… Yo siempre he dicho que así como se llevaron a mis compañeros, es así
como los quiero de regreso conmigo. Se los llevaron vivos, sin golpes,
todos estaban bien, y así es como los quiero de vuelta conmigo. Así es
como los quiero de regreso aquí en la Normal. ¿Cómo es posible que los
policías municipales hayan hecho semejante atrocidad, si es que así
fue? Yo sinceramente me niego a creer eso, así lo digo, esas 30
osamentas, esos 30 cadáveres, esos 30 cuerpos que encontraron en esas
fosas no son mis compañeros. Así es como lo quiero creer. Espero y
confío en Dios en que mis compañeros estén bien y que regresen. Aquí es
una Normal que, afortunadamente para nosotros, hijos de familias de
escasos recursos, cuenta con un internado. Aquí, gracias a Dios se nos
da almuerzo, la comida y la cena. Nos ayudan con los materiales, el
uniforme, las inscripciones, eso no se cobra. Incluso el examen para
venir a sacar ficha no se cobra. Me gustaría tocar un escrito que está
en la entrada, que dice: “Bienvenidos a Ayotzinapa, cuna de la
conciencia social”. En esta Normal, de las nueve del estado de
Guerrero, es la única donde te brindan una orientación
política-ideológica. Te despiertan. Van más allá, no se quedan
simplemente con los planes y programas de la Secretaría de Educación,
uno va más a fondo. Se ven cosas como marxismo-leninismo. Esta escuela
pertenece a la fecsm, la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México. En pocas palabras, creemos que se puede lograr
algo mejor. El gobierno sabe que aquí se despierta la conciencia de las
personas, y no le conviene. Entre la gente esté más dormida, pues para
ellos mejor. Si un patrón te dice, oye tú, ve y lávame mi carro, y tú
no le dices nada, y vas y lo lavas pero nunca cuestionas, eso es lo que
quiere el gobierno, que nunca lo cuestionemos.
Ernesto, integrante de la Casa
Activista de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Introducción
Desde su regreso a su gira por Asia y Australia, el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, ha realizado diversas advertencias contra
las movilizaciones “violentas” en apoyo a los familiares de los
asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa que transgreden el Estado de
derecho y el “proyecto de nación” que él encabeza. A su costado lo ha
flanqueado el orden institucional: el Secretario de Gobernación, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Secretario de la Defensa
Nacional, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados – e
incluso el perro de Pavlov de Mancera–.
En este contexto,
estas advertencias dejan al descubierto, por tanto, la nueva estrategia
del Estado y el bloque en el poder de México: la represión abierta y
puntual a los grupos que están impulsando las movilizaciones en el
D.F., Guerreo y los demás Estados. Esto es así puesto que la crisis de
gobernabilidad y legitimidad que sufre el Estado mexicano en esta
coyuntura se ha profundizado con la presión social ejercida por las
movilizaciones sociales, el fracaso gubernamental de las diversas
estrategias de reducir el caso de Ayotzinapa a un asunto del crimen
organizado y de involucrar a los normalistas con éste, la presión
internacional, la crisis de gobernabilidad y legitimidad en la que ha
caído el Estado –que no permite generar un consenso al interior de la
sociedad–.
Sin embargo, el Estado se ha visto obligado a
diseñar y realizar esta nueva estrategia principalmente por la presión
que ha ejercido el bloque en el poder en México, es decir, las
fracciones dominantes de las burguesías nacional y extranjera
atrincheradas en el Consejo Coordinador Empresarial. Su postura es
clara: impedir que las movilizaciones en favor de Ayotzinapa
profundicen la crisis política y social que impida la concretización de
las reformas estructurales, pues dejarían de percibir miles de millones
de dólares de ganancias. De ahí el urgente llamado a preservar el orden
social, la propiedad de “terceros” y el Estado de Derecho.
De
este modo, ante esta nueva estrategia del Estado y el bloque en el
poder, las luchas sociales y populares inmersas en esta coyuntura
necesitamos enfatizar: no hay mayor crimen organizado que azote a la
sociedad mexicana que el orden social impuesto por el bloque en el
poder a través del Estado nacional y que, por tanto, los responsables
directos de la violencia social en México son estas fracciones de la
burguesía nacional que fundan su acumulación de capital en ríos de
sangre. El episodio trágico que vivimos en México es incomprensible si
no lo colocamos dentro de una lucha entre intereses opuestos de clases
sociales antagónicas.
Otra cuestión de suma importancia para
nuestra movilización es no olvidar que la “nueva” estrategia de
represión del Estado ya ha sido puesta en marcha en anteriores
ocasiones en conflictos desatados por el neoliberalismo: la Huelga
estudiantil de la UNAM en 1999-2000, San Salvador Atenco en 2006, la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y por su puesto el
levantamiento zapatista de 1994. El móvil es el mismo: deslegitimación
de la protesta social por a través de los medios de comunicación,
discursos que llaman a defender el Estado de Derecho y el derecho de
terceros –la propiedad privada–, supuestos llamamientos al diálogo y
desconocimiento de las demandas populares, trabajo de los cuerpos de
inteligencia para espiar y detectar la articulación y líderes de los
movimientos y, por último, represión puntual del movimiento con el fin
de dar golpes certeros que acaben con la movilización.
