Sin
sanear la capacidad productiva del país, y particularmente la del
campo, el futuro se muestra muy incierto para los mexicanos. Esto se
desprende de los datos dados a conocer por el Banco de México
La
fuga de 131 reos del penal estatal de Piedras Negras, Coahuila, vino a
confirmar que “el crimen organizado se ha apoderado de los penales”,
como aseguró el obispo de Satillo, Raúl Vera. Tal es la realidad
prevaleciente en los 431 reclusorios del país, en los cuales privan el
autogobierno de los reos, la falta de recursos y una elevada
corrupción. Esta situación se agrava por el sobrecupo que tienen la
mayoría de ellos, a niveles que duplican y hasta triplican su
capacidad. De ahí que, como afirma la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), el sistema penitenciario nacional “es uno de los más
grandes lastres del país”.
Con todo, este fenómeno es sólo una de las consecuencias de la dramática descomposición del tejido social, cuyo eje principal está en la impunidad y la corrupción que caen como cascada en todos los ámbitos del territorio nacional. Mientras en las altas esferas del poder no se quiera entender que lo prioritario es atacar las causas de fondo de tan nefasta realidad, los problemas nacionales irán en aumento. Acabar con la criminalidad no es asunto de más represión policíaca, sino de un firme fortalecimiento del Estado de derecho.
Es muy preocupante que la cúpula de la clase política insista en que la solución a los grandes males del país está en las “reformas estructurales, particularmente la laboral”. Los hechos patentizan que las políticas públicas puestas en vigor desde hace tres décadas, son las que dañaron seriamente al Estado mexicano. Se puso un freno al desarrollo social que derivó en problemas mayúsculos, como el desempleo y el subempleo; el empobrecimiento masivo cada vez más acelerado; el adelgazamiento del mercado interno con daños enormes al aparato productivo nacional.
No modificar esta situación, con políticas públicas que fortalezcan a la sociedad en su conjunto, sólo habrá de ensanchar aún más la ruta hacia el abismo que se viene siguiendo desde los años ochenta. Es claro que así como vamos, por más cárceles que se construyeran no se podría resolver el problema de la delincuencia y mucho menos el de la violencia. Lo que urge corregir son las causas del gran deterioro del Estado, con reformas que fortalezcan la democracia y abran cauces a la justicia social, no echando más fuego a un incendio incontrolable.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), durante la actual administración federal aumentó la precarización del empleo a niveles alarmantes. En la actualidad, 90.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) percibe como máximo hasta cinco salarios mínimos, es decir sobrevive con apenas 3 mil 630 pesos al mes. La informalidad, de 2005 a 2012, aumentó de 28.1 por ciento a 29.3 por ciento, un incremento de 830 mil empleos informales sólo durante el año en curso. Obviamente, tal situación se refleja en una reducción del mercado interno que a su vez tiene efectos negativos en la productividad y competitividad del aparato productivo nacional. Puntualiza el Ceesp: “No sólo se trata de incrementar el número de plazas disponibles sino también su calidad, es decir, empleos que además de ofrecer mejores ingresos cuenten con seguridad social”. Sin embargo, con la reforma laboral se busca legalizar exactamente lo contrario: precarizar aún más el mercado de trabajo, incrementar la informalidad y crear más problemas sociales, que derivarían en mayores calamidades para la sociedad en su conjunto.
Sin sanear la capacidad productiva del país, y particularmente la del campo, el futuro se muestra muy incierto para los mexicanos. Esto se desprende de los datos dados a conocer por el Banco de México y el Inegi, respecto del aumento en la importación de alimentos en la última década. De 2011 a 2012 se destinaron más de 96 mil 500 millones de dólares exclusivamente a la compra de productos agropecuarios que antes se producían en México. Esta situación condujo a un mayor desequilibrio en la balanza comercial agropecuaria, al rebasar las importaciones en alrededor de 11 mil millones de dólares a las exportaciones. Es obvio que el rescate del campo se vuelve una prioridad inaplazable.
