México, D.F., 12 de abril de 2011
Esta mañana la Comisión Civil de Seguimiento de los Acuerdos SME-Gobierno Federal ofreció una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino en la que expresaron su preocupación por los hechos ocurridos ayer en relación con los trabajadores electricistas. Condenaron el prolongamiento artificial del conflicto por parte del gobierno federal e instaron tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo a encontrar una solución pronta y definitiva que garantice el derecho al trabajo digno de las y los electricistas. Esta es, dijeron, la única forma de evitar situaciones indeseables por todos, como la sucedida este lunes.
En nombre de toda la Comisión de Seguimiento el
Dr. Enrique González Ruiz leyó la siguiente:
Este lunes 11 de abril se cumplieron 18 meses, es decir un año y medio, del largo conflicto creado por el “Decreto de Extinción” de la Compañía de Luz y Fuerza sin que hasta la fecha encuentre solución de fondo. Año y medio en que miles de trabajadores y sus familias han atravesado por enormes penurias y sacrificios, y realizado sinnúmero de actividades para exigir el respeto a sus derechos, sin recibir respuesta.
A finales del 2010, esta Comisión observó como un avance muy positivo la reposición de las elecciones de la mitad del Comité Central del SME, que se realizó de una manera ejemplarmente transparente, y el consecuente reconocimiento de la dirección de ese sindicato por parte de las autoridades laborales.
Sin embargo, hemos visto con creciente preocupación el grave retroceso ocurrido desde inicios del presente año, al desatarse de nueva cuenta toda una campaña mediática en contra del SME, y una ola de denuncias en los medios de comunicación, y por la vía penal, sobre supuestas agresiones ejercidas por miembros del SME contra elementos subcontratados por CFE para remplazarlos en lo que eran sus labores; lo que es grave pues supone la posibilidad de ejercer nuevamente la violencia y la criminalización del conflicto contra los trabajadores por parte del Estado. Tal vía fue alimentada desde antes con la detención injustificada del dirigente del SME, Miguel Márquez, quien permanece preso en el Cereso de Puebla.
El retroceso en la actitud del gobierno federal fue ratificada en el comunicado hecho público por la Secretaría de Gobernación el 15 de febrero, en el que reitera enfáticamente que no existe vía posible según esa dependencia para dar una solución colectiva al SME respecto a la fuente de trabajo que les fue cancelada por decreto y que es el problema de fondo que subsiste en el conflicto.
En un primer encuentro sostenido por representantes de esta Comisión de Seguimiento con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, el pasado 28 de enero, el funcionario había expuesto tal posición sin que hubiese tiempo para un mayor intercambio de opiniones, por lo que quedó abierta la posibilidad de una nueva reunión, incluso con el Secretario de Gobernación, para abordar ese y otro temas del conflicto. Tal nuevo encuentro no se ha dado. Sin embargo, se reanudaron las pláticas entre esa instancia y el sindicato, con la participación de representantes del Congreso de la Unión, sin que la representación del gobierno federal varíe su intransigente postura. Por ello, esta Comisión desea hacer la siguiente declaración pública:
1) Hacemos un llamado al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación que lo representa en el conflicto y en la mesa de negociaciones que se ha restablecido, retorne a la actitud de apertura y ánimo de resolver un conflicto que se prolonga ya un año y medio, y que ha afectado gravemente no sólo a más de 44 mil trabajadores y sus familias —especialmente a los más de 16 mil que siguen defendiendo su fuente de trabajo y su sindicato—, sino a los usuarios del servicio de energía eléctrica en el centro del país y a la sociedad en general. La cerrazón y la política autoritaria no conducen sino a agravar el conflicto, a propiciar situaciones deplorables de confrontación, en un momento en que el país exige tranquilidad.
2) Llamamos al gobierno federal a descartar la tentación de ejercer violencia o dar una salida penal a un conflicto social. Si ha habido violencia ha sido en primer lugar la que ejerció el Estado en contra de los trabajadores al ocupar sin mediación alguna los centros de trabajo por medio de la policía y el ejército. Deploramos cualquier ejercicio de la violencia en una lucha que ha sido fundamentalmente pacífica. Sin embargo, las tensiones que pueden suscitarse entre miembros del SME, o muchos usuarios descontentos, y los trabajadores enviados por CFE a suplirlos se origina en la prolongación del conflicto y la insostenible ambigüedad de quién debe prestar el servicio de manera definitiva. En un momento en que el país exige poner un alto a la violencia que sacude a la nación, la primera violencia que debe ser detenida es la que ejerce el Estado en contra de los movimientos sociales, pues está completamente en sus manos y sin pretexto alguno hacerlo. El paso inmediato de distensión debiera ser la liberación del dirigente del SME detenido y el no recurrir a las causas penales abiertas.
3) No existe razón válida que justifique la postergación de una solución al problema de fondo que es el de la fuente de trabajo y la regularización plena del servicio público de energía eléctrica en el centro del país. El gobierno federal debe dejar de colocar obstáculos a esta solución. Sea por la vía de que la CFE asuma plenamente, como ya lo ha empezado a hacer, la responsabilidad de ese servicio y, por tanto, la de ser patrón sustituto o por la vía de la creación de un nuevo organismo público –pues público debe seguir siendo ese servicio—que sustituya a la anterior compañía el problema puede solucionarse rápidamente. En cualquier caso, no hay razón jurídica alguna que permita eludir la negociación colectiva con quien fuera el titular del contrato antes de la extinción, es decir, el SME y su representación reconocida plenamente. La postura de la Secretaría de Gobernación carece de sustento legal y refleja más bien un deseo o una posición política, que puede y debe ser modificada. Las promesas de “inserción” individual en diversos empleos, si es que existiese, no representa una solución real al problema.
Esta Comisión de Seguimiento se mantiene atenta a la posibilidad de un nuevo encuentro con la Secretaría de Gobernación para conocer su visión del conflicto y/o para intercambiar opiniones útiles para la solución del mismo.
Entre tanto, hacemos especialmente un enfático llamado al Congreso de la Unión para que contribuya más eficazmente a la solución definitiva y de fondo del conflicto; en sus manos está la creación de un nuevo organismo público de energía eléctrica en el centro del país y no debiera retardar más esta posibilidad de regresar a la tranquilidad y la normalidad en beneficio de los trabajadores y la sociedad.
Llamamos también al Gobierno de la ciudad de México y a su Asamblea de Representantes para que se ocupen más decididamente de contribuir a esta solución y de ver por los trabajadores damnificados, porque además no puede haber duda posible de que la ciudad y sus habitantes han sido afectados por este conflicto y no pueden ni deben eludir su responsabilidad.
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