Por
tanto, es necesario perfilar demandas puntuales que frenen el genocidio
neoliberal que imponen las clases dominantes en México. A continuación
desarrollamos algunos puntos que intentan dar cuenta de la urgente
necesidad de concretar demandas clasistas y populares de manera
puntual.
1. El Bloque en el poder y su Proyecto de Nación
El llamado neoliberalismo es propiamente un patrón de acumulación de
capital, que se impuso en México ante fracaso desarrollista de las
burguesías mexicanas de consolidar una industrialización y una
capitalismo nacional durante el periodo de 1936 a 1982. La crisis de
1982, el elevado endeudamiento para el mantenimiento del patrón
anterior y la pérdida de competitividad ante el capital internacional
obligaron al Estado mexicano y las burguesías nacionales a adoptar un
viraje radical en la reproducción del capital en México. De un patrón
de reproducción que basó buena parte de la su acumulación de capital en
el mercado interno, se viró a uno que basado en la acumulación de
capital vía venta de mercancías al mercado externo.
El viraje
obligó a adoptar un patrón de especialización productiva enfocado a la
exportación. Sin embargo, los bienes producidos son en su mayoría
mercancías que prescinden de la utilización de fuerza de trabajo
especializada y de industrias consolidadas –capitalizadas con inversión
en capital constante–. Las mercancías producidas en México son
básicamente productos manufacturados –electrodomésticos, ensamblaje de
carros, autopartes, bienes electrónicos– que contienen poco valor
agregado, materias primas como son los minerales, cierta agroindustria,
turismo y drogas.
Ante la falta de competitividad de las
burguesías mexicanas echaron a andar un patrón de acumulación de
capital basado en la profundización de la superexplotación del trabajo,
el desmantelamiento de la seguridad social –derechos ganados por las
luchas de los trabajadores–, el despojo de los recursos naturales
–tierras para la minería, petróleo, bosques, playas, etc. – y la
financiarización de la economía –en busca de la ganancia fácil, lo que
elimina inversión a la producción–. En términos de clase, la riqueza
producida socialmente en el país es apropiada, de este modo, por unas
cuantas personas, en una explotación voraz.
Las pocas
empresas que se consolidaron durante los años de 1936 a 1982 lo
hicieron al amparo del Estado mexicano y de las privatizaciones de las
empresas públicas, lo que les permitió monopolizar el mercado interno y
lograr cierta “competitividad” frente a los capitales extranjeros.
Grupo Carso, Televisa, Tv Azteca, Minera México, Grupo Alfa, Grupo
Vitro, Cemex. Dichas empresas, en alianza con el capital extranjero y
financiero internacional, son las que actualmente se configuran como el
bloque en el poder en México, es decir, los dueños de estas
empresas son las fracciones de la burguesía que han impuesto sus
intereses al resto de la sociedad mexicana a través del Estado.
Si bien todas las sociedades mercantil-capitalistas se encuentran
sometidas a las leyes del capital –la propiedad privada, el mercado, la
competencia, el monopolio, la explotación de plusvalía, el despojo, la
renta, la financiarización de la riqueza y las crisis–, para
reproducirse requieren de todo un conjunto de condiciones
extraeconómicas para poder realizar una valorización del valor,
en términos llanos, realizar la ganancia. En este sentido, el
despliegue o desenvolvimiento del patrón de acumulación neoliberal no
sólo involucra cuestiones económicas –como la explotación del trabajo–,
sino todo un conjunto de condiciones políticas, sociales y subjetivas
que las grandes empresas nacionales y trasnacionales no pueden generar
por sí solas. Por tal motivo, para que se lleve a cabo la actual
acumulación de capital en México, las fracciones de las clases
dominantes en México requieren primordialmente del Estado para imponer
sus intereses particulares al resto de las clases sociales en el país,
pues el Estado es el cuerpo social específico que articula, organiza y
mantiene cohesionada una sociedad, es el centro del poder político y
reproductor principal de la generalización del interés particular como
interés nacional.
De este modo, para imponer el actual patrón
de acumulación, las clases dominantes del país y el Estado tuvieron que
vencer la resistencia de las clases trabajadoras, campesinas y
populares del país, por lo que emprendieron una verdadera contrarrevolución
que tuvo diversos frentes –económicos, políticos, ideológicos y
represivos–: contrainsurgencia –la llamada guerra sucia–, ruptura de
sindicatos, asesinatos y desapariciones, incorporación de los partidos
de “izquierda” a las instituciones democráticas, fraudes electorales,
atrincheramiento de los interese empresariales en instituciones clave
del Estado, entre otros procesos.
De igual manera, para que
un patrón de acumulación de capital sea impuesto en una sociedad
requiere implantar una “nueva” forma de vida social, se requiere
re-articular la sociedad mediante nuevos pactos entre sectores sociales
y clases sociales, impone nuevas formas dominantes para pensar sus
propios cambios, nuevas leyes, configura y reestructura núcleos
económicos, sectores del capital y fracciones (de clase) con intereses
(políticos, económicos e ideológicos) diferenciados de los modelos de
capital anteriores. Trastoca su propio modo de ser y muda de ropas en
todos los sentidos, anuncia una nueva época con el único fin de
perpetuarse.
