LORENZO MEYER
Para J. A. Ortiz Pinchetti, deseándole lo mejor.
La plenacapacidad y voluntad del gobierno y del Estado mismo deben concentrarse ya en el enfrentamiento definitivoentre los investigadores y los intereses civiles y militares que por años han impedido cerrar con credibilidad ese enorme crimen de Estado que es el caso Ayotzinapa. El gobierno anterior estaba obligado a resolver dicho crimen,pero careció de la voluntad para hacerlo y al final se deslegitimó en extremo. El actual gobierno simplemente no puede, ni debe, darse el lujo de heredar al siguiente tamaña responsabilidad yoportunidad de mostrar que "no somos lo mismo": tiene que armar y bien la respuesta a semejante injusticia. Yel tiempo ya no le sobra.
Dentro de cualquiercomplejo burocráticopueden existir nichos donde operen residuos del pasado que arruinen el presente y comprometan el futuro.En el caso del gobierno mexicanoes evidente la persistencia de estructuras administrativas que padece, a la vez, elefantiasis y corrupción crónicasy son fuente de un descontento ciudadano que, en ciertas coyunturas críticas -y es el caso de losucedido en Iguala en septiembre de 2014-,pueden desembocar ensabotaje de políticas clave y deslegitimar el esfuerzo histórico por hacer efectivo el mandato de las urnas de 2018 y que es transformar la naturaleza misma del sistema de justicia y de la relación entre ciudadanos y autoridades.
En una conferencia "mañanera"reciente el presidente de la república afirmóque dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) -heredera dela tristemente célebre Procuraduría General de la República (PGR)-hay elementosque deliberadamente han operado para evitar que se esclarezca lo ocurrido en Iguala. Lo calificó de una suerte de rebelión interna que alteró una lista de personal civil y militar elaborada en base a investigaciones hechas por una comisión de la verdad presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y cuyo propósito era iniciarjuiciospor su responsabilidad directa en la perpetración y encubrimiento del crimen de Iguala. En la lista estaban el ex Procurador General, Jesús Murillo Karam y un general en retiro pero que en 2014 comandó al 27° batallón de infantería estacionado en Iguala.
Tras ocho años en espera de la justiciapara el caso Ayotzinapa la opinión pública nacional e internacional demanda certezas y ya no hipótesis. Requiere deuna fuente única de información del más alto nivel posible que sustituya esa sopa de letras que hoy surte a la prensa de datos e interpretaciones contradictorias y parciales: FGR, CVAJ, GIEI (nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la UEFGR (Unidad Especial de la FGR para el caso Ayotzinapa), SEDENA, SEMAR y otras más. Tras años de manoseo de la información y pocos resultados, esa fuente no puede ser una fiscalía para revelar la verdad que pretendió sepultar la "verdad histórica",sino la propia presidencia o el subsecretario Encinas, pero respaldado en cada paso por la figura presidencial por ser la de más alta credibilidad dentro del gobierno.
Y la información debe estar blindada a prueba de errores para no volver a ser cuestionada por la prensa nacional o internacional o por el propio grupo de padres de los estudiantes desaparecidos. El lenguaje de la explicación pública deber ser absolutamente claro y comprensible pues el ciudadano que deberá juzgarla no es un abogado ni un investigador. Finalmente, si alguien pretende volver a sabotear el proceso debe ser expuesto clara y públicamente, ya sea civil o militar.
Por la credibilidad de su proyecto de cambio histórico -la 4 T- este gobierno ha enfrentado con éxito varias veces a intereses creados enormes. En el caso Ayotzinapa no puede permitirsedejar abierto el expediente de un crimen de Estado pues afectaría negativa e injustamente todo su legado.
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