones de trabajo? ¿No es suficiente con su pésimo trabajo?”… Y, mientras la movilización cívica jalisciense se fortalece luego que el patronato del santuario de los mártires cristeros fue obligado por la presión social a devolver la macrolimosna del gobernador piadoso, ¡hasta mañana, en esta columna anticongelante!
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Política
Congelan precios de 24 alimentos procesados; son 150: Calderón
Es insuficiente y tardío congelar precios de alimentos: legisladoresLegisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones de apoyar la economía familiar.
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad.
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos.
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con miras electorales para 2009”.
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos.
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de todos sus artículos para anticiparse a la medida.
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay lamentó que el Ejecutivo no tome medidas enérgicas para detener la escalada de precios, debido a que, afirmó, “no puede ir en contra de los intereses de las grandes empresas que lo apoyaron en su campaña presidencial”.
Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la medida “se tomó demasiado tarde”, puesto que muchos de los productos ya han sido “retiquetados en más de una ocasión”, e insistió en su demanda de recuperación salarial.
Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de dicha organización, señaló que este acuerdo “va en la dirección correcta”, y apuntó que el anuncio los tomó por sorpresa, puesto que en diversas ocasiones la UNT, junto con organizaciones campesinas y sociales, expusieron al gobierno la necesidad de congelar precios, pero la respuesta siempre fue que esa no era un táctica posible.
Aparte, el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el diputado Patricio Flores, señaló que esta central obrera considera oportuna la decisión de congelar los precios de productos básicos; sin embargo, llamó a que el gobierno federal lleve a cabo un control especial y un seguimiento riguroso al respecto, porque se pueden dar casos en los que las empresas no abastezcan aquellos alimentos que tengan precio fijo o bien que los oculten, con lo que podría darse acaparamiento.
A su vez, dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-Barzón y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo calificaron la propuesta como “relativamente positiva”, pero destacaron que eso no resuelve la crisis alimentaria, ni responde a la discusión en torno a la producción, el control de las importaciones y de los precios de los productos de la canasta básica, que sirven como parámetro para establecer el salario mínimo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la ANPAP-Barzón, y Víctor Suárez Carrera, de la ANEC, apuntaron por separado que la determinación es demagógica, porque “en el fondo no hay un control sino legitima los precios elevados con el anuncio de que se quedarán hasta fin de año en el nivel al que llegaron ayer”.
José Luis González Aguilera, coordinador en turno del CAP, dijo que “la medida es buena porque beneficia a los consumidores, pero nosotros no hemos pugnado porque se congelen los precios, sino por su regulación”.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la CIOAC, recordó que desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en 2003, la propuesta campesina fue controlar los precios de 34 productos de la canasta básica.
El acuerdo anunciado beneficia sólo a procesadoras y tiendas de autoservicioEn lugar de abatir la inflación y garantizar a la población el consumo de alimentos básicos nutritivos y baratos, principalmente granos, el acuerdo anunciado ayer por el titular del Ejecutivo federal y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de congelar el precio de 140 productos industrializados, apunta a garantizar hasta fin de año las ganancias de ciertas empresas procesadoras de alimentos y tiendas de autoservicio, advirtieron la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la organización El poder del consumidor y la consultoría financiera Vanguardia Investment.
El citado acuerdo incluye únicamente alimentos secundarios, es decir, industrializados; consideraron que llama la atención que el programa se ponga en marcha casi un mes después de que la Presidencia de la República anunció las acciones de apoyo a la economía familiar, y cuando no han cesado los aumentos en todo el año, por lo que éstos pueden estarse oficializando, como ocurrió en 2007 con el precio de la tortilla.
“Se trata de una medida demagógica y desesperada de las autoridades, con simple impacto mediático y que ningún efecto tendrá sobre los precios de los alimentos, ya que no se ataca el origen del problema, como es garantizar el abasto de materias primas con una política agroalimentaria integral. Además, es tardía, porque congelan precios cuando en todos estos meses se han incrementado e incluyen productos como fruta en almíbar o salsa catsup, ¡por favor!, en lugar de productos de consumo básico”, señaló Víctor Suárez, director de la ANEC.
Para Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment, lo anunciado por los industriales y el gobierno federal puede resumirse en el dicho popular: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, pues consideró que aunque se trata de un “pacto disfrazado” en nada contribuirá a detener la escalada inflacionaria.
