Raúl Plascencia Villanueva
El desenvolvernos de manera adecuada en la sociedad implica que contemos con las condiciones para poder hacer valer nuestros derechos.
La seguridad resulta fundamental, ya que sólo en un ambiente en el que nuestros derechos se encuentren debidamente resguardados será factible que podamos desarrollarnos plenamente.
Para que la seguridad ciudadana pueda construirse se requiere contar con estrategias que permitan aprovechar y optimizar los recursos públicos, tecnológicos, materiales y humanos con que cuenta el Estado mexicano, lo cual implica la suma de esfuerzos para abatir la delincuencia, no sólo desde el ámbito público, sino también desde la participación de la sociedad civil, a partir de la prevención, y, cuando ésta falle, lograr detener de manera oportuna a los responsables de los delitos.
La seguridad ciudadana se refiere a esa condición o estado en ausencia de amenazas que pongan en peligro a la sociedad, de manera individual o en su conjunto, de ahí que se considere un ideal alcanzarla para poder ejercer plenamente los derechos.
También implica la existencia de políticas públicas orientadas a suprimir las amenazas de seguridad e incrementar la protección de la población, las cuales deben estar sustentadas en prácticas sociales existentes.
Hace cerca de 17 años se planteaba, a propósito de la seguridad pública, la necesidad de incorporar en la Constitución un compromiso a cargo del Estado que permitiera dejar en claro a quién le corresponde dicha función. Hasta entonces parecía que el incremento de la violencia y la ineficiencia institucional para combatirla provenía de la imprecisión o ausencia de leyes que fueran claras respecto de quiénes deberían de asumir la responsabilidad de garantizar una adecuada seguridad ciudadana.
De esa manera surgió la idea de que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
A partir de entonces también se planteó desde la Constitución que la seguridad pública sólo podría alcanzarse con un desempeño de las instituciones acorde a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En algunas ocasiones, la realidad que enfrentamos como país rebasa la imaginación respecto de la incidencia delictiva, la violencia con la que actúan algunos delincuentes y, sobre todo, con los actuales niveles de eficiencia institucional de las áreas encargadas de la prevención, investigar los delitos, procesar y vigilar la ejecución de las sanciones contra quienes obran al margen de la ley.
La articulación de esfuerzos y en especial el cuidado a las instituciones para alcanzar el ideal del desempeño profesional resulta esencial en este ámbito; fundamentalmente conseguir niveles de prevención del delito que eviten el surgimiento de más células de la delincuencia. Lograr modelos educativos que otorguen alternativas de desarrollo a las nuevas generaciones y, sobre todo, las coloquen en niveles de competitividad para participar en el desarrollo nacional. De otra forma, se irá acrecentando la idea de esa denominada subcultura de la ilegalidad, en la que algunos suelen pensar que es preferible vivir al margen de la ley que dentro de los cauces jurídicos.
Detener a los responsables de cometer delitos sin duda que es una tarea esencial para evitar la repetición de sus acciones dañinas para la sociedad, pero es quizás más importante el conseguir una adecuada prevención de conductas delictivas.
Hay que trabajar en la prevención para impedir que se sigan multiplicando los delitos. De no hacerlo, es como si se pretendiera atrapar a diversos mosquitos y se hace la tarea uno a uno, entre tanto continua el pantano, de donde se van generando miles en el mismo sitio, dando lugar a una producción interminable, y mientras no se tomen acciones para evitar que se sigan reproduciendo, entonces los esfuerzos por atraparlos serán prácticamente en vano.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La seguridad resulta fundamental, ya que sólo en un ambiente en el que nuestros derechos se encuentren debidamente resguardados será factible que podamos desarrollarnos plenamente.
Para que la seguridad ciudadana pueda construirse se requiere contar con estrategias que permitan aprovechar y optimizar los recursos públicos, tecnológicos, materiales y humanos con que cuenta el Estado mexicano, lo cual implica la suma de esfuerzos para abatir la delincuencia, no sólo desde el ámbito público, sino también desde la participación de la sociedad civil, a partir de la prevención, y, cuando ésta falle, lograr detener de manera oportuna a los responsables de los delitos.
La seguridad ciudadana se refiere a esa condición o estado en ausencia de amenazas que pongan en peligro a la sociedad, de manera individual o en su conjunto, de ahí que se considere un ideal alcanzarla para poder ejercer plenamente los derechos.
También implica la existencia de políticas públicas orientadas a suprimir las amenazas de seguridad e incrementar la protección de la población, las cuales deben estar sustentadas en prácticas sociales existentes.
Hace cerca de 17 años se planteaba, a propósito de la seguridad pública, la necesidad de incorporar en la Constitución un compromiso a cargo del Estado que permitiera dejar en claro a quién le corresponde dicha función. Hasta entonces parecía que el incremento de la violencia y la ineficiencia institucional para combatirla provenía de la imprecisión o ausencia de leyes que fueran claras respecto de quiénes deberían de asumir la responsabilidad de garantizar una adecuada seguridad ciudadana.
De esa manera surgió la idea de que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.
