Se
suponía que esta semana que terminó se iban a llevar las leyes, o
fragmentos de las mismas, que faltan para la legislación energética.
Bueno, esto no debía preocuparnos, pues ha pasado ya muchas veces desde
la segunda mitad del año pasado. Y tampoco es nada positivo lo que hay
ahí como para que lo apuremos.
Nos basamos en cosas publicadas del domingo pasado a la fecha en
diferentes medios. Se insiste en que se crea un régimen de excepción en
el que se legaliza el despojo de tierras ejidales, comunales o privadas
en las que haya (o se suponga que haya) petróleo, gas o se quiera
construir instalaciones eléctricas.
Se publica que en los artículos 41 y 42 de la Ley de Hidrocarburos,
ya acordados por PRI y PAN, se faculta al Presidente de la República
para establecer áreas para estos usos. Se supone que el o los dueños
del terreno deberán primero negociar con quienes van a sacar petróleo y
demás los términos cómo se va a dar el terreno.
Hemos mencionado hechos muy crudos que muestran la prioridad de
trasnacionales para generar energía; por ejemplo, con la extracción
mediante fractura hidráulica (fracking) en nueve municipios
de Nuevo León, por las empresas Halliburton y Schlumberger, generando
temblores y produciendo cuarteaduras en por lo menos 45 viviendas.
Mencionamos que está prohibida esta tecnología en más de 20 países y en
tres estados importantes de Estados Unidos, y que sin embargo se da
preferencia a las trasnacionales destructoras sobre la necesidad de la
población del agua para beber, bañarse, regar la tierra, etcétera.
También reseñamos un ejemplo, en Chiapas, de una reunión de 500
delegados de origen indígena, ejidal y popular, contra la privatización
y en defensa de la tierra de los sectores en cuestión, pues se
consideran los sectores ya aprobados, y los que han sido presentados
para su aprobación prevén la posibilidad de arrebatar a los sectores
populares su agua y su tierra.
Es
importante tener presente lo que suceda la próxima semana, así como lo
que siga, y difundirlo y rechazarlo como se pueda. Ya se han dado
indicios sobre la clase de leyes y normas que van a querer imponer.
Presentamos ahora informes tomados de diferentes organismos de prensa, sobre este tema.
GE Oil & Gas firmó un contrato con Pemex para suministrar
equipos de superficie vital, en el campo de crudo de Ayatsil, en la
sonda de Campeche.
El régimen de excepción se completa, ya que dejan de operar las
leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de
Adquisiciones, la de Obras y la de Entidades Paraestatales; Pemex y CFE
dejan de ser empresas públicas, propiedad del gobierno.
La promesa de que la producción aumentará a tres millones de barriles de petróleo diarios para 2018 fue considerada
irrealpor un análisis del Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford.
El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen apoyará a
negocios defraudados por la empresa Oceanografía por una deuda de 70
millones de pesos; se trata de 40 pequeñas empresas proveedoras de
diversos servicios, afiliadas al consejo.
Legitimación del despojo (Resumen de La Jornada):
En un proceso legislativo cuestionado por una parte de la oposición,
los senadores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción
Nacional han comenzado la aprobación de las leyes secundarias en
materia energética enviadas por el Ejecutivo al Congreso.
En este primer paquete de normas, de acuerdo con críticos y
especialistas, se estaría avanzando en el desmembramiento de la CFE, el
despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras
y la privatización del agua.
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