Agregó que las grandes empresas que procesan alimentos de consumo generalizado, o popular, serán las beneficiadas, lo mismo que las tiendas de autoservicio, y ello podría resultar contraproducente para la economía del país, porque las pequeñas y medianas empresas y tiendas no tienen la misma capacidad de compra y distribución de esos productos que ahora se anuncian con precio congelado, por lo que podrían multiplicarse las quiebras o cierres de dichos negocios con la consecuente pérdida de empleos.
En tanto, Juan Pedro Treviño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Estudios Económicos (IMEE), manifestó que el éxito del acuerdo dependerá de que los participantes lo mantengan, pero siempre y cuando no se deteriore aún más el entorno y crezca la presión inflacionaria. Esas medidas, dijo, podrían revisarse antes de fin de año si continúan las presiones inflacionarias, pues recordó que éstas se deben a una situación internacional y el acuerdo tiene como fin, precisamente, evitar un “contagio más amplio”.
A su vez, Alejandro Calvillo, director de la organización denominada El poder del consumidor, lamentó que el gobierno no diseñe una política de precios de alimentos básicos y nutritivos para la población, como son frutas, verduras y cereales, ya que los productos promocionados son industrializados y con alto contenido de azúcares u otros ingredientes que van en detrimento de la salud, tales como jugos, mermeladas o frutas en almíbar.
Eso, dijo, no contribuye a abatir el problema de obesidad que existe en México, cuando se requiere un enfoque integral que incluya campañas públicas de orientación para los consumidores, tanto en alimentación como en precios de los productos básicos. En otros países, refirió como ejemplo, las autoridades crean fondos especiales para hacer accesible el consumo de frutas y verduras en las escuelas y en zonas donde es difícil su distribución, en lugar de comercializar productos industrializados.
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Endurecen mineros movimiento en Perú; la huelga en Cuajone, por tiempo indefinido
Mundo
“Dejen a argentinos trabajar”, pide Cristina Fernández a productores
“Chantaje imperialista” impidió que Cuba dejara salir a neurocirujana, dice Fidel Castro
Chocan con la policía cientos de estudiantes que protestaban contra nueva ley de educación
Estados
Baja California viola la ley para favorecer a Elba Esther GordilloMexicali, BC, 18 de junio. En abierto desacato a dos laudos de los tribunales estatal y federal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno de Baja California se niega a reconocer al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y ha desviado millones de pesos en cuotas al gremio nacional que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, denunció Héctor Lara Moreno, dirigente de la agrupación local.
El SETE, explicó, agrupa a aproximadamente 9 mil de los 13 mil 500 trabajadores que hasta hace dos años formaban parte de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los cuales están al servicio de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) de Baja California.
Desde 2006, cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal reconoció al SETE, “(las autoridades de la SEBS) se están robando nuestras cuotas; las están entregando directamente al SNTE”, con la anuencia del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, aliado político de Gordillo y del partido que ésta fundó: Nueva Alianza, afirmó Lara Moreno.
Persecución y violación de derechos
El dirigente agregó que su gremio enfrenta represión. Él mismo tiene pendientes denuncias por despojo de un inmueble del magisterio y por daño patrimonial de un fondo mutualista. Además, dijo, se violan los derechos de los maestros a obtener ascensos, cambios de adscripción, créditos de vivienda, jubilación y a ocupar vacantes.
A ocho integrantes del comité ejecutivo del SETE dejaron de pagarles salarios desde el ciclo 2006-2007, y más de 2 mil trabajadores no han recibido pago alguno a pesar de haber cubierto interinatos frente a grupos o en actividades de apoyo.
Los adeudos, correspondientes a dos ciclos escolares, suman más de 87 millones de pesos. Sin embargo, el sistema educativo estatal ya entregó este dinero a maestros y trabajadores de apoyo de la sección 37 del SNTE.
“Son aviadores. Hemos detectado entre 800 y mil personas que cobran lo que nuestros maestros trabajan”, afirma, y explica que en este conflicto entre organizaciones sindicales las autoridades estatales han favorecido a los agremiados de Gordillo, a costa del erario estatal.
Explicó que los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza formaron la Alianza por Baja California, que en 2007 consiguió dos diputaciones locales y cinco regidurías. El PAN se quedó con la gubernatura y cuatro de cinco ayuntamientos.
Todo empezó con Salinas
El Acuerdo Nacional de Descentralización Educativa de 1992 deslindó de responsabilidades patronales y financieras a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transferirlas a los gobiernos estatales.
