DESAPRUEBA CDHDF “ARRANQUE” DE CALDERÓN: “NO ES BUENO LEGISLAR LUEGO DE LAS TRAGEDIAS” APENAS EN DICIEMBRE PASADO, EL PRESIDENTE FIRMÓ PROTOCOLOS CONTRARIOS A LA CADENA PERPETUA
¿De qué se trata? Hace unos meses, dice la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Presidente firmó dos protocolos internacionales, uno de Naciones Unidas y otro del Sistema Interamericano, en contra de la pena de muerte y las penas excesivas
El Gobierno de Bolivia advierte de que el país está “en el umbral” de un golpe de Estado
El Gobierno de Bolivia ha asegurado que el país está en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional” y atribuyó un plan para derrocarlo a los gobernadores opositores de las regiones autonomistas, declara ABC de España. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en declaraciones realizadas a radio estatal Patria Nueva. Quintana ha formulado su denuncia a cuatro días del referendo que se celebrará el próximo domingo sobre la revocación o continuidad de los mandatos del presidente, Evo Morales, y de ocho de los nueves prefectos del país. El ministro, brazo derecho de Morales en el gabinete, ha agregado que la referida conspiración se está gestando “al típico estilo de las dictaduras que precedieron a la recuperación de la democracia en 1982″, confirma ABC de España.
Editorial
Bolivia: importancia del referéndum
Con el constante acoso de las oligarquías nacionales y extranjeras, recrudecido en las semanas recientes, Bolivia se aproxima a una fecha determinante para la vigencia de su vida democrática y su futuro como país: el referéndum revocatorio del próximo domingo, al que se someterán el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos.
Ciertamente, el contexto en el que la nación sudamericana se aproxima a esa cita no es el idóneo. La semana que concluirá con esa consulta pública ha estado marcada por acontecimientos violentos, protestas, montajes y, en conjunto, un clima político inestable, calificado por las autoridades bolivianas como el “umbral de un golpe de Estado”. El martes dos mineros resultaron muertos tras los enfrentamientos con la policía en Oruro, y grupos opositores intentaron tomar el aeropuerto de Tarija, donde Morales esperaba recibir a sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Argentina, Cristina Fernández, quienes finalmente cancelaron su visita. Anteayer la oposición encabezó nuevos cercos en las terminales aéreas de la ciudad de Sucre –donde Morales debía encabezar las celebraciones por la independencia de Bolivia–, así como en Santa Cruz y Trinidad, donde el mandatario tenía pensado realizar actos proselitistas. A estas protestas habrá que sumar las “huelgas de hambre” iniciadas por algunos dirigentes cívicos cruceños, quienes, aunque afirman que “no es una estrategia para boicotear el referéndum”, presumen el apoyo de la oposición política boliviana.
Esta situación, a su vez, se da en un contexto general de confrontación entre dos proyectos de país: uno basado en el poder de la gente –en particular, de las mayorías indígenas históricamente excluidas–, de carácter progresista y comprometido con las transformaciones sociales que Bolivia requiere con urgencia; el otro se encuentra articulado en torno al poder del dinero y obedece a los intereses de la derecha boliviana y de los grandes conglomerados trasnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales del país, que el gobierno de Evo Morales les ha arrebatado paulatinamente con el fin de restituirlo a la nación. Detrás de todo esto se encuentra, por añadidura, la mano no tan invisible de Washington, que, de acuerdo con denuncias del gobierno, ha impulsado desde las movilizaciones opositoras hasta el secesionista referéndum sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz de la Sierra.
El arribo de Morales al poder, en 2006, evidenció el resquebrajamiento de un modo de gobernar y de hacer política en Bolivia caracterizado por el divorcio de la elite en el poder –políticos, empresarios, terratenientes y agroexportadores– de las necesidades mayoritarias de la población. Desde entonces, la oligarquía nacional ha empeñado sus esfuerzos en minar una administración que ha trastocado sus históricos privilegios. En esa lógica se han inscrito acciones como el torpedeo constante a la Asamblea Constituyente, el referido impulso a los proyectos autonómicos –una demanda añeja que ha sido retomada como instrumento de golpeteo político–, la confrontación de los clanes exportadores de aceite y soya con el gobierno, la apuesta de la oposición por el fracaso del referéndum revocatorio y los lamentables acontecimientos de esta semana.
Tal circunstancia, sin embargo, a cuyo mantenimiento apuestan los grupos opositores al gobierno boliviano, al parecer con miras a su agotamiento y debacle, resulta ya insostenible. Es esencial que el referéndum revocatorio del domingo derive en un redimensionamiento de la correlación de fuerzas en Bolivia, dote a la nación de estabilidad y abone a la normalización de su vida pública e institucional, elementos imprescindibles para avanzar hacia un nuevo orden en el que se privilegie a las mayorías, y en el que se combata el atraso, la desigualdad y la miseria históricas en ese país.
Hasta ahora el pueblo boliviano y sus dirigentes han sabido sortear con éxito las maniobras emprendidas por la oligarquía. Cabe hacer votos para que después del domingo, esa nación salga fortalecida, unida e independiente.
Bolivia: importancia del referéndum
Con el constante acoso de las oligarquías nacionales y extranjeras, recrudecido en las semanas recientes, Bolivia se aproxima a una fecha determinante para la vigencia de su vida democrática y su futuro como país: el referéndum revocatorio del próximo domingo, al que se someterán el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos.
Ciertamente, el contexto en el que la nación sudamericana se aproxima a esa cita no es el idóneo. La semana que concluirá con esa consulta pública ha estado marcada por acontecimientos violentos, protestas, montajes y, en conjunto, un clima político inestable, calificado por las autoridades bolivianas como el “umbral de un golpe de Estado”. El martes dos mineros resultaron muertos tras los enfrentamientos con la policía en Oruro, y grupos opositores intentaron tomar el aeropuerto de Tarija, donde Morales esperaba recibir a sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Argentina, Cristina Fernández, quienes finalmente cancelaron su visita. Anteayer la oposición encabezó nuevos cercos en las terminales aéreas de la ciudad de Sucre –donde Morales debía encabezar las celebraciones por la independencia de Bolivia–, así como en Santa Cruz y Trinidad, donde el mandatario tenía pensado realizar actos proselitistas. A estas protestas habrá que sumar las “huelgas de hambre” iniciadas por algunos dirigentes cívicos cruceños, quienes, aunque afirman que “no es una estrategia para boicotear el referéndum”, presumen el apoyo de la oposición política boliviana.
