Militares apelan sentencia
Arropada por defensoras de derechos de las mujeres, por organizaciones civiles y por Inés Fernández Ortega y mujeres de Atenco, todas víctimas de tortura sexual, la indígena Me´Paa, Valentina Rosendo Cantú, pidió a la jueza del juzgado séptimo que no libere a los dos militares que se encuentra detenidos por haberla torturado sexualmente y que cumplan su castigo, luego de la apelación que interpusieran los acusados de cometer el delito.
En conferencia de prensa Valentina expresó "... en mi largo camino de exigir justicia, para mi es muy importante porque ya hemos logrado una base de esperanza para otras generaciones, para otras compañeras que han sufrido de violaciones en su contra. A las compañeras que siguen su lucha, en su camino esta sentencia va a ayudar mucho, porque exigimos también que el gobierno no se tarde tantos años como en mi caso para que encuentren justicia. El gobierno me hizo caminar muchos años” y pidió que por ello no se deje en libertad a sus agresores.
Valentina Rosendo fue torturada sexualmente por militares en 2002 en la montaña de Guerrero, en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de Acatepec cuando lavaba ropa en un arroyo; a los pocos días de su ataque ella denunció a los militares, pero nadie le creyó.
Desde entonces inició su búsqueda por obtener justicia y para que los responsables de la agresión que la hicieron huir de su comunidad ante el rechazo de sus vecinos, tuvieran una sanción. Luego de que su caso agotara todas las instancias de justicia nacionales donde se le negó la justicia, su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde obtuvo lo que tanto ansió desde entonces: justicia.
En 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que Valentina sí fue víctima de tortura sexual cometida por militares y que el Estado Mexicano debía repararla por ello, por lo que le ordenó reabrir la investigación en el ámbito civil y sancionar a los responsables.
Como resultado de esta sentencia de la CoIDH, el pasado 1 de junio la jueza del Juzgado Séptimo, Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó a 19 años, cinco meses y un día de prisión al cabo de infantería Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en 2002 violaron y torturaron sexualmente a Valentina.
En su oportunidad, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, uno de los encargados del caso, explicó que la sentencia no ha quedado firme porque ambos inculpados la apelaron los pasados días 5 y 6 de junio, por lo que se remitió al Primer Tribunal Unitario para que éste la resuelva.
Detalló que también recibieron la notificación de que el próximo 3 de septiembre será la audiencia para que se revisen los motivos de la apelación y que será después de 3 meses cuando el Tribunal con residencia en Chilpancingo, tome una decisión respecto al caso.
Vicario Aguilar agregó: "nosotros creemos que sí hay elementos y pruebas suficientes que obran en la causa penal para que el magistrado del Primer Tribunal tenga que confirmar esta sentencia histórica.", explicó Vicario Aguilar.
En entrevista, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, agregó que en el caso de que el magistrado del Primer Tribunal no valorara la sentencia y aceptara el recurso de apelación de los militares, Valentina podría ampararse, y agregó: “si ese fuera el escenario se estaría retrocediendo y se reafirmaría el pacto de impunidad entre el gobierno, civiles y el Ejército”.
TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA
La representante de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, María Corina Muskus Toro, precisó que es hora de transformar a un sistema de justicia que repare de forma integral a las víctimas de tortura sexual y que éstas tengan un verdadero acceso a la justicia y con perspectiva de género que termine con la impunidad porque en su opinión, en el país no existe la voluntad de investigar cuando son los militares los implicados en las violaciones a los Derechos Humanos.
Muskus Toro insistió que buscarán una política de desmilitarización de la seguridad pública que ha traído graves violaciones a los Derechos Humanos, en particular a las mujeres.
En un contexto en el que la tortura sexual es generalizada, dijo, debe tomarse en cuenta que estos actos afectan de manera particular a las mujeres pues tienen consecuencias psicosociales, ruptura familiar, estigmatización y criminalización de las víctimas y sobrevivientes y no sólo ello, sino que también enfrentan procesos penales largos y desgastantes.
Por su parte, el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, afirmó que el sistema de justicia mexicano enfrenta múltiples retos y desafíos para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que reconoció la sentencia de la Corte Interamericana por tortura sexual que permite que una víctima de elementos del Ejército mexicano, haya encontrado la justicia que México no le dio.
“Ha permitido que una víctima de tortura sexual a manos de integrantes del Ejército Mexicano haya encontrado salida al laberinto judicial mexicano caracterizado por la displicencia, la negligencia, el solapamiento y la simulación” y celebró que la sentencia contemple el tema cultural y le dé el valor a la palabra de la víctima.
"La sentencia reconoce el abuso de militares hacia una víctima civil lo que concluye que estamos frente a una situación de desigualdad estructural con asimetría de poder y es lo que Valentina fue capaz de vencer", expresó.
CIMACFoto: Scarlett Arias
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.-
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