La decisión del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, aplicada por el entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo, y Elba Esther Gordillo, hizo que los gobiernos estatales se convirtieran en los patrones de miles de maestros.
Por tanto, en ningún estado del país el SNTE tiene personalidad jurídica para representar a maestros y personal de apoyo de sistemas educativos estatales, ya que sus alcances son federales; además, carece de contratos colectivos de trabajo y de tomas de nota de sus dirigencias seccionales.
“Esta situación permitió la creación del SETE, una organización independiente de la sección 37 del SNTE, de carácter estatal, ya que dependemos de la SEBS”, explicó Lara Moreno.
Un año después del reconocimiento del CETE por autoridades laborales locales, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje confirmó los derechos del SETE, según el expediente 2655/07, del 4 de septiembre de 2007.
“Confiamos que van a terminar por reconocernos porque así lo marca la ley”, dice Lara, y señala que la dirigencia del SNTE está preocupada por lo que sucede en esta entidad, pues podría abrir las puertas para la creación de sindicatos independientes y a una eventual confederación de organismos estatales.
Autoridades de Oaxaca, omisas en el caso de tres niños violados
Con un acto en el patio poniente del edificio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se formalizó la convocatoria de la consulta como un acto de gobierno, con lo que se instalarán en mil 800 puntos de la ciudad más de 5 mil mesas receptoras de la opinión de los ciudadanos.
“El gobierno de la ciudad de México, legítima y democráticamente electo, ha hecho siempre del conocimiento público su postura sobre los asuntos relevantes que conciernen a la nación y al Distrito Federal, transparentando así las convicciones que orientan la labor política y administrativa en la capital del país, vinculándola a los derechos e intereses de sus habitantes”, señala el documento hoy en la Gaceta Oficial de la ciudad.
Oportunamente se hará del conocimiento de la población la redacción de la o las preguntas que formulará un grupo de expertos, a invitación de los convocantes, así como la ubicación de los centros de recepción y la invitación, capacitación y selección de los funcionarios de las mesas, las cuales recibirán la opinión de los ciudadanos a partir de las ocho de la mañana, hasta las seis de la tarde.
En entrevista posterior, el titular del Ejecutivo local dijo que después de la reunión con los gobernadores estatales del PRD, se buscará que las preguntas que decida el grupo de expertos sean las mismas que se apliquen en las otras entidades, y dejó en claro que la consulta va más allá del PRD, “somos muchos ciudadanos y ciudadanas los que la estamos apoyando”.
Círigo ofreció poner a disposición de la consulta los módulos de atención de los 66 diputados de la ALDF, independientemente del partido al que pertenecen, y Cisneros hizo lo propio con las 40 sedes distritales del IEDF.
Este último, quien suscribió la convocatoria como testigo de honor, dijo que el objetivo, “en suma, es que los ciudadanos puedan expresarse con absoluta certeza de que su opinión manifestada mediante el voto sea libre, efectiva, secreta, directa, personal e intransferible. Ese es nuestro compromiso y a él nos avocaremos”, indicó.
Derroche en campañas
Más tarde, al participar en el foro sobre la reforma energética organizado por agrupaciones sindicales, dijo que los recursos que gastó el gobierno federal en una “estrategia ofensiva” con mensajes televisivos sobre el “tesoro en aguas profundas”, hubiera servido para realizar cuatro o cinco consultas nacionales.
En lo que llamó el “foro itinerante del Castillo de Chapultepec”, luego de que el pasado lunes autoridades del INAH impidieron su realización, el mandatario capitalino fijó su postura en contra de la iniciativa de Felipe Calderón, al que sugirió aprovechar la lección del Partido Popular –por cierto muy cercano a Acción Nacional–, que perdió la elección por mentir cuando el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, mintió pretendiendo inculpar a ETA de los atentados del 11 de marzo de 2004, como ahora mienten con la iniciativa de reforma energética.
Antes, en un acto en el Zócalo con beneficiarios del programa de pensión alimentaria a personas adultas mayores, a los que invitó a participar en la consulta, dijo, señalando el Palacio Nacional, “que se acostumbren, aquí enfrente, a preguntar, a consultar y a respetar al pueblo de México, cuando se va disponer de sus activos o de sus derechos”.
