El saldo de violencia que dejará la
administración de Felipe Calderón en México es siniestro: 90,000 homicidios,
300,000 desplazados y 5,000 desaparecidos.
Calderón, quien entregó este primero
de septiembre el VI Informe de Gobierno y dejará la silla presidencial el 1
diciembre próximo, ratificó que la estrategia policíaca/militar debe
continuar.
De su administración, Amnistía
Internacional (AI) entregó el 30 de agosto un informe, en el cual denunció que a
la violencia sistemática se suma una crisis económica que ha dejado 52 millones
de pobres, 34,000 asesinatos de mujeres, 3,000 desaparecidas y un crecimiento de
hasta 200 por ciento en las denuncias de violación a los derechos
humanos.
En el mismo tono evaluatorio a la
administración de la derecha tradicional mexicana, integrantes del Pacto por la
Vida y la Libertad de las Mujeres sostienen que continúan encarceladas al menos
30 mujeres por interrumpirse un embarazo.
En este sexenio, adicionalmente, se
reactivó la esterilización a mujeres en edad reproductiva. Sólo en Veracruz, en
una zona indígena denominada Zongolica, Semlac recogió numerosos testimonios
sobre esta práctica ejecutada en hospitales municipales, dependientes de la
Secretaría de Salud.
Ello lo ratificaron en entrevistas Armando Joel Trinidad, presidente municipal de Rafael Delgado, Veracruz, y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Guadalupe Romero.
Ello lo ratificaron en entrevistas Armando Joel Trinidad, presidente municipal de Rafael Delgado, Veracruz, y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Guadalupe Romero.
Mientras tanto, la organización La
Trenza de Oaxaca documentó, sólo en el último mes, 21 asesinatos de mujeres en
siete entidades del país y el Observatorio Nacional de Feminicidios denunció,
por primera vez en una década, que cientos de mexicanas emigraron a Estados
Unidos y Canadá ante la inoperancia del aparato de justicia nacional para frenar
la violencia familiar.
El informe de la oficina de AI, dado a conocer el 30 de agosto, sostiene que en México existe una crisis de derechos humanos, sólo comparable con un estado de facto o una situación de guerra. Pidió la inmediata ratificación del tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
El informe de la oficina de AI, dado a conocer el 30 de agosto, sostiene que en México existe una crisis de derechos humanos, sólo comparable con un estado de facto o una situación de guerra. Pidió la inmediata ratificación del tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Protesta callejera y
creciente
En la última semana de agosto, hubo
protestas en 22 ciudades del país, y AI colocó diversos muñecos frente a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llamar la atención sobre esta
crisis de derechos humanos y denunció que el gobierno de Calderón “responde a
los intereses de empresarios, ignorando a los ciudadanos y a las
víctimas”.
“Es la mayor crisis de derechos
humanos en México”, dijo a los medios de comunicación el coordinador de
movilización e impacto de AI, Daniel Zapico, quien recordó que de los 112
millones de mexicanos, 52 millones viven en situación de pobreza, según cifras
oficiales dadas a conocer en julio de 2011.
A las puertas de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), de la ciudad de México, el jueves
30, a 24 horas de conocerse el fallo del Tribunal Electoral que confirmó a
Enrique Peña Nieto como ganador de los comicios, un nutrido grupo estudiantil
llamó a desconocer ese resultado.
Los hechos del último mes
Los hechos del último mes
Con el asesinato de tres mujeres de
Oaxaca, a 209 kilómetros de la capital del estado, por sujetos desconocidos que
portaban armas de fuego, suman 54 los feminicidios en 2012, mientras que aún no
entra en vigor la tipificación de feminicidio que hace 15 días aprobó la LXI
Legislatura de Oaxaca. Y otra mujer, Fidela Jarquín, de 38 años de edad, fue
asesinada a golpes en el distrito de Miahuatlán de Porfirio
Díaz.
La Procuraduría General de Justicia
del Estado de Morelos confirmó que dos fueron las mujeres asesinadas con armas
de alto poder el 25 de agosto. Eran estudiantes de preparatoria y enfermería,
con edades de 18 y 22 años, a cuyas muerte se suma la de una adolescente de 14
años, que fue ultimada el 27 por la mañana en una colonia al oriente de
Cuernavaca, llamada la ciudad de la eterna primavera.
En Guanajuato hallaron a una mujer
asesinada dentro de un inmueble. Su cadáver presentaba huellas de violencia y
fue localizado en un domicilio situado en la colonia Jacinto López,
perteneciente al municipio de Cortázar.
El 19 de agosto fueron asesinadas dos mujeres jóvenes en Nuevo León. Los hechos se registraron en el área metropolitana: una fue asesinada en Monterrey y otra más en San Pedro Garza García.
El 19 de agosto fueron asesinadas dos mujeres jóvenes en Nuevo León. Los hechos se registraron en el área metropolitana: una fue asesinada en Monterrey y otra más en San Pedro Garza García.
En el norteño estado de Coahuila,
fueron halladas cuatro mujeres estranguladas en Torreón. Las autoridades
policiales dijeron que los cadáveres presentaban signos de
tortura.
Este recuento incluye otras dos
asesinadas en agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua; tres en Guerrero, y en la
misma semana se denunció una creciente trata de niñas y niños en Chiapas.
Los grupos de mujeres han insistido en
los últimos meses en que se necesita una gran cruzada para reavivar los derechos
de esa parte de la población. La diputada Elena Tapia dijo a Semlac que la tarea
de las nuevas legisladoras, como ella, será crear en el Congreso un mecanismo de
vigilancia.
Candidata a presidir la Comisión de Equidad y Género, Tapia señaló que las leyes resultan inoperantes porque nadie toma en cuenta a las y los funcionarios públicos y escasea la protesta organizada debido a la pobreza, la desigualdad, el homicidio y las violaciones a los derechos laborales y humanos. Eso sostiene la impunidad, dijo, y nos da las peores cuentas en este sexenio.
Candidata a presidir la Comisión de Equidad y Género, Tapia señaló que las leyes resultan inoperantes porque nadie toma en cuenta a las y los funcionarios públicos y escasea la protesta organizada debido a la pobreza, la desigualdad, el homicidio y las violaciones a los derechos laborales y humanos. Eso sostiene la impunidad, dijo, y nos da las peores cuentas en este sexenio.
Por lo anterior, la exdiputada Teresa
Incháustigue, quien realizó la última investigación pormenorizada sobre los
homicidios femeninos, consideró que el delito debe ser de carácter federal y
bien tipificado, y que en la nueva legislatura debe continuar una comisión que
vigile e investigue, tomando en cuenta que en los últimos años se han expedido
decenas de leyes que en la práctica son inoperantes.
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