Los beneficiarios

Luis Javier Garrido

La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.

1. El clamor nacional de ¡Ya basta!, dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido al crimen organizado y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del crimen organizado.

2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.

3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.

4. La cuestión de ¿cuál es el sentido de la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico? se la formula también, entre otros, Noam Chomsky en su último libro Esperanzas y realidades (Tendencias Editores, Barcelona, 2011), respondiéndose que para interpretarla habría que responder a la cuestión de ¿a quien beneficia?, y no duda en afirmar, coincidiendo con diversos especialistas de Naciones Unidas, que esta guerra es una caricatura, pues ha dejado intactos los poderes económicos privados que participan masivamente en el tinglado.

5. El endurecimiento fascistoide del gobierno entraña por lo mismo una serie de señales a esos beneficiarios de la guerra de Calderón que son las grandes corporaciones trasnacionales, que él busca no lo abandonen en el año 2012. De ahí el perverso intento oficial por criminalizar al movimiento electricista y al SME, torpemente secundado por Marcelo Ebrard, también por ambiciones futuristas, o la desesperación de Los Pinos por hacer aprobar al Congreso la contrarreforma laboral que pretende dejar en letra muerta el artículo 123 y cancelar los derechos de los trabajadores mexicanos.

6. La política intervencionista de Estados Unidos en la era postbushiana se ha sustentado en cuatro argumentos que han quedado evidenciados en lo que va del siglo XXI como pretextos mal fundados: la defensa de los derechos humanos (Libia) y la lucha contra el terrorismo (Irak), la guerrilla (Colombia) y el narcotráfico (México), calificados alternativamente como narcoterrorismo. La pretendida lucha contra el narcotráfico es ahora el más utilizado, y por eso a pocos especialistas extrañó que la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, auspiciada por la DEA, se efectuara en Cancún del 5 al 7 de abril, ni que su presidente fuese Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública –señalado en diversas ocasiones por sus vínculos con el narcopoder–, ni mucho menos que la principal conclusión de esta reunión fuese la tesis intervencionista de la administración Obama: que la lucha contra el narcotráfico debe ser en el futuro global, para obviamente legalizar la entrada de las agencias estadunidenses armadas a los países en los que Washington tenga intereses estratégicos.

7. Las sospechosas matanzas de días recientes, atribuidas sin fundamento al narco, inciden en este escenario de intervencionismo, pues tras el descubrimiento a principios de mes de por lo menos 120 fosas en San Fernando (Tamaulipas) –donde en agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes–, el miércoles 13 varios legisladores estadunidenses, tras reiterar el argumento de que México es un Estado fallido y que la situación representa un peligro para el pueblo de Estados Unidos, se plantearon la posibilidad de enviar tropas a nuestro país.

8. El senador Michael McCaul, tras pretender que no hay una estrategia integral de Washington sobre México y sugerir en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, se apliquen aquí los esquemas de Colombia, recordó que ahora hay un gobernante en México que quiere trabajar con ellos, pero que al desconocerse en Washington que acontecerá en las próximas elecciones y si seguirán teniendo, tras 2012, las mismas oportunidades, era la hora de diseñar una nueva estrategia que debería iniciarse con lo que llamó una operación militar conjunta.

9. Muy significativo es que el miércoles 13 en su programa nocturno los locutores de Televisa coincidieran con la tesis del desastre institucional que permite justificar el intervencionismo y que, como lo hicieron algunos diarios mexicanos del 14, sostuvieran que Tamaulipas no es ya parte del Estado mexicano, que no ejercen ahí sus funciones el gobierno estatal ni las autoridades municipales (Loret de Mola), que existe un gobierno del crimen organizado y estamos ante un Estado fallido (López Dóriga). A casi un año del homicidio no aclarado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, se busca arrebatar a los priístas la entidad, llevarla a un estado de excepción y, con vistas a 2012, utilizarla como el escenario de ensayo de un abierto intervencionismo estadunidense.

10. El consenso nacional que se ha ido generando en estos meses es muy claro frente a todo esto. La estrategia del gobierno panista de facto para supuestamente luchar contra el narco, ha generado una espiral de violencia y está permitiendo a las fuerzas más oscuras del yunquismo-calderonismo auspiciar matanzas brutales para justificar la tesis del Estado fallido y el intervencionismo de Washington, y no puede ser considerada como una estrategia equivocada, como suponen ciertos sectores. Es abiertamente una estrategia perversa, con objetivos económicos y políticos muy evidentes, y por eso se le está espetando a Calderón, señalado como responsable del desastre, ese contundente: ¡Ya basta!.

