Transición integral

Carlos Martínez García

Para construir un piso político y cultural nuevo la transición del país debe ser integral. El ánimo social mayoritario evidencia que la ciudanía se hartó del sistema expoliador del Estado y el uso patrimonialista de las instancias gubernamentales y las posiciones de representación popular.

El tamaño de la debacle del sistema de partidos vigente hasta el pasado primero de julio dejó en harapos a PRI, PAN y PRD. Ese día los votantes le pasaron la extensa lista de agravios al tripartidismo que se repartía los gobiernos federal y de los estados. ¿Cómo se van a recomponer del mazazo electoral recibido? ¿Tendrán energías y creatividad para refundarse, o lo que le aguarda a cada partido mencionado es el declive constante que concluya en extinción?

En la reconfiguración del sistema político mexicano tiene que pesar el claro mandato de quienes sufragaron en favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, a diferencia de las elecciones de 2000, cuando Vicente Fox prometió combatir a las tepocatas, víboras prietas y alimañas, y muy pronto se trasmutó en todas ellas, hay conocimiento social de que no solamente había que vencer a la maquinaria del PRI-gobierno, sino que la victoria debe dar lugar a una transición que vaya edificando el nuevo régimen plenamente democrático.

La forma corporativa priísta de gobernar se apersonó en los partidos que en distintos momentos intentaron hacerle frente. Primero el Partido Acción Nacional, que a partir de 1988, con el aval a Carlos Salinas de Gortari, se fue amoldando al establishment, y después el Partido de la Revolución Democrática, que se dejó disolver por el ácido corruptor del poder, acumularon los niveles de rechazo que ni en sus peores cálculos proyectaron tener en las votaciones presidenciales.

El horizonte está abierto para construirlo de una forma nueva. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están impelidos a satisfacer las expectativas ciudadanas de cambio. Andrés Manuel López Obrador ha bosquejado transformaciones en lo que Daniel Cosío Villegas llamó el estilo personal de gobernar. Dado que el sistema político mexicano es presidencialista, tiene repercusiones en las otras instancias del aparato del Estado la forma en que se conduce en su ejercicio del poder el titular del Ejecutivo. En esto es claro que la austeridad de AMLO –su desprendimiento de lujos y toda la costosísima faramalla que ha rodeado a los presidentes en México– tendrá repercusiones en el conjunto de la clase política nacional.

Al rasgo personal apuntado de Andrés Manuel, de forma imprescindible debe acompañarle un entramado normativo que ponga claros diques a la discrecionalidad con la cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han manejado los recursos del presupuesto público. Donde la voluntad personal es insuficiente para resistir los embates corruptores, tiene que ser contenida por instrumentos legales que penalicen el uso abusivo del erario y/o el uso faccioso de los bienes del Estado.

Una zona muy oscura de la que se beneficiaron legisladores locales y federales tiene que ver con el pre­supuesto suntuoso que para desempeñar, supuestamente, sus funciones de representación popular manejaron sin rendición de cuentas y escandaloso dispendio. Los ingresos y prestaciones de los diputados federales y senado­res mexicanos no los tienen similares suyos en toda América Latina, por no decir de todo el mundo. Por lo que anunció López Obrador en cuanto al plan de austeridad, estos derroches y francachelas con cargo al erario se terminaron.

Nuestro sistema de partidos políticos es, en términos presupuestales, rocambolesco. Cada organismo recibe anualmente por parte del Instituto Nacional Electoral recursos exorbitantes, que bien pueden ser reducidos para estar a tono con la racionalidad del gasto público que busca impulsar la nueva administración. Para el próximo año, con base en los resultados electorales de cada partido la proyección presupuestal es la siguiente: Morena, poco más de mil 500 millones de pesos; Partido Acción Nacional, 850 millones; Partido Revolucionario Institucional, 800 millones; Partido de la Revolución Democrática, casi 400 millones de pesos. ¿Habrá razones válidas para continuar con el flujo presupuestal que sostiene a las altas burocracias partidistas y sus ­extravagancias?

En la sociedad civil el reto también es transformar hábitos que no son propios de personalidades democráticas, sino resultado del mal funcionamiento de las instancias del Estado encargadas de regular las relaciones públicas cotidianas entre la ciudadanía. A diario es comprobable la conducta incivil de una considerable parte de la sociedad civil. La fuerza mostrada por quienes sufragamos para ponerle fin a un estado de cosas abusivo y castigante, tendrá que completarse con ejercitar la ciudadanía a cabalidad, donde el binomio derechos/responsabilidades tiene que ser indisoluble.