Ebrard, la ALDF y el IEDF formalizan el acuerdo para la consulta
Respaldo a la presidenta argentina
El ex presidente Néstor Kirchner acompañó a su esposa Cristina Fernández en el acto masivo en Plaza de Mayo de apoyo a la mandataria, quien enfrenta un largo conflicto con empresarios rurales. La titular de la Casa Rosada pidió, "en nombre de la democracia, de la Constitución y las leyes, que liberen las carreteras y dejen a los argentinos producir y trabajar". Las organizaciones opositoras, aunque valoraron la actitud negociadora de las autoridades, mantienen su rechazo al incremento de los impuestos especiales a la exportación de soya Foto Ap
Stella Calloni, corresponsal
En el primer trimestre 670 mil personas perdieron su empleo
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Aprueba Europa encarcelar hasta por 18 meses a "sin papeles"
Armando G. Tejeda, corresponsal
Rayuela
Declarar la guerra es la respuesta de los europeos al hambre de la migración ilegal, a la necesidad de supervivencia de los pueblos que ellos expolian.
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Juan Carlos García,corresponsal
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Gustavo Castillo
Columnas
Julio Hernández López : Astillero El dirigente de Concamin enfrió de inmediato la euforia del pequeño populismo de derecha desatado ayer en Los Pinos con un anuncio de presunto control de precios en 150 productos empaquetadamente “básicos”. Según la interpretación personal del ocupante de la Presidencia de la República, duraría todo el año la estabilización forzosa de precios en ciertos productos alimenticios. Pero el presunto firmante empresarial de ese minipacto, que mal recuerda los aires del echeverrismo y el lopezportillismo, rápidamente corrigió al patrono de Juan Camilo Mouriño y estableció que el compromiso de mantener ciertas etiquetas intocadas se sostendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta productiva mexicana” (¡oh!). Además, la vigencia de la oferta en materia de aceites y grasas comestibles no será por lo que resta del año sino hasta el último día de agosto y, en el caso del trigo, hasta el último de julio.
El gerente del Instituto del Fraude Electoral impulsó a su vez el proyecto de congelación de dos palabras procesadas que provocan contingencias negativas en el deprimido ego de ciertos personajes sujetos a control social y difícilmente retiquetables (ni modo de quitarle una vocal a una palabra y dividirla en dos para que lo falso parezca genuino: no sería entonces espurio, sino “es puro”, según amable dictamen de los Laboratorios de Control Adulterado de Calidad V. Zurita). Cinco de nueve consejeros del antes mencionado bife electoral decidieron sancionar el uso del adjetivo “legítimo” en relación con Andrés Manuel López Obrador porque consideran que con ello se denigra y deprecia la figura de quien jurídica y formalmente se mantiene como ocupante de la Presidencia de la República desde diciembre de 2006.
En realidad, más se maltrata y en su pequeñez política se exhibe al presunto defendido con esos actos de litigable censura política que constituyen el máximo reconocimiento oficial de que no ha fracasado el difícil lance emprendido por AMLO de ejercer la denominación de “presidente legítimo” que una convención de sus seguidores le asignó y que en sus primeros días de vigencia animó a sus detractores a vaticinar un final político del tabasqueño entre el ridículo y lo caricatural que, según ha necesitado aceptar formalmente el tal IFE, no sólo no sucedió sino que ahora hay necesidad de extender una orden intolerante y, esa sí, ridícula, para que no se denomine de determinada manera a un personaje al que en todo caso el propio curso de lo político debería poner en un lugar de marginación y repudio, si tal fuera la circunstancia, pero no emisiones de autoritarismo hechas por desprestigiados consejeros electorales que pretenden controlar la realidad política como un presunto presidente quiere someter a su arbitrio precios volátiles.
También es difícil el pretender ocultar el pago que por favores recibidos se hace desde el poder a los coadyuvantes que navegaron en determinados momentos con banderas de “independencia” y “objetividad”. Un miembro distinguido, pero ahora escindido, del grupo de delincuencia política llamado los Niños Verdes, ha asumido la coordinación de proyectos especiales de la ¿muy legítima? Presidencia de la República; Bernardo de la Garza asestó un golpe de traición a Roberto Madrazo en 2006 –golpe que ni siquiera era necesario para dañar al ya entonces muy erosionado priísta–, cuando primero declinó con enjundia en favor de él la candidatura presidencial de cambalache que había construido el partido llamado ecologista y luego lo dejó colgado de la verde brocha, con el beneplácito del efímero tucán Calderón.
