Caso Patishtán: la justicia entre el derecho y la política

Magdalena Gómez

Vivimos paradojas que resultan dolorosas. Desde el movimiento de derechos humanos y las organizaciones de pueblos indígenas se ha luchado de manera incansable por lograr derechos que los acerquen al horizonte de la justicia y se han logrado victorias significativas en ese terreno. Han hecho uso de la política para ello y han dado la batalla jurídica para sustentar sus propuestas; sin embargo, una vez formalizadas, la política también opera en el ámbito judicial para utilizar el derecho según el contexto del caso que se trate. Aquello de que la justicia es ciega se desmiente una y otra vez, porque quienes claman justicia observan las incongruencias cotidianas en las resoluciones de quienes están facultados para aplicar derechos fundamentales. ¿Por qué en un caso plagado de acciones políticas de alto nivel, como fue el de la ciudadana francesa Florence Cassez, sí se aceptó la violación al debido proceso y se otorgó el amparo liso y llano a fin de que recobrara su libertad de inmediato, y a la vez, la misma sala de la SCJN consideró el pasado marzo sin importancia y trascendencia el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtán, cuya libertad es demandada dentro y fuera del país? Ciertamente no por un presidente de la república. ¿Eso hace la diferencia?

Por supuesto que me expongo a que me acusen de herejía y hasta de ignorancia jurídica, porque siempre hay argumentos técnicos para sustentar las decisiones o pretender hacerlo, negando telones de fondo político de parte de las y los juzgadores. Al parecer existe la preocupación en la Corte en este caso, no en otros como los que hemos referido, de abrir lo que llaman la caja de Pandora si aplican indiscriminadamente criterios como la presunción de inocencia. ( La Jornada, 15/3/13) Que tal caja exista ¿no es aún más grave?

Aplicaron en contra del profesor Patishtán las evidencias de que le han cerrado todas las puertas en otras instancias, como señaló su defensor Leonel Rivero que en el caso concreto se advierte que el solicitante ya había agotado todas las vías de impugnación contra la sentencia definitiva que lo mantiene privado de su libertad, e incluso también promovió reconocimiento de inocencia ante el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, el cual lo declaró infundado por resolución de 21 de enero de 2010 ( La Jornada, 7/3/13).

Y, sin embargo, nos pueden responder que también liberan indígenas por violaciones al debido proceso ¿sin intereses políticos?, como lo han hecho en el caso Acteal, cuya masacre no puede ser puesta en duda, sólo que los responsables intelectuales y ahora los materiales brillan por su ausencia. ¿Irrelevancia jurídica?

¿El caso Patishtán es político? Qué duda cabe y está muy ligado a su identidad que reivindica en todo momento: “Preso político de la Voz del Amate, adherente de la sexta del EZLN”.

Consciente de ello, el profesor tzotzil injustamente preso y sentenciado des de hace más de 12 años, acusado de homicidio, lesiones, robo calificado, daños y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, al conocer el rechazo de la Corte para abordar el recurso de reconocimiento de inocencia y la determinación de que el caso debe ser turnado al primer tribunal colegiado en Chiapas, comentó: Estamos gobernados por la injusticia. No obstante, ha hecho un reconocimiento a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar Lelo de Larrea, quienes argumentaron en favor de asumir su caso y les dirigió una carta nada técnica, dirían los tres ministros que votaron en contra: Aprovecho enviarles mis respetos y admiración por la decisión positiva que tuvieron en asumir su competencia de mi caso, asunto que traía como oportunidad de justicia para todo México. Admirables ministros, gracias, porque ustedes sí escucharon y no sólo oyeron la voz del reclamo de la justicia. Gracias, porque ustedes vieron las anomalías que existieron en mi proceso y no sólo miraron por mirar. Gracias porque ustedes pensaron antes de hablar y no hablaron antes de pensar como los demás. Gracias por la transparencia de justicia y no por la apariencia. Dios los bendiga (revista Proceso, 21/4/13). El tribunal en Chiapas en su momento recibirá nuevos documentos que impugnan las evidencias que formaron parte del supuesto fundamento de la condena, y la defensa buscará que se considere lo señalado en la Corte por los ministros que quedaron en minoría. Por lo demás, está en curso una amplísima campaña que respalda la petición de libertad al profesor Patishtán, tanto a escala comunitaria como en colectivos nacionales e internacionales. ¿Presión política? Sí, con la distinción ética de que se reivindica públicamente, porque no es posible esperar con los brazos cruzados y renunciar a la utopía de la justicia para lograr la libertad de Alberto Patishtán Gómez.