Sin embargo, como el “gobierno” encabezado por los salinistas no tomará en cuenta las necesidades del país, sino los objetivos de la oligarquía, es fácil augurar que los problemas nacionales se habrán de magnificar en poco tiempo. Entonces no sería suficiente la construcción de mil reclusorios en todo el territorio nacional, pues de inmediato sería rebasada su capacidad, toda vez que la delincuencia se incrementaría de manera exponencial. Y no porque lo quieran los miles de jóvenes que se ven forzados a enrolarse en las filas del crimen organizado, sino porque se ha llegado al extremo de que las bandas reclutan “soldados” al estilo de la dictadura porfirista. Están dadas las condiciones para ello, mientras no exista un verdadero Estado de derecho en México.
Con todo, este fenómeno es sólo una de las consecuencias de la dramática descomposición del tejido social, cuyo eje principal está en la impunidad y la corrupción que caen como cascada en todos los ámbitos del territorio nacional. Mientras en las altas esferas del poder no se quiera entender que lo prioritario es atacar las causas de fondo de tan nefasta realidad, los problemas nacionales irán en aumento. Acabar con la criminalidad no es asunto de más represión policíaca, sino de un firme fortalecimiento del Estado de derecho.
Es muy preocupante que la cúpula de la clase política insista en que la solución a los grandes males del país está en las “reformas estructurales, particularmente la laboral”. Los hechos patentizan que las políticas públicas puestas en vigor desde hace tres décadas, son las que dañaron seriamente al Estado mexicano. Se puso un freno al desarrollo social que derivó en problemas mayúsculos, como el desempleo y el subempleo; el empobrecimiento masivo cada vez más acelerado; el adelgazamiento del mercado interno con daños enormes al aparato productivo nacional.
No modificar esta situación, con políticas públicas que fortalezcan a la sociedad en su conjunto, sólo habrá de ensanchar aún más la ruta hacia el abismo que se viene siguiendo desde los años ochenta. Es claro que así como vamos, por más cárceles que se construyeran no se podría resolver el problema de la delincuencia y mucho menos el de la violencia. Lo que urge corregir son las causas del gran deterioro del Estado, con reformas que fortalezcan la democracia y abran cauces a la justicia social, no echando más fuego a un incendio incontrolable.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), durante la actual administración federal aumentó la precarización del empleo a niveles alarmantes. En la actualidad, 90.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) percibe como máximo hasta cinco salarios mínimos, es decir sobrevive con apenas 3 mil 630 pesos al mes. La informalidad, de 2005 a 2012, aumentó de 28.1 por ciento a 29.3 por ciento, un incremento de 830 mil empleos informales sólo durante el año en curso. Obviamente, tal situación se refleja en una reducción del mercado interno que a su vez tiene efectos negativos en la productividad y competitividad del aparato productivo nacional. Puntualiza el Ceesp: “No sólo se trata de incrementar el número de plazas disponibles sino también su calidad, es decir, empleos que además de ofrecer mejores ingresos cuenten con seguridad social”. Sin embargo, con la reforma laboral se busca legalizar exactamente lo contrario: precarizar aún más el mercado de trabajo, incrementar la informalidad y crear más problemas sociales, que derivarían en mayores calamidades para la sociedad en su conjunto.
Sin sanear la capacidad productiva del país, y particularmente la del campo, el futuro se muestra muy incierto para los mexicanos. Esto se desprende de los datos dados a conocer por el Banco de México y el Inegi, respecto del aumento en la importación de alimentos en la última década. De 2011 a 2012 se destinaron más de 96 mil 500 millones de dólares exclusivamente a la compra de productos agropecuarios que antes se producían en México. Esta situación condujo a un mayor desequilibrio en la balanza comercial agropecuaria, al rebasar las importaciones en alrededor de 11 mil millones de dólares a las exportaciones. Es obvio que el rescate del campo se vuelve una prioridad inaplazable.
Sin embargo, como el “gobierno” encabezado por los salinistas no tomará en cuenta las necesidades del país, sino los objetivos de la oligarquía, es fácil augurar que los problemas nacionales se habrán de magnificar en poco tiempo. Entonces no sería suficiente la construcción de mil reclusorios en todo el territorio nacional, pues de inmediato sería rebasada su capacidad, toda vez que la delincuencia se incrementaría de manera exponencial. Y no porque lo quieran los miles de jóvenes que se ven forzados a enrolarse en las filas del crimen organizado, sino porque se ha llegado al extremo de que las bandas reclutan “soldados” al estilo de la dictadura porfirista. Están dadas las condiciones para ello, mientras no exista un verdadero Estado de derecho en México.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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