luminosidad, y esta vez no ha sido por alguna temible consecuencia de la contaminación, sino porque un hombrecito empoderado a la mala decidió, en función de sus rencores políticos y porque así conviene al peculio de sus socios y amigos, dejar al Valle de México sin la empresa que distribuía la electricidad y daba mantenimiento a la red eléctrica. Posteriormente, sus subordinados decidieron mantener en la oscuridad las razones de esa decisión, no fuera a ser que la sociedad las hallara tan impresentables que se generaran actos violentos o conflictos sociales. Por añadidura, del apagón a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (que, a como nos ha ido con ella, debiera llamarse más bien Comisión Federal de Oscuridad) ha entregado más de 500 contratos, por un monto total de mil millones de pesos, y sin licitación de por medio, a empresas fantasma expertas en asegurar la durabilidad de los cortes de energía y en provocar otros nuevos. La caracterización de empresas fantasma, por cierto, es responsabilidad de los propios funcionarios de LFC que se negaron a identificar a tales compañías.
Además de oscuro, este desgobierno es, en las dos acepciones de la RAE, oscurantista: opositor sistemático a la instrucción de las clases populares
–miren nada más la de regalos a Televisa, al gordillismo y al clero, promotores de la ignorancia– y defensor de ideas o actitudes irracionales o retrógradas
: desde Los Pinos, en alianza con Catedral, se ha emprendido una cruzada feroz y sostenida contra los avances legislativos del Distrito Federal que aseguran derechos sociales y reproductivos a mujeres y a personas no heterosexuales, en tanto que los testaferros estatales del panismo felipista han convertido las cárceles en calabozos de la Inquisición para alojar en ellos a mujeres que abortan.
Una de las significaciones ineludibles de la metáfora es que, por obra y decisión del calderonato, 28 mil mexicanos han llegado a la oscuridad definitiva de las tumbas (o de los tambos pozoleros), al ritmo de los alegres exhortos necrófilos del gobierno: esta lucha costará más vidas
. Si ven polvo es porque limpiamos la casa
, escribió algún plumífero para que Calderón firmara un artículo en Le Monde, acaso sin reparar en la confesión que implica la frase: la autoridad ha decidido usar a la muerte como escoba; la limpieza es social y demográfica, y el régimen se ha tomado la libertad de reducir a polvo a algunas decenas de miles de personas. Que la opinión pública internacional sepa disculpar las molestias que le ocasiona esta obra de exterminio.
El calderonato es, además, macabro, en la medida en que se regodea en la fealdad de la muerte y de la repulsión que ésta suele causar
(acuérdense del cadáver de Beltrán Leyva, aderezado por sus verdugos con dólares y joyas para la exhibición mediática póstuma). Con semejantes aficiones tanáticas, no es de extrañar que Calderón, para mitigar su propia insignificancia cívica, se ponga a jugar con los despojos mortales de los héroes de la Independencia o que invente, con ellos, ritos más propios de brujo que de estadista. Esa clase de entretenimiento con restos áridos es perverso, pero poco relevante en comparación con su apuesta por la muerte de personas vivas.
En este ambiente de sordidez generalizada, parte del decorado lógico de casa de los sustos son las celdas de castigo en un orfanatorio del DIF o el que una directora de reclusorio (el penal de El Llano, en Aguascalientes) ya de plano se disfrace de Gatúbela región 4 y recorra por las noches los pasillos de la cárcel a su cargo para torturar a los internos; Socorro Gaspar Rivera es sólo otro personaje truculento de un régimen sórdido, dominado por su propio Destrudo: Carstens, bola de demolición de empleos e ingresos; Ulises Ruiz, el de las fauces llenas de sangre; los quemaniños de Hermosillo; García Luna, violador contumaz de derechos humanos; Lozano Alarcón y su manifiesto sadismo laboral; Peña Nieto, desaparecedor y aparecedor de cadáveres infantiles; Norberto, con sus excomuniones a la modernidad y sus encubrimientos de pederastas; Germán Larrea, enterrador de mineros; Gastón Azcárraga, quebrador de aerolíneas...
Pero, con todo y las enormes pérdidas humanas y materiales que ha causado, el régimen tenebroso es una imposición simbólica. Hay que atreverse a empujar y derribar los muros de utilería de la casa de los sustos y comprobar que, fuera de ella, el país puede ser un sitio luminoso.
