Pasar del presupuesto etiquetado a la transversalidad de género

CONTEXTO

Recursos deben acabar con desigualdad en todas las áreas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 17 sep 12 (CIMAC).- La 62 Legislatura de la Cámara de Diputados debe dejar atrás la etapa de los presupuestos etiquetados para las mujeres, para lograr que todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tenga un enfoque de género encaminado a cerrar la brecha de desigualdad entre los sexos.

La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, dijo a Cimacnoticias que ya existe el marco legal para que las y los diputados elaboren un presupuesto con perspectiva de género, el cual se presentará en diciembre próximo.

De la Peña indicó que la gestión de recursos etiquetados para el avance de las mujeres comenzó desde 1997 y fue hasta 2008 cuando en la Cámara baja se logró incluir el Anexo 9A que planteaba el financiamiento de diversas acciones para aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Posteriormente, el apartado fue nombrado Anexo 10 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y contiene acciones específicas para reducir la disparidad de género en ámbitos como salud, educación y economía.

El Anexo 10 también destina recursos a distintas dependencias para la capacitación de funcionarios para que apliquen la transversalidad de género en los programas federales y locales.

Angélica de la Peña indicó que “tomando en consideración un precepto de ley” que existe, la 62 Legislatura afronta el reto de pasar de los recursos etiquetados a un presupuesto con transversalidad de género.

Para que la asignación presupuestal a favor de las mujeres de todas las edades se traduzca en el bienestar de esta población es preciso que el ejercicio de los recursos se transparente y que las instituciones rindan cuentas.

Para vigilar su cumplimiento debe haber vigilancia institucional a través de la fiscalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero también de la academia y de las organizaciones civiles con la finalidad de garantizar que “el financiamiento sirva para la tarea que fue etiquetado”.

También es necesario que en la rendición de cuentas quede claro el impacto de los programas en la vida de las mexicanas, para verificar “si los dineros cumplieron el propósito de su etiquetación”.

Por ejemplo, en la disminución de la desigualdad en el acceso a la educación entre mujeres y hombres “tienen que señalar cuál es el avance: si la matrícula de las niñas es de 95 o 97 hasta alcanzar el 100 por ciento”.

La revisión de los resultados es tarea de la Cámara de Diputados; “los parlamentos están obligados a que lo etiquetado dé resultados positivos”, concluyó De la Peña.

En este sentido, Martha Lucía Micher, también diputada federal por el PRD, explicó a Cimacnoticias que esa labor es una responsabilidad constitucional de las y los integrantes de San Lázaro, por lo que ante la exigibilidad de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos “esperamos que (las instituciones) no oculten los datos, queremos que sean transparentes”.