Esta situación, a su vez, se da en un contexto general de confrontación entre dos proyectos de país: uno basado en el poder de la gente –en particular, de las mayorías indígenas históricamente excluidas–, de carácter progresista y comprometido con las transformaciones sociales que Bolivia requiere con urgencia; el otro se encuentra articulado en torno al poder del dinero y obedece a los intereses de la derecha boliviana y de los grandes conglomerados trasnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales del país, que el gobierno de Evo Morales les ha arrebatado paulatinamente con el fin de restituirlo a la nación. Detrás de todo esto se encuentra, por añadidura, la mano no tan invisible de Washington, que, de acuerdo con denuncias del gobierno, ha impulsado desde las movilizaciones opositoras hasta el secesionista referéndum sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz de la Sierra.
El arribo de Morales al poder, en 2006, evidenció el resquebrajamiento de un modo de gobernar y de hacer política en Bolivia caracterizado por el divorcio de la elite en el poder –políticos, empresarios, terratenientes y agroexportadores– de las necesidades mayoritarias de la población. Desde entonces, la oligarquía nacional ha empeñado sus esfuerzos en minar una administración que ha trastocado sus históricos privilegios. En esa lógica se han inscrito acciones como el torpedeo constante a la Asamblea Constituyente, el referido impulso a los proyectos autonómicos –una demanda añeja que ha sido retomada como instrumento de golpeteo político–, la confrontación de los clanes exportadores de aceite y soya con el gobierno, la apuesta de la oposición por el fracaso del referéndum revocatorio y los lamentables acontecimientos de esta semana.
Tal circunstancia, sin embargo, a cuyo mantenimiento apuestan los grupos opositores al gobierno boliviano, al parecer con miras a su agotamiento y debacle, resulta ya insostenible. Es esencial que el referéndum revocatorio del domingo derive en un redimensionamiento de la correlación de fuerzas en Bolivia, dote a la nación de estabilidad y abone a la normalización de su vida pública e institucional, elementos imprescindibles para avanzar hacia un nuevo orden en el que se privilegie a las mayorías, y en el que se combata el atraso, la desigualdad y la miseria históricas en ese país.
Hasta ahora el pueblo boliviano y sus dirigentes han sabido sortear con éxito las maniobras emprendidas por la oligarquía. Cabe hacer votos para que después del domingo, esa nación salga fortalecida, unida e independiente.
En los ilícitos han sido aprehendidos agentes federales y locales
Sesenta muertos en 1,348 plagios en el DF desde 2000
Desarticuladas, más de 100 bandas; mil 314 detenidos: PGJDF
Arranca Pekín 2008
China abre hoy sus puertas al mundo con la inauguración de los Juegos Olímpicos; el Estadio Nacional, conocido como Nido de Pájaro, es la sede de la ceremonia. En la víspera, la antorcha olímpica fue llevada a través de la Gran Muralla, en un recorrido de 14.6 kilómetros Foto Notimex
Más información
Se interrogará a negociadores en el caso Martí, señala Mancera
Ultiman a dos empresarios retenidos en Chiapas y Sinaloa
Pide Calderón prisión perpetua para policías secuestradores
También cuando la víctima sea un menor, o se mutile o asesine
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También cuando la víctima sea un menor, o se mutile o asesine
Senadores de PRI y PRD refutaron las acusaciones de Felipe Calderón y le respondieron que no puede culpar al Congreso de ineficiente, ya que ha cumplido con su responsabilidad al aprobar recientemente la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, que da amplias facultades al gobierno federal para combatir la delincuencia organizada.
Recalcaron que incrementar las penas o establecer la condena perpetua, no resolverá el problema del secuestro. “Los delincuentes se van a morir de risa”, con una medida de ese tipo, coincidieron el senador del PRI Jesús Murillo Karam y el coordinador perredista, Carlos Navarrete. Lo que se requiere, entre otras cosas, es acabar con la impunidad, la ineficiencia policiaca y la falta de coordinación entre las corporaciones a nivel federal.
Murillo Karam dejó en claro que Calderón tendrá el respaldo del Congreso, siempre que proponga “medidas serias”, encaminadas a combatir realmente la criminalidad, “no salidas mediáticas”, que sólo pretenden “tapar el sol con un dedo”.
El también secretario general del tricolor dijo que le preocupa que el Presidente de la República decidiera ayer aparecer en televisión, en cadena nacional, para acusar al Senado de no haber aprobado su propuesta de instaurar en el Código Penal la cadena perpetua para varias modalidades de secuestro, ya que ello es falso.
La reacción de los grupos parlamentarios, luego del mensaje de Calderón, fue inmediata. Todos ofrecieron conferencias de prensa en el Senado. El coordinador del PAN, Gustavo Madero, dijo que los blanquiazules respaldan la decisión del Ejecutivo de enviar una solicitud de excitativa a la Comisión Permanente, para que se dictamine la iniciativa pendiente y hacer llegar al mismo tiempo otra propuesta de reforma –también sobre prisión perpetua– a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el presidente del Senado, el también panista Santiago Creel, consideró que se puede retomar la iniciativa sobre la aplicación de dicha sanción a secuestradores, aunque la verdadera discusión es sobre la impunidad, ya que 98 por ciento de los delitos quedan sin castigo.
Murillo Karam, en tanto, explicó que la propuesta presidencial para reformar el Código Penal Federal e instaurar la cadena perpetua, fue discutida en comisiones –cuando se dictaminó la reforma judicial– y se rechazó bajo la consideración de que era absurda, ya que la pena de 60 años es equivalente, además de que la experiencia mundial señala que elevar las penas no abate los niveles delincuenciales.
Es preocupante, insistió el legislador hidalguense, que Calderón proponga como solución a los secuestros la cadena perpetua en lugar de actuar en el ámbito de su competencia. Es increíble, destacó, que no haya un padrón de policías, ni registro vehicular, ni se puedan alimentar los bancos de información sobre huellas dactilares.
A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, resaltó que en la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, que acaba de entrar en vigor, se aprobaron las medidas excepcionales que propuso Calderón, entre ellas las de excepción, como arraigos e intercepciones telefónicas, lo que incluso motivó críticas de defensores de derechos humanos.
“Queremos dejar en claro que no es un problema de omisión legislativa, sino de incapacidad ejecutiva”. Agregó que los priístas están dispuestos a dialogar con Felipe Calderón, pero “quisiéramos que nos aclare por qué los cambios en la Procuraduría General de la República (PGR) y qué está pasando con la coordinación entre esa dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública.”
Sobre el tema, diputados de PRI, PRD, Convergencia y PT cuestionaron que el Presidente anuncie el envío de una iniciativa a San Lázaro, que es la misma que está ya en el Senado, y advirtieron que lo que se requiere es acabar con la corrupción en la PGR, los agentes del Ministerio Público y de policía federal.