Chihuahua: víctimas del éxito

Víctor M. Quintana S.

Michele Leonhart, titular de la DEA, se ha de haber inspirado en el ingenioso comercial de una librería que reza: Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho para declarar la semana pasada que el grado de violencia que padecemos en nuestro país es señal del éxito de las autoridades nacionales en su combate al narcotráfico.

Y ya establecida por quienes nos endilgan esta guerra la medida para evaluar sus resultados, no cabe duda que la entidad federativa más exitosa en la batalla contra el crimen organizado es Chihuahua. Desde que se inició el Operativo Conjunto Chihuahua de las fuerzas federales y estatales, el 28 de marzo de 2008, los niveles de violencia se han disparado en esta entidad norteña.

Comencemos por los homicidios dolosos, el delito más sangriento y visible: el año antes del operativo, 2007, hubo alrededor de 469 homicidios en todo el estado, una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes. En 2010 el número de asesinatos escaló a 5 mil 212, que eleva la tasa a 148.91 por cada cien mil habitantes, es decir, a partir de los operativos la tasa de homicidios dolosos se multiplicó por diez. Durante los tres años de los operativos el número de asesinados en todo Chihuahua supera ya los once mil. Prácticamente uno de cada tres homicidios de la guerra calderoniana se perpetra en Chihuahua. (Datos de la Fiscalía General de Chihuahua y del Inegi.)

La versión oficial y también la de la Leonhart del incremento espectacular de los asesinatos es que la presión de las fuerzas del orden hace que los delincuentes se maten entre ellos. Que sepamos, en ningún texto jurídico ni en ninguna obra de teoría del Estado se establece que una de las funciones de éste es provocar el exterminio de quienes infringen la ley. Pero además, la interpretación es muy endeble, porque a la par de los homicidios dolosos se han elevado varias veces las cifras de otros delitos. Veamos: según datos de la fiscalía general, el total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua, en el año 2007 fue de 34 mil 800; para 2010, la cifra se elevó a 66 mil 125, un 90 por ciento más que antes del operativo. Entonces ¿no sólo se estarían matando entre ellos, sino también extorsionando, secuestrando, robándose los vehículos entre ellos?

Definitivamente eso no es lo que vive cotidianamente la población civil, porque su día a día es que los atentados contra su integridad y su patrimonio son cada vez más frecuentes y violentos: la cifra de secuestros denunciados se ha comportado así: en 2007 se denunciaron 21; en 2008, 42; para 2009 la cifra se disparó a 190 y luego disminuyó en 2010 a 132. En lo que se refiere a robo de vehículos, el año antes del operativo, en 2007, se reportaron 9 mil 490 en todo el estado; tres años después, en 2010, 30 mil 757, un incremento de 224 por ciento coincidente con los operativos. Peor aún, cada vez es mayor la proporción de carjackings, robos de vehículos a mano armada. (Datos de la Fiscalía General del Estado.)

Otro delito de fuerte impacto en la sociedad chihuahuense son las desapariciones de personas: desde marzo de 2008 se cuentan alrededor de 200 desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que se presume que intervinieron elementos del Ejército o de las diferentes policías, a las que habría que agregar las de cuatro jóvenes levantados por policías municipales, escoltas del director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, apenas el 26 de marzo. (Sus cuerpos fueron encontrados semienterrados al momento de cerrar estas líneas.) En lo que se refiere a desapariciones de mujeres, según la organización Justicia para Nuestras Hijas, tan sólo en 2010 hubo 107 y en lo que va de 2011, una preocupante cifra de 39.

Por desgracia ahí no se agotan las cifras de la violencia en Chihuahua. Desde que se iniciaron los operativos calderonianos-baecianos-duartianos van más de diez mil nuevos huérfanos en el estado. Decenas de miles de desplazados de sus hogares, entre ellos 230 mil juarenses, es decir, uno de cada cinco habitantes de aquella frontera. Se han agudizado también las incursiones de bandas de sicarios contra pueblos inermes, como las colonias Nicolás Bravo o El Alamillo, en el municipio de Madera, o como el pueblo de Jicamórachi, municipio de Uruachi, el pasado fin de semana.

Y, si hacemos caso a los pronósticos de García Luna, expresados en el mismo foro que la titular de la DEA, en el sentido de que esta guerra aún durará siete años, podemos proyectar que en Chihuahua en ese lapso habrán de ocurrir más de 25 mil homicidios dolosos adicionales a los de este trienio, que el número de delitos podría llegar a los 250 mil anuales, y el de personas desaparecidas fácilmente llegaría al millar.

Ni duda cabe: vamos a terminar aniquilados por tanto éxito.