TIEMPO DE MUJERES

PGR tiene 231 averiguaciones contra
trabajadores del SME, denuncia Esparza

La redacción

MÉXICO, D.F., 21 de enero (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 238 averiguaciones previas en contra de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), denunció hoy su líder Martín Esparza.
En conferencia de prensa, Esparza aseguró que varias de las indagatorias lo inculpan a él y a miembros de la dirigencia sindical que encabeza.
Reveló que en dichas averiguaciones les imputan diversos delitos, como sabotaje, “acopio de armas y atentado contra las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SPTS).
En su opinión, las indagatorias dejan al descubierto la intención gubernamental de encarcelar a los dirigentes del SME para reprimir sus acciones de protesta por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Ante tal intención, agregó, los líderes del SME han iniciado ya la promoción de amparos para evitar cualquier violación a sus derechos, ya que si bien su movimiento es pacífico, no suspenderán las acciones de protesta que han preparado para echar abajo el decreto de liquidación de LFC.
Por otra parte, representantes legales del SME solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción para conocer del amparo que promovieron en contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que se encuentra pendiente de resolución ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.
La Corte turnó a trámite la solicitud hecha por los abogados Eduardo Bobadilla y José Antonio Zarza. Sin embargo, sólo los tribunales colegiados y la Procuraduría General de la República están legitimados para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción de un amparo en revisión.
El pasado 11 de diciembre, la juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Guillermina Coutiño Mata, negó en primera instancia el amparo al SME en contra de la desaparición de LFC.
De acuerdo con la impartidota de justicia, la extinción de la paraestatal fue constitucional, pues en la Carta Magna no se señala la necesidad de establecer un procedimiento de defensa para que se escuche a los empleados del organismo público que se pretende desincorporar por extinción.