El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, dijo que si bien es normal que surjan reacciones airadas por ese hecho lamentable (el caso Martí), debe admitirse que “existe una especie de estado de crisis en materia de seguridad y justicia” en el país, y reflexionar que aun cuando se requiere una respuesta rápida contra el crimen organizado, “se corre el riesgo de que ésta sea parcial y, eventualmente, equivocada”.
El diputado del PT Silvano Garay consideró que la propuesta de prisión de por vida es una forma de aprovechar políticamente el asesinato del joven Fernando Martí, mientras que el presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río Virgen, dijo que si la sociedad lo demanda, “es posible que el Legislativo apruebe la cadena perpetua para delitos como el secuestro, pero lo importante es acabar con la corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR”.
A su vez, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sostuvo que Calderón “está errando” con esa propuesta, toda vez que lo necesario es combatir la impunidad y la penetración del hampa en las corporaciones policiacas.
En ese mismo sentido, la dirigencia del PRD consideró que más que poner el acento en el número de años que estarán en la cárcel los secuestradores, lo que debe hacerse es tener una mayor coordinación entre la PGR y la SSP federal.
Gobernadores, partidos y ONG: aumentar penas no frenará la inseguridad
Más información en la sección de Política
Acosta Naranjo: habrá reforma energética; Pemex no se privatizará
Descarta que en las negociaciones con PRI y AN lo puedan chamaquear
G. Saldierna y A. Becerril
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Es "oscurantista" la oposición de la SEP a distribuir el texto: CNTE
No procede aplicar sanciones a maestros que lo utilicen, manifiesta
Sin aviso alguno, nueva alza al precio de gasolinas
Segunda en agosto; fijan en 7.32 pesos la Magna y en 9.13 la Premium
Repunta la inflación en julio; en 12 meses alcanzó 5.39 por ciento
R. González e I. Rodríguez
Recalcaron que incrementar las penas o establecer la condena perpetua, no resolverá el problema del secuestro. “Los delincuentes se van a morir de risa”, con una medida de ese tipo, coincidieron el senador del PRI Jesús Murillo Karam y el coordinador perredista, Carlos Navarrete. Lo que se requiere, entre otras cosas, es acabar con la impunidad, la ineficiencia policiaca y la falta de coordinación entre las corporaciones a nivel federal.
Murillo Karam dejó en claro que Calderón tendrá el respaldo del Congreso, siempre que proponga “medidas serias”, encaminadas a combatir realmente la criminalidad, “no salidas mediáticas”, que sólo pretenden “tapar el sol con un dedo”.
El también secretario general del tricolor dijo que le preocupa que el Presidente de la República decidiera ayer aparecer en televisión, en cadena nacional, para acusar al Senado de no haber aprobado su propuesta de instaurar en el Código Penal la cadena perpetua para varias modalidades de secuestro, ya que ello es falso.
La reacción de los grupos parlamentarios, luego del mensaje de Calderón, fue inmediata. Todos ofrecieron conferencias de prensa en el Senado. El coordinador del PAN, Gustavo Madero, dijo que los blanquiazules respaldan la decisión del Ejecutivo de enviar una solicitud de excitativa a la Comisión Permanente, para que se dictamine la iniciativa pendiente y hacer llegar al mismo tiempo otra propuesta de reforma –también sobre prisión perpetua– a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el presidente del Senado, el también panista Santiago Creel, consideró que se puede retomar la iniciativa sobre la aplicación de dicha sanción a secuestradores, aunque la verdadera discusión es sobre la impunidad, ya que 98 por ciento de los delitos quedan sin castigo.
Murillo Karam, en tanto, explicó que la propuesta presidencial para reformar el Código Penal Federal e instaurar la cadena perpetua, fue discutida en comisiones –cuando se dictaminó la reforma judicial– y se rechazó bajo la consideración de que era absurda, ya que la pena de 60 años es equivalente, además de que la experiencia mundial señala que elevar las penas no abate los niveles delincuenciales.
Es preocupante, insistió el legislador hidalguense, que Calderón proponga como solución a los secuestros la cadena perpetua en lugar de actuar en el ámbito de su competencia. Es increíble, destacó, que no haya un padrón de policías, ni registro vehicular, ni se puedan alimentar los bancos de información sobre huellas dactilares.
A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, resaltó que en la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, que acaba de entrar en vigor, se aprobaron las medidas excepcionales que propuso Calderón, entre ellas las de excepción, como arraigos e intercepciones telefónicas, lo que incluso motivó críticas de defensores de derechos humanos.
“Queremos dejar en claro que no es un problema de omisión legislativa, sino de incapacidad ejecutiva”. Agregó que los priístas están dispuestos a dialogar con Felipe Calderón, pero “quisiéramos que nos aclare por qué los cambios en la Procuraduría General de la República (PGR) y qué está pasando con la coordinación entre esa dependencia y la Secretaría de Seguridad Pública.”
Sobre el tema, diputados de PRI, PRD, Convergencia y PT cuestionaron que el Presidente anuncie el envío de una iniciativa a San Lázaro, que es la misma que está ya en el Senado, y advirtieron que lo que se requiere es acabar con la corrupción en la PGR, los agentes del Ministerio Público y de policía federal.
El presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, dijo que si bien es normal que surjan reacciones airadas por ese hecho lamentable (el caso Martí), debe admitirse que “existe una especie de estado de crisis en materia de seguridad y justicia” en el país, y reflexionar que aun cuando se requiere una respuesta rápida contra el crimen organizado, “se corre el riesgo de que ésta sea parcial y, eventualmente, equivocada”.
El diputado del PT Silvano Garay consideró que la propuesta de prisión de por vida es una forma de aprovechar políticamente el asesinato del joven Fernando Martí, mientras que el presidente de la Comisión de Marina, José Manuel del Río Virgen, dijo que si la sociedad lo demanda, “es posible que el Legislativo apruebe la cadena perpetua para delitos como el secuestro, pero lo importante es acabar con la corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR”.
A su vez, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sostuvo que Calderón “está errando” con esa propuesta, toda vez que lo necesario es combatir la impunidad y la penetración del hampa en las corporaciones policiacas.
En ese mismo sentido, la dirigencia del PRD consideró que más que poner el acento en el número de años que estarán en la cárcel los secuestradores, lo que debe hacerse es tener una mayor coordinación entre la PGR y la SSP federal.
