José Antonio Crespo
La complejidad del fenómeno del narcotráfico, combinado con el sonoro fracaso de la actual estrategia de Felipe Calderón para enfrentarlo, parecen haber generado una absoluta confusión sobre el tema. Mientras el gobierno declara un triunfo que aún no deja ver sus resultados (será para el 2015, asegura Genaro García Luna), el embajador Carlos Pascual veía descalabros, descoordinación de las agencias de seguridad y problemas crecientes. Mientras Alejandro Poiré afirma que los cárteles de la droga se van debilitando, Barack Obama considera que se han fortalecido en estos años. Mientras Michele Leonhart, directora de la DEA, piensa que esta “es una guerra que podemos, que debemos ganar y que ganaremos”, su compatriota el subsecretario de Estado William Brownfield acepta que “nos equivocamos cuando se consideró que el problema del tráfico de drogas… únicamente tenía que ver con el cumplimiento de la ley y el enjuiciamiento… Han pasado 32 años, miles de millones de dólares y muchas estrategias, y podría decirles que no tuvimos razón, no le atinamos”.
Agrega que “en 1979 evaluamos que el narcotráfico y el uso de estupefacientes era como una cadena que empezaba con el cultivo y concluía con su distribución y venta final, y dijimos que si quitábamos un eslabón, toda la cadena se rompería… nos equivocamos… nuestro adversario simplemente encontrará la forma de darle la vuelta (al eslabón) y reemplazarlo”. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues además de enfocar el problema de una forma integral, se trataría de administrarlo para reducir los males derivados del tráfico mismo: “Si se reduce la actividad delictiva, ya habremos logrado algo” (7/abril/11). En otras palabras, una estrategia que tenga como consecuencia el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad no es la más adecuada.
Tenemos en frente la gran paradoja de los grandes países consumidores de droga que, sin embargo, no tienen ni de lejos una guerra como la nuestra (ni siquiera tienen guerra, pues). España, el mayor consumidor de droga en Europa, tiene, sin embargo, un altísimo nivel de seguridad. Australia tiene un consumo proporcionalmente semejante al de Estados Unidos, pero es uno de los países más seguros. ¿Es magia? No. Es una estrategia distinta que no pone en riesgo la paz social ni la seguridad pública; más con el uso de inteligencia y operaciones quirúrgicas que con el Ejército y los aparatos de seguridad volcados en las plazas y carreteras, disparando a lo que se mueva y exacerbando la violencia criminal. Obviamente, en el fracaso mexicano cuenta también el alto nivel de corrupción pública, la penetración del narco en las policías, el deficientísimo sistema de justicia. Y precisamente por ello, una estrategia como la que puso en marcha Calderón requería de muchos cambios institucionales previos.
Pero, pese al creciente reconocimiento estadounidense de que el modelo prevaleciente para enfrentar al narcotráfico (aplicable al sur del Río Bravo, desde luego) resultó un fracaso, Calderón insiste en que por ahí hay que seguir. Es obvio que en Estados Unidos están haciendo las cosas de otra manera, por ejemplo, al legalizar el uso terapéutico de la mariguana y el permiso a su cultivo.
Pero Calderón, en lugar de adecuarse a esos movimientos, pretende convencer a los norteamericanos de que su modelo de 1979 —y que William Brownfield reconoce como una equivocación— es el adecuado. Y por eso los convoca a regresar al esquema de prohibición total. Algo que difícilmente harán. Ya aprendieron con nuestra experiencia y nuestra sangre (y la colombiana). Coincido con Calderón cuando señala que “Deben impulsarse acciones que reduzcan sustancialmente el consumo de drogas y aborden las adicciones desde una perspectiva de salud, además de impulsar un cambio cultural que promueva el rechazo y la no aceptación de drogas”. Ese debía ser el eje, desde luego. Pero a eso casi no le dedicamos esfuerzo ni recursos. Pone como ejemplo el éxito que han tenido las campañas contra el tabaco mientras se exalta el prestigio social de la mariguana.
Pues precisamente por eso convendría más legalizar y emprender campañas contra el consumo de las drogas, lo mismo del tabaco que de la cocaína o cualquier otra. Es menos costoso en términos de violencia e inseguridad y muchos más eficaz para reducir y administrar el consumo. Según Mitofsky, la inseguridad ya es la principal preocupación ciudadana, por encima de la economía. ¿De verdad es mejor seguir en este torbellino de violencia, corrupción e inseguridad?
