GIRE presenta informe sobre criminalización de mujeres
La
mayoría de legisladoras y legisladores de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) en 19 Congresos estatales y en el Congreso federal es
una esperanza para lograr la despenalización del aborto a nivel
nacional, coincidieron legisladoras, académicas y feministas.
En la presentación del informe “Maternidad o castigo”, que se realizó
este 30 de agosto en las instalaciones de la UNAM, la directora del
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés
Noriega, se mostró optimista de que se puedan gestionar avances
importantes en el Congreso.
La esperanza es que se despenalice el aborto a nivel nacional, una
idea con la que coincidieron destacadas feministas como Marta Lamas y
las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle y Patricia
Mercado y de Morena, Malú Mícher.
En cuanto a la sugerencia de la abogada y futura Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de aplicar una amnistía para las
mujeres privadas de libertad por aborto, las defensoras opinaron que
esto sería “asunto de los Congresos locales”; pero lo dicho sería una
señal importante, dijo la jurista Ana Laura Magaloni Kerpel.
De acuerdo con el informe las mujeres son criminalizadas por tener un
aborto, aun cuando este es espontáneo, por ejemplo de 2007 y 2016, en
total 850 mujeres enfrentaron un proceso por el delito de aborto y de
enero de 2007 a diciembre de 2016 se dictaron 98 sentencias a mujeres
por el delito de aborto.
El Estado falla en garantizarlas una vida libre sin violencia, se les
niega u obstaculiza el acceso a la justicia, y las sentencias en su
contra tienen rasgos sexistas y discriminatorios, por ello GIRE hizo un
llamado a los Congresos locales para despenalizar el aborto al menos
durante el primer trimestre de la gestación, marco jurídico que ya
existe en la Ciudad de México desde 2007.
El informe de GIRE abarca un panorama completo, expone las
legislaciones de cada estado, las causales que permiten el aborto y las
sanciones que se imponen cuando no es legal, menciona las
constituciones que “protegen la vida” de la concepción/fecundación, hace
un recuento de los estándares de derechos humanos, muestra casos reales
y cifras de criminalización por aborto y otros delitos relacionados.
Todos los estados de la República permiten la interrupción del
embarazo si es producto de una violación; 15 contemplan este derecho si
corre riesgo la salud de la mujer; 24 si hay peligro de muerte; 15 si
fue por inseminación artificial no consentida; 16 por alteraciones
congénitas o genéticas graves en el producto; y dos por razones
socioeconómicas.
Las penas de prisión más altas, con hasta cinco años, son en Baja
California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Mientras que
en Chiapas, Michoacán y Veracruz no se contemplan penas privativas de la
libertad por el delito de aborto. En la Ciudad de México se permite el
aborto legal hasta la semana 12 de gestación.
Sin embargo, en algunos casos las mujeres son condenadas a sentencias
mucho más largas cuando el delito que se les imputa no es aborto sino
infanticidio u homicidio, como en el caso de Mónica, profesora de la
Ciudad de Cadereyta de Montes, en Querétaro, quien en febrero de 2001
tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía, el caso fue
documentado por GIRE.
Cuando tuvo el parto inesperado, Mónica se quitó la playera, envolvió
al recién nacido, lo tomó en brazos y al ver que aún respiraba salió en
busca de auxilio pero cuando se dio cuenta ya no respiraba. Ella
intentó reanimarlo, sin embargo, no reaccionó. Poco después la señora de
la casa que la albergaba la atendió y Mónica fue trasladada a un
hospital donde le practicaron un legrado.
De acuerdo con GIRE, Mónica se encuentra privada de libertad, acusada
del delito de homicidio calificado y aunque ella declaró que su parto
fue fortuito la declararon culpable.
El 7 de noviembre de 2001 el juez le dictó sentencia condenatoria por
42 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida y en segunda
instancia, en enero de 2002, los magistrados disminuyendo la condena a
25 años de prisión.
Estas historias “dejan ver el contexto del que estamos hablando”,
afirmó la profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel, quien afirmó que el debate (sobre el
aborto) “nunca está entrelazado” con la realidad.
La profesora destacó que nunca le había quedado tan claro, como en
este informe, el vínculo de la criminalización de las mujeres con el
sistema de salud. El personal de salud tiene la idea que pueden ser
sancionados por practicar abortos. De hecho, el informe indica que la
mayor parte de las denuncias por aborto en México provienen de los
mismos prestadores de servicios de salud.
Hay estados que prevén entre seis meses hasta 10 años de prisión a
los profesionales de la salud que cometan este delito. En el caso de
Baja California el personal de salud puede ser condenado.
Adicionalmente, hay suspensiones profesionales de hasta diez años.
Además, como parte de un patrón machista y discriminatorio, las
mujeres que llegan a los hospitales y son tratadas como sospechosas,
cuestionadas y maltratadas. Por ejemplo, GIRE documentó casos en los que
las enfermeras llamaron a las mujeres “asesinas”.
Según el informe, cuando las mujeres son denunciadas, el Ministerio
Público responde de inmediato y acude a los hospitales a interrogarlas
aunque estén en camillas, lo que para esta organización es una violación
del derecho al debido proceso.
En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones
autoincriminatorias realizadas en contextos de emergencias médicas,
“sin mayores pruebas que acrediten su responsabilidad”, expone el
informe.
En otros casos, por falta de información, mala atención jurídica, y
el trauma que sigue un parto fortuito y las acusaciones, las mujeres se
consideran asesinas, narró José Luis Gutierrez Román, director de la
organización AsíLegal que acompaña a casos en centros penitenciarios.
Sólo después de preguntarlas cómo fue que supuestamente “asesinaron” a
su hija o hijo, resulta que fue un parto fortuito o un aborto, declaró.
En tanto, el profesor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de laUNAM, aludió a la incertidumbre que
viven las mujeres en el país, debido a las legislaciones tan distintas
de cada entidad. Es una grave violación a la igualdad jurídica “que el
lugar en que la mujer se encuentre a la hora de interrumpir el embarazo
defina la manera de que es tratada”, destacó y llamó a las instituciones
a armonizar la legislación con el Código Penal de la Ciudad de México.
Especial Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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