Gobernadores, partidos y ONG: aumentar penas no frenará la inseguridad
Más información en la sección de Política
Acosta Naranjo: habrá reforma energética; Pemex no se privatizará
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Sin aviso alguno, nueva alza al precio de gasolinas
Segunda en agosto; fijan en 7.32 pesos la Magna y en 9.13 la Premium
Repunta la inflación en julio; en 12 meses alcanzó 5.39 por ciento
R. González e I. Rodríguez
La inflación repuntó en julio al nivel más alto en ocho años, mientras el gobierno federal impuso este jueves, sin previo aviso a los consumidores, un nuevo incremento en el precio de la gasolina, el segundo en siete días y el cuarto en siete semanas.
El Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador que mide la inflación, repuntó en julio 0.56 por ciento, arriba del pronóstico de la mayoría de analistas financieros, el alza más pronunciada para un mes similar desde 1999, reportó el Banco de México.
Con ese incremento, la inflación de los últimos 12 meses alcanzó 5.39 por ciento, 1.09 puntos abajo del promedio de incremento a los salarios al cierre del primer semestre de este año, que fue de 4.30 por ciento.
Una de las razones que influyó en el resultado de la inflación en julio está relacionada con decisiones de política económica del gobierno federal de incrementar en una proporción mayor a lo que venía haciendo el precio mensual de las gasolinas. También, el impacto en las tarifas eléctricas para uso industrial y en el gas por el alza en la cotización internacional de estos energéticos.
El mayor desliz en el precio mensual de la gasolina dejará sentir su efecto inflacionario en la úiltima parte del año, opinaron este jueves analistas financieros. Ayer mismo, el gobierno decretó un nuevo aumento de precio de las gasolinas, adicional al que impuso al inicio del mes.
Sin aviso previo a los consumidores, el gobierno federal decretó ayer un nuevo incremento al precio de la gasolina, el segundo en siete días y el cuarto en las últimas cinco semanas.
A partir de este jueves la gasolina Magna se incremento en un centavo por litro mientras que la Premium subió dos centavos.
Así, los automovilistas pagaron a partir de ayer jueves 7.32 pesos por litro de gasolina Magna y 9.13 pesos por litro de gasolina Premium.
De esta manera, los incrementos acumulados en lo que va del año, en el precio de la gasolina Magna, alcanzan 4.42 por ciento y en la tipo Premium 4.58 por ciento, niveles superiores al promedio de la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor registrado de diciembre de 2007 a julio de 2008, que alcanzó 2.60 por ciento.
Mientras que en términos anualizados, es decir, de julio de 2007 a julio de 2008 el aumento de las gasolinas es de 5.47 por ciento en el caso de la gasolina Magna y 7.15 por ciento en la gasolina Premium, también arriba de la inflación general.
"Muy pocos, los escritores independientes"
La mayor parte de la cultura en México es oficiosa, sostiene el poeta y filósofo González Rojo
"La poesía, y la literatura en general, tiene por esencia ser impugnadora, contestataria", asevera el filósofo Enrique González Rojo, quien es centro de varios homenajes Foto Luis Humberto González
Arturo Jiménez
El control ejercido por diversos aparatos del Estado, como el sistema de becas a creadores o la industria cultural de las televisoras, ha contribuido a reducir el número de escritores "realmente independientes e impugnadores del sistema", y aunque aún existen y siguen "en pie de lucha", debe reconocerse que "son muy pocos y con un muy pequeño radio de acción".Esto lo dice el poeta y filósofo Enrique González Rojo, para quien la mayor parte de la cultura en México es "oficiosa", vinculada a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y, por lo mismo, no propicia una literatura y un pensamiento que permita a los escritores generar una actitud verdaderamente crítica en torno a lo que sucede en su país y el mundo.
Amelaf: riesgoso, eliminar barreras a medicamentos para el VIH
"Quitar el requisito de planta inhibirá la inversión de laboratorios locales"
La medida no provocará peligro sanitario ni el cierre de empresas: Ssa
Más información en la sección de Sociedad y Justicia
Rayuela
Cunde el ejemplo de políticos que al dejar el puesto le trabajan a empresarios. Ahora, los policías antisecuestros se vuelven negociadores entre los plagiarios y sus víctimas.
Evo Morales llama a defender la democracia en Bolivia
Tensa situación en vísperas del referendo revocatorio del domingo
Rosa Rojas, corresponsal
Observadores exigen cesar la represión policial contra zapatistas
Corrobora la caravana incursiones con cateos y detenciones ilegales
Hermann Bellinghausen,enviado
Columnas
Julio Hernández López : Astillero Son electorales y de imagen las razones que llevan al licenciado Calderón a ondear la bandera oportunista de la cárcel vitalicia a secuestradores que sean o hayan sido policías. Trata de montarse, con la vista puesta en los espots de 2009, en la ola de indignación que el asesinato del adolescente Fernando Martí ha producido de manera natural en la sociedad (pero también exacerbada por medios y periodistas que ejercen una histeria selectiva, sobre todo en razón de la preminencia económica o la pertenencia a las elites). Como si fuese guiado por un publicista del pasado reciente, que estuviese preparando las campañas del futuro inmediato, el activista F.C. se dejó ir contra el gobernante de la región capitalina que mantiene una evidente preferencia en las urnas por la izquierda, tomó para sí el caso Martí y lo enderezó contra su adversario golpeado por el News Divine, se apareció en una misa ofrecida a la memoria del joven asesinado y se envolvió en la bandera de transición de las manos limpias a la mano dura, con una propuesta efectista pero insuficiente, facciosamente valiosa para efectos de propaganda comicial pero absolutamente alejada de la realidad cotidiana torcida no sólo por un corrupto aparato de supuestas procuración y administración de justicia que está dominado y doblegado por el poder del dinero y las influencias políticas y, en especial, por la fuerza criminal del narcotráfico. Cárcel perpetua a los secuestradores con placa pero impunidad permanente a los saqueadores consentidos, a los empresarios depredadores, a los funcionarios rateros y a las minorías privilegiadas. Proponer castigo “ejemplar” para las consecuencias pero no para las causas (Emilio Álvarez Icaza dijo que “no es buena idea legislar con base en tragedias”, y señaló que de nada sirve incrementar las penas en un país donde la justicia no funciona). Simple ambición electoral disfrazada de justa indignación.
