La justicia laboral de embudo

A la memoria de Arnaldo Córdova

Manuel Fuentes 

Guanajuato, Gto.  Aquí en esta ciudad mágica de túneles, construcciones medievales y arte barroco, se reunieron los días 29 y 30 de junio funcionarios laborales responsables de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de todo el país, que está por demás decirlo, desbordan de trabajo y soportan una importante carencia de recursos económicos para atender las decenas de miles de casos que se les presentan.

El encuentro se dio con motivo de la Conferencia Nacional de Juntas de Conciliación y Arbitraje en la que también estuvieron presentes representantes obrero patronales, académicos y abogados postulantes para analizar las repercusiones de la reforma laboral, de la nueva ley de amparo, de la figura del outsourcing, el trabajo infantil, la seguridad social, el registro sindical, las pruebas digitales y el arbitraje en la huelga, entre otros temas.

La verdad me sorprendió la apertura con la que se discutieron estos problemas por parte de los conferencistas y de quienes participaron en ellas.  Lo mismo se hablaba de la crisis que enfrentan esas instancias laborales como de corrupción y distintas interpretaciones legales que afectan la eficacia de la justicia laboral.

Durante el foro laboral tuve una discusión muy interesante con los abogados patronales Tomás Natividad y Carlos Deuchler sobre si las empresas tienen derecho a solicitar el arbitraje en una huelga para terminarla.  No estuve de acuerdo con esa postura por ser la huelga un derecho exclusivo de los trabajadores, que de aprobarse una medida así, su propósito sería negativo para los huelguistas, porque los patrones tendrían derecho a negarse acatar un laudo logrando la separación de los operarios.  Advertí que la huelga es cuestionada a conveniencia de los empresarios: cuando la usan para eludir deudas con sus acreedores se quedan callados y cuando los trabajadores la ejercen para reclamar mejores condiciones de trabajo hacen lo posible para terminarla por cualquier medio.

También pude presenciar la intervención de los representantes obrero-patronales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje quienes cuestionaron la falta de capacitación para el desarrollo de su trabajo y el pago de salarios ínfimos por su labor. Decían: –se nos acusa de no estar presentes en toda la jornada pero nuestros ingresos no son siquiera similares a los que perciben los trabajadores del último rango.

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje que se encuentran en los estados de la República y en el Distrito Federal están sujetas a raquíticos presupuestos.  Hay lugares donde abastecen con dificultad las hojas de papel para el trabajo diario, no se diga ausencia de computadoras, archivos adecuados o instalaciones dignas.

Las percepciones económicas de los servidores públicos ya sea actuarios, archivistas, mecanógrafas, secretarios de acuerdos, auxiliares o presidentes de juntas de conciliación y arbitraje son muy variables y con salarios ínfimos.

Esta carencia de recursos finalmente la pagan los trabajadores quienes tienen que esperar años para obtener una respuesta no siempre favorable a sus intereses.  Los juicios pueden tardar de 7 a 10 años pero hay hasta de 20 años en espera de una solución.

Recientemente se han empezado a crear las llamadas Salas Laborales buscando resolver los juicios en el corto plazo.  Pero se han cuestionado su existencia por convertirse en embudos en la aplicación de justicia y ser un medio para criminalizar la actividad de los abogados postulantes.  En Chihuahua donde inició está experiencia hay ya 80 denuncias penales en contra de trabajadores y abogados postulantes. Las grabaciones que se usan en esos tribunales son usadas para turnarlas al ministerio público ante cualquier contradicción de los participantes en esas audiencias.

Sin embargo no se sanciona penalmente a los empresarios que obligan a los trabajadores a firmar hojas en blanco como condición para ingresar a laborar o a quienes falsean salarios ante el IMSS para pagar cotizaciones más bajas.  Se aplican dos varas de justicia, una grande y otra pequeña. La grande para los que tienen menos recursos y la otra, ni siquiera la usan.

Esta semana se acaban de inaugurar salas laborales en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal las cuales tienen por objeto atender a grupos vulnerables: mujeres, menores, discapacitados y homosexuales. Es previsible atiendan dos casos diarios para resolverse el mismo día en que se trate el caso. Cabe mencionar que este tipo de resoluciones inmediatas se emplean hace varios años en los casos de muerte de los trabajadores para la designación de sus beneficiarios.

El propósito parece positivo pero insuficiente ante el cuantioso número de demandantes que rebasa los 90 mil únicamente en el Distrito Federal en materia local, pero se requiere de mayor presupuesto.  Esperaremos resultados.

En materia federal el número de demandas es apabullante.  En el último informe que rindió en noviembre de 2013 Diódoro Siller Argüello titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 395 mil 969 expedientes en trámite.  El funcionario ya anunció la instalación de Salas Laborales en Parral, Chihuahua para replicar esas experiencias como en otros lugares.

Estas medidas de nuestros gobernantes son todavía insuficientes por el abandono de muchos años de la justicia laboral atrapada ahora en la inmensidad del tiempo.

mfuentesmz@yahoo.com.mx

@Manuel_FuentesM