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
Agrega que “en 1979 evaluamos que el narcotráfico y el uso de estupefacientes era como una cadena que empezaba con el cultivo y concluía con su distribución y venta final, y dijimos que si quitábamos un eslabón, toda la cadena se rompería… nos equivocamos… nuestro adversario simplemente encontrará la forma de darle la vuelta (al eslabón) y reemplazarlo”. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues además de enfocar el problema de una forma integral, se trataría de administrarlo para reducir los males derivados del tráfico mismo: “Si se reduce la actividad delictiva, ya habremos logrado algo” (7/abril/11). En otras palabras, una estrategia que tenga como consecuencia el incremento de la actividad delictiva y la inseguridad no es la más adecuada.
Tenemos en frente la gran paradoja de los grandes países consumidores de droga que, sin embargo, no tienen ni de lejos una guerra como la nuestra (ni siquiera tienen guerra, pues). España, el mayor consumidor de droga en Europa, tiene, sin embargo, un altísimo nivel de seguridad. Australia tiene un consumo proporcionalmente semejante al de Estados Unidos, pero es uno de los países más seguros. ¿Es magia? No. Es una estrategia distinta que no pone en riesgo la paz social ni la seguridad pública; más con el uso de inteligencia y operaciones quirúrgicas que con el Ejército y los aparatos de seguridad volcados en las plazas y carreteras, disparando a lo que se mueva y exacerbando la violencia criminal. Obviamente, en el fracaso mexicano cuenta también el alto nivel de corrupción pública, la penetración del narco en las policías, el deficientísimo sistema de justicia. Y precisamente por ello, una estrategia como la que puso en marcha Calderón requería de muchos cambios institucionales previos.
Pero, pese al creciente reconocimiento estadounidense de que el modelo prevaleciente para enfrentar al narcotráfico (aplicable al sur del Río Bravo, desde luego) resultó un fracaso, Calderón insiste en que por ahí hay que seguir. Es obvio que en Estados Unidos están haciendo las cosas de otra manera, por ejemplo, al legalizar el uso terapéutico de la mariguana y el permiso a su cultivo.
Pero Calderón, en lugar de adecuarse a esos movimientos, pretende convencer a los norteamericanos de que su modelo de 1979 —y que William Brownfield reconoce como una equivocación— es el adecuado. Y por eso los convoca a regresar al esquema de prohibición total. Algo que difícilmente harán. Ya aprendieron con nuestra experiencia y nuestra sangre (y la colombiana). Coincido con Calderón cuando señala que “Deben impulsarse acciones que reduzcan sustancialmente el consumo de drogas y aborden las adicciones desde una perspectiva de salud, además de impulsar un cambio cultural que promueva el rechazo y la no aceptación de drogas”. Ese debía ser el eje, desde luego. Pero a eso casi no le dedicamos esfuerzo ni recursos. Pone como ejemplo el éxito que han tenido las campañas contra el tabaco mientras se exalta el prestigio social de la mariguana.
Pues precisamente por eso convendría más legalizar y emprender campañas contra el consumo de las drogas, lo mismo del tabaco que de la cocaína o cualquier otra. Es menos costoso en términos de violencia e inseguridad y muchos más eficaz para reducir y administrar el consumo. Según Mitofsky, la inseguridad ya es la principal preocupación ciudadana, por encima de la economía. ¿De verdad es mejor seguir en este torbellino de violencia, corrupción e inseguridad?
cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE
Alejandro Encinas Rodríguez
¡Queremos vivir en paz!
El homicidio de Juan Francisco Sicilia Ortega, y de los seis muchachos que lo acompañab
an, el pasado 28 de marzo, en el estado de Morelos, ha generado la indignación de decenas de miles de ciudadanos, quienes firmes se manifestaron con el grito contenido de todos los mexicanos: “Estamos hasta la madre de la inseguridad”.
A cuatro años de que Felipe Calderón declarara su guerra a los cárteles de la droga, el país se ha teñido de sangre: 35 mil personas han sido ejecutadas, de las cuales, de acuerdo con el Reporte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 994 han sido niños inocentes.
En 2010, las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico se incrementaron en 63%, al pasar de 9 mil 616 asesinatos cometidos en 2009 a 15 mil 273. Alrededor de 230 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, perdiendo su casa, su medio de vida y su derecho a vivir sin miedo.
Estimaciones de distintas organizaciones civiles establecen que en el país existen entre 30 mil y 40 mil niñas y niños huérfanos, de los que se desconoce su paradero, ya que ninguna autoridad atiende este problema. La categoría de menores más afectada por la lucha del crimen organizado son los adolescentes de entre 15 y 17 años.