Así, el capital muestra su potencia total al
imponer una forma de ser, ya no sólo a sociedades en particular, sino
al mundo en su conjunto. El núcleo estratégico que le permite
perpetuarse es la relación que establece con el trabajo, sin trabajo no
es posible la existencia del capital ni de sus leyes de valorización.
El trabajo es la sustancia que forma el valor, pieza clave para el
desarrollo del capitalismo. Para poder valorizarse, el capital
subordina y somete el trabajo a su movimiento. De esta forma, el
trabajo no es más que un medio para lograr la valorización del capital,
excluyendo de él cualquier otra propiedad.
El actual
movimiento del capital, el neoliberal, que lleva más de treinta años en
nuestro país, dada su forma de ser, ha excluido y golpea constantemente
a pequeños capitales que otrora estaban incorporados al régimen
desarrollista posrevolucionario. Ha conformado un aparato productivo
contrapuesto a las necesidades de su población; ha generado una
monumental exclusión social con el desempleo; ha precarizado el trabajo
mediante el control del tiempo y la intensidad de la jornada de
trabajo. En el desdoblamiento de sus relaciones originarias, se han
generado diversos problemas, contradicciones, procesos sociales
conflictivos que están en el fondo de los acontecimientos trágicos por
los cuales la sociedad mexicana recurrentemente ha atravesado en los
últimos sexenios.
Al construir los ejes por los cuales se
crea la riqueza en la sociedad, supone la construcción de los
mecanismos de apropiación de la misma. Es lo que ocurre con el diseño
de una sociedad neoliberal que se forma en la especialización de la
exportación de petróleo o de la exportación automotriz o de productos
electrónicos. En este caso, se trata de sociedades orientadas hacia
esta formación o especialización social (grados de educación
requeridos, tipos de población exigidas, infraestructura necesaria,
etc.). Lo mismo sucede con sociedades formadas para la exportación de
maíz, de arroz o café. En conjunto, son clases sociales, sectores,
categorías, grupos y conocimientos especializados que el capital recrea
y articula para tales objetivos de valorización.
Las clases
sociales que personifican este proceso de explotación del trabajo y
apropiación de la riqueza expropiada bajo esta modalidad, son lo que
denominamos bloque en el poder. Su poder radica en la capacidad de
haber impuesto este patrón de acumulación al conjunto de la sociedad
mexicana. El neoliberalismo lo han encumbrado a la cima de constituir
nuestro “Proyecto de Nación”.
Una violenta depredación de la
economía nacional ha sido la madre de este proyecto, inmensas
transferencias de riqueza al exterior han sido llevadas a cabo (vía
deuda externa, privatización, migración, TLCAN, repatriación de
ganancias) con la reestructuración productiva y la integración de un
puñado de grupos económicos a la “globalización” y, consecuentemente,
de la desincorporación de múltiples sectores sociales, territorios y
poblaciones.
La implantación despótica de un nuevo tejido
productivo orientado a la exportación ha construido poderosos grupos
económicos que dominan los sectores de la economía y ha conducido a la
mayor concentración de capital e indiscutiblemente a los mayores
estragos de la pobreza y de las innumerables condiciones de desigualdad
en la sociedad mexicana.
La temible vorágine de la “libre
empresa” sobre los derechos y servicios sociales que el Estado
orientaba hacia la sociedad ha desembocado -para cada vez más
crecientes sectores sociales empobrecidos y sin futuro- en la
irrefrenable búsqueda monetaria que los somete al vertiginoso ritmo del
capital y de su expansión social.
La violación de la
soberanía nacional, el control del gran capital financiero (vía FMI,
BM, OCDE) sobre el usufructo de la riqueza y el destino de nuestra
sociedad, la mayor subordinación al capital trasnacional (industrial,
comercial, agroexportador y de servicios) y su consecuente
avasallamiento a la economía nacional, mediana y pequeña industria,
desertificación de la economía campesina, y los procesos de
precarización laboral, desempleo y contracción salarial imperantes por
décadas, representan gruesos rasgos de una modalidad de dominación del
poder del capital hacia la sociedad.
Dentro de este cuadro,
es posible comprender los procesos de fractura, desarticulación y
descomposición social que caracterizan al mapa social de México en la
primera y segunda década del nuevo siglo y que ahora se nos presentan
como la propia crisis del neoliberalismo en México.
2. El papel del Estado
a. El Estado y el bloque en el poder
El Estado ha construido esta modalidad de acumulación de capital en
relación con los grupos y fracciones económicas dominantes (nacionales
y extranjeras), esto es, con el bloque en el poder. Se trata de la
proyección, establecimiento y aseguramiento de una violencia organizada de clase
que ha tenido la principal función de articular la sociedad con el fin
exclusivo de la valorización del capital. Es decir, es un patrón de
acumulación de capital cimentado desde sus raíces a base de la
violencia del bloque en el poder y de su capacidad para imponer al
conjunto de la sociedad los intereses económicos, políticos, jurídicos
e ideológicos desde el poder político y los verdaderos centros de poder
del Estado.