La misma figura ambigua y sugerente de la “coordinación de proyectos especiales” (todo o nada, según decida el jefe) ha sido asumida, pero en el comité nacional panista, por el querido cuñado del presidente de la legitimidad al 0.56 por ciento, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que deja sus oficinas en la española Prisa para asomarse a los terrenos impredecibles (¿o ya desde ahora predichos, y por ello se le abre camino?) de la política panista dominada por el esposo de su hermana Margarita.
Otro funcionario designado (léase lo referido líneas arriba sobre coadyuvantes con banderas de “imparcialidad”, sobre todo en foros electrónicos de opiniones controladas) es el académico Rafael Fernández de Castro, quien ejercerá oficialmente la función de asesor en asuntos internacionales de la recontrarchirrequete legítima presidencia calderónica. Y las armas de las buenas familias panistas de siempre se vuelven a vestir de gloria con la relección de Alonso Lujambio al frente del Instituto Federal de Arreglos con la Información, el ente de presunta transparencia que en los hechos, y gracias al papel desempeñado por el citado Lujambio, ha servido de constante tapadera de excesos y abusos del patrón Calderón (en contra de esa continuidad se manifestó el comisionado Juan Pablo Guerrero, que da solitaria y acosada pelea en ese terreno minado de pinos).
Astillas
Julio Vázquez, especialista en asuntos de prestaciones sociales de Hewitt Associates en México, pregunta, a propósito de las reacciones adversas a la convalidación judicial del cambio en el esquema de pensiones federales: “¿Por qué pagar de nuestros impuestos pensiones generosas a quienes nunca nos han atendido bien? Si se hace una encuesta sobre la opinión y la experiencia que los contribuyentes y el público en general tienen sobre la burocracia, se vería el gran maltrato del que hemos sido víctimas. Aún así, ¿merecen estas personas un régimen tan injusto como el acceder al 100 por ciento de su último sueldo como pensión, cuando los expertos y consultores recomiendan un 75 por ciento como suficiente? ¿No se conforman con sus jugosos aguinaldos y sus ventajosas condiciones de trabajo? ¿No es suficiente con su pésimo trabajo?”… Y, mientras la movilización cívica jalisciense se fortalece luego que el patronato del santuario de los mártires cristeros fue obligado por la presión social a devolver la macrolimosna del gobernador piadoso, ¡hasta mañana, en esta columna anticongelante!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Pedro Miguel : Navegaciones
Opinión
Cuauhtémoc Cárdenas /I : Política petrolera (una respuesta)
Octavio Rodríguez Araujo : Calderón, otra vez cuestionado
Adolfo Sánchez Rebolledo : ¿Es el PAN de derecha?
Miguel Marín Bosch : China, Inc.
Emir Sader : Para que Colombia deje de sangrar
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Olga Harmony : La mujer de antes
Política
Congelan precios de 24 alimentos procesados; son 150: Calderón
Es insuficiente y tardío congelar precios de alimentos: legisladoresLegisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones de apoyar la economía familiar.
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad.
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos.
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con miras electorales para 2009”.
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos.
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de todos sus artículos para anticiparse a la medida.
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay lamentó que el Ejecutivo no tome medidas enérgicas para detener la escalada de precios, debido a que, afirmó, “no puede ir en contra de los intereses de las grandes empresas que lo apoyaron en su campaña presidencial”.
Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la medida “se tomó demasiado tarde”, puesto que muchos de los productos ya han sido “retiquetados en más de una ocasión”, e insistió en su demanda de recuperación salarial.
Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de dicha organización, señaló que este acuerdo “va en la dirección correcta”, y apuntó que el anuncio los tomó por sorpresa, puesto que en diversas ocasiones la UNT, junto con organizaciones campesinas y sociales, expusieron al gobierno la necesidad de congelar precios, pero la respuesta siempre fue que esa no era un táctica posible.
Aparte, el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el diputado Patricio Flores, señaló que esta central obrera considera oportuna la decisión de congelar los precios de productos básicos; sin embargo, llamó a que el gobierno federal lleve a cabo un control especial y un seguimiento riguroso al respecto, porque se pueden dar casos en los que las empresas no abastezcan aquellos alimentos que tengan precio fijo o bien que los oculten, con lo que podría darse acaparamiento.