También en andanzas electorales, el secretario de contratos familiares, Juan Camilo Mouriño, anduvo por sus terruños adoptivos, es decir, en Campeche, donde asistió al quinto informe de gobierno de Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien fue contador de la empresa Gamma III del empresario español Carlos Mouriño Atanes, padre de quien se descartó como aspirante a la sucesión estatal porque, dijo, tiene “mayores retos a futuro, para beneficio del país”, según reporta Enrique Pastor Cruz Carranza, quien agrega que, asistentes al citado informe, Beatriz Paredes y Emilio Gamboa estuvieron “en la casa de veraneo de Mouriño”, entre rumores de que está en puerta un arreglo para postular a Gabriel Escalante Castillo, cuñado de Juan Camilo, que ya fue presidente municipal de la capital y diputado federal por el PRI, como candidato negociado a gobernador de lo que pretenden convertir en la Nueva Galicia (si causa mucho ruido la pretensión de imponer al Primer Cuñado de Gobernación, estaría en vías de manejo Jorge Luis Lavalle Azar).
En tanto la SEP, por instrucciones superiores, prende hogueras virtuales contra el libro capitalino de sexo, el director del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas ,ha dicho al director de Letra S, Alejandro Brito, en entrevista publicada en su número reciente, que no sólo hay que distribuir condones, sino “capacitar a los adolescentes para el ingreso a su vida sexual”. Es decir, para “el ejercicio de una vida sexual plena, con sexo placentero como una parte fundamental de su desarrollo como personas”. El distinguido panista anuncia que el proyecto CARA, de educación sexual para adolescentes rurales, será “trasladado” al régimen ordinario de la institución, es decir, a las áreas urbanas. ¿Dobles CARAS?
Astillas
Un conocedor del INEGI dice que con Sojo allí, “las cifras del Ejecutivo y de ese instituto comenzarán a ‘cuadrar’ a partir del próximo informe”. Basta recordar, pide, “los mandarinazos que recibió el boquiflojo de Fox por parte de ese (hasta hoy) digno instituto. Cada vez que en su entusiasmada desinformación habló de cifras sobre el empleo, disminución de la pobreza, crecimiento del PIB y demás etcéteras, ahí estaban los datos del INEGI para desmentirlo. Lo mismo le ha pasado al chaparrito que ¿gobierna? desde el Senado, perdón desde Los Pinos”... El perredismo de naranjas al costo se desvive por aprobar reformas internas que le permitan aliarse con el PRI en comicios venideros, pero el partido de los tres colores discute en busca de reformar sus documentos básicos para ir también en alianzas pero... con el PAN. La propuesta ha sido conocida por delegados a la 20 asamblea nacional ordinaria del PRI que se realizará el próximo 23 en el sugerente Aguascalientes que, como estado, tiene a un gobernador panista, el frívolo balompédico Luis Armando Reynoso y, como capital, a un presidente priísta, Gabriel Arellano (que rompió la hegemonía blanquiazul de 12 años en esa ciudad). La citada asamblea nacional del priísmo Interjet es coordinada formalmente por el ex gerente de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, pero operada en lo real por Jesús Murillo Karam y Fernando Moreno Peña... Cumplió dos años Radio AMLO, un esfuerzo de comunicación por Internet que se ha sostenido a base de solidaridad técnica y periodística desde el 30 de julio de 2006, luego del fraude electoral y justamente para denunciarlo, y que ha seguido difundiendo información y análisis a través de www.radioamlo.org... ¡Eso es guanajuatizar! El presidente municipal de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, llamó “apachitos” a quienes se opusieron a un plan de ordenamiento territorial: “salvo los apachitos estos, otros sí se quedaron, y se quedaron y le entendieron”, dijo con aires de superioridad étnica de los que ahora ofrece disculpas burocráticas... Y, mientras ha reaparecido oficialmente el 0.56 por ciento en el mes de julio, esta vez referido al crecimiento del índice de precios al consumidor en el mes pasado, ¡feliz fin de semana, con el IFE llevando las boletas electorales acusadoras a las capitales de los estados para ya no cuidarlas militarmente en cada distrito!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Julio Boltvinik : Economía Moral
Carlos Fernández-Vega : México SA
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida
: Penultimátum
Colombia Moya : Andanzas
Opinión
Jorge Camil : Licenciatura para payasos
Gilberto López y Rivas : De guerras sucias y desapariciones forzadas Existen fundadas razones para que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) haya declarado el 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es precisamente en esta región donde miles de casos de desapariciones forzadas se registraron no sólo durante las dictaduras militares que la asolaron en el último cuarto del siglo pasado, sino, también, en países que como en México, el Estado supuestamente democrático practica hasta la fecha esta cruel expresión de la llamada guerra sucia.
Crimen de lesa humanidad imprescriptible, la desaparición forzada es tipificada jurídicamente en el ámbito internacional a partir de las presiones de múltiples organizaciones no gubernamentales y organizaciones de familiares de las víctimas que demandaron durante los años 80 y 90 el establecimiento de jurisprudencia por parte de los organismos de la ONU y la OEA especializados en la defensa de los derechos humanos, así como de la Corte Penal Internacional. Los esfuerzos plasmados en sentencias, declaraciones y resoluciones de estas tres décadas culminan con la firma en París, el 6 de febrero de 2007, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece las obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los estados signatarios.
La desaparición forzada –considerada un abuso continuo, pues la figura de la víctima se desplaza a los familiares– atenta contra derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la seguridad personal, a un trato humano y respeto a la dignidad, a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al reconocimiento de la personalidad jurídica, identidad y vida familiar, a la libertad de opinión, expresión e información, así como a los derechos laborales y políticos. Se caracteriza también por la indefensión jurídica absoluta de la víctima, pues es sustraída a la acción de recursos elementales como el habeas corpus –recurso judicial para cuestionar la legalidad de una detención– y el amparo.
Esta reciente convención de Naciones Unidas estableció como nuevo derecho humano no ser sometido a desaparición forzada y avanzó en medidas concretas vinculantes como el registro centralizado de todos los lugares de detención y el derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y reparación. En el artículo 1, la convención establece que: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. (En el ámbito internacional, ¿cómo puede explicar, y mucho menos justificar, el gobierno estadunidense las desapariciones forzadas de miles de ciudadanos de variadas nacionalidades mantenidos en cárceles secretas en buques de guerra en alta mar, o terceros países, aduciendo su “guerra contra el terrorismo”?)
En esta convención se avanza también en la definición de ese delito: “Se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Un elemento determinante en la tipificación de este crimen de lesa humanidad es que el sujeto que efectúa la desaparición forzada es el Estado y sus agentes en su conjunto, sin importar el nivel o el sector del organismo estatal que originalmente efectúa la detención. Esto es, la práctica de la desaparición forzada constituye uno de los elementos constitutivos del terrorismo de Estado, el cual se caracteriza por transgredir los marcos jurídicos de la represión ‘legal’ (la justificada institucionalmente) y apelar a “métodos no convencionales”, a la vez extensivos e intensivos para causar terror o incluso aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada. La desaparición forzada y la impunidad de quienes cometen este delito, la organización de grupos paramilitares, como la Brigada Blanca en México, o los que han operado todos estos años en Chiapas, los “escuadrones de la muerte” en Guatemala o El Salvador, forman parte de estos mecanismos clandestinos del terrorismo de Estado.