No obstante tres décadas de neoliberalismo y
violencia de clase, el Estado Mexicano asume desde el nuevo mando del
Ejecutivo en 2012 la mayor centralidad estratégica del capital:
coadyuvar en la productividad del trabajo mediante el nuevo fardo (para
las clases oprimidas) de “reformas estructurales”. El objetivo
primordial, elevar la tasa de ganancia y acelerar la acumulación de
capital. Veamos brevemente el tamaño de este fardo:
Reforma Laboral:
Una gran ofensiva que ha impuesto una degradación sin precedentes en el
mundo del trabajo con la implantación de la precarización estructural
del trabajo; el abaratamiento de las contrataciones y de los despidos;
la legalización de las execrables figuras del trabajo inestable; la
consolidación de mercados laborales desprotegidos y sin garantías
fundamentalmente para las nuevas generaciones de jóvenes (hoy en
crecientes estados de insurgencia). La incorporación estructural de las
nuevas generaciones de trabajadores a un mundo del trabajo sin
horizontes, sin futuro, sin protección y seguridad social, derecho a
pensiones, jubilación, sin organización, representación y
desmantelamiento de los lazos de solidaridad de clase. Con ello, se ven
agravadas las de por sí ya múltiples condiciones de desigualdad, los
problemas de fragmentación obrera y exclusión social. Evidentemente, el
resultado de ello conduce a que, sin la sólida organización del
trabajo, el capital intensifica su agresión hacia las condiciones
estructurales de superexplotación del trabajo, la elevación de la cuota
de plusvalor y por ende, del grado de explotación de la clase
trabajadora.
Reforma Educativa: Además de su
articulación con las nuevas estructuras del trabajo inestable y de la
precarización laboral y el control del Estado sobre el trabajo docente,
la reforma de la educación impulsada por el capital busca incidir en
una nueva configuración (manipulatoria) de la subjetividad del
trabajador. El Estado incide para reconstruir los espacios públicos
educativos y producir un nuevo saber hacer del que el capital pueda
disponer, utilizar y consumir en la totalidad de la jornada laboral. De
tal forma que el capital (nacional y trasnacional) encuentre los
enormes contingentes de fuerza de trabajo con la mayor docilidad y
flexibilidad, la mayor productividad (trabajo polivalente), esto es,
una subjetividad alienada, sin pertenencia de clase y abierta a los
compromisos con el capital.
Reforma de Telecomunicaciones:
Busca establecer de modo sumamente parcial las bases de
“competitividad” en el sector y perpetuar con ello la enorme dominancia
de los grandes monopolios. Por si cabían las dudas, ello ha quedado
evidenciado con las ignominiosas regalías (“la casa blanca”) de la
principal televisora del país hacia la pareja presidencial.
Reforma Fiscal:
En función de la movilización de las masas populares se logró frenar el
gravamen a los productos básicos. No obstante el bloque en el poder
llevó a cabo la salvación al gran capital y a las capas más altas del
ingreso, gravando y desangrando a la pequeña propiedad.
Reforma Financiera:
Se asegura la gran concentración del capital, tanto de la riqueza como
de los sectores del capital que controlan la economía. Mediante una
retórica del abaratamiento y proliferación del crédito, se ha llevado a
cabo una nueva marginación a la pequeña y mediana industria nacional y
a los productores del campo sometidos a una competencia despiadada con
los grandes corporativos, mismos que concentran los mayores créditos e
inversiones (incluso del exterior).
Reforma Energética:
Se ha llevado a cabo la mayor usurpación que ha experimentado la
sociedad mexicana en los últimos 150 años, sólo semejante al despojo de
más de la mitad de su territorio por los Estados Unidos. Para el gran
capital nacional y extranjero se trata de una escala sin precedentes
que ha llevado a México a la “cumbre de los negocios”. La figura
jurídica de la “ocupación temporal” es la mayor ofensiva del capital
sobre la sociedad y su gran patrimonio territorial dotado de
hidrocarburos y riqueza natural. Además, se trata de la mayor renuncia
a la soberanía y a la facultad del pueblo mexicano de convertirse en
potencia energética con sus implicaciones en la construcción de un
aparato productivo energético y la formación y especialización de sus
poblaciones y juventudes, la creación de empleos de calidad, la
atenuación de las desigualdades y el establecimiento de modos de
bienestar acorde a las condiciones de vida del nuevo siglo.
Como vemos, la profunda violencia del bloque en el poder y la actual
etapa de su gran ofensiva centrada en la estrategia de la aceleración
de la productividad del trabajo y de la acumulación del capital
constituyen las nuevas coordenadas del patrón de acumulación de capital
y evidencia las funciones del Estado ancladas en los procesos de
reproducción de la dominación.
