Ana María Aragonés
Andrés Manuel López Obrador ha dicho claramente que la migración dejará de ser por necesidad para convertirse en una opción, es decir, el nuevo gobierno hará realidad la famosa frase el derecho a no migrar enarbolada por personalidades como Armando Bartra con la que por supuesto estamos totalmente de acuerdo. Por primera vez un gobierno mexicano se responsabiliza para otorgar a sus ciudadanos lo que por Constitución es un derecho, empleos formales, salarios dignos, vivienda, trabajos decentes, educación, salud, pues su carencia son causas por las que los trabajadores se ven en la necesidad de buscar nuevos horizontes de vida. Pero esos mismos gobiernos se han beneficiado de las altísimas remesas que los migrantes hacen a sus familias, al punto de que se han convertido en un pilar de la economía mexicana, aunque no haya ni el más mínimo reconocimiento para estos trabajadores y una de las razones por la que los gobiernos se hacen de la vista gorda ante las enormes tragedias y vicisitudes por las que transitan esos migrantes, pues las cuantiosas divisas deben continuar engrosando las arcas nacionales.
El derecho a no migrar ha sido la estrategia que algunos de los países ahora altamente desarrollados decidieron en algún momento de su historia, como fue el caso de Suecia. Vale la pena recordarlo ahora. Fue a principio del siglo pasado cuando el gobierno sueco se dio cuenta de que había perdido casi una cuarta parte de su población, sólo después de Irlanda y Noruega, los más importantes exportadores de fuerza de trabajo. El gobierno sueco se alarmó pues esa pérdida impedía su desarrollo económico. Se formó una comisión para investigar por qué se habían ido y una vez finalizada, que consta de más de 20 tomos, el gobierno decidió otorgarles no sólo las mismas condiciones sino mejores para reducir el fenómeno. Por supuesto que hay poco que añadir si pensamos en la Suecia actual, pero vale la pena recordar que entre estas cuestiones centrales y que cambiaron el destino del país fue educación gratuita y obligatoria siete años ¡en 1910!, salud ampliada hasta alcanzar el nivel de universal, viviendas decentes, que debían tener todas la comodidades, de lo contrario los constructores serían sancionados, empleos bien remunerados, la reducción de la desigualdad y de la concentración del ingreso que en esos momentos laceraba a su población, pues la sociedad sueca presentaba una enorme desigualdad entre las clases sociales, era muy jerarquizada e inequitativa. Lo que es un hecho es que después de 1920 ya no se produjo nunca una migración masiva y hay consenso en el sentido de que las recomendaciones de la comisión llevaron a la industrialización y a un conjunto amplísimo de reformas sociales que revirtió la migración y convirtió a Suecia en un país líder en los beneficios sociales para su población y por supuesto en un país altamente desarrollado.
Se puede argumentar que las condiciones actuales del fenómeno migratorio se han complejizado, que hay una serie de conflictos que son de alta atención para el nuevo gobierno, con lo que estamos de acuerdo, pero lo que sigue en la base del fenómeno son las mismas que llevaron a los trabajadores suecos y ahora a los mexicanos a salir de sus países, es decir, inequidades flagrantes, concentración del ingreso a niveles inaceptables, pobreza extendida a casi 50 por ciento de la población, insuficiencia del sector educativo que deja fuera a una enorme cantidad de niños y jóvenes, etcétera. Por eso la propuesta de AMLO es integral, pues hacer realidad la propuesta derecho a no migrar requiere un cambio de sistema económico, político y social, pues el neoliberalismo ha favorecido todas estas inequidades.
Pero por supuesto que el nuevo gobierno debe también encarar con decisión las consecuencias de años de omisiones de los gobiernos mexicanos para con los trabajadores migrantes. Y como señalan García y Gzesh (La Jornada,10/7/18), hay plantear con toda claridad al gobierno de Donald Trump que si desea una nueva relación con México, es necesario poner los derechos humanos en el centro de la relación. Es decir, parar las inhumanas deportaciones, la separación de los padres de sus hijos, revisar los tristemente célebres programas de trabajadores temporales, los que, como hemos señalado en otras colaboraciones, son una forma legalizada de sobrexplotación de los trabajadores migrantes, pues después de acudir año tras año a trabajar a Estados Unidos no acceden a ningún beneficio laboral; y un planteamiento de enorme importancia es negarse rotundamente a que México siga haciendo el trabajo sucio contra los migrantes centroamericanos que Estados Unidos le ha exigido todo este tiempo.
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