Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 18 de enero (apro).- Al grito de “es un privilegio ser mexicano”, Felipe Calderón anunció este lunes el lanzamiento para este mítico 2010 de una serie de radio y televisión denominada “Discutamos México”, que además de ser otro estandarte propagandístico de su gobierno, evoca al “Celebremos México” de Televisa, en 2005, que proclamaba “el orgullo de ser mexicano y la conciencia de lo nuestro”.
Este programa de Calderón, que está a cargo del precandidato presidencial, Alonso Lujambio, aparentemente rivalizará con el que diseñó este año Televisa para su propio negocio, “Estrellas del Bicentenario”, pero no puede haber riña si ambos están instalados en la lógica de anteponer el folclor a las ideas, que en todo caso son las del elenco compartido de “intelectuales”.
¿Se abordarán en los 150 programas que se transmitirán a lo largo del año la corrupción y la impunidad desde el poder público? ¿Será capaz la alta burocracia calderoniana de auspiciar el debate sobre la adulteración del voto popular y el tráfico de la miseria en las elecciones? ¿Podrán los televidentes y radioescuchas conocer cómo se integran, a la manera de la mafia, las instituciones del Estado? ¿Se discutirá sobre conflictos de interés, tráfico de influencias y fortunas al amparo del poder? Veremos.
Mientras tanto, es oportuno contar aquí una historia justamente de complicidades entre prominentes personajes del Partido Acción Nacional (PAN) y empresarios, bajo los auspicios del gobierno de Calderón, pero también la correspondiente lección de dignidad para echar abajo esa deleznable trama.
Es, en realidad, una doble historia: Una de contubernio y otra de vergüenza social.
Resulta que, en violación al derecho constitucional de tránsito y al propio título de concesión --otorgado de por sí con irregularidades--, el gobierno de Calderón privatizó 28 kilómetros de una autopista federal en Jalisco para beneficiar a una empresa vinculada a panistas, entre ellos el jefe delegacional Demetrio Sodi y el diputado federal Mario Alberto Becerra Pocoroba.
Se trata de la carretera Barra de Navidad-Tampico, en cuyo tramo Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizó a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) instalar una caseta para cobrar 47 pesos a cada uno de los miles de vehículos que usan la vía.
La decisión enfureció a la población de los municipios de los Altos de Jalisco, no sólo porque viola el libre tránsito que consagra la Constitución, sino porque la propia concesión otorgada a la empresa ECO no incluye ese tramo ni la instalación de la caseta de peaje, porque además no existe una ruta alterna como lo ordena la ley.
El contubernio entre la SCT y la empresa ECO amenazaba dañar todas las actividades productivas de la región y a los más de seis millones de peregrinos que anualmente visitan San Juan de los Lagos, el segundo santuario religioso más importante de México.
“No permitiremos esta arbitrariedad”, advirtieron los afectados en un desplegado que se publicó en el diario capitalino Excelsior, el jueves 7, que unió a diez alcaldes, diputados locales y federales de todos los partidos, así como representantes de los sectores productivos y la Iglesia católica, que condenaron tal privatización por la “afectación sin precedentes en nuestras vías de comunicación, al turismo, a nuestra economía y a nuestra dignidad”.
Apenas el martes 12, una comisión de autoridades y productores alteños, que incluyó al rector del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, Roberto Castelán, se reunió en la Ciudad de México con Oscar de Buen, subsecretario de Infraestructura de la SCT, a quien le advirtieron de la irritación de los habitantes y de un conflicto que ponía en riesgo el tejido social.
Justo cuando estaba en curso la organización de acciones de resistencia civil pacífica, la SCT en Jalisco emitió la noche del jueves 15 un comunicado para dar a conocer que, “por el momento”, no se instalaría la caseta de cobro que se tenía previsto comenzaría a funcionar este 15 de enero.
Esta determinación de la SCT fue una victoria inobjetable de la sociedad alteña que, sin embargo, no depone su alerta por la latente privatización de la autopista federal que, además, ha dejado al descubierto un contubernio de la empresa con el gobierno de Calderón y figuras del PAN.
Uno de ellos es el director de la empresa constituida por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la estadounidense Goldman Sach Infraestructure Partners, Demetrio Sodi Cortés, hijo de Demetrio Sodi de la tijera, delegado panista en Miguel Hidalgo y excandidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2006, a cuyo cargo se prevé que se postule en 2012.
Otro es el apoderado legal de RCO, Mario Alberto Becerra Pocoroba, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y amigo de Calderón desde que éste era estudiante de la Escuela Libre de Derecho.
Fue justamente Sodi el que nombró representante legal a Becerra Pocoroba, el 24 de junio de 2009, menos de dos semanas antes de las elecciones del 5 de julio, y tal nombramiento se formalizó ante el Registro Público de la Propiedad el 20 de julio, ya siendo diputado plurinominal electo del PAN.
Otro dato: Uno de los principales accionistas y directivos de ICA, Diego Quintana Kawage, es militante del PAN desde el 17 de agosto de 2006.
Por supuesto, este señor es libre de militar en el partido político que le dé la gana, pero no pasa desapercibido que tal militancia concite sospecha de obtener privilegios mediante el tráfico de influencias, cuya hipótesis se actualiza en el caso de Becerra Pocoroba.
Busqué a este diputado el propio jueves 15 y a través de su secretario particular, Martín Vivanco, negó ser apoderado de la empresa RCO y que el que tenía esa condición era el despacho de su propiedad, pero al decirle que tenía en mi poder el documento que hacía constar tal condición, contenido en el Registro Público de la Propiedad, me pidió tiempo para consultar.
Vivanco me comunicó que Becerra Pocoroba era, en efecto, apoderado legal, pero aclaró: “Ese poder no ha sido utilizado por mi jefe en un asunto judicial”.
--¿Pero sigue siendo apoderado?
--Sí, sigue siendo apoderado.
Tal cual.
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