GOBIERNO CALDERONISTA; TERRORISMO DE ESTADO..

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Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Víctor M. Quintana S.

Luego de que dejó la víbora chillando por una decisión apresurada, Felipe Calderón convoca al diálogo para lidiar colectivamente con los efectos de lo impuesto autocráticamente. Y mientras diferentes actores políticos y sociales se reúnen en el Diálogo por la seguridad, en Chihuahua se enfrentan entre sí y con otras fuerzas del orden los elementos policiacos y militares de lo que primero fue el “Operativo conjunto Chihuahua”; luego, la Operación coordinada Chihuahua, y ahora debería denominarse Operación confrontada Chihuahua.

La sublevación de los policías federales contra cuatro de sus comandantes el sábado 7 en Ciudad Juárez es el indicador más visible, si bien no el único, del mal estado de la fuerza gubernamental en esta guerra. De por sí, la Policía Federal se ha ganado a pulso su mala fama por los numerosos robos, extorsiones y otros atropellos a los derechos humanos, además de su ineficacia en sofocar la oleada de pánico que recorre Ciudad Juárez. Por eso a la población no le extrañó que 200 agentes se rebelaran contra dos de sus jefes, acusándolos de proteger cargamentos de droga y de sembrar armas y narcóticos entre ellos. Lo que sí ha sorprendido es que no se hayan atendido las acusaciones de los sublevados, que se haya destituido a 60 de ellos y que a los oficiales señalados los protejan los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Si ésta es la encargada de diseñar y aplicar los exámenes de confianza a todas las policías del país, nuestra confianza está en malas manos.

La policía estatal (Cipol, por sus siglas) no se queda atrás. Una y otra vez agentes de la misma han sido señalados como cómplices o jefes de bandas de robacoches. Y ahora pende sobre ella una acusación más grave: el haber levantado la madrugada del 25 de julio a la joven de 23 años Pamela Portillo Hernández y a su amigo, el teniente del Ejército Mexicano Juan Alberto Bautista.

A la madre y a la familia de Pamela ni la procuraduría estatal ni la Cipol ni el Ejército les han podido revelar el paradero de su hija, otra más de la larga lista de mujeres desaparecidas en Chihuahua. Peor aún, con motivo de la desaparición del militar que acompañaba a Pamela, elementos del Ejército detuvieron a varios agentes de la Cipol y, según denuncian los familiares de éstos, fueron torturados en las mismas instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado.

No sólo entre sí se siguen peleando las policías y el Ejército. Éste prosigue su labor intimidatoria contra activistas sociales. El más reciente hecho es el hostigamiento contra la derechohumanista Emilia González Tercero. Activista de muchos años, fundadora y copresidenta de la Comisión Estatal para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Emilia ha desempeñado un papel muy importante en la denuncia de los atropellos cometidos por las fuerzas del gobierno y en la búsqueda de alternativas con paz y justicia. En junio de 2009 un grupo de militares intentó allanar su domicilio particular con el pretexto de buscar armas, hecho que de inmediato fue denunciado por la prensa.

Hace algunas semanas, se volvió a presentar a la casa de Emilia un piquete de 10 soldados, fuertemente armados, sin portar insignias de ningún tipo, para entregarle un citatorio a comparecer ante el Ministerio Público Militar para desahogar una investigación pendiente. Se le citaba al interior del propio campo militar.

Emilia no firmó de recibido el documento y de inmediato se lanzó una campaña de denuncia. Con el apoyo de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos se le hizo saber a las autoridades militares que no comparecería en una instalación castrense. El pasado lunes, Emilia acudió a rendir su declaración al edificio de la Fevimtra en Ciudad Juárez, acompañada por un buen número de activistas sociales, como muestra de rechazo a las prácticas de amedrentamiento de soldados y policías. Sin embargo, no se le permitió a ninguna persona el ingreso al local de Fevimtra, y el Ejército, como ya es una práctica común en él, negó que el año pasado hubiera efectuado el operativo en el domicilio de Emilia.

Policías federales contra ellos mismos; soldados contra policías estatales; ministeriales contra estatales. Todos ellos contra luchadoras y luchadores sociales. Esa es la novedad en el frente norteño. La fuerza policiaco-militar, la elevada por Calderón a principal instrumento de su guerra y de su estrategia para la restauración del estado de derecho, muestra un grave nivel de deterioro y corrosión interna, opacidad y arrogancia. Nada mejor, entonces, para expresar el estupor de mucha gente que el llamado de la cultura popular: Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

In memoriam Rubén Reyes, comprometido con las causas de su pueblo, arteramente asesinado

Vitral | Javier Solórzano

¿Daño colateral?

Quizá nunca había estado tan amenazado el ejercicio periodístico. Estamos ante nuevos tiempos de censura. De cuando los gobiernos ejercían el control político pasamos a los de la imposición informativa de la delincuencia organizada. No se han ido los tiempos en que caciques, presidentes municipales y más de algún gobernador imponen agenda e incluso las ocho columnas, pero el narco lleva ya un tiempo siendo la gran variable.

El secuestro de trabajadores de medios nacionales colocó el tema en el centro como hace tiempo no sucedía. Pero es evidente que la mirada del problema debe ser de fuera hacia dentro. Lo que ha pasado por años en muchos medios es ya una tendencia. Los delincuentes hablan al celular de reporteros e incluso de directores de diarios, para decir qué quieren y cómo lo quieren.

Si el gobierno está viendo esto como parte de los daños colaterales de la singular “guerra”, equivoca su diagnóstico. Buenos diagnósticos traen buenas soluciones. Es evidente que no todos los periodistas “levantados” o asesinados se pueden distinguir por su pulcritud. Pero muchos han sido amenazados, secuestrados y asesinados por su honestidad y sus investigaciones.

En este momento varios diarios están bajo amenaza. Han optado por el silencio porque si hacen pública su situación el resultado puede ser la muerte. Pedir ayuda a la policía se percibe como otro riesgo. Nos decían hace días: “pedirles ayuda es ir directamente con los que nos amenazan”. Varios directores de periódicos renuncian o aligeran sus diarios en un acto de sobrevivencia.

El narco está metido en gran parte del país y cada vez está más cerca de todos. El secuestro de los “4 de Durango” nos mostró sólo una de las caras de lo que se vive en Durango, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Nayarit, y Tabasco por lo menos. Nadie pide un régimen de excepción para periodistas. Se deben crear condiciones para que los ciudadanos desarrollen sus trabajos sin importar cuáles. Relatores de la OEA y la ONU presentan el martes un informe sobre la situación de los periodistas en el país. (Casa Lamm 4:00 pm.) Será importante que ONU y OEA no dejen pasar un año para enviar sus recomendaciones. Para el gobierno, esto puede sólo ser otro “daño colateral”, pero entre civiles, periodistas, huérfanos, viudas y demás afectados por la “guerra”, el vaso se está llenando de los “daños colaterales”.

¡OUUCHCHCH!

“No sabía que estaba embarazada. Mi regla siempre ha sido irregular. Me sentía mal y fui al baño. De repente empecé a sangrar. Mis padres me ayudaron y me llevaron a la clínica. No sé quién le habló al MP y me preguntó lo que me había pasado. A la semana me pidió que regresara y que no tardaría más de una hora. Fui y llevó ya siete años en la cárcel”, María Araceli Camargo, presa en el penal de “Puentecilla” Guanajuato, y condenada a 25 años de prisión por homicidio en grado de parentesco.