Esta violencia organizada de
clase materializada en el poder político del Estado en México ha
diseñado un régimen de acumulación de capital que perfora las múltiples
necesidades y distintos intereses de las clases trabajadoras y de las
masas populares. El saqueo y despojo de hidrocarburos y riquezas
naturales con cargo en el gran capital privado (nacional-extranjero),
la definición de un aparato productivo volcado a la exportación, el
establecimiento de un régimen salarial (de superexplotación y
precarización) como “eje de competitividad” de este aparato productivo
(exportador), la mercantilización de los derechos y servicios vitales
de la población (agua, tierra, educación, transporte, salud,
comunicación, pensiones, entre muchos otros), la devastación de la
estructura agraria campesina y familiar, son estructuras principales
del patrón de acumulación que se constituyen de modo radical en las
antípodas de los intereses de la población trabajadora y popular.
Es por ello que si en apariencia estamos frente a distintas
contradicciones sociales y movimientos populares particulares, en
esencia se trata de fuerzas sociales antagónicas con intereses opuestos
y se presentan como sujetos que permean los marcos del movimiento
histórico actual. Islotes de riqueza en las que albergan clases
privilegiadas (el 0.17% de la población concentra el 42.3% del PIB, El Universal,13/11/2014) forman parte de una sociedad agobiada por océanos de pobreza y profunda exclusión.
La gran concentración de la riqueza y el mapa social que el bloque en
el poder ha articulado como forma de acumulación social del capital,
además de las relaciones sociales, las fracturas y las desigualdades
que lo constituyen, son generadores de los mayores problemas sociales y
contradicciones que hoy salen a la superficie.
La crisis
social que viene agrietándose en nuestro país se recrea tanto en las
distintas figuras de la barbarie y de violencia social (que nos agobia)
como en los distintos estallidos sociales y la emergencia de la
insurgencia social (que nos anima) desde distintos frentes.
Este cuadro crítico y contradictorio ha impactado en el Estado y en
nuestros días lo ha sometido a una crisis política sin precedentes. La
crisis del Estado mexicano experimenta las mayores fisuras en el
consenso, en la legitimidad y la representatividad política en todo su
conjunto institucional: sus pilares representativos (Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, partidos políticos, Democracia electoral (INE),
Derechos Humanos y Estado de Derecho.
El liberalismo político
e institucional que conforma las estructuras del Estado está desbordado
por las contradicciones que ha desencadenado la propia violencia
organizada de clase que ha construido el diseño político, económico y
social actual.
La crisis política que hoy experimenta el
Estado expresa la “peligrosa” insuficiencia del consenso y de la
cohesión social que hoy caracteriza al Estado mexicano.
El
estallido de conflictos de diversa índole, tales como de seguridad, de
violencia, ambientales, laborales, humanitarios, sanitarios, laborales,
económicos, productivos, rurales, educativos, entre muchos otros,
llevan al Estado a trazar su estrategia para la aceptación colectiva de
la dominación.
La cohesión social que el Estado no logra
subordinar, amenaza la centralidad estratégica de su proyecto y sus
tendencias de acumulación de capital. Es el máximo nervio del bloque en
el poder; que la “cumbre de negocios” impuesta por el mando del capital
en el Estado se derrumbe.
Es en este sentido que el Estado
precisa más que nunca de su labor de hegemonía semejante a la que
desplegó mediante la construcción de la “transición a la democracia”
con el nuevo establecimiento institucional del orden estatal y de la
democracia mexicana, como superestructura “abierta” y “plural”
correspondiente a los procesos de “cambio estructural” que
materializaron las bases económicas y sociales del neoliberalismo.
Cabe señalar que dentro de la gran cruzada de hegemonía que el Estado
mexicano estableció (desde las últimas décadas de siglo XX) con la
transición política de la “democracia mexicana” (IFE, sistema de
partidos, instituciones autónomas, reformas políticas, procesos
electorales, “alternancia”, etc.) fueron implementados los cambios
estructurales que establecieron el profundo y violento viraje al patrón
de acumulación neoliberal. Teóricamente es muy inocente o complaciente
asumir estos procesos como entes aislados: transición a la democracia
por un lado y violento cambio estructural por el otro.
En
cambio, en medio de la actual crisis política que ha fisurado al
conjunto institucional del Estado mexicano arrastrándolo a su propio
agotamiento (obsolescencia del orden liberal institucional) y sobre las
coordenadas estratégicas de la acumulación de capital ancladas con las
reformas estructurales, el Estado hace hipóstasis de las estructuras y
ejes de acumulación agravándolas profundamente.
b. Legitimación de la represión.
El Estado mexicano, sin el “cemento” necesario para reconstruir las
grietas de la institucionalidad y su ejercicio primigenio de asegurar
la cohesión social, el bloque en el poder agazapado en el Estado
mexicano y el conjunto de sus instituciones, se enfrenta -a las fuerzas
sociales en estado de insurgencia- con el recurso a una mayor
centralización política con gruesos rasgos de autoritarismo extremo que
desarticule y apague mediante las labores de inteligencia y represión
los estallidos de insurgencia colectiva, impugnación social e ignominia
popular, hoy estigmatizados como fuerzas de “desestabilización” y
“desorden social”.
Ante la crisis del consensus y la
más plena crisis de legitimidad de la “democracia mexicana” y sus
enésimas reformas, esto es, ante la amenaza de su mayor impugnación
colectiva, el bloque en el poder juega sus cartas: Un Estado de
excepción (sui generis) constitutivo de distintos episodios de
brutalidad represiva contra las movilizaciones, cubiertos de una gran
ofensiva ideológica que incruste en las entrañas de la sociedad la
“legitimidad” de los instrumentos de muerte, castigo, cárcel y terror
hacia “los violentos”, hacia aquellos que “atentan contra el proyecto
de nación” y “atacan las instituciones”.