A partir de entonces también se planteó desde la Constitución que la seguridad pública sólo podría alcanzarse con un desempeño de las instituciones acorde a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En algunas ocasiones, la realidad que enfrentamos como país rebasa la imaginación respecto de la incidencia delictiva, la violencia con la que actúan algunos delincuentes y, sobre todo, con los actuales niveles de eficiencia institucional de las áreas encargadas de la prevención, investigar los delitos, procesar y vigilar la ejecución de las sanciones contra quienes obran al margen de la ley.
La articulación de esfuerzos y en especial el cuidado a las instituciones para alcanzar el ideal del desempeño profesional resulta esencial en este ámbito; fundamentalmente conseguir niveles de prevención del delito que eviten el surgimiento de más células de la delincuencia. Lograr modelos educativos que otorguen alternativas de desarrollo a las nuevas generaciones y, sobre todo, las coloquen en niveles de competitividad para participar en el desarrollo nacional. De otra forma, se irá acrecentando la idea de esa denominada subcultura de la ilegalidad, en la que algunos suelen pensar que es preferible vivir al margen de la ley que dentro de los cauces jurídicos.
Detener a los responsables de cometer delitos sin duda que es una tarea esencial para evitar la repetición de sus acciones dañinas para la sociedad, pero es quizás más importante el conseguir una adecuada prevención de conductas delictivas.
Hay que trabajar en la prevención para impedir que se sigan multiplicando los delitos. De no hacerlo, es como si se pretendiera atrapar a diversos mosquitos y se hace la tarea uno a uno, entre tanto continua el pantano, de donde se van generando miles en el mismo sitio, dando lugar a una producción interminable, y mientras no se tomen acciones para evitar que se sigan reproduciendo, entonces los esfuerzos por atraparlos serán prácticamente en vano.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Alberto Aziz Nassif
Abismo entre políticos y ciudadanos
Una de las características más relevantes de una democracia es la vinculación que existe entre representantes y representados. Sin embargo, lo que tenemos en México es una distancia que todos los días crece. El malestar de los ciudadanos y las demandas de cambio se expresan de muchas formas y en diversos espacios, pero los políticos y las autoridades no escuchan, no atienden, repiten sus inercias, su sordera y su incapa
cidad.
En días pasados prendió la chispa ciudadana y se expresó en el país a través de decenas de marchas pacíficas para demandar el fin de la violencia y de las muertes; el fin de una absurda guerra que ha destruido la paz de las comunidades, las ciudades y las familias. Se ha desgarrado el tejido social de forma irresponsable. Todos los días crecen muertes, desaparecidos, tumbas clandestinas. No terminaban las marchas del 6 de abril y la noticia que circulaba en el país era una fosa clandestina con 72 cadáveres en Tamaulipas. No han servido las críticas a la estrategia, no ha sido suficiente la presencia de miles y miles que demandan un alto, por eso, como dice la carta de Javier Sicilia, “estamos hasta la madre”. Un día después de las marchas el mismo Felipe Calderón salió a confirmar lo que ya se sabe: que seguirá su estrategia y que siempre ha estado abierto a la crítica. Lo primero es cierto y tendremos que esperar hasta el primero de diciembre de 2012 para ver otra propuesta, así que le esperan al país meses de muerte, terror y muchos “daños colaterales”, figura usada por el gobierno para hablar de la muerte de civiles inocentes. Lo segundo que dijo Calderón es falso. La apertura a la crítica es pura retórica, no se ha movido de su estrategia pese a todas las críticas y sugerencias.
Pero las declaraciones fáciles no tienen límite. En estos días el secretario García Luna salió con la “científica” idea de que faltan siete años para que empiece a bajar la violencia. ¿Con base en qué cálculo se puede hacer semejante afirmación? Los estadounidenses no cantan mal las rancheras: la titular de la DEA declara que la violencia “es señal de éxito”. Por su parte, el subsecretario de Estado afirma que en México la crisis por el narco “ya tocó fondo”. ¿A cuál le podemos creer? La verdad, a ninguno. Estas declaraciones son expresión del grado de improvisación al que se ha llegado, cualquier funcionario cree tener la bola de cristal para decir lo que se le antoje.
La Encuesta Nacional sobre Inseguridad del INEGI muestra cómo han crecido la incertidumbre y el malestar ciudadanos. Han aumentado las víctimas menores de edad, ha crecido la percepción de inseguridad, se han incrementado los delitos y los impactos que disminuyen la calidad de vida. Frente a ello la desconfianza ciudadana en los políticos ha subido de forma impresionante. Se tiene poca o nula confianza en diputados (86%), partidos políticos (86%), senadores (84%), policía estatal (78%), policía federal (64%) y jueces (76%). En el que menos se desconfía es en el Ejército (39%). Hay un abismo entre políticos y autoridades con los ciudadanos, quizá porque a la fecha no hay razones para modificar la desconfianza que generan estos desprestigiados actores, funcionarios y operadores de la vida pública.
