SEGUNDA DENUNCIA DE HECHOS FALSOS.

Alberto Híjar.

El 13 de mayo, Mejor Sociedad, Mejor Gobierno y Seguridad Justicia y Paz han presentado una Primera Ampliación de Denuncia de Hechos sobre la masacre en Sucumbíos, Ecuador. En este caso, solo la presenta José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A.C que forma parte de Seguridad, Justicia y Paz. Se refiere a la primera denuncia presentada el 24 de marzo “en relación a la participación de ciudadanos mexicanos en la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Los ciudadanos mexicanos y uno que otro extranjero, son los masacrados, la sobreviviente, los asistentes al Segundo Encuentro Bolivariano de los Pueblos realizado en Ecuador, los firmantes de una convocatoria al Primer Encuentro de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Colombiano y los ilusorios contactos entre mexicanos y las FARC, todo sobre la base de notas de prensa con títulos amarillistas, informes de seguridad de Colombia, Ecuador y México y la improbable computadora del comandante Raúl Reyes.

El nuevo documento pretende aportar “más evidencias” y solicita al procurador general, nuevas “peticiones de indagación” que lleguen hasta las cuentas bancarias, las identificaciones, los domicilios, los centros de trabajo, las computadoras, los correos electrónicos, los viajes de los indiciados.

De principio hay dos vicios documentales: el primero es ignorar la invasión militar colombiana en Ecuador con la destrucción de evidencias por el ejército en el campamento devastado inicialmente por misiles disparados desde la base de Manta de las Fuerzas Armadas Norteamericanas. Las características del ataque hacen inverosímil la conservación de la computadora del comandante Raúl Reyes que ha permanecido en poder de la seguridad colombiana desde el 1º de marzo y hasta la fecha para su manipulación sin freno.

El segundo vicio es considerar como verdaderos títulos como el de Jorge Fernández Menéndez del 10 de abril de 2002:

“Ubican a dirigente sindical como el nexo con las FARC” de donde derivan la existencia de “una célula de las FARC en México denominada Ricardo Flores Magón”, nombre de un héroe revolucionario de tan querido, usado por numerosas organizaciones. De fuentes dudosas derivan información cruzada imposible de probar.

Ángel Fermín García Lara o Luna, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del IMSS y participante en organizaciones de solidaridad civil, no sólo es indiciado como contacto de las FARC, sino “ligado” a personajes del ERPI y del EZLN. Del ERPI se menciona a Erika Zamora y Efrén Cortés, sobrevivientes de la masacre de El Charco, Guerrero, que fueron encarcelados para quedar en libertad ejercida en una vida civil abierta y transparente. De la relación con el EZLN, sólo puede decirse que somos millones quienes hemos asistido a movilizaciones, conferencias, hemos firmado denuncias y propuestas y recibimos por Internet información constante, en ocasiones sin importar el emisor.

De aquí que Fermín García resulte ilusoriamente involucrado con el EPR.

Fermín es acusado de relacionarse con la senadora Rosario Ibarra, su secretario Edgar Sánchez y también con Cuauhtémoc Sandoval, Gustavo Iruegas, Mario Saucedo y Gustavo Carvajal, todo lo cual es presentado como prueba de terrorismo organizado. Quizá en la tercera ampliación de la denuncia probablemente en redacción actual resulten involucradas las organizaciones políticas a las que pertenecen cada uno de los mencionados, desde Eureka hasta el FAP, el PRD y el PRI.

Un cuadro comparativo relaciona tres columnas: tópico, mentira y verdad de las declaraciones de la sobreviviente Lucía Andrea Morett. La verdad es “lo que declaró a la inteligencia ecuatoriana” según fragmento de un video editado difundido por el gobierno de Ecuador el 30 de abril resultante del interrogatorio al que fue sometida el 1º de marzo, horas después de la masacre. La evidencia viciada por la edición y la fragmentación, es más bien prueba de ilegalidad porque el interrogatorio se hizo mientras la sobreviviente es curada y responde entre gritos de dolor. No hay persona de su confianza ni abogado que la auxilie por lo que a la humillación de estar desnuda y ladeada para no lastimar otras heridas, en medio del dolor de la curación de la herida profunda en la nalga, es aplicada una modalidad de tortura que invalida cualquier declaración.

Una excelente prueba de ilegalidad concluye el punto 6 del documento en cuestión: “Ni en ese reportaje (”With Bombings, Mexican Rebels Escalate Their Fight” James C. McKinley y Antonio Betancourt, New York Times, 26 de septiembre de 2007) ni en ninguna información pública, existe el menor indicio de que en dichos secuestros NO hayan tenido intervención los mexicanos integrantes de la célula Ricardo Flores Magón”. Por tanto, todos somos culpables mientras no se demuestre lo contrario, aunque sea a partir de dudosos reportajes.

Por tanto, crece la lista de las piadosas organizaciones civiles de la democracia cristiana para solicitar a la Procuraduría todo su poder contra los inculpados. Acompañan la denuncia con un CD donde puede encontrarse un campamento de las FARC con dos mujeres en uniforme de campaña que se parecen a Lucía Andrea Morett y Verónica Natalia Velásquez, por lo que solicitan un estudio antropométrico que podría aplicarse a la primera porque de la segunda sólo quedan cenizas, para corroborar si de veras son para lo cual habría que conseguir a las personas del video.

Esto recuerda el video difundido al mundo por el gobierno colombiano, de un supuesto ministro ecuatoriano con el Comandante Raúl Reyes quien resultó ser un comunista argentino que aclaró su visita al responsable de relaciones internacionales de las FARC y ciertamente se parece al funcionario ecuatoriano.

Lo cierto es que el operativo Sucumbíos tiene y tendrá repercusiones contrainsurgentes porque fue planeado para mostrar el poder de fuego de las bases yanquis, la coordinación con las Fuerzas Armadas Colombianas, la capacidad diplomática para calmar las protestas de la soberanía ecuatoriana violada y la fugaz solidaridad venezolana y claro, para de una vez deshacerse o al menos aquietar a quienes hemos sido honrados con una ilusoria colaboración con las FARC y el terrorismo internacional (no el yanqui sino el mal nombrado así) imposible de probar.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado con Rosario Ibarra al frente, ya tramitó amparos para algunos pero lo urgente es denunciar los trabajos de las organizaciones de El Yunque y la Organización Demócrata Cristiana de América con Manuel Espino al frente bien relacionada con la ultraderecha de Aznar en España. No en balde, José Antonio Ortega y Manuel Velasco Arzac reciben jugosos sueldos del Gobierno de Jalisco y del Cardenal Sandoval Iñiguez entre otros. El paramilitarismo y militarismo desatado cuenta con sicarios leguleyos en acción constante.