México: Reforma del Estado (Parte IV - Final)

Gerardo Fernández Casanova
(especial para ARGENPRESS.info)


Concluyo la serie de propuestas de reforma del estado:

Partidos políticos.-

El régimen de los partidos políticos requiere de una reforma sustantiva para adecuarlos a la realidad actual; más aún si procediera una reforma al poder legislativo como la propuesta en los artículos anteriores. El régimen vigente cumplió con eficacia el objetivo de terminar la hegemonía de un solo partido y de propiciar la competencia electoral. Pero una vez lograda tal finalidad, la permanencia del régimen hace incurrir en perjuicios que lo alejan de la posibilidad de ser vehículos eficaces de la participación social en los asuntos públicos y del procesamiento de los conflictos propios del quehacer político. Los dos aspectos clave del régimen vigente son el financiamiento fiscal y las restricciones al registro de nuevos partidos; el primero permitió superar la superioridad de recursos disponibles por el PRI, en tanto que el segundo procuró la concentración de opciones políticas en tres grandes partidos para evitar la dispersión de la voluntad electoral.

El financiamiento fiscal a los partidos, además de representar un elevado costo para el erario, produjo el efecto nocivo de desvirtuar la actividad política partidista; el debate de las ideas tuvo que ceder paso a la lucha por el presupuesto y su distribución entre los grupos de poder interno; se confunde la lucha social con la lucha por el puesto asalariado. Incluso hay partidos registrados que operan como empresas familiares, con cargo al fisco. Esto mismo hace que se registre una tendencia que obstaculiza una mayor participación de membrecía. El financiamiento fiscal, en todo caso, tendría que limitarse al soporte de gastos de campaña electoral y eliminar el subsidio al gasto corriente. Además de que el propio gasto de campaña debería reducirse al mínimo y prohibir las prácticas onerosas de espectaculares y pendones, así como la de los obsequios utilitarios que sólo disfrazan la compra de votos. Por otro lado, ante el argumento de que el financiamiento evita el ingreso de dinero sucio a las campañas, la respuesta la ofrece la realidad vivida en los últimos años marcada por la presencia de dinero ilegítimo adicional, y aún mayor, al de origen fiscal; el dinero sucio y, en general el exceso en los gastos de campaña, tendrá que combatirse con la aplicación estricta de la ley que lo prohíbe, perfeccionándola.

En cuanto a los requisitos para el registro de nuevos partidos, se propone que se reduzcan al mínimo, a condición de que procedan las propuestas de la elección de la totalidad de los diputados por la vía de la representación proporcional y de eliminación del financiamiento fiscal; esto dejaría en poder del electorado la definición del peso relativo de las diferentes corrientes que hoy coexisten a la fuerza dentro de los partidos. La ley procuraría evitar la formación de alianzas para la elección de diputados, sin demérito de la posibilidad de alianzas en el ejercicio legislativo. En cambio tendría que ofrecer todas las facilidades para las alianzas electorales para los cargos de presidente, gobernadores y alcaldes, así como la segunda vuelta electoral. De esta forma se lograría un estímulo a la mayor participación ciudadana y se salvarían los perjuicios de una dispersión electoral.

Consejo del Instituto Federal Electoral.-

En su concepción original el IFE debiera ser dirigido por ciudadanos ajenos a los partidos y al gobierno. El hecho de que su nombramiento corresponda a la Cámara de Diputados hace que tal designación se vea afectada por las cuotas de poder de los partidos en dicha cámara. Se propone que se haga el nombramiento por insaculación de entre una lista de candidatos propuestos por organismos de la sociedad civil debidamente autorizados, como pueden ser las instituciones de educación superior, los colegios de profesionales y otras organizaciones civiles.

Epílogo.-

Las propuestas aquí vertidas en las últimas cuatro entregas se formulan sin más ánimo que el de dotar de una mayor funcionalidad al sistema político, sin cálculo alguno de si benefician o perjudican a tal o cual partido. Me queda claro que afectan a intereses de todos los partidos y que difícilmente sería aprobada por las cámaras. Sólo la sociedad organizada podrá impulsar su gestión. Agradezco la atención prestada.

Ver también:
- México: Reforma del Estado (I)
- México: Reforma del Estado (II)
- México: Reforma del Estado (III)

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