La Jornada
Las operaciones de
Grupo México, la compañía minera más grande del país, se han
caracterizado por contar con la abierta complicidad de los gobernantes,
relación que contribuye a explicar la absoluta impunidad de que goza
para imponer su voluntad en la violación de todos los códigos laborales y
ambientales.
El más reciente episodio en que el poder público ha fungido como
personero de la trasnacional dirigida por Germán Larrea Mota Velasco
tuvo lugar el martes pasado en Sombrerete, Zacatecas, cuando más de 150
policías estatales y municipales, además de agentes viales armados e
integrantes del Ejército, irrumpieron ilegalmente en la mina San Martín a
fin de romper la huelga que los trabajadores de la sección 201 del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y
Similares de la República Mexicana mantienen con la exigencia de
condiciones adecuadas de seguridad para realizar sus labores.
Para mencionar únicamente los casos más emblemáticos que documentan
el respaldo de los gobiernos federales en turno a las malas prácticas de
Grupo México, debe recordarse en primer lugar la tragedia ocurrida en
la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, en el último año de la
presidencia de Vicente Fox Quesada. En efecto, en los días posteriores a
que una explosión de metano dejó atrapados a 65 obreros, el dueño de la
empresa y el titular del Ejecutivo hicieron gala de exasperante
indolencia para intentar el rescate de las víctimas y de insensibilidad
rayana en el cinismo ante el dolor de los deudos.
En junio de 2010, con Felipe Calderón, más de 2 mil policías
federales participaron en la violenta represión contra la huelga de
Cananea, seguida por la imposición judicial del sindicato pro patronal y
el desconocimiento de la relación laboral con el gremio legítimo.
Ya en el presente sexenio, la empresa provocó el mayor desastre
ambiental en toda la historia de la industria minera en nuestro país con
el mismo saldo de impunidad: hasta hoy no existe sanción penal ni
administrativa contra ningún funcionario de la compañía por el derrame
de 40 millones de litros de residuos tóxicos en los ríos Sonora y
Bacanuchi ni por el posterior incumplimiento de todos los compromisos de
saneamiento y atención a los miles de afectados.
Es imperativo que las autoridades de todos los niveles cesen de
inmediato la práctica de convertir a las corporaciones policiales y
castrenses en fuerzas de choque al servicio de los grandes intereses
privados –una lamentable constante en los conflictos mineros, pero en
modo alguno restringida a éstos– y que en cambio cumplan su mandato de
velar por la plena vigencia de las leyes; en primer lugar, las que Grupo
México viola de manera consuetudinaria y sistemática.
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