Durante la lucha contra el crimen organizado se ha detenido a 4 mil 284 menores de 18 años. Se estima que en las actividades del crimen organizado participan alrededor de 30 mil niños y niñas involucrados en delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.
El reporte preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señala que en México existe un “patrón crónico de impunidad”, que la ausencia forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició esta guerra, alcanzando alrededor de 3 mil casos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta el aumento de las quejas relacionadas con este delito, al pasar de cuatro en 2006 a 77 en 2010, a lo que se suma el registro, de 2006 a la fecha, de 8 mil 898 personas muertas, que no han sido identificadas por las autoridades de procuración de justicia —80% de las cuales perecieron en hechos violentos—, y cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y/o ausentes.
La primera declaración de los Derechos del Hombre estableció el derecho de los pueblos para alcanzar dos preceptos intrínsecamente asociados: seguridad y felicidad. Derechos imprescriptibles e inalienables del ser humano, que deben ser garantizados por el Estado, responsable de la seguridad, la protección de la vida y del patrimonio de los ciudadanos.
Cuando Javier Sicilia dice “Estamos hasta la madre de los políticos porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, estamos hasta la madre de la corrupción de las instituciones, de la complicidad e impunidad con el crimen organizado”, acusa el fracaso del gobierno de Calderón y la incapacidad de las instituciones públicas para replantear la estrategia de seguridad que acerca al país a la ingobernabilidad.
Nada justifica la muerte de muchachos que desean vivir en libertad ni de ningún otro ciudadano, como efecto colateral de una guerra absurda que no puede estar por encima de los derechos de las personas. Con el grito de “Estamos hasta la madre”, el pueblo exige su derecho a vivir paz.
Aspirante por el PRD a la gubernatura en el Estado de México
an, el pasado 28 de marzo, en el estado de Morelos, ha generado la indignación de decenas de miles de ciudadanos, quienes firmes se manifestaron con el grito contenido de todos los mexicanos: “Estamos hasta la madre de la inseguridad”.A cuatro años de que Felipe Calderón declarara su guerra a los cárteles de la droga, el país se ha teñido de sangre: 35 mil personas han sido ejecutadas, de las cuales, de acuerdo con el Reporte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 994 han sido niños inocentes.
En 2010, las muertes violentas relacionadas con el narcotráfico se incrementaron en 63%, al pasar de 9 mil 616 asesinatos cometidos en 2009 a 15 mil 273. Alrededor de 230 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen, perdiendo su casa, su medio de vida y su derecho a vivir sin miedo.
Estimaciones de distintas organizaciones civiles establecen que en el país existen entre 30 mil y 40 mil niñas y niños huérfanos, de los que se desconoce su paradero, ya que ninguna autoridad atiende este problema. La categoría de menores más afectada por la lucha del crimen organizado son los adolescentes de entre 15 y 17 años.
Durante la lucha contra el crimen organizado se ha detenido a 4 mil 284 menores de 18 años. Se estima que en las actividades del crimen organizado participan alrededor de 30 mil niños y niñas involucrados en delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando y piratería.
El reporte preliminar del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señala que en México existe un “patrón crónico de impunidad”, que la ausencia forzada de personas es un delito que ha crecido desde que inició esta guerra, alcanzando alrededor de 3 mil casos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta el aumento de las quejas relacionadas con este delito, al pasar de cuatro en 2006 a 77 en 2010, a lo que se suma el registro, de 2006 a la fecha, de 8 mil 898 personas muertas, que no han sido identificadas por las autoridades de procuración de justicia —80% de las cuales perecieron en hechos violentos—, y cinco mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas y/o ausentes.
La primera declaración de los Derechos del Hombre estableció el derecho de los pueblos para alcanzar dos preceptos intrínsecamente asociados: seguridad y felicidad. Derechos imprescriptibles e inalienables del ser humano, que deben ser garantizados por el Estado, responsable de la seguridad, la protección de la vida y del patrimonio de los ciudadanos.
Cuando Javier Sicilia dice “Estamos hasta la madre de los políticos porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, estamos hasta la madre de la corrupción de las instituciones, de la complicidad e impunidad con el crimen organizado”, acusa el fracaso del gobierno de Calderón y la incapacidad de las instituciones públicas para replantear la estrategia de seguridad que acerca al país a la ingobernabilidad.
Nada justifica la muerte de muchachos que desean vivir en libertad ni de ningún otro ciudadano, como efecto colateral de una guerra absurda que no puede estar por encima de los derechos de las personas. Con el grito de “Estamos hasta la madre”, el pueblo exige su derecho a vivir paz.
Aspirante por el PRD a la gubernatura en el Estado de México
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