Costos del espaldarazo a Robles

Utopía


Eduardo Ibarra Aguirre

El espaldarazo presidencial a Robles Berlanga no tuvo límites, pero tampoco el aconsejable tacto político en tiempos del Pacto por México: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar. Porque han empezado las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa (sic) y preocupa (sic) la política y las elecciones. Pero nosotros tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre”.
Y la respuesta al pronunciamiento hecho por Enrique Peña Nieto en Navenchauc, municipio de Zinacantán, Chiapas, llegó enseguida en la voz de Gustavo Madero: “No son críticas las que planteamos, sino una denuncia penal contra funcionarios (…) por el uso de programas sociales para beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Institucional”, aclaró el presidente de Acción Nacional.
Son funcionarios de Veracruz que, de acuerdo al material audiovisual divulgado el miércoles 17, estarían girando instrucciones sobre la manera de captar respaldo electoral para los abanderados del tricolor a partir de los programas sociales.
Los agarraron con las manos en la masa, pero el mexiquense hace un discurso como si despachara en el Palacio de Gobierno de Toluca, cuando gobernaba el estado de México y podía (casi) hacer y hasta deshacer sin una oposición vigorosa. Y allí están los resultados: un programa que suscitó la convergencia de las tres fuerzas políticas principales ahora colocado bajo la lupa, la otrora pareja sentimental del pillo Carlos Ahumada –nada menos que cuando presidía al Partido de la Revolución Democrática–, tendrá que comparecer ante el Senado a explicar qué está sucediendo con la Cruzada Nacional contra el Hambre, y Jesús Zambrano anuncia que los legisladores perredistas solicitarán juicio político contra la que también fue jefa de Gobierno del Distrito Federal por decisión de Cuauhtémoc Cárdenas, amén de que solicitará a los gobernadores no reunirse con la secretaria de Desarrollo Social y coordinadora del gabinete México Incluyente.
¿Pero qué necesidad? Salvo mejor información, queda claro que es la impertinencia de una frase presidencial la que desató esta oleada de juicios. Además de que con poco tacto para con su invitado especial, Luiz Inácio Lula da Silva, Peña lo involucró en el hecho. Por cierto, Rafael Cardona (Pedro Baroja del Excélsior de Regino Díaz Redondo) afirma que Lula cobró 500 mil dólares, mas no dice cuánto pagó la Presidencia o la Sedeso a Televisa, empresa de la que es muy buen comentarista, por transmitir durante más 90 minutos el acto con los indígenas pobres y la burocracia que vive de ellos.
Valga el ejemplo del alcalde de Zinacantán, José Sánchez, al que sorprendido preguntó el expresidente de Brasil: “Pero tú, ¿por qué tienes tanto oro en la boca?” (Miriam Castillo, en Milenio). También el de la tzotzil de 29 años, Estela Catalina Gómez, y sus cinco hijos que permanecieron en el acto “con un trago de café en el estómago” y comerán-cenarán hasta las 20 horas (Edgar Hernández, Reforma). ¿Cuántos millones de indígenas podrían desayunar, comer y cenar con lo derrochado allí?
El encuentro alejó al firmante como “testigo de honor” del Pacto por México y dos partidos, incluido el generador de la iniciativa pactista, a través de Nueva Izquierda y Jesús Ortega, jura Guadalupe Acosta. El control de daños por la inmadurez de Enrique Peña al defender con desparpajo a su colaboradora –funcionaria que no es experta en política social pero sí en sacar raja política de ella (Alfonso Zárate dixit)– es preciso que opere enseguida para que no se agreguen más eslabones a una cadena de desacuerdos en vísperas de elecciones locales.
Acuse de recibo
La británica Artículo 19 denuncia que recibió amenazas de muerte contra su director Darío Ramírez y el personal que labora en México. El mensaje anónimo refiere el trabajo de defensa de la libertad de expresión que esta organización realiza, así como “el acompañamiento a periodistas agredidos por ejercer su labor informativa”. El clima de violencia en contra de los colegas y los defensores de su trabajo, llevó a Ramírez a reconocer: “Tomamos con toda seriedad este incidente, nuestra prioridad es salvaguardar la integridad física de nuestro equipo, colaboradores y aliados”, y adelanta que pedirán al Estado medidas de protección…La Fundación para la Libertad de Expresión solicita a Rafael Moreno Valle “una investigación profunda, expedita” en el asesinato del periodista Alonso de la Colina Sordo, quien fue a vivir a la capital de Puebla “para huir de las amenazas a las que había sido sometido” en Guerrero”… También se hace eco de la denuncia realizada por Proceso en torno a las “amenazas a la integridad física y legal del periodista Jorge Carrasco Aráizaga y a la respuesta del gobierno de Veracruz”, porque “el ejercicio de la libertad de expresión está totalmente desprotegido” con Javier Duarte. “El asesinato de nueve periodistas, la desaparición de tres y la salida de una treintena de ellos en los últimos 30 meses, lo demuestran”.
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