Intentando enfrentar a obreros con obreros el gobierno de Calderón montó una provocación contra el SME, buscando criminalizar su lucha por recuperar el empleo y revertir la privaticación de la CLyFC
Tomás Oropeza Berumen
A 18 meses de lucha los electricistas sufren de la provocación y la violencia del gobierno panista
Al cumplirse 18 meses de la resistencia electricista a la política antiobrera de Felipe Calderón, quien el once de octubre del 2009 violó la Constitución Mexicana al decretar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (ClyFC), despojando de sus empleos a 45 mil trabajadores que laboraban en esa para estatal, México vive una situación límite provocada por la política genocida del régimen de derechas tripartidista.
Una muestra de la tensión social que atraviesa al país es el confuso incidente ocurrido la mañana de este lunes en que un numeroso grupo de electricistas del SME se vieron envueltos en un enfrentamiento con empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supuestos miembros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), organismo apatronado que ha dado su apoyo incondicional al gobierno de Calderón y servido como esquirol para despojar al SME de su materia de trabajo.
Con un saldo de cuatro automóviles incendiados, decenas de golpeados y gaseados, varios detenidos por el cuerpo de granaderos del gobierno del DF, el SME inicio la jornada de lucha para recordarle a la sociedad que siguen en la calle sin que el gobierno, atienda sus demandas.
A lo largo de un año y medio los electricistas en resistencia se han caracterizado por mantener un movimiento pacífico a pesar de la injusticia que están sufriendo junto con sus familias. La violencia invariablemente ha partido del gobierno, desde el 11 de octubre del 2008, cuando mediante el uso del ejército fueron tomadas las instalaciones de la ClyF y lanzados al desempleo. Esa sí que es violencia de Estado.
Al momento de escribir esta nota hay once sindicalistas detenidos por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se desarrolla una intensa campaña en los medios electrónicos criminalizando la resistencia electricista.
No cabe duda de que el triunfo de la lucha que sostienen los 16 mil 599 sindicalistas que se han negado a aceptar la liquidación ofrecida por el gobierno y sostienen en alto sus demandas (creación de una empresa que sustituya a la desaparecida Luz y Fuerza del Centro que los re contrate como patrón sustituto; el pago de salarios caídos y libertad para sus presos políticos) depende de lo que ocurra en la palestra de la lucha de clases en el país durante los meses que vienen, de cómo evolucione la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo.
Los acontecimientos ocurridos en los días recientes anuncian que el escenario político del país se complicará porque el gobierno de Calderón no parece cansarse de repetir la misma cantaleta: que continuará aplicando en los años que le quedan (y más allá) la misma estrategia de “combate” a la llamada delincuencia organizada -impuesta por Estados Unidos- a pesar de que según las cifras oficiales la narcoguerra ha provocado más de 35 mil muertes de supuestos delincuentes, aunque a ciencia cierta se ignore la identidad de miles de ellos.
Las inusitadas manifestaciones de protesta contra la violencia que ha generado la militarización del país efectuadas el miércoles pasado en 24 ciudades de México y 8 del extranjero, parecen no preocupar a Calderón y a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quienes en la XVIII Conferencia Internacional de Combate contra las Drogas celebrado la semana pasada en Cancún, Quintana Roo, anunciaron que se prolongará durante varios años la aplicación de la estrategia actual cuyos resultados están a la vista por estos días en que se han descubierto 72 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde en agosto del año pasado se encontró una fosa clandestina con igual numero de cuerpos de emigrantes centro y sudamericanos asesinados por traficantes de personas (polleros).
El próximo miércoles vencerá el plazo que el movimiento civil contra la narcoguerra (nucleado en torno al movimiento No + sangre y el poeta Javier Sicilia) le dieron al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo y a Felipe Calderón para que presente a los culpables del asesinato de 7 personas ocurrido el 28 de marzo pasado, entre las que se encontró al joven Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor colaborador de La Jornada. De no hacerlo -se advirtió el miércoles pasado en las marchas y mítines- se realizar una marcha nacional en demandando la renuncia de Adame Castillo y de Calderón, así como la desmilitarización del país y el fin de la narcoguerra.
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