Eduardo Ibarra Aguirre
De malas hasta golpear el atril, gritar pese a “andar un poquito mal de la garganta” e ignorar olímpicamente reclamos de familiares de desaparecidos – tapados con dos tráileres por el Estado Mayor Presidencial, afuera del hotel Crowne Plaza de Torreón, Coahuila--, el comandante supremo de las fuerzas armadas exhibió ante el empresariado, su mejor aliado, desesperación ante la violencia de la que algún día llamó “ridícula minoría”, e irritación por las voces ciudadanas que se multiplican en el país y el extranjero para demandar: ¡Ya basta! ¡No más sangre! ¡Estamos hasta la madre!...
La movilización no estaba contemplada en la estrategia militar que privilegia las acciones de fuerza, la criminalización de ámbitos diversos y que asigna a la sociedad el papel de delatora a cambio de publicitadas recompensas.
La creciente irrupción de padres y familiares, ciudadanos y organismos civiles en el escenario de la confrontación entre bandas delincuenciales, el gobierno federal y de los estados, poniendo en juego una posición propia, como lo exige el sentido común, más de 52 meses de guerra contra la inseguridad y 40 mil asesinatos, introduce a un actor social y político que no contemplaron ni los estrategas gubernamentales ni los capos del crimen organizado. Y es lo único que puede obligar a los contendientes a moderar los excesos contra la sociedad, al gobierno a no conducirse autocráticamente en esta vital tarea y a la autodenominada clase política a no olvidar que si no gobierna y/o representa, no le sirve a los gobernados.
Cuando al grupo gobernante le restan 19 meses y medio de ejercicio, se pueden comprender las conductas desesperadas, pero no que Felipe Calderón estimule confrontaciones gratuitas, y justamente en la tierra de Humberto Moreira, con la advertencia: “El enemigo está ahí, en la delincuencia común y organizada, y por eso debemos hacerle frente común, porque no debe escudarse en el deseo político de atacar a una u otra instancia de gobierno o al gobierno federal o a las fuerzas armadas el propósito político de atacarlas con el deseo de la sociedad de tener seguridad y de tener paz”.
No sé usted, pero yo no conozco a político que “ataque a las fuerzas armadas”, al contrario, por desgracia se les cuadran. Y el confuso orador provocó el rechazo de múltiples actores que le recordaron lo obvio, el fracaso de su estrategia excluyente y la rectificación inaplazable del rumbo inaugurado el 11 de diciembre de 2006, en Morelia, Michoacán.
Enseguida el abogado, economista y administrador público recetó a los empresarios de Coahuila una perorata sobre quienes son “los verdaderos criminales”, desde el que roba la bolsa a una señora hasta el que secuestra a un empresario o mata un migrante, son delincuentes, criminales, explicó emocionado. Disculpe, señor, y qué es el que se roba la Presidencia de la República, como todavía hoy perciben millones de ciudadanos con y sin partido que sucedió en julio de 2006.
Respuesta aparte, resulta dramático que a esta altura de la batalla militar y policiaca, el titular del Ejecutivo esté explicando quien es quien. Lo anterior podría significar que subestima a los gobernados, que su estrategia de comunicación no convence aunque forre de billetes los bolsillos de los dueños de Televisa y Televisión Azteca o bien que la confusión en el país es predominante.
Tardíamente, pero en Los Pinos se tiene claridad que las políticas anticrimen deben contemplar “la reconstrucción de la sociedad y de sus valores”, oportunidades en educación, trabajo y esparcimiento para los jóvenes; además de la reconstrucción del tejido social en México. Sólo falta convertirlos en políticas públicas.
Acuse de recibo
Filiberto Vicente Aquino, promotor del movimiento que se opone al cobro arbitrario de tarifas por la Comisión Federal de Electricidad, “fue detenido (13-IV-11) de manera violenta en Santa María Xadani, Juchitán, Oaxaca, por elementos de la Policía Estatal y trasladado a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz”. La denuncia, de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, agrega: “Fue consignado en el Juzgado Sexto Distrito de Salina Cruz por el delito de robo de energía eléctrica, el cual es un delito federal”… Desde el Cerezo número 17, Playas de Catazaja, Chiapas, los presos políticos Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez, Domingo Pérez Alvarado y Mariano Demeza Silvano denuncian “por sus malas acciones al mal gobierno de Juan Sabines Guerrero. En primer lugar nos tienen secuestrados en este Cereso desde el 2 de febrero y hasta la fecha, por defender nuestras tierras que pertenecen al ejido San Sebastián Bachajón (…) Queremos que nos apoyen y la solidaridad para nuestra liberación inmediata (…) “nos dan comida una sola vez al día, estamos escasos de agua y hemos enfermado y no proporcionan ningún medicamento. Y a la hora de nuestras visitas familiares no dejan pasar los alimentos que nos traen y los revisan hasta quitar las ropas a nuestros familiares”.
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