¿Contrapesos?

Pedro Miguel

Quienes hoy se escandalizan ante su propia invención del poder sin contrapesos que supuestamente ejercerá la presidencia de Andrés Manuel López Obrador han aplaudido e incluso promovido las atrocidades de un régimen que construyó a punta de corrupción una hegemonía casi total en las instituciones gubernamentales: las llamadas reformas estructurales, por ejemplo, que desde los tiempos de Salinas fueron exigidas por la oligarquía mediático-empresarial y sus ideólogos, y que fueron finalmente aprobadas, después de un lustro de ofensiva en contra de la sociedad, en el contexto del Pacto por México, un consenso cupular que se construyó mediante la compra de voluntades y que, desde luego, no tuvo contrapesos significativos en el Congreso de la Unión ni en el Poder Judicial.

Hay que recordar que, tras toparse con la ausencia de contrapesos institucionales, los contrapesos ciudadanos a la privatización de los recursos naturales consumada por el peñato no pudieron ni acercarse a la puerta del Senado porque lo impidió una espesa valla de granaderos; que los contrapesos a la tal reforma educativa fueron reprimidos, apaleados, gaseados, encarcelados y algunos de ellos, asesinados por el régimen; que entre los contrapesos a los gasolinazos de enero del año pasado hubo muchachos muertos por balas de la policía y que los contrapesos a los proyectos de depredación extractiva y destrucción ambiental bendecidos por el gobierno en ocasiones acaban torturados, desaparecidos o ejecutados, sin que las buenas conciencias de la comentocracia se escandalicen mucho o poco.

Desde luego, estos predicadores de la corrección política caen desmayados sólo de imaginar un país en el que 95 por ciento de los medios informativos se encuentren bajo control del Estado, o de los sindicatos, o de las iglesias, o de los partidos políticos, pero les parece lo más natural del mundo que un porcentaje similar de los medios mexicanos esté monopolizado por un solo sector –la empresa privada– y que desde ellos se haya realizado una sostenida y perversa extrapolación de las lógicas empresariales, corporativas y mercantiles a todos los ámbitos de las relaciones sociales: la información misma, la educación, la política y hasta la religión. No se cuestionan ante el hecho de que bienes y recursos concesionados de la nación sean utilizados para un ataque regular y sistemático en contra de lo nacional.

Quienes hoy se rasgan las vestiduras ante la revolución de las conciencias que está ya en curso se hacen los olvidadizos ante la devastadora hegemonía ideológica construida en connivencia de los poderes políticos y empresariales: ese sucedáneo de moral pública basada en los principios de la productividad, la competitividad, la rentabilidad, la excelencia, la calidad total y demás fórmulas que culminan en la exaltación del egoísmo, el individualismo, la desconfianza y la mercantilización de los vínculos humanos para facilitar la imposición de la ley de la jungla en el país, la pérdida de derechos individuales y colectivos, la concentración de la riqueza, la destrucción de modelos de convivencia y la supresión del tejido social que pueda resultar un estorbo para la optimización de ganancias.

Aunada a la red de complicidades, compadrazgos, amiguismos, tráficos de influencias e intercambios de favores que caracteriza al grupo en el poder, esa hegemonía ideológica impera por igual en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los institutos autónomos y las comisiones descentralizadas, los medios informativos y las cúpulas sindicales y empresariales corporativas, y hace imposible el funcionamiento de cualquier sistema de contrapesos.

La verdad es que ningún mecanismo institucional o legal podrá anteponerse con eficacia a un poder omnímodo y que ninguna ley o instituto servirán de algo si el grupo que controla las oficinas de los tres poderes y de los institutos y comisiones pretendidamente autónomos, uniformado por el paradigma neoliberal, carece de voluntad para cumplir las leyes.

El restablecimiento de esa voluntad como premisa para el funcionamiento de la república es uno de los puntos nodales de la revolución de las conciencias. Y finalmente, hoy aparece en el escenario un actor que está llamado a ser el más eficiente contrapeso al poder público: la sociedad organizada en movimientos, causas y organizaciones realmente independientes, es decir, autónomas con respecto a la administración pública y autónoma también ante los conglomerados del poder económico que hasta ahora han hecho y deshecho a su antojo y que tienen una responsabilidad principal por el desastre social, económico e institucional que heredará el nuevo gobierno. Pero se trata, claro, del pueblo llano, la prole, la chusma, la raza, y eso le resulta chocante a los refinados promotores de unos mecanismos de acotación del poder público que no son más que el deseo de preservar privilegios e impunidades.

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