De modo paralelo,
empresarios y representantes de las grandes patronales del país exigen
al secretario de Gobernación y al Ejecutivo en particular defender las
violaciones al “Estado de Derecho” y “reestablecer” la “ley y el orden”
mediante la “fuerza pública” y asegurar los “derechos de terceros”.
En medio de la creciente inestabilidad política que azota al poder
político institucionalizado, el bloque en el poder exige “certidumbre
de los agentes económicos” con el objeto de desplegar y materializar el
gran usufructo privado que ha impuesto del modo más violento y
autoritario (“Pacto por México”) el terrible fardo de las reformas
estructurales. Dentro de la inmensa labor de hegemonía (hoy en profundo
cuestionamiento) que este pulpo maldito del Estado necesita, éste se
despliega con su horrendo carácter bifacético (mitad hombre-mitad
bestia), esto es, el “recurso” de la ley y el de la fuerza, el exhorto
del “diálogo” y la operación del terror, el sable y la sotana.
Por el lado de la “ley” y del “diálogo”, el Estado busca subsanar las
profundas fisuras de la legitimidad, la representación y el consenso
que pesan sobre todo el orden político institucional (neo) liberal.
Dentro de este lado del Estado, se trata de la construcción estatal de
las vías de una política “civilizada”, “institucionalizada”, que
participe dentro del “orden y la paz”, con “actitud de diálogo y
apertura” (E.P.N), es decir, una participación política “ciudadana”
subordinada de modo apriorístico a la violencia del bloque en el poder
y la dominación de clase. Son éstas las leyes de la democracia y estos
los riegos de las figuras de la “sociedad civil” y de la “ciudadanía”
si deciden someterse a un Estado de ideología única que no
tolera la crítica, la impugnación radical, y en cambio, es “flexible”,
“sensible”, “solidario”, exclusivamente si es “civilizada” y “abierta”
a la postración y dominación de clase.
Por el lado de la
fuerza y el castigo, cuando la cohesión y el consenso social están
desbordados, cuando las fisuras de la institucionalidad no permiten el
“diálogo” y la “civilidad”, cuando la “ley” y el “Estado de Derecho”
están horadados por la mayor ignominia colectiva, el terror se impone.
Cuando se agota la “tolerancia del diálogo” (Osorio Chong), “cuando se
ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden”
(E.P.N.), el “último recurso” es el “extremo de tener que usar la
fuerza pública” (E.P.N.). Y con el característico sello autoritario del
PRI, el ejecutivo, vuelve a decir: “el gobierno de la República está
firme en el proyecto de nación que queremos… no nos vamos a detener…”
(E.P.N.).
El régimen de excepción es el camino más corto para
un Estado atravesado por la crisis del consenso y de legitimidad. La
inestabilidad y crisis política que experimenta un bloque en el poder
(que el Estado representa) encumbrado en los negocios de la mayor
reserva de riqueza (como los hidrocarburos) y la superexplotación del
trabajo, puede conducir a un autoritarismo agresivo y extremo.
La estrategia estatal basada en un “gran pacto” nacional por la defensa
y el fortalecimiento del “Estado de Derecho” con apoyo de distintos
órdenes de gobierno (Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO),
clase empresarial (Consejo Coordinador Empresarial , CCE), burocracia
de élite (PRI-PAN-PRD), “sociedad civil” (periodistas, intelectuales,
actores, deportistas y personajes públicos afines el neoliberalismo) y
otras categorías sociales, es el manto ideológico para legitimar los
procesos represivos de desarticulación de la insurgencia popular. Los
discursos oficiales en pro de la “justicia”, el “Estado de Derecho”, el
fortalecimiento institucional y la apología de falsas bases sociales de
“paz” y la defensa de instituciones erigidas por la propia violencia
del bloque en el poder, es el coro que criminaliza la disidencia
popular y “legitima” la brutalidad de la fuerza del Estado (de clase).
Así, los Poderes del Estado Mexicano, SCJN, Congreso de la Unión,
presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, partidos políticos,
dirigentes nacionales de partidos políticos, senadores, diputados,
funcionarios medios, gobiernos estatales, ejército, policía federal,
secretarías de seguridad, medios de comunicación oficiales, iglesia, y
distintas categorías sociales se constituyen como el coro del terror y
de la criminalización de la insurgencia popular y de todo aquel que
cuestione el orden político, económico y social y la verdadera
violencia de la que proviene.
Es necesario advertir que, en
el pleno curso de la crisis e inestabilidad política, el coro del
terror no trata más de una “criminalización” de las luchas y fuerzas
sociales, sino que opera para aterrorizar a la propia sociedad e
infundirle odio sobre aquellos que realizan “protestas” y “atacan las
instituciones” con el objetivo de respaldar la fuerza.