A su vez, dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-Barzón y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo calificaron la propuesta como “relativamente positiva”, pero destacaron que eso no resuelve la crisis alimentaria, ni responde a la discusión en torno a la producción, el control de las importaciones y de los precios de los productos de la canasta básica, que sirven como parámetro para establecer el salario mínimo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la ANPAP-Barzón, y Víctor Suárez Carrera, de la ANEC, apuntaron por separado que la determinación es demagógica, porque “en el fondo no hay un control sino legitima los precios elevados con el anuncio de que se quedarán hasta fin de año en el nivel al que llegaron ayer”.
José Luis González Aguilera, coordinador en turno del CAP, dijo que “la medida es buena porque beneficia a los consumidores, pero nosotros no hemos pugnado porque se congelen los precios, sino por su regulación”.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la CIOAC, recordó que desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en 2003, la propuesta campesina fue controlar los precios de 34 productos de la canasta básica.
El acuerdo anunciado beneficia sólo a procesadoras y tiendas de autoservicioEn lugar de abatir la inflación y garantizar a la población el consumo de alimentos básicos nutritivos y baratos, principalmente granos, el acuerdo anunciado ayer por el titular del Ejecutivo federal y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de congelar el precio de 140 productos industrializados, apunta a garantizar hasta fin de año las ganancias de ciertas empresas procesadoras de alimentos y tiendas de autoservicio, advirtieron la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la organización El poder del consumidor y la consultoría financiera Vanguardia Investment.
El citado acuerdo incluye únicamente alimentos secundarios, es decir, industrializados; consideraron que llama la atención que el programa se ponga en marcha casi un mes después de que la Presidencia de la República anunció las acciones de apoyo a la economía familiar, y cuando no han cesado los aumentos en todo el año, por lo que éstos pueden estarse oficializando, como ocurrió en 2007 con el precio de la tortilla.
“Se trata de una medida demagógica y desesperada de las autoridades, con simple impacto mediático y que ningún efecto tendrá sobre los precios de los alimentos, ya que no se ataca el origen del problema, como es garantizar el abasto de materias primas con una política agroalimentaria integral. Además, es tardía, porque congelan precios cuando en todos estos meses se han incrementado e incluyen productos como fruta en almíbar o salsa catsup, ¡por favor!, en lugar de productos de consumo básico”, señaló Víctor Suárez, director de la ANEC.
Para Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment, lo anunciado por los industriales y el gobierno federal puede resumirse en el dicho popular: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, pues consideró que aunque se trata de un “pacto disfrazado” en nada contribuirá a detener la escalada inflacionaria.
Agregó que las grandes empresas que procesan alimentos de consumo generalizado, o popular, serán las beneficiadas, lo mismo que las tiendas de autoservicio, y ello podría resultar contraproducente para la economía del país, porque las pequeñas y medianas empresas y tiendas no tienen la misma capacidad de compra y distribución de esos productos que ahora se anuncian con precio congelado, por lo que podrían multiplicarse las quiebras o cierres de dichos negocios con la consecuente pérdida de empleos.
En tanto, Juan Pedro Treviño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Estudios Económicos (IMEE), manifestó que el éxito del acuerdo dependerá de que los participantes lo mantengan, pero siempre y cuando no se deteriore aún más el entorno y crezca la presión inflacionaria. Esas medidas, dijo, podrían revisarse antes de fin de año si continúan las presiones inflacionarias, pues recordó que éstas se deben a una situación internacional y el acuerdo tiene como fin, precisamente, evitar un “contagio más amplio”.
A su vez, Alejandro Calvillo, director de la organización denominada El poder del consumidor, lamentó que el gobierno no diseñe una política de precios de alimentos básicos y nutritivos para la población, como son frutas, verduras y cereales, ya que los productos promocionados son industrializados y con alto contenido de azúcares u otros ingredientes que van en detrimento de la salud, tales como jugos, mermeladas o frutas en almíbar.
Eso, dijo, no contribuye a abatir el problema de obesidad que existe en México, cuando se requiere un enfoque integral que incluya campañas públicas de orientación para los consumidores, tanto en alimentación como en precios de los productos básicos. En otros países, refirió como ejemplo, las autoridades crean fondos especiales para hacer accesible el consumo de frutas y verduras en las escuelas y en zonas donde es difícil su distribución, en lugar de comercializar productos industrializados.
