Alberto Nájar
BBC Mundo, Ciudad de México
Es más
del doble del dinero que se asignó en 2008 al entonces presidente
electo de Estados Unidos, Barack Obama, quien tuvo recursos públicos
por US$5 millones para preparar su arribo a la Casa Blanca después de
ganar los comicios.
El
dinero que se destina al llamado proceso de transición gubernamental
causa polémica en México, pues aunque existen algunas reglas para
utilizar estos recursos, la decisión final corresponde al equipo del
presidente electo, le explica a BBC Mundo el periodista Daniel
Lizárraga, autor del libro "La corrupción azul".
Eso
provoca una amplia discrecionalidad en el manejo del presupuesto,
insiste. Los decretos para asignar recursos para el relevo presidencial
establecen que debe utilizarse para elaborar el plan de trabajo del
nuevo gobierno, así como para el pago de asesores, equipo y papelería
que se necesite.
Pero en términos reales,
para cumplir estas tareas, son los colaboradores del nuevo mandatario
quienes deciden a quién contratar, los servicios necesarios y el sueldo
asignado a sus empleados.
Es algo que no
sólo ocurre en la presidencia mexicana. Recientemente Juan Sabines,
gobernador de Chiapas, uno de los estados más pobres de México,
solicitó un presupuesto de US$384 millones para el cambio de gobierno
en su entidad.
La petición causó revuelo en
el país y al final fue rechazada. Sin embargo, es una muestra de las
costumbres políticas mexicanas.
"Yo le
llamo la dote del poder, pues quien gana tiene garantizada una bolsa de
millones de pesos para gastarla prácticamente en lo que quiere", afirma
el periodista.
Edecanes
La falta de controles específicos provoca una escasa supervisión de gastos en la transferencia gubernamental.
Un
ejemplo ocurrió hace seis años, cuando el equipo del entonces
presidente electo Felipe Calderón recibió unos US$10 millones para el
período de transición.
"Yo le llamo la dote del poder, pues quien gana tiene garantizada una bolsa de millones de pesos para gastarla prácticamente en lo que quiere"
Daniel Lizárraga, periodista mexicano y autor del libro "La Corrupción Azul"
De
estos recursos se gastaron cientos de miles de dólares en restaurantes,
estudios de imagen, renta de camionetas blindadas, tarjetas de negocio
y edecanes (mujeres jóvenes que atienden actos públicos), según
documentó Lizárraga en su libro.
Las
cuentas entregadas por estos servicios no fueron satisfactorias para la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo del Congreso
que fiscaliza el gasto de todo el gobierno mexicano, pues consideró que
no se relacionaban con el proceso de entrega y recepción de la
administración pública.
En su momento, la
Secretaría de Hacienda, responsable de entregar el dinero, dijo que los
gastos fueron justificados porque cumplieron con los requisitos
fiscales que establecen las leyes. Al final, las cuentas quedaron sin
aclarar.
Eso es parte del problema, apunta
Lizárraga. En términos generales existen tareas designadas por el
Congreso para un adecuado cambio de gobierno, pero la última definición
es discrecional. "¿Un estudio de imagen es necesario para la
transición? Yo digo que no, pero ellos deciden", afirma.
¿Transparencia?
El
equipo de Enrique Peña Nieto asegura que no cobrará salario por sus
servicios, ni tampoco rentará oficinas, camionetas blindadas ni
guardias especiales.
"Algunos tendremos que
poner de nuestros propios recursos", le dijo al diario Reforma el
vocero del presidente electo, Eduardo Sánchez.
De
hecho, la coordinadora de Derechos Humanos del equipo de Peña Nieto,
Claudia Ruiz Massieu, asegura que todos los gastos serán debidamente
informados. "Estamos comprometidos con la transparencia de los
recursos", asegura.
Algunas cuentas de la transición de Calderón en 2006 no resultaron satisfactorias.
Ahora
el equipo del mandatario electo dispone de tres meses para utilizar los
US$11,5 millones y, a diferencia de transiciones anteriores, existen
algunas normas para usar el dinero... Pero sólo en parte.
Las
Reglas de Operación del Fideicomiso de Transición 2012 del Banco del
Ejército (Banjercito), donde se depositaron los recursos, establece que
deberán usarse unos US$307.000 en gastos como renta de oficinas,
comunicación, comida y gastos de oficinas, entre otros.
Pero de los restantes US$11,2 millones no se conocen las condiciones para usarlos.
El
gubernamental Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos (IFAI) ordenó que todos los gastos y reglas del proceso de
transición fueran publicados en internet.
BBC
Mundo intentó consultar el contrato del Fideicomiso de Transición 2012,
que establece el destino completo del dinero para el actual relevo de
gobierno, pero el servidor de internet de Banjercito respondió que la
información no fue encontrada.
Tampoco fue
posible conocer las facultades del comité técnico que administra ese
Fideicomiso y que debe autorizar los gastos efectuados por el equipo de
Peña Nieto.
Conocer el balance final del
cambio de gobierno tardará algún tiempo. Según las leyes mexicanas, los
gastos del actual relevo presidencial forman parte del presupuesto
fiscal de 2012 que el Congreso podría revisar en 2013, si la mayoría de
los diputados lo decide.
Y si existen
irregularidades, legalmente el plazo para empezar su investigación
iniciará en febrero de 2014. Si la Auditoría Superior de la Federación
encuentra motivo para aplicar sanciones, el primer paso sería en 2015,
y los castigos finales, si se concretan, podrían aplicarse a partir de
2016.
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