El
terror precisa de la “razón mediática” para avalarlo y legitimarlo. La
ideología necesita del terror para perpetuar la dominación. El bloque
en el poder requiere de sus “clases apoyo” para procesar la doble
materialidad que el Estado concentra, sea “la fuerza del derecho” o “el
derecho de la fuerza” y reproducir con ello la dominación.
Mientras salta a la vista la agresividad de los agentes del bloque en
el poder en los últimos días, cuando aquellos que no participan en la
“convocatoria al orden y a la paz” del Ejecutivo, aquellos que impugnan
más de tres décadas de violencia económica y política de clase misma
que ha erosionado las condiciones básicas de la vida social, y que hoy
tienen en la mayor inestabilidad política al Estado mexicano, pueden
encontronarse con las tendencias más radicales de perpetuación de los
intereses del bloque de dominación: el régimen el excepción que utilice
en distintos episodios la fuerza y el terror para la desarticulación y
extirpación puntual de la insurgencia, sea dentro de la “ley” o
mediante la implementación de mecanismos extralegales (como
infiltración y labores de espionaje).
Como vemos, el Estado y
el bloque en el poder, son quienes han venido impulsando la violencia
social contra la mayoría de la población. Es su violencia la que ha
arrojado a millones a la pobreza, al desempleo, a sobrevivir con
sueldos de miseria, quienes ofrecen a los jóvenes futuros inciertos,
quienes despojan a comunidades de campesinos e indígenas de sus tierras
para expropiarles los recursos naturales, quienes precarizan el trabajo
imponiendo los ritmos y tiempos de la jornada de trabajo, quienes
corrompen la ley que ellos mismos formulan, quienes son impunes ante
crímenes de lesa humanidad, quienes son incapaces de dar soluciones a
problemas que ellos mismos dicen tener atributos para resolver.
Son los integrantes del bloque en el poder quienes personifican la
violencia del capital, quienes llaman a la represión, quienes llaman al
Estado para resolver sus problemas, son ellos quienes imponen
violentamente sus intereses, destruyendo la vida social, monopolizando
los recursos materiales de la vida para impedir a la mayoría de la
población una vida al margen de su modo de ser, imponiendo su ley, a
veces mediante el terror, a veces mediante la “democracia” que imponen
al resto de la población, “democracia” del derroche, del cinismo, de la
prepotencia, de la corrupción, “democracia” amalgamada con el
narcotráfico.
Muy lejos de reconocer la profunda
deslegitimidad, inestabilidad real y crisis de las estructuras
estatales imbricados con la forma de reproducción material de la
riqueza y de la sociedad, el Estado y la clases dominantes procesan las
contradicciones, las reducen y las desplazan a tono con ciertas
“debilidades institucionales en algunas partes del país” (E.P.N.) que
son susceptibles de tratar con un “Renacimiento de la institución
municipal” como el “factor esencial” (Consejo Coordinador Empresarial).
Anclados en los intereses políticos y económicos de dominación que
representan, amenazan con los manotazos de hierro de un autoritarismo
agresivo. El actuar del Estado y del bloque en el poder recuerda a la
paradoja del mentiroso: siendo ellos el centro del problema, sus
“soluciones” no pueden llegar de ellos mismos. Si el diseño social del
capital (neoliberalismo) que nos ha arrojado a la violencia y fractura
social es impulsado por el Estado y personificado por el bloque en el
poder, cómo esperar que de ellos provenga su transformación.
Es por todo ello que el movimiento popular tiene desafíos inmediatos.
3. Hacia la construcción de un programa general de lucha:
Es importante señalar que en la lucha contra la violencia social del
Estado, se debe incluir no sólo al Estado mexicano actual y al gobierno
en turno, sino señalar a los verdaderos responsables del “proyecto de
nación” que ha ocasionado el actual estado de fragmentación y barbarie:
el actual bloque en el poder.
No es que la presión hacia el
Ejecutivo o al poder Legislativo sea de segundo orden o carezca de
importancia, lo que señalamos es la articulación de nuestras demandas
al Estado y al bloque en el poder conformado alrededor de las
principales confederaciones patronales del país (Coparmex, Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial,
Concamin, Concanaco, Canacintra, Antad, entre otros grandes grupos
económicos que las constituyen).
Ante la gran ofensiva del
bloque en el poder es posible la construcción de un programa general de
lucha que consolide nuestra solidaridad y nuestra unidad. La cuestión
es qué intereses son una gruesa constante entre las distintas fuerzas y
movimientos de lucha. Indudablemente, hoy queremos que regresen los 43
compañeros secuestrados-desaparecidos por el Estado, y más aún,
¿seremos capaces de agregar demandas estructurales en contra de
la desarticulación social de las clases dominantes que ha incidido en
este crimen de lesa humanidad, en la violencia y barbarie social, y
eliminar con ello la posibilidad sistémica de que esta realidad social
no continúe reproduciéndose? ¿Podrán las fuerzas sociales tocar el
núcleo estratégico que el Estado defiende (en beneficio de los grupos
dominantes) y mediante el cual articula y diseña el mapa social del
país?