Pero no sólo los expertos en temas de seguridad han elaborado críticas a la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado, hay un sentido común en la ciudadanía que apuntala lo que muchas voces críticas han insistido en múltiples ocasiones: la estrategia punitiva del gobierno sólo incrementará las muertes, por eso llegaremos al final de sexenio quizá con una acumulación de 60 mil o más bajas. Cuando le preguntan a los ciudadanos las tres principales causas de la delincuencia responden así en esta misma encuesta del INEGI: el desempleo (48), la pobreza (46) y la droga (41). El único que está convencido de seguir por el mismo camino es el gobierno federal. Además, si estamos de acuerdo en las razones que expresan los expertos y los ciudadanos, hay que construir otras estrategias para atender el desempleo y la pobreza. Urge revisar el modelo económico que no permite crecer, ni crear empleos formales y bien retribuidos; es necesario reformular la política social, que no está conectada con la disminución estructural de la pobreza y la desigualdad; elaborar políticas de bienestar y crecimiento del mercado interno. En materia de consumo de drogas, no se ven políticas importantes de prevención, de salud pública, más allá de lo punitivo.
Es terrible ver la inercia de una autoridad que no escucha; es lamentable el resultado de la estrategia, y es preocupante que la brecha entre política y ciudadanos siga aumentando…
Investigador del CIESAS
cidad.En días pasados prendió la chispa ciudadana y se expresó en el país a través de decenas de marchas pacíficas para demandar el fin de la violencia y de las muertes; el fin de una absurda guerra que ha destruido la paz de las comunidades, las ciudades y las familias. Se ha desgarrado el tejido social de forma irresponsable. Todos los días crecen muertes, desaparecidos, tumbas clandestinas. No terminaban las marchas del 6 de abril y la noticia que circulaba en el país era una fosa clandestina con 72 cadáveres en Tamaulipas. No han servido las críticas a la estrategia, no ha sido suficiente la presencia de miles y miles que demandan un alto, por eso, como dice la carta de Javier Sicilia, “estamos hasta la madre”. Un día después de las marchas el mismo Felipe Calderón salió a confirmar lo que ya se sabe: que seguirá su estrategia y que siempre ha estado abierto a la crítica. Lo primero es cierto y tendremos que esperar hasta el primero de diciembre de 2012 para ver otra propuesta, así que le esperan al país meses de muerte, terror y muchos “daños colaterales”, figura usada por el gobierno para hablar de la muerte de civiles inocentes. Lo segundo que dijo Calderón es falso. La apertura a la crítica es pura retórica, no se ha movido de su estrategia pese a todas las críticas y sugerencias.
Pero las declaraciones fáciles no tienen límite. En estos días el secretario García Luna salió con la “científica” idea de que faltan siete años para que empiece a bajar la violencia. ¿Con base en qué cálculo se puede hacer semejante afirmación? Los estadounidenses no cantan mal las rancheras: la titular de la DEA declara que la violencia “es señal de éxito”. Por su parte, el subsecretario de Estado afirma que en México la crisis por el narco “ya tocó fondo”. ¿A cuál le podemos creer? La verdad, a ninguno. Estas declaraciones son expresión del grado de improvisación al que se ha llegado, cualquier funcionario cree tener la bola de cristal para decir lo que se le antoje.
La Encuesta Nacional sobre Inseguridad del INEGI muestra cómo han crecido la incertidumbre y el malestar ciudadanos. Han aumentado las víctimas menores de edad, ha crecido la percepción de inseguridad, se han incrementado los delitos y los impactos que disminuyen la calidad de vida. Frente a ello la desconfianza ciudadana en los políticos ha subido de forma impresionante. Se tiene poca o nula confianza en diputados (86%), partidos políticos (86%), senadores (84%), policía estatal (78%), policía federal (64%) y jueces (76%). En el que menos se desconfía es en el Ejército (39%). Hay un abismo entre políticos y autoridades con los ciudadanos, quizá porque a la fecha no hay razones para modificar la desconfianza que generan estos desprestigiados actores, funcionarios y operadores de la vida pública.
Pero no sólo los expertos en temas de seguridad han elaborado críticas a la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado, hay un sentido común en la ciudadanía que apuntala lo que muchas voces críticas han insistido en múltiples ocasiones: la estrategia punitiva del gobierno sólo incrementará las muertes, por eso llegaremos al final de sexenio quizá con una acumulación de 60 mil o más bajas. Cuando le preguntan a los ciudadanos las tres principales causas de la delincuencia responden así en esta misma encuesta del INEGI: el desempleo (48), la pobreza (46) y la droga (41). El único que está convencido de seguir por el mismo camino es el gobierno federal. Además, si estamos de acuerdo en las razones que expresan los expertos y los ciudadanos, hay que construir otras estrategias para atender el desempleo y la pobreza. Urge revisar el modelo económico que no permite crecer, ni crear empleos formales y bien retribuidos; es necesario reformular la política social, que no está conectada con la disminución estructural de la pobreza y la desigualdad; elaborar políticas de bienestar y crecimiento del mercado interno. En materia de consumo de drogas, no se ven políticas importantes de prevención, de salud pública, más allá de lo punitivo.
Es terrible ver la inercia de una autoridad que no escucha; es lamentable el resultado de la estrategia, y es preocupante que la brecha entre política y ciudadanos siga aumentando…
Investigador del CIESAS
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