MÉXICO, D.F., 18 de agosto.- El presidente Felipe Calderón dedicó las dos últimas semanas a encabezar reuniones con diversos actores sociales, económicos y políticos para tratar de construir lo que él llama “una política de Estado en materia de seguridad”. Sin embargo, en ningún momento de
jó clara la ruta para hacerlo, pues hasta hoy lo único real es un intercambio de opiniones, datos, propuestas, justificaciones, convocatorias y hasta reclamos cuyo destino es incierto.
Calderón aprovechó las reuniones para repetir su mensaje a la nación, en el que describió la evolución histórica de la delincuencia organizada, así como para reiterar su oposición a la legalización de las drogas y manifestar, no obstante, que está dispuesto a que se debata al respecto. Asimismo, aunque en su segunda intervención frente a los dirigentes de los partidos políticos expresó que “si de lo que estamos de acuerdo se deriva una corrección a la estrategia de seguridad pública, yo estoy dispuesto a asumirla”, es evidente que de dicho debate no se derivará ningún acuerdo de corrección, pues él ya manifestó posturas y criterios que parecen inamovibles.
No obstante, las reuniones sí sirvieron para aclararle algunos puntos al jefe del Ejecutivo. A pregunta expresa que hizo a los presidentes de los partidos políticos, todos le respondieron que “el Estado debe combatir a los criminales” y que lo que se cuestiona es la estrategia con que se hace.
Por otra parte, en la reunión con los gobernadores, que fue la última, el presidente señaló: “Creo que un reto que ha surgido el día de hoy es: ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes, la llamada generación ‘ni-ni’, que ni estudian ni trabajan? y que son, efectivamente, el campo fértil que está, probablemente, atrás del potencial que están adquiriendo los criminales, no sólo para el crimen organizado –que, efectivamente, los recluta y los manda por delante, literalmente, a morir, porque es, precisamente, el grueso de la población que está falleciendo en los enfrentamientos entre delincuentes y entre éstos con la autoridad–, sino también para los delitos del orden común, que han crecido de manera exponencial, y que son cometidos por una población cada vez más joven”.
En la reunión de Calderón con los expertos, Arturo Arango cuestionó –como lo hicieron casi todos los de este grupo— la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información sobre seguridad. Arango advirtió que el INEGI trabaja con “16 a 20 meses de atraso” y agregó que, al margen de la oportunidad y los cambios de catálogos, un grave problema son las “terribles inconsistencias en la información. Hemos detectado nosotros, en nuestras investigaciones, al menos tres sistemas contables distintos. Pongamos el caso del homicidio. En el caso del homicidio tenemos el sistema contable del Registro Civil, del sector salud, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Servicio Médico Forense. Le podríamos poner un quinto caso, el de los medios de comunicación. Si nosotros intentamos cruzar un esquema con otro, resulta que no coincide ninguno”. Precisó que ni los muertos podemos contar y propuso crear una Norma Oficial Mexicana al respecto.
El presidente respondió: “Yo les propongo (…) la Norma Oficial Mexicana sobre Generación, Recolección, Registro y Clasificación de Datos. Efectivamente, déjenme decirles que, incluso, dentro del seguimiento que llevamos en el Gabinete de Seguridad, tenemos hasta discusiones de cómo clasificar los eventos que observamos”.
Así resultó una propuesta precisa.
Pero los llamados Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento no permitieron clarificar el propósito de la lucha, pues como señaló Miguel Molina Foncerrada: “…Si no tenemos un diagnóstico, y no tenemos un propósito, para mi gusto, suficientemente claro, la sociedad no puede entender ni qué demonios está pasando, y, perdonen la palabra, ni qué es lo que queremos resolver”. Demandó aclarar si el propósito de la lucha era decomisar drogas, disminuir la violencia, atacar la impunidad, debilitar la acción de las organizaciones criminales, disminuir el consumo de drogas o algún otro.
Obviamente, la estrategia debe corresponder al diagnóstico y el propósito, y eso es precisamente lo que no se aclaró a lo largo de dos semanas.
Pero tampoco la inquietud de Orlando Camacho Nacenta, quien participó en la primera mesa, tuvo respuesta: “Hasta lo que llevamos en esta reunión –expuso–, yo he contabilizado más de 40 propuestas viables. La cuestión es que todas estas ideas y propuestas, la mayoría de ellas ya se habían dado o ya se han escuchado en otros momentos, ya se han hecho en foros semejantes a éste, también (…) Muchas de ellas están, incluso, calendarizadas y hasta tienen responsables. No son nuevas las cosas que estamos comentando aquí (…) La pregunta es: ¿Qué va a pasar a partir de esta reunión? Ahí es donde me parece que debe venir la parte nueva, la parte propositiva de esta reunión. ¿Cómo concretamos que estas acciones que se están dando ahora se lleven a cabo de manera inmediata, rápida y eficaz?”.
Y aunque Calderón haya señalado ante los presidentes de los partidos políticos: “Yo veo que tenemos más coincidencias que diferencias. Coincidimos en que se requiere una política económica que recupere empleo; coincidimos en que se requiere una política social que genere oportunidades de educación, espacios recreativos, de cultura. Coincidimos –así lo asumo– en que se requiere una política de fortalecimiento institucional en todos los órdenes de gobierno. Discrepamos, quizá, en el tema de la legalización o no de las drogas”.
La realidad es que hay muchas más diferencias, especialmente cuando las políticas se tienen que aterrizar en diagnósticos, propósitos y estrategias. Y tampoco se estableció una ruta o un proceso para dialogar, debatir y tomar decisiones, pues es evidente que no se lograrán consensos, y si esa es la condición para modificar la estrategia, no habrá cambios.
Hasta hoy los diálogos son parte de una nueva estrategia de difusión de la lucha contra la inseguridad, y sirvieron para disipar algunas dudas, identificar nuevos retos y hacer propuestas concretas; pero no para clarificar el diagnóstico y el propósito, y menos para establecer una vía clara de construcción de una política de Estado. Así, los diálogos y debates servirán para seguir celebrando reuniones y editando memorias...
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