Elba
Nuñez es coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), una de las
organizaciones de mujeres más potentes de América Latina. En esta
entrevista brinda un panorama de la situación de los derechos humanos
de las mujeres en la región y los desafíos que hay por delante. Observa
un avance de los fundamentalismos que limitan que las mujeres puedan
acceder a los derechos internacionalmente reconocidos y pone el acento
en los derechos sexuales y reproductivos con vistas a El Cairo + 20, el
proceso de revisión de la Conferencia de El Cairo que se realizará en el 2014.
COMUNICAR IGUALDAD- Durante el mes de mayo se realizó en México el seminario internacional Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres,
en el que las integrantes de Comité de América Latina y el Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y de otras
organizaciones de América Latina analizaron qué sucedió en los últimos
años en la región en relación a los derechos humanos de las mujeres y
cuáles son los desafíos para el futuro.
Elba Nuñez, abogada de Paraguay, es actualmente la coordinadora regional de CLADEM. En una visita reciente a la Argentina nos relató los resultados del encuentro de México y analizó la agenda de género de la región.
-¿Cuáles fueron los objetivos del encuentro realizado en México y cuáles los resultados?
- Hicimos una evaluación de la incidencia de nuestra red y una
valoración del desafío de que los estados cumplan con los derechos
humanos de las mujeres. Nos propusimos analizar cuales habían sido las
estrategias de acción que habíamos puesto en juego desde CLADEM, en
alianza con otras organizaciones de la región, para exigir el
cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido
se trató del cierre de un proceso de tres años, que abarcó dos
campañas: la de educación no sexista y antidiscriminatoria y la de
deudas pendientes de los derechos humanos de las mujeres.
- ¿A qué conclusiones llegaron?
-Tuvimos algunos resultados interesantes,
como alguna resolución o dictamen favorable por parte de los
ministerios sobre educación no sexista, o la publicación de guías sobre
el tema. Pero vemos también una fuerte influencia fundamentalista
que en la práctica hace que las políticas públicas no lleguen a remover
los obstáculos y se reproducen prácticas sexistas. En Paraguay, por
ejemplo, había una resolución ministerial del gobierno de Lugo –apoyada
por muchos sectores de la sociedad- que significaba un marco rector en
educación sexual y estaba siendo implementada, pero por presión de
sectores fundamentalistas se dejó sin efecto de la noche a la mañana. Y
esto no se ha podido revertir hasta la fecha.
El tema llegó a estar
presente en las homilías y en los medios, se denunciaba que los padres
perderían la patria potestad, que se desnaturalizaban los roles de
género y que la libertad sobre el cuerpo era una forma de incentivar el
aborto.
- ¿Y en relación a la segunda campaña de derechos no cumplidos?
-Esa campaña nos la planteamos frente a todo el retroceso en derechos sexuales y reproductivos que observábamos:
la anticoncepción de emergencia en Honduras, el aborto terapéutico en
Nicaragua. Sistematizamos la jurisprudencia existente y observamos que
los comités que monitorean los tratados de Naciones Unidas –el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos; el de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para la Mujer
(CEDAW), y el de Discriminación Racial- habían hecho reiteradas
observaciones a casi todos los estados de la región por el
incumplimiento de deudas en violencia contra las mujeres.
-Las nuevas leyes de violencia, las llamadas de segunda generación, ¿no mejoraron el abordaje de la problemática en la región?
-Hay 7 países que tienen leyes integrales de violencia que están
mejorando el marco legislativo, pero hay una ausencia de políticas
públicas integrales, con presupuestos adecuados y generación de
estadísticas. El otro tema
que aparecía como un derecho incumplido tenía que ver con los derechos
sexuales y reproductivos y las altas tasas de mortalidad materna.
Las indicaciones de los comités de Naciones Unidas a muchas naciones
como Brasil, Paraguay y Argentina sobre este tema era que debían
revisar la legislación punitiva sobre aborto. Nos propusimos con la
campaña incidir en los tres poderes del estado: el sistema de justicia
en algunos países es de los que menos ha sido permeado por los temas de
género. Y también nos propusimos una estrategia de medios, un tema
sobre el que tenemos que seguir trabajando.
-¿Qué objetivos y desafíos se plantearon a futuro?
- Lo primero que se planteó es cómo mantenemos lo que hemos conquistado frente al avance de los fundamentalismos económicos y religiosos.
Hay aun enormes brechas salariales, procesos de migración feroces,
leyes durísimas de flexibilización laboral que afectan la vida de las
mujeres. Y veíamos que existen ciertas oportunidades que también pueden ser riesgos:
hay procesos de reforma de los códigos penales en Brasil, Argentina y
República Dominicana y observamos que hay una tendencia a bajar las
penas en delitos de violencia sexual, de tal forma que sean
excarcelables, y a la vez el pedido de más pruebas para la conformación
del tipo penal. Por otra parte, está siempre la apuesta por la
despenalización del aborto.
- ¿Cómo analizan la expansión en la región de leyes que penalizan el feminicidio?
-Creemos que es una respuesta rápida, fácil y barata que no evita
las muertes. Yen América Latina está demostrado que el sistema penal y
el penitenciario son de extrema pobreza. ¿Cuanto invierte el estado en
ellos? Hemos visto que incluso son los propios estados quienes impulsan
estas leyes. Creemos que tiene que ver con sacarse de encima fácilmente
el tema de la violencia. Y en los países en los que ha sido tipificado
no hemos visto que hayan disminuido las muertes, es decir que no operó la sanción ejemplificadora. Creemos que esto tiene que ver con que la apuesta central debe ser en términos de prevención.
-¿Cuáles son hoy los temas prioritarios de la agenda de género de la región?
- Lo primero que aparecen son los derechos sexuales y reproductivos. Se hará en el 2014 El Cario + 20, donde se revisará la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, y hay un enorme riesgo de retroceder. Hay que pensar que durante la reciente 57º sesión de la Comisión Jurídicala Mujer ,
en marzo de este año en Nueva York, hubo mucha resistencia por parte de
varios países a aprobar la declaración final y se cuestionó “reafirmar”
la Plataforma de Acción de El Cairo y la de Beijing. En este sentido, estamos trabajando en una estrategia Cairo + 20
que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil de la región:
mapeamos la situación de cada estado, cuánto se avanzó en el marco
legislativo, en políticas públicas y en núcleos duros como la
mortalidad materna.
Este tema fue un fracaso dentro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, fue la crónica de una muerte anunciada, se
sabía que no se llegaba. El segundo tema de la agenda es la violencia
contra las mujeres: hacer acciones de incidencia, monitorear a los
estados, litigar, pero sobre todo exigir las deudas pendientes:
estadísticas; adecuar en todos los países la normativa a Belém do Pará,
que las leyes sean integrales, las solo punitivas no colaboran;
políticas públicas integrales y presupuestos adecuados.
Y hay urgencias: evitar que sigan muriendo las mujeres, ni una muerta más. Y el tercer tema sería cómo hacemos en general para que las leyes se apliquen y se expresen en políticas públicas con presupuestos adecuados.
Creemos que si los estados de la región no se hacen cargo de estas
deudas, no garantizan un estado de derecho, no son totalmente
democráticos y la calidad de su democracia esta en duda.
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