Por Ricardo Monreal Ávila
adnpolitico.com
En el caso de la diputada del PRD Purificación Carpinteyro, habrá que distinguir entre un “conflicto de interés” y los intereses en conflicto que hay detrás del affaire de la semana.
“Conflicto
de interés” en sentido literal del término no lo hay porque el negocio
imaginado y proyectado no existe, es una condición futura de
realización incierta, y la legislación en la materia sólo conoce de
hechos consumados, no de intenciones futuras, por más aviesas que sean.
Más
bien hay grandes intereses en conflicto que, como lo señaló la propia
legisladora, aprovecharon un error para cerrarle el micrófono a una voz
crítica de lo que está sucediendo en el sector de las
telecomunicaciones en el país, donde los tiburones se están peleando el
océano.
Esa conversación (obtenida de manera ilegal, pero
legitimada en su uso por el TSJM o Tribunal Sumario de Justicia
Mediática) revela también un “interés en conflicto” muy común en los
parlamentos. Un legislador no debe promover una ley de observancia
general para intentar obtener un beneficio particular.
Esta
restricción genérica se vuelve más aguda cuando el representante
legislativo proviene del sector de la izquierda, donde la norma de
conducción es muy clara sobre la separación entre servicio público y
negocio privado.
La jurisprudencia política al respecto fue
expuesta recientemente por el presidente de Uruguay, José Mujica: “La
política no es un negocio ni un pasatiempo, es una pasión movida por el
sueño de un futuro social mejor; a los que les guste la plata, bien
lejos de la política”.
La diputada Carpinteyro
ha tomado la mejor decisión para superar este interés personal que
entró en conflicto con su función pública: excusarse de seguir
participando en lo que resta del proceso legislativo. Esto le impedirá
debatir y votar en su momento como legisladora, pero como experta en
telecomunicaciones mantiene a salvo su derecho a seguir informando,
denunciando y cuestionando las trampas y gazapos que traiga consigo la
legislación de aprobación inminente.
En otras palabras, por
decisión propia, la diputada quedará impedida para votar, pero no para
informar. Hoy más que antes tiene la libertad y la obligación de
hacerlo. Le habrán apagado el tablero electrónico de votación, pero no
el micrófono para seguir informando, opinando y denunciando.
Por lo pronto, excusarse del proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecom sienta un precedente importante.
¿Cuántos
legisladores estarían con la misma disposición de excusarse si a su
escritorio llega una iniciativa para tasar las ganancias de la bolsa de
valores, para bajar las comisiones de los bancos, para reconocer a los
extranjeros las propiedades adquiridas en costas y franjas fronterizas,
para privatizar la producción petrolera o para modificar el criterio de
preponderancia y propiedad cruzada en la ley telecom?
¿Son las
telecomunicaciones el único sector donde algunos diputados y senadores
tienen un explícito conflicto de interés o implícitos intereses en
conflicto?
¿Es el Legislativo el único poder donde los
integrantes deberían excusarse de conocer asuntos públicos con ribetes
de interés personal?
Sería de tal magnitud el número de
servidores públicos impedidos de seguir en sus funciones, que en muchas
oficinas públicas en lugar de escritorios y ventanillas existirían
excusados.
Que el affaire de la diputada Carpinteyro no
quede en un trance personal; que sirva de pauta para secar de una vez
por todas esa gran laguna de corrupción y tentación que es la ausencia
de una legislación explícita, clara y contundente para acabar con los
“conflictos de interés” y los intereses en conflicto.
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