Como lo expusimos líneas arriba, la contradicción
esencial entre el capital y el trabajo es la sustancia que permea y
articula el desdoblamiento de las distintas y variadas contradicciones
que salen a la superficie cuando los “movimientos sociales” y populares
impugnan los intereses de los grupos y fracciones dominantes. El
conjunto de la sociedad (territorios, poblaciones, clase sociales,
sectores productivos, de servicios) son permeados por la gran
transversal que siembran las fracciones dominantes del capital en su
“proyecto de Nación”.
Es por ello que es posible que los distintos movimientos, fuerzas e insurgencias sociales, de clase y populares unifiquen un programa de lucha antagonista dotado de un conjunto de intereses políticos, económicos, ideológicos, sociales y populares frente a los intereses hegemónicos que el Estado en su papel de hegemonía impone a la sociedad como intereses “nacionales”.
El programa común, antagonista frente a la dominación sistémica
neoliberal, puede construir una nueva relación de fuerzas que arribe en
un primer plano a la defensa de los distintos intereses de las clases
explotadas y de las masas populares.
La defensa y
reivindicación de los intereses políticos de los productores colectivos
y de las clases dominadas en general es fundamental. En ellos confluyen
mecanismos de organización, representación y participación
obrera-campesina y popular antagonistas a la democracia electoral
mexicana. Se trata de la construcción de un organismo de poder
horizontal y ampliado que cohesione y oriente la estrategia sobre la
ofensiva y defensiva de los intereses populares y de clase.
La exigencia del fortalecimiento de los poderes populares es
inobjetable porque puede orientarse hacia la construcción y
materialización de los intereses políticos de las masas populares
antagonistas al liberalismo político de clase. De ahí la rotunda
negativa del Estado a proceder con la desaparición de poderes en el
Estado de Guerrero.
La proliferación y fortaleza de poderes
populares y de clase y su confluencia mayor en organismo de poder a
gran escala inauguraría una época de lucha de clases con profundos
virajes en la relación de fuerzas y la capacidad de imponer intereses
de distinto orden. Bien puede ser una nueva plataforma de lucha que
dispute al bloque en el poder los conjuntos de intereses (económicos,
políticos, culturales, territoriales, ambientales, etc.) e imponga un
viraje a la fragmentación social impuesta por el neoliberalismo.
Sobre esta base hay que impulsar la articulación estratégica de grandes
alianzas entre los distintos sectores de las clases trabajadoras
(agrarias, industriales, de servicios, precarizadas, informales) y las
masas populares y de su defensa (económica, territorial, social y
política) de las comunidades.
Cabe advertir que, ante las
imperantes visiones “fragmentarias” y su pobre horizonte de aprehensión
sobre nuestro tiempo histórico, no se trata más de la anti-estrategia
de los “movimientos sociales” fragmentarios basados en los principios
de la “autogestión”, “autonomía” y el “contrapoder”, así como no se
trata más de la inercia pragmática y espontánea que se deja llevar
exclusivamente cuando la marea asciende.
A nuestro modo de
razonar lo que se requiere es de una estrategia de abiertos horizontes
y de largo alcance cristalizadas en nuevas formas de organización y
representación que ponga fin a la fragmentación de clase y social
articulada por el capital y el Estado y cohesione intereses comunes de
las distintas fuerzas y movimientos sociales. Se trata de la
comprensión del movimiento histórico en su conjunto, de articular la
comprensión de los procesos y acontecimientos, superar las visiones
parciales y a-históricas de las luchas políticas y sociales para
trascender la desorganización política y sus limitadas reivindicaciones
sobre lo que va dejando el sistema del capital a su paso y no logra
incidir en sus estructuras reales que lo configuran.
En este
sentido, uno de los mayores desafíos es la construcción de un organismo
de poder horizontal y radicalmente democrático emanado de las distintas
organizaciones anticapitalistas, organismos de clase y populares en el
que logren construir estrategias políticas sobre la base de la adecuada
orientación y relación entre los intereses inmediatos e intereses
finales.
Pensamos que un programa general de lucha que
integre a las distintas fuerzas y luchas sociales puede comenzar
incorporando las siguientes reivindicaciones e intereses:
· Movilización para la presentación con vida de los 43 compañeros de la Normal Isidro Burgos.
· Llamamiento por parte de las fuerzas sociales inmersas en esta
coyuntura con mayor legitimidad a una Asamblea Nacional que aglutine a
estudiantes, maestros, trabajadores, desempleados, campesinos,
organizaciones sociales y del trabajo, con la finalidad de constituir
un poder popular.
· Clausura total de todas y cada una de las reformas estructurales.
· Creación de autodefensas populares que no sólo cumplan con la función
de seguridad, sino que velen contra el despojo de los recursos
naturales y tierras que las llamadas reformas estructurales llevan a
cabo.
· Contra la mercantilización de los derechos, servicios y espacios públicos.
· Desmilitarización de la sociedad mexicana –sacar al ejército y la PFP de las calles–
· Desconocimiento de los órganos electorales institucionales y
organización de mecanismos de representación efectivos, populares y
democráticos para la construcción de un organismo de poder que haga
frente al poder organizado del capital.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
México D.F., a 20 de noviembre de 2014.
Centro de Documentación y Análisis Materialista,
Ernesto Che Guevara. (CDAM-ECG)
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