Economía
La economía mexicana está ya en proceso de desaceleración: BBVA
Alerta sanitaria en EU afecta a productores y exportadores de jitomate sinaloenses
Endurecen mineros movimiento en Perú; la huelga en Cuajone, por tiempo indefinido
Mundo
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Chocan con la policía cientos de estudiantes que protestaban contra nueva ley de educación
Estados
Baja California viola la ley para favorecer a Elba Esther GordilloMexicali, BC, 18 de junio. En abierto desacato a dos laudos de los tribunales estatal y federal de Conciliación y Arbitraje, el gobierno de Baja California se niega a reconocer al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) y ha desviado millones de pesos en cuotas al gremio nacional que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, denunció Héctor Lara Moreno, dirigente de la agrupación local.
El SETE, explicó, agrupa a aproximadamente 9 mil de los 13 mil 500 trabajadores que hasta hace dos años formaban parte de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los cuales están al servicio de la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) de Baja California.
Desde 2006, cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal reconoció al SETE, “(las autoridades de la SEBS) se están robando nuestras cuotas; las están entregando directamente al SNTE”, con la anuencia del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán, aliado político de Gordillo y del partido que ésta fundó: Nueva Alianza, afirmó Lara Moreno.
Persecución y violación de derechos
El dirigente agregó que su gremio enfrenta represión. Él mismo tiene pendientes denuncias por despojo de un inmueble del magisterio y por daño patrimonial de un fondo mutualista. Además, dijo, se violan los derechos de los maestros a obtener ascensos, cambios de adscripción, créditos de vivienda, jubilación y a ocupar vacantes.
A ocho integrantes del comité ejecutivo del SETE dejaron de pagarles salarios desde el ciclo 2006-2007, y más de 2 mil trabajadores no han recibido pago alguno a pesar de haber cubierto interinatos frente a grupos o en actividades de apoyo.
Los adeudos, correspondientes a dos ciclos escolares, suman más de 87 millones de pesos. Sin embargo, el sistema educativo estatal ya entregó este dinero a maestros y trabajadores de apoyo de la sección 37 del SNTE.
“Son aviadores. Hemos detectado entre 800 y mil personas que cobran lo que nuestros maestros trabajan”, afirma, y explica que en este conflicto entre organizaciones sindicales las autoridades estatales han favorecido a los agremiados de Gordillo, a costa del erario estatal.
Explicó que los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza formaron la Alianza por Baja California, que en 2007 consiguió dos diputaciones locales y cinco regidurías. El PAN se quedó con la gubernatura y cuatro de cinco ayuntamientos.
Todo empezó con Salinas
El Acuerdo Nacional de Descentralización Educativa de 1992 deslindó de responsabilidades patronales y financieras a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para transferirlas a los gobiernos estatales.
La decisión del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, aplicada por el entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo, y Elba Esther Gordillo, hizo que los gobiernos estatales se convirtieran en los patrones de miles de maestros.
Por tanto, en ningún estado del país el SNTE tiene personalidad jurídica para representar a maestros y personal de apoyo de sistemas educativos estatales, ya que sus alcances son federales; además, carece de contratos colectivos de trabajo y de tomas de nota de sus dirigencias seccionales.
“Esta situación permitió la creación del SETE, una organización independiente de la sección 37 del SNTE, de carácter estatal, ya que dependemos de la SEBS”, explicó Lara Moreno.
Un año después del reconocimiento del CETE por autoridades laborales locales, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje confirmó los derechos del SETE, según el expediente 2655/07, del 4 de septiembre de 2007.
“Confiamos que van a terminar por reconocernos porque así lo marca la ley”, dice Lara, y señala que la dirigencia del SNTE está preocupada por lo que sucede en esta entidad, pues podría abrir las puertas para la creación de sindicatos independientes y a una eventual confederación de organismos estatales.
Autoridades de Oaxaca, omisas en el caso de tres niños violados
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, sobre el caso de tres niños de cuatro años de edad que fueron víctimas de “presuntas agresiones sexuales” en un colegio particular de Villa de Etla, ya que las familias de los menores “encontraron obstáculos y omisiones” tanto en la Fiscalía de Delitos Sexuales como en la Comisión de Derechos Humanos del estado a fin de obtener justicia.
La institución destaca que no se han tomado medidas para evitar que estos delitos se repitan y solicitó al mandatario estatal garantizar a los agraviados la reparación integral del daño, brindarles auxilio, así como investigar y sancionar a las autoridades responsables de la omisión y violación de derechos de los menores.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señala en la recomendación que el organismo a su cargo posee evidencias de que se vulneró la integridad física y psicológica de los infantes, así como evaluaciones sicológicas que muestran que al menos uno de los menores presenta indicios emocionales y conductuales de abuso sexual.
