TIEMPO DE MUJERES

Desmentidos contra la Sedena

Miguel Concha

Aun cuando optó por no pronunciarse sobre la autoría directa de esos crímenes, comprobando falta de colaboración y obstáculos ilegales en su investigación por parte de las autoridades ministeriales responsables, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desmintió el jueves 12 la versión que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó sobre el fallecimiento de dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey el pasado 19 de marzo.

En las observaciones sobre las evidencias que acumuló entre el 22 de marzo y el 22 de julio siguientes, entre otras cosas la CNDH señala en su recomendación 45/2010 que Francisco Javier Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso no eran miembros de la delincuencia organizada, sino alumnos ejemplares que acostumbraban estudiar hasta altas horas de la noche en su centro universitario; que fueron vistos dentro del campus a las 22:30 de ese día; no viajaban ni descendieron de ningún vehículo de la delincuencia organizada; no portaban armas; que iban saliendo del campus cuando fueron agredidos; que murieron por heridas de arma de fuego; al primero de ellos le fueron también encontradas en la autopsia dos heridas hechas por disparos a corta distancia; que tuvieron un periodo agónico y que sus cadáveres presentaban además señales de golpes en la cara, con un objeto romo de consistencia dura y de bordes lisos.

Señala además que se alteró la escena de los hechos, porque se modificó la posición de los cuerpos; que muy probablemente les fueron sembradas las armas; se les sustrajeron las pertenencias que portaban, entre ellas las credenciales que los identificaban; hay testimonios de que miembros de las fuerzas armadas penetraron en el campus y que se destruyó deliberadamente la cámara perimetral que registraba los hechos. Ello no obstante, la CNDH se excusa de no poder determinar que los efectivos del Ejército hayan privado de la vida a los dos estudiantes del Tecnológico, en virtud de la reiterada negativa de las autoridades oficialmente responsables de las investigaciones, vale decir la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Militar, para que pudiera acceder a las averiguaciones previas.

Presume que en estas debe constar el análisis de las ojivas que quedaron alojadas en los cuerpos de los dos estudiantes, así como su calibre y sus marcas, para identificar si los impactos salieron de alguna de las armas de cargo de los militares involucrados en los hechos o de las armas presuntamente decomisadas a miembros de la delincuencia organizada, que supuestamente fueron encontradas por el Ejército luego de un enfrentamiento en un vehículo marca Yukon. Para la CNDH, una pieza esencial para determinar lo que realmente sucedió la noche del 19 de marzo y la madrugada del día siguiente consiste en el análisis del video de la cámara de seguridad fija ubicada en la caseta de ingreso al Tec que le proporcionó un periodista el 6 de mayo, luego de que inútilmente lo requirió para sus investigaciones ante la PGR y la Sedena, y que indebidamente fue entregada por un miembro del equipo de seguridad de aquella institución académica a los propios soldados.

En su recomendación, la CNDH asienta que llama la atención que del informe recibido por el comandante de la séptima Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que éstas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos (p. 22).

Todo lo cual, a nuestro entender, constituye indicios de que los miembros de las fuerzas armadas son responsables de estos fallecimientos. Sin embargo, y aun suponiendo un enfrentamiento con algún grupo de la delincuencia organizada, lo que tendrían que probar ahora fehacientemente las autoridades ministeriales correspondientes, teniendo en cuenta todas las observaciones de la presente recomendación, es lo que en ésta se acredita con toda contundencia y que es muy importante en la famosa lucha por la seguridad o guerra contra la delincuencia organizada: falta de cuidado y uso arbitrario de la fuerza pública, que en todo caso provocaron en forma indirecta la muerte de los dos estudiantes, y puso en riesgo la seguridad del Tecnológico y de la propia sociedad regiomontana.

Por ello, la recomendación pide entre otras cosas y en primer lugar al secretario de la Defensa Nacional que instruya a quien corresponda para que los servidores públicos de esa dependencia se abstengan de manipular y de alterar las escenas de los hechos, ni se tergiverse la verdad histórica y jurídica de los mismos. Y a la PGR que se tomen en cuenta todas las observaciones de esta recomendación para la debida integración de la respectiva averiguación previa, hoy todavía inconclusa, para que se esclarezcan debidamente los hechos. Y al gobernador de Nuevo León que instruya a su procurador para que también sus agentes del Ministerio Público integren las actas y averiguaciones de forma completa, objetiva e imparcial, y lleven a cabo una adecuada preservación de la escena del crimen.