Magistrados comprueban legítima defensa
En 2013, María Guadalupe Pereda Moreno tenía 17 años de edad. Era madre soltera y estudiaba y trabajaba para cuidar a su hija en un McDonald’s, ubicado en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Ahí conoció a un abogado que asistía frecuentemente al restaurante por la cercanía de éste con los Juzgados Federales.
El abogado se llamaba Carlos Alberto Balderas Castañeda, tenía 36 años de edad y en el restaurante conoció a María Guadalupe a quien invitó a trabajar en su despacho como su secretaria en un horario que le ayudaba a continuar con sus estudios, el cuidado de su hija, y tener un mejor salario.
Después de unos meses, Carlos y María iniciaron una relación sentimental y tuvieron una hija. María dejó su empleo para dedicarse a estudiar y atender a sus dos hijas.
Él comenzó a agredirla de manera psicológica, la discriminaba e insultaba por ser una “simple ama de casa”. La violencia no paró, a ésta le siguieron golpes, jalones de cabello, más insultos, y con frecuencia, Carlos incluía armas de fuego para amenazarla. Consumía alcohol y cocaína.
El día del incidente, el 14 de octubre de 2015, Carlos le negó a María ir con sus amigos a realizar un trabajo escolar, la insultó y golpeó. Ella, al ver su reacción, optó por decir que ya no iría, pero Carlos tomó su arma y le dijo “ya vez que eran puras pinches mentiras, ahora vamos cabrona” y se dirigieron a la casa donde era la reunión.
Llegaron hasta la casa. Las y los amigos de María se percataron del estado de shock en el que ella estaba, pues no paraba de llorar, le dijeron que llamara a la policía, pero ella se rehusó porque sabía que su agresor traía un arma y le dio miedo que les hiciera daño. Más tarde, María no quería dejar el lugar, pero Carlos la amenazó “que si no se iba ya sabía que iba a pasar con las niñas (sus hijas)”.
Carlos llevó a María hasta su domicilio -ubicado en la colonia Hidalgo, en Ciudad de Juárez-. Una vez ahí, María le dijo que “ya no quería seguir con la relación”, pero él comenzó a golpearla en la cabeza con el arma. De pronto su agresor paró, puso el arma en un buró y le dijo: “ahora sí ya valiste…”. En ese momento, María supo que ésta no era una golpiza como las que había recibido antes, esta vez él quería asesinarla.
Ambos corrieron hacia el arma e inició el forcejeo. El primer disparo dio en la pared, el segundo en el abdomen de Carlos. María salió a pedir ayuda a sus vecinos y al no recibir respuesta llamó al 066 (número de emergencias en el estado de Chihuahua), pero él murió después del impacto.
Por esa razón, María fue detenida ese mismo día por la policía, presentada ante los medios de comunicación como “la asesina de su pareja”, y sentenciada a tres años de cárcel por el delito de “homicidio en riña en carácter de provocado”.
Desde entonces, María lleva 2 años y 8 meses privada de su libertad en el “Centro femenil de Reinserción Social” número 2, en Cuidad de Juárez, en espera de justicia.
La abogada de la Red Mesa de Mujeres (agrupación que lleva el caso), Imelda Marrufo Nava, informó en entrevista con Cimacnoticias que la jueza Yira Celisa Ochoa Contreras, de la Fiscalía General del Estado de Justicia del estado, había violado el derecho de presunción de inocencia de María y sólo se dedicó a perseguirla e incriminarla.
El 21 de octubre de 2015, a pesar de que María explicó ante la jueza que aquel día “estaba siendo brutalmente atacada por alguien que le manifestó su intención de matarla”, ésta concluyó que “eso no era legítima defensa” porque cuando “el agresor dejó el arma, la vida de María ya no corría peligro”.
Durante 4 audiencias María fue responsabilizada de la muerte de su expareja y la violencia que vivió fue “normalizada” por las autoridades, por lo que la legítima defensa fue desechada.
“Si hay un asesinato tiene que haber un culpable”, en este caso fue María, explicó la abogada Marrufo Nava quien agregó que durante esas audiencias presididas por la las juezas Emma Terán Murillo, Catalina Ruiz Pacheco y Elizabeth Villalobos Loya, las abogadas de la Red presentaron diversas pruebas como testimonios de familiares, amigos, expertas en perspectiva de género y un peritaje psicológico que comprobaban la violencia que sufría María Guadalupe Pereda Moreno, y que ella respondió a una situación donde su vida corría peligro.
Pero nada de esto fue suficiente porque las juezas basaron su decisión en los peritajes elaborados de la Fiscalía, aunque éstos no tenían perspectiva de género. En agosto de 2016 sentenciaron a María Guadalupe a tres años de prisión por “matar a su pareja”.
Un mes después, la Red Mesa de Mujeres interpuso conjuntamente con Casa Amiga (refugio para mujeres víctimas de violencia), una apelación a la sentencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento para que se absolviera del delito y se liberara a María Guadalupe, sobreviviente de violencia feminicida.
Ayer se realizó la primera parte de la audiencia de apelación en la Sala del Primer Tribunal de Enjuiciamiento, en la cual la defensa de María y la del agresor presentaron sus argumentos ante un grupo de magistradas.
Este día en la Sala Segunda de apelación, los magistrados Marco Tulio, Ricardo Fernández Ramírez y Yasel Villanueva, determinaron que María Guadalupe sí actuó en legítima defensa por lo que le otorgaron la libertad, ya que destacaron que la Fiscalía no realizó los peritajes con perspectiva de género.
Imelda Marrufo comentó que el apoyo de la comunidad para María Guadalupe se demostró este día, ya que al lugar llegaron cientos de personas para conocer el fallo y apoyar a María, quien se espera, salga esta tarde del Cereso No. 2 donde se encuentra desde hace 2 años 8 meses.
“MARI NO ES LA ÚNICA”
En entrevista con esta agencia, la también abogada de la Red Mesa de Mujeres, Verónica Altamirano, mencionó que la agrupación fue contactada para defender el caso de María, por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para lo que se conformó un grupo de abogadas que elaboraron una estrategia jurídica para garantizarle el acceso a la justicia.
Este caso, afirmó, evidencia cómo las chihuahuenses se enfrentan a un sistema de justicia que lejos de considerarlas como víctimas, las condena y deslegitima socialmente su derecho a la legítima defensa con lo que deja un claro mensaje: “si eres víctima de violencia es mejor que te maten a que defiendas tu vida”.
Ante ello, explicó, la única esperanza de estas mujeres es la presión social y el apoyo de las organizaciones de Derechos Humanos que en su mayoría se ven rebasadas para atender todos los casos y en su capacidad para darles asesoría legal. “Hay muchas mujeres que han sido procesadas o sentenciadas de manera injusta, no sabemos cuántas Marías hay dentro del Cereso de mujeres”, lamentó.
Agregó que en la Red Mesa de Mujeres no consideran que el de María sea el único caso, por ello destacó que la defensa de éste es importante, pues esperan que con él cambie la actuación de las autoridades en los casos de legítima defensa y las mujeres no tengan que ser apoyadas por organizaciones para que puedan acceder a la justicia, sino que sea el Estado quien se los garantice.
Imagen cortesía de Yadira Cortés Castillo
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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