Editorial La Jornada 

Tras la denuncia penal formulada por la dirigencia de Acción Nacional contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Rosario Robles Berlanga, y contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los presuntos usos electorales de programas sociales, se han multiplicado los desencuentros entre los firmantes del Pacto por México. Aunque la gravedad de la denuncia llevó a la funcionaria a destituir de inmediato a siete funcionarios de Sedeso en Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto desestimó la acción panista como críticas y descalificaciones de aquellos a quienes ocupan y preocupan las elecciones (sic), respuesta desafortunada no sólo porque minimiza un problema real y conocido, que es el uso de los programas sociales para apuntalar electoralmente al partido de las autoridades en turno, sino porque pareció una exculpación, tan anticipada como improcedente, para los acusados.

La respuesta del presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, no se hizo esperar: tras deplorar las expresiones presidenciales anunció que dejaría de asistir a las reuniones del Pacto por México. Posteriormente, las coordinaciones panista y perredista en la Cámara de Diputados informaron que hoy presentarán una solicitud de juicio político contra Robles Berlanga.

Ciertamente, la actual administración federal no debería tomarse a la ligera los señalamientos sobre manejos electoreros en instrumentos de política social como Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre, así fuera porque, como se hizo evidente en la elección presidencial pasada –y como lo ha sido desde el sexenio salinista, en el cual se inventó el programa Solidaridad–, la inducción del voto mediante el reparto de dádivas ha sido una constante, practicada por el PRI, pero también por otros partidos, desde el poder o fuera de él, que distorsiona el ejercicio democrático y reduce los márgenes de legitimidad de las autoridades electas.

En lo inmediato, el episodio podría conducir a la desintegración del Pacto por México, acuerdo que sin duda aceitó el arranque de la administración peñista y ha dado soporte político a las reformas legales y constitucionales que ésta impulsa, pero cuyos alcances son nebulosos y ajenos a la institucionalidad. No es un programa de gobierno que trace lineamientos específicos para la acción de la administración federal, ni un convenio explícito para la conformación de un mayoría legislativa –ni siquiera en un abanico limitado de asuntos–, y las buenas intenciones enumeradas en él son tan vagas que no comprometen a los firmantes a algo en especial.

No deja de resultar sorprendente, en tal circunstancia, que el presidente nacional priísta, César Camacho Quiroz, exprese muestras de alarma ante la perspectiva de la desaparición del pacto referido: No es bueno que dejemos que la sangre llegue al río, dijo el dirigente tricolor, como si el fin del acuerdo fuera a dar pie a una guerra entre sus adherentes. Los hechos hacen pensar, por el contrario, que ante un eventual abandono del Pacto por México no pasaría nada: las agendas legislativas están definidas por los intereses y las posturas que recorren los asientos del Legislativo sin que las bancadas partidarias constituyan factores inamovibles de diferencia y contraste, como se ha visto en lo que se ha tramitado de las reformas peñistas.

Con o sin pacto, por último, es necesario que las instancias penal y legislativa esclarezcan en forma satisfactoria la presunta participación de funcionarios en manejos partidistas de los instrumentos de la Sedeso y, más allá de eso, que los integrantes de la clase política renuncien de una vez por todas, en forma explícita, comprometida y sincera, al uso de los recursos públicos –pertenezcan o no a los programas sociales– para inducir o comprar preferencias electorales entre los ciudadanos. Porque, en tanto no se establezca ese compromiso, la plena normalidad democrática seguirá siendo una reivindicación social insatisfecha.