La desaparición forzada ha sido parte de la historia criminal del Estado mexicano, desde que en los años 60 y 70 se dieron los primeros brotes guerrilleros en varias regiones del país. Centenares de jóvenes de ambos sexos fueron simplemente desaparecidos, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. A pesar de que el pasado 18 de marzo de este año, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, éstas son experiencias cotidianas en el país, y ninguna persona, especialmente militares y policías, ha sido procesada hasta el presente por los cientos de casos contabilizados en este rubro.
La desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituye actualmente un caso paradigmático de lo que es y ha sido la historia de la guerra sucia del Estado mexicano, con todos los agravantes de impunidad, complicidad de todos los niveles de gobierno y violación del orden jurídico internacional en la materia, y sin que la normatividad interna haya sido adecuada de conformidad con las previsiones de la convención.
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Unos 140 mil colombianos se reconocen como víctimas de paramilitares: OEA
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“Sólo si traen basura” bajarán los precios de fármacos: Amelaf
Ni riesgo sanitario ni pérdida de empleos al eliminar requisito de tener una planta: Ssa
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Aplicar terapia temprana de VIH reduce riesgo de daños orgánicos
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El Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el indicador que mide la inflación, repuntó en julio 0.56 por ciento, arriba del pronóstico de la mayoría de analistas financieros, el alza más pronunciada para un mes similar desde 1999, reportó el Banco de México.
Con ese incremento, la inflación de los últimos 12 meses alcanzó 5.39 por ciento, 1.09 puntos abajo del promedio de incremento a los salarios al cierre del primer semestre de este año, que fue de 4.30 por ciento.
Una de las razones que influyó en el resultado de la inflación en julio está relacionada con decisiones de política económica del gobierno federal de incrementar en una proporción mayor a lo que venía haciendo el precio mensual de las gasolinas. También, el impacto en las tarifas eléctricas para uso industrial y en el gas por el alza en la cotización internacional de estos energéticos.
El mayor desliz en el precio mensual de la gasolina dejará sentir su efecto inflacionario en la úiltima parte del año, opinaron este jueves analistas financieros. Ayer mismo, el gobierno decretó un nuevo aumento de precio de las gasolinas, adicional al que impuso al inicio del mes.
Sin aviso previo a los consumidores, el gobierno federal decretó ayer un nuevo incremento al precio de la gasolina, el segundo en siete días y el cuarto en las últimas cinco semanas.
A partir de este jueves la gasolina Magna se incremento en un centavo por litro mientras que la Premium subió dos centavos.
Así, los automovilistas pagaron a partir de ayer jueves 7.32 pesos por litro de gasolina Magna y 9.13 pesos por litro de gasolina Premium.
De esta manera, los incrementos acumulados en lo que va del año, en el precio de la gasolina Magna, alcanzan 4.42 por ciento y en la tipo Premium 4.58 por ciento, niveles superiores al promedio de la inflación medida a través del Índice de Precios al Consumidor registrado de diciembre de 2007 a julio de 2008, que alcanzó 2.60 por ciento.
Mientras que en términos anualizados, es decir, de julio de 2007 a julio de 2008 el aumento de las gasolinas es de 5.47 por ciento en el caso de la gasolina Magna y 7.15 por ciento en la gasolina Premium, también arriba de la inflación general.
"Muy pocos, los escritores independientes"
La mayor parte de la cultura en México es oficiosa, sostiene el poeta y filósofo González Rojo
"La poesía, y la literatura en general, tiene por esencia ser impugnadora, contestataria", asevera el filósofo Enrique González Rojo, quien es centro de varios homenajes Foto Luis Humberto González
Arturo Jiménez
El control ejercido por diversos aparatos del Estado, como el sistema de becas a creadores o la industria cultural de las televisoras, ha contribuido a reducir el número de escritores "realmente independientes e impugnadores del sistema", y aunque aún existen y siguen "en pie de lucha", debe reconocerse que "son muy pocos y con un muy pequeño radio de acción".Esto lo dice el poeta y filósofo Enrique González Rojo, para quien la mayor parte de la cultura en México es "oficiosa", vinculada a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y, por lo mismo, no propicia una literatura y un pensamiento que permita a los escritores generar una actitud verdaderamente crítica en torno a lo que sucede en su país y el mundo.
Amelaf: riesgoso, eliminar barreras a medicamentos para el VIH
"Quitar el requisito de planta inhibirá la inversión de laboratorios locales"
La medida no provocará peligro sanitario ni el cierre de empresas: Ssa
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Rayuela
Cunde el ejemplo de políticos que al dejar el puesto le trabajan a empresarios. Ahora, los policías antisecuestros se vuelven negociadores entre los plagiarios y sus víctimas.
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Rosa Rojas, corresponsal
Observadores exigen cesar la represión policial contra zapatistas
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Columnas
Julio Hernández López : Astillero Son electorales y de imagen las razones que llevan al licenciado Calderón a ondear la bandera oportunista de la cárcel vitalicia a secuestradores que sean o hayan sido policías. Trata de montarse, con la vista puesta en los espots de 2009, en la ola de indignación que el asesinato del adolescente Fernando Martí ha producido de manera natural en la sociedad (pero también exacerbada por medios y periodistas que ejercen una histeria selectiva, sobre todo en razón de la preminencia económica o la pertenencia a las elites). Como si fuese guiado por un publicista del pasado reciente, que estuviese preparando las campañas del futuro inmediato, el activista F.C. se dejó ir contra el gobernante de la región capitalina que mantiene una evidente preferencia en las urnas por la izquierda, tomó para sí el caso Martí y lo enderezó contra su adversario golpeado por el News Divine, se apareció en una misa ofrecida a la memoria del joven asesinado y se envolvió en la bandera de transición de las manos limpias a la mano dura, con una propuesta efectista pero insuficiente, facciosamente valiosa para efectos de propaganda comicial pero absolutamente alejada de la realidad cotidiana torcida no sólo por un corrupto aparato de supuestas procuración y administración de justicia que está dominado y doblegado por el poder del dinero y las influencias políticas y, en especial, por la fuerza criminal del narcotráfico. Cárcel perpetua a los secuestradores con placa pero impunidad permanente a los saqueadores consentidos, a los empresarios depredadores, a los funcionarios rateros y a las minorías privilegiadas. Proponer castigo “ejemplar” para las consecuencias pero no para las causas (Emilio Álvarez Icaza dijo que “no es buena idea legislar con base en tragedias”, y señaló que de nada sirve incrementar las penas en un país donde la justicia no funciona). Simple ambición electoral disfrazada de justa indignación.
