La creación de este registro local de deudores se hizo posible gracias a una serie de reformas en en Código Familiar, la Ley de Registro Civil y la Ley de Registro Público de la Propiedad y del Catastro del estado. Entre otras cosas, las modificaciones incluyen la adhesión de diversos capítulos en los que se especifica cuándo y cómo es que una persona quedará registrada como deudor alimentario moroso.
A grandes rasgos, se convertirá en deudor alimentario moroso todo aquel que lleve 90 días o más sin pagar pensión alimenticia. Cuando esto suceda, un juez deberá ordenar al Registro Civil de San Luis Potosí que incluya a dicha persona en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos con los siguientes datos:
- Nombre completo y CURP
- Nombre(s) de su(s) acreedor(es) alimentario(s)
- Datos del acta que comprueben el vínculo entre el deudor y el o los acreedores
- Número de pagos incumplidos y monto de la deuda
- Datos del expediente del que deriva su inscripción al registro
- Datos de quien ordena el registro
- Medios para contactar al órgano que ordena el registro del deudor
El Registro Civil se encargará de expedir un acta que compruebe la alta del deudor en el registro. Si esta persona es hablante de lengua indígena, el acta será emitida en dicha lengua con la ayuda de algún traductor. En cualquier caso, los datos de la persona serán eliminados del registro únicamente cuando cubra sus deudas.
¿De qué servirá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos?
De acuerdo con el decreto aprobado y publicado este 10 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria de San Luis Potosí, el registro creado funcionará como un modo de ejercer presión contra quien no cumpla con la pensión alimenticia.
Entre otras cosas, cuando una persona deudora intente adquirir, modificar, limitar o extinguir una propiedad, los notarios del estado se verán obligados a revisar si dicha persona está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Los jueces tendrán esta misma obligación cuando el deudor en cuestión quiera casarse con alguien más.
Además de esto, en cuanto un deudor alimentario quede inscrito en este catálogo, el Registro Público de la Propiedad deberá hacer una anotación sobre los bienes del deudor y emitir una alerta al respecto.
Con estas medidas, el Congreso local de San Luis Potosí busca erradicar un problema que —de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía— provoca que 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciba una pensión alimenticia como deberían.
Además de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelos, Jalisco, el Estado de México, Oaxaca, Coahuila y Chiapas también cuentan con un registro de deudores alimentarios. Al mismo tiempo, iniciativas como la Ley Sabina constituyen un esfuerzo para buscar la protección prioritaria de las infancias abandonadas por sus padres.
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