- http://navegaciones.blogspot.com TW: http://twitter.com/Navegaciones
Alejandro Encinas Rodríguez
Simulación. Tal es el signo que marca los asuntos de la vida pública en el país. Simulación en el juicio político promovido por Ulises Ruiz para autoexonerarse ante la eventualidad de ser enjuiciado por
el próximo Congreso local. Simulación en un diálogo de sordos con Calderón sobre la inseguridad, que reitera lugares comunes, quejas y reclamos que no revertirán el fracaso de la estrategia contra la delincuencia organizada ni la percepción de la misma en la sociedad.Simulación de unidad nacional en el paseo de las osamentas de héroes nacionales hechas reliquias santificadas. Simulación en la quiebra inducida por empresarios sin escrúpulos, que con impunidad manipulan la concesión de un servicio público estratégico, creando empresas paralelas, descapitalizando la empresa objeto de la concesión, socavando la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores, con la complacencia de la autoridad federal.
Se culpa de nuevo a los trabajadores de la “crisis” de la empresa. Se insiste en que los salarios y prestaciones de pilotos y sobrecargos son desmedidos. No importan los costosos honorarios de directivos de la empresa, el dispendio de recursos y canonjías, la evasión y devolución de impuestos. Menos importa la creación de dos empresas —Mexicana Click y Mexicana Link— bajo el mismo título de concesión para transferir activos, descapitalizar a la empresa titular, sobreendeudarla y romper la relación laboral, ante la sospechosa omisión de la SCT y su infausto titular, responsables de vigilar la correcta operación del título de concesión.
No se puede aducir que se trata de un conflicto entre particulares, como lo sostuvo Molinar Horcasitas ante la Comisión Permanente del Congreso para justificar su negativa a intervenir. Tampoco se puede reducir el asunto a un conflicto gremial o al rescate financiero gubernamental, lo cual es innecesario, pues el gobierno federal cuenta con instrumentos legales para actuar, que van desde la revocación del título de concesión hasta la requisa de la empresa.
Hasta ahora, la requisa se ha entendido como la intervención de la autoridad ante la existencia de un conflicto laboral que desemboca en el paro de labores mediante la huelga, y que puede causar la suspensión de un servicio público estratégico como la telefonía o la electricidad. Pero esta atribución es extensiva a los casos en que particulares incumplen con la prestación de un servicio concesionado, incluso sin que éste sea de carácter estratégico, como sucedió en junio de 2001, cuando se requisó la operación del Registro Nacional de Vehículos (Renave), de tan triste memoria. Con mayor razón, en el caso de una empresa trascendental para la economía, como Mexicana de Aviación, respecto a la cual, la Ley de Vías Generales de Comunicación le otorga al gobierno federal la facultad de requisar, es decir, aplicar un procedimiento administrativo que permite a la autoridad ocupar temporalmente un bien inmueble o apropiarse de bienes muebles propiedad de los particulares por causa de utilidad pública, a fin de prevenir algún peligro inminente, en este caso, para la economía nacional.
Los problemas que enfrenta la aviación nacional muestran un escenario de contingencia que justifica esta medida excepcional. La requisa aseguraría la prestación del servicio en condiciones de seguridad, manteniendo las rutas que requiere el interés público. Evitaría que las rutas, particularmente hacia EU, sean cubiertas por aerolíneas extranjeras que no tengan restricciones para volar en ese país, y que otras empresas con restricciones las asuman mediante el llamado “arrendamiento húmedo”, es decir, la renta de aeronaves y tripulación extranjeras. Evitaría, además prácticas monopólicas y —como ya sucede en algunas rutas— el aumento desmedido de tarifas.
Frente a la simulación convertida en deporte nacional, una medida de esta naturaleza reivindicaría el interés público y la existencia de algún tipo de autoridad. Garantizaría al Estado conservar el dominio sobre la vía y, con ello, la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacionales, lo que se antoja difícil, en momentos en que el gobierno federal y, en particular, el secretario de Comunicaciones y Transportes, protege prácticas empresariales fraudulentas y los intereses de empresarios banales, en vez de defender las fuentes de empleo y los derechos de los trabajadores en un área estratégica.
alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los diputados federales del PRD
No hay comentarios.:
Publicar un comentario