También en andanzas electorales, el secretario de contratos familiares, Juan Camilo Mouriño, anduvo por sus terruños adoptivos, es decir, en Campeche, donde asistió al quinto informe de gobierno de Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien fue contador de la empresa Gamma III del empresario español Carlos Mouriño Atanes, padre de quien se descartó como aspirante a la sucesión estatal porque, dijo, tiene “mayores retos a futuro, para beneficio del país”, según reporta Enrique Pastor Cruz Carranza, quien agrega que, asistentes al citado informe, Beatriz Paredes y Emilio Gamboa estuvieron “en la casa de veraneo de Mouriño”, entre rumores de que está en puerta un arreglo para postular a Gabriel Escalante Castillo, cuñado de Juan Camilo, que ya fue presidente municipal de la capital y diputado federal por el PRI, como candidato negociado a gobernador de lo que pretenden convertir en la Nueva Galicia (si causa mucho ruido la pretensión de imponer al Primer Cuñado de Gobernación, estaría en vías de manejo Jorge Luis Lavalle Azar).
En tanto la SEP, por instrucciones superiores, prende hogueras virtuales contra el libro capitalino de sexo, el director del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas ,ha dicho al director de Letra S, Alejandro Brito, en entrevista publicada en su número reciente, que no sólo hay que distribuir condones, sino “capacitar a los adolescentes para el ingreso a su vida sexual”. Es decir, para “el ejercicio de una vida sexual plena, con sexo placentero como una parte fundamental de su desarrollo como personas”. El distinguido panista anuncia que el proyecto CARA, de educación sexual para adolescentes rurales, será “trasladado” al régimen ordinario de la institución, es decir, a las áreas urbanas. ¿Dobles CARAS?
Astillas
Un conocedor del INEGI dice que con Sojo allí, “las cifras del Ejecutivo y de ese instituto comenzarán a ‘cuadrar’ a partir del próximo informe”. Basta recordar, pide, “los mandarinazos que recibió el boquiflojo de Fox por parte de ese (hasta hoy) digno instituto. Cada vez que en su entusiasmada desinformación habló de cifras sobre el empleo, disminución de la pobreza, crecimiento del PIB y demás etcéteras, ahí estaban los datos del INEGI para desmentirlo. Lo mismo le ha pasado al chaparrito que ¿gobierna? desde el Senado, perdón desde Los Pinos”... El perredismo de naranjas al costo se desvive por aprobar reformas internas que le permitan aliarse con el PRI en comicios venideros, pero el partido de los tres colores discute en busca de reformar sus documentos básicos para ir también en alianzas pero... con el PAN. La propuesta ha sido conocida por delegados a la 20 asamblea nacional ordinaria del PRI que se realizará el próximo 23 en el sugerente Aguascalientes que, como estado, tiene a un gobernador panista, el frívolo balompédico Luis Armando Reynoso y, como capital, a un presidente priísta, Gabriel Arellano (que rompió la hegemonía blanquiazul de 12 años en esa ciudad). La citada asamblea nacional del priísmo Interjet es coordinada formalmente por el ex gerente de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, pero operada en lo real por Jesús Murillo Karam y Fernando Moreno Peña... Cumplió dos años Radio AMLO, un esfuerzo de comunicación por Internet que se ha sostenido a base de solidaridad técnica y periodística desde el 30 de julio de 2006, luego del fraude electoral y justamente para denunciarlo, y que ha seguido difundiendo información y análisis a través de www.radioamlo.org... ¡Eso es guanajuatizar! El presidente municipal de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, llamó “apachitos” a quienes se opusieron a un plan de ordenamiento territorial: “salvo los apachitos estos, otros sí se quedaron, y se quedaron y le entendieron”, dijo con aires de superioridad étnica de los que ahora ofrece disculpas burocráticas... Y, mientras ha reaparecido oficialmente el 0.56 por ciento en el mes de julio, esta vez referido al crecimiento del índice de precios al consumidor en el mes pasado, ¡feliz fin de semana, con el IFE llevando las boletas electorales acusadoras a las capitales de los estados para ya no cuidarlas militarmente en cada distrito!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Julio Boltvinik : Economía Moral
Carlos Fernández-Vega : México SA
Miguel Ángel Velázquez : Ciudad Perdida
: Penultimátum
Colombia Moya : Andanzas
Opinión
Jorge Camil : Licenciatura para payasos
Gilberto López y Rivas : De guerras sucias y desapariciones forzadas Existen fundadas razones para que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) haya declarado el 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es precisamente en esta región donde miles de casos de desapariciones forzadas se registraron no sólo durante las dictaduras militares que la asolaron en el último cuarto del siglo pasado, sino, también, en países que como en México, el Estado supuestamente democrático practica hasta la fecha esta cruel expresión de la llamada guerra sucia.
Crimen de lesa humanidad imprescriptible, la desaparición forzada es tipificada jurídicamente en el ámbito internacional a partir de las presiones de múltiples organizaciones no gubernamentales y organizaciones de familiares de las víctimas que demandaron durante los años 80 y 90 el establecimiento de jurisprudencia por parte de los organismos de la ONU y la OEA especializados en la defensa de los derechos humanos, así como de la Corte Penal Internacional. Los esfuerzos plasmados en sentencias, declaraciones y resoluciones de estas tres décadas culminan con la firma en París, el 6 de febrero de 2007, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece las obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los estados signatarios.
La desaparición forzada –considerada un abuso continuo, pues la figura de la víctima se desplaza a los familiares– atenta contra derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la seguridad personal, a un trato humano y respeto a la dignidad, a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al reconocimiento de la personalidad jurídica, identidad y vida familiar, a la libertad de opinión, expresión e información, así como a los derechos laborales y políticos. Se caracteriza también por la indefensión jurídica absoluta de la víctima, pues es sustraída a la acción de recursos elementales como el habeas corpus –recurso judicial para cuestionar la legalidad de una detención– y el amparo.
Esta reciente convención de Naciones Unidas estableció como nuevo derecho humano no ser sometido a desaparición forzada y avanzó en medidas concretas vinculantes como el registro centralizado de todos los lugares de detención y el derecho de los desaparecidos y sus familiares a un recurso efectivo y reparación. En el artículo 1, la convención establece que: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”. (En el ámbito internacional, ¿cómo puede explicar, y mucho menos justificar, el gobierno estadunidense las desapariciones forzadas de miles de ciudadanos de variadas nacionalidades mantenidos en cárceles secretas en buques de guerra en alta mar, o terceros países, aduciendo su “guerra contra el terrorismo”?)