La CNDH tiene un certificado médico con fecha 11 de julio del 2007, suscrito por un medico particular, que precisa las lesiones de uno de los niños, así como un dictamen sicológico, firmado por un perito de la Procuraduría estatal, que confirma el daño emocional que se ocasionó a otra de las víctimas. Asimismo, el 24 de enero recibió la opinión técnica de personal de atención a víctimas de la CNDH, la cual corrobora los daños emocionales causados a los tres agraviados.
El ombudsman señala que, luego del análisis jurídico, existen suficientes elementos para acreditar que se violó el derecho de las víctimas a la debida protección del delito, ya que hubo omisión de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para brindar asistencia médica y sicológica a los menores y a sus familias, así como para salvaguardar su integridad física
La CNDH “considera de gran relevancia los relatos pormenorizados de los menores relacionados con los tocamientos bajo sus ropas de que fueron víctimas, los resultados de las terapias en las que se acredita abuso sexual, las muestras de agresión física en los cuerpos de los infantes y las negativas de éstos para acudir al colegio, ante el temor de padecer nuevas agresiones”, señala Soberanes.
La institución instó a que el Instituto Estatal de Educación Pública y la Procuraduría de Oaxaca participen en campañas de prevención del abuso sexual, pues gran parte de esos delitos “permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que con llevan”. La institución dijo estar preocupada por “la grave laxitud” en el cumplimiento de la ley y la “limitada sensibilidad” del personal encargado de impartir justicia, lo que se convierte “en una nueva victimización de los menores y sus familias”.
Resaltó que si bien hay una persona sujeta a proceso judicial por el abuso sexual contra los menores, las autoridades ministeriales que integraron las averiguaciones “omitieron brindar a los denunciantes atención médica y sicológica”, lo que viola su derecho constitucional a la protección. Esta omisión, resaltó, también contraviene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El lunes devolverán la macrolimosna
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La institución destaca que no se han tomado medidas para evitar que estos delitos se repitan y solicitó al mandatario estatal garantizar a los agraviados la reparación integral del daño, brindarles auxilio, así como investigar y sancionar a las autoridades responsables de la omisión y violación de derechos de los menores.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, señala en la recomendación que el organismo a su cargo posee evidencias de que se vulneró la integridad física y psicológica de los infantes, así como evaluaciones sicológicas que muestran que al menos uno de los menores presenta indicios emocionales y conductuales de abuso sexual.
La CNDH tiene un certificado médico con fecha 11 de julio del 2007, suscrito por un medico particular, que precisa las lesiones de uno de los niños, así como un dictamen sicológico, firmado por un perito de la Procuraduría estatal, que confirma el daño emocional que se ocasionó a otra de las víctimas. Asimismo, el 24 de enero recibió la opinión técnica de personal de atención a víctimas de la CNDH, la cual corrobora los daños emocionales causados a los tres agraviados.
El ombudsman señala que, luego del análisis jurídico, existen suficientes elementos para acreditar que se violó el derecho de las víctimas a la debida protección del delito, ya que hubo omisión de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para brindar asistencia médica y sicológica a los menores y a sus familias, así como para salvaguardar su integridad física
La CNDH “considera de gran relevancia los relatos pormenorizados de los menores relacionados con los tocamientos bajo sus ropas de que fueron víctimas, los resultados de las terapias en las que se acredita abuso sexual, las muestras de agresión física en los cuerpos de los infantes y las negativas de éstos para acudir al colegio, ante el temor de padecer nuevas agresiones”, señala Soberanes.
La institución instó a que el Instituto Estatal de Educación Pública y la Procuraduría de Oaxaca participen en campañas de prevención del abuso sexual, pues gran parte de esos delitos “permanecen impunes al no ser denunciados por los graves problemas que con llevan”. La institución dijo estar preocupada por “la grave laxitud” en el cumplimiento de la ley y la “limitada sensibilidad” del personal encargado de impartir justicia, lo que se convierte “en una nueva victimización de los menores y sus familias”.
Resaltó que si bien hay una persona sujeta a proceso judicial por el abuso sexual contra los menores, las autoridades ministeriales que integraron las averiguaciones “omitieron brindar a los denunciantes atención médica y sicológica”, lo que viola su derecho constitucional a la protección. Esta omisión, resaltó, también contraviene la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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