En esta convención se avanza también en la definición de ese delito: “Se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Un elemento determinante en la tipificación de este crimen de lesa humanidad es que el sujeto que efectúa la desaparición forzada es el Estado y sus agentes en su conjunto, sin importar el nivel o el sector del organismo estatal que originalmente efectúa la detención. Esto es, la práctica de la desaparición forzada constituye uno de los elementos constitutivos del terrorismo de Estado, el cual se caracteriza por transgredir los marcos jurídicos de la represión ‘legal’ (la justificada institucionalmente) y apelar a “métodos no convencionales”, a la vez extensivos e intensivos para causar terror o incluso aniquilar a la oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada. La desaparición forzada y la impunidad de quienes cometen este delito, la organización de grupos paramilitares, como la Brigada Blanca en México, o los que han operado todos estos años en Chiapas, los “escuadrones de la muerte” en Guatemala o El Salvador, forman parte de estos mecanismos clandestinos del terrorismo de Estado.
La desaparición forzada ha sido parte de la historia criminal del Estado mexicano, desde que en los años 60 y 70 se dieron los primeros brotes guerrilleros en varias regiones del país. Centenares de jóvenes de ambos sexos fueron simplemente desaparecidos, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero. A pesar de que el pasado 18 de marzo de este año, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, éstas son experiencias cotidianas en el país, y ninguna persona, especialmente militares y policías, ha sido procesada hasta el presente por los cientos de casos contabilizados en este rubro.
La desaparición forzada de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituye actualmente un caso paradigmático de lo que es y ha sido la historia de la guerra sucia del Estado mexicano, con todos los agravantes de impunidad, complicidad de todos los niveles de gobierno y violación del orden jurídico internacional en la materia, y sin que la normatividad interna haya sido adecuada de conformidad con las previsiones de la convención.
Víctor M. Quintana S. : Si Víctor Hugo viviera
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Porfirio Muñoz Ledo Bitácora Republicana08 de agosto de 2008
Honrar el no
La irrupción de la sociedad en el debate energético es una señal promisoria de los tiempos que vienen. Lo es también el involucramiento de los intelectuales y especialistas en la discusión pública de un gran problema nacional. Surge con fuerza la propuesta de que algo semejante ocurra en otros temas cruciales de la agenda mexicana.
Resurge el interés de congresistas avanzados en impulsar los proyectos de reforma del Estado presentados por los partidos y personalidades y que hasta ahora se encuentran puniblemente estancados. Sobresale en la coyuntura la creación del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estados y municipios y las reformas consecuentes al sistema de planeación democrática.
Destaca la introducción de la democracia directa en el orden federal: referendo, plebiscito, iniciativa popular y revocatoria del mandato. Cabe recordar que en Bolivia —aun impugnado por los separatistas— el referendo sobre la permanencia del presidente y el vicepresidente se celebrará en casi todo el territorio nacional. En Ecuador la consulta sobre la nueva Constitución será también revocatoria, ya que en caso de ser rechazada el presidente dejaría el cargo.
Un avance significativo en esa dirección es la determinación inédita adoptada por los coordinadores parlamentarios del FAP, el Movimiento en Defensa del Petróleo y el gobierno legítimo el pasado día 30. Resolvieron confiar a un grupo de intelectuales y científicos comprometidos las iniciativas de reforma que todos haremos nuestras.
Se cita como antecedente la oferta del presidente Ávila Camacho en 1945 a la Universidad Nacional, tras una década de pugnas, para que ésta elaborara el proyecto de Ley Orgánica aún vigente. Podríamos recordar, entre otros antecedentes, los 60 sabios que prepararon hacia 1984, a petición de los poderes públicos, una iniciativa de Constitución de Brasil, luego sometida a votación congresional y a refrendo.
El grupo conformado se ha comprometido a presentar una propuesta ciudadana antes del fin del mes, supuesto que los grupos parlamentarios han convenido que no habrá periodo extraordinario y que un “albazo” podría desencadenar reacciones sociales inesperadas. También porque la consulta popular concluirá el día 24 y cualquier iniciativa prematura quedaría comprendida en el “No”.
El estamento intelectual ha aceptado la encomienda y se apresta a honrar la voluntad popular con talento y probidad. Ha dividido sus trabajos en cuatro secciones. La primera, destinada a elaborar los dictámenes contrarios a las iniciativas del PAN y el PRI y un proyecto de acción de inconstitucionalidad, para el caso de que fueran aprobadas en un rincón.
La segunda está encargada de preparar un plan de acción inmediata que incluye acciones parlamentarias y judiciales para castigar los ilícitos. La tercera revisaría el Plan Nacional de Energía elaborado por el Consejo Consultivo del FAP, mismo que se convertiría en nuestra propuesta central, acorde a la magnitud e implicaciones del problema, reconocidos en el propio diagnóstico gubernamental.
La cuarta trabaja sobre las reformas legales preparadas por los legisladores y las numerosas aportaciones que se hicieron durante el debate. Éstos van desde la constitucionalización de Pemex hasta la presentación de un proyecto de Ley Reglamentaria del 27 y la modificación de diversos ordenamientos fiscales y administrativos, tanto como una propuesta presupuestal que aseguren la viabilidad de un proyecto nacional alternativo.
Ser consecuentes con la consulta significa rechazar de plano las iniciativas presentadas. Como lo ha escrito Jorge Eduardo Navarrete: “Son dos versiones apenas distinguibles del mismo modelo” que “privilegia la extracción del recurso para incrementar el sesgo exportador, a fin de garantizar la seguridad energética de América del Norte, más que la nacional”.
Añade que la discusión entre ambos partidos será sobre “los detalles que distinguen una de otra”, y yo agregaría sobre las parcelas de poder y de dinero que se deriven de los acuerdos. No debiéramos colocarnos en esa hipótesis.
Nuestro deber con la gente y con la historia es definir y defender una propuesta patriótica absolutamente diferenciada de la rapacidad y el entreguismo. Así será.
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ANALISIS POLITICO
Mujeres y sidasara loveraMÉXICO, D.F., 7 de agosto (apro-cimac).- El anuncio de que las mujeres en el mundo representan ya 50 por ciento de los 3
Mujeres y sidasara loveraMÉXICO, D.F., 7 de agosto (apro-cimac).- El anuncio de que las mujeres en el mundo representan ya 50 por ciento de los 3
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