Imagen: James Battershill / Adobe Stock
KAMPALA – Un vacío en la legislación de Estados Unidos permite a donantes anónimos entregar cientos de millones de dólares a grupos que, dedicados a la “guerra cultural”, despliegan campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ en todo el mundo, revela una investigación de openDemocracy que llevó nueve meses.
Entre los beneficiarios de 272 millones de dólares distribuidos entre 2017 y 2020 mediante cuentas especiales conocidas como ‘fondos asesorados por donantes’ (DAF, en inglés) hay por lo menos dos grupos involucrados en la agitación política que fue antesala de una brutal ley que acaba de criminalizar la homosexualidad en Uganda.
También hay otros que defienden la esterilización obligatoria de las personas trans en Europa o han participado en dañinas ‘terapias de conversión’ incluso en estados de Estados Unidos donde estas prácticas están prohibidas.
El anonimato hace imposible conocer el origen del dinero que financia a los grupos “antiderechos” y frustra los intentos de exigir responsabilidades a sus patrocinadores o de persuadirlos de seguir sosteniendo económicamente el odio.
openDemocracy obtuvo y analizó datos de casi 2000 financiadores estadounidenses para investigar los flujos de dinero que reciben 36 organizaciones de extrema derecha que actúan para restringir derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ.
Entre estas 36 hay cuatro que el Southern Poverty Law Center (una prestigiosa entidad estadounidense de derechos civiles) cataloga como grupos de odio, otras dos que están asociadas a estos grupos de odio, y otras 30 cuyas actividades openDemocracy viene investigando desde hace años.
Este análisis permitió descubrir que 12 administradoras de cuentas DAF canalizaron casi la mitad del dinero que estos grupos de extrema derecha obtuvieron de la filantropía estadounidense.
Examinamos en detalle más de 15 000 páginas de declaraciones fiscales que las 12 mayores administradoras de DAF presentaron a las autoridades impositivas de Estados Unidos. Según esos documentos, estas administradoras entregaron a los 36 grupos más de 600 donaciones equivalentes a más de 272 millones de dólares entre 2017 y 2020, el último año fiscal sobre el que hay información completa disponible.
Más de 40 % del dinero de los DAF que openDemocracy logró identificar (113 millones de dólares) fueron para cuatro organizaciones designadas como grupos de odio anti LGBTIQ por el Southern Poverty Law Center: Alliance Defending Freedom (ADF), Family Research Council, Family Watch International y Liberty Counsel.
| Donaciones de las 12 mayores administradoras de DAF a grupos seleccionados de la ‘guerra cultural’ (2017-2020) | ||
| Administradoras de DAF | Total de donaciones (dólares) | Número de grupos beneficiados |
| National Christian Charitable Foundation Inc | 120 028 483 | 31 |
| Signatry (registrada como Servant Foundation) | 54 139 000 | 16 |
| Fidelity Investments Charitable Gift Fund | 28 672 208 | 34 |
| DonorsTrust | 26 632 251 | 12 |
| Schwab Charitable Fund | 20 538 559 | 34 |
| Vanguard Charitable Endowment Program | 1 699 674 | 26 |
| National Philanthropic Trust | 5 369 500 | 18 |
| American Endowment Foundation | 3 336.506 | 12 |
| American Online Giving Foundation Inc | 1 141 217 | 16 |
| Morgan Stanley Global Impact Funding Trust Inc | 396 527 | 10 |
| Silicon Valley Community Foundation | 354 033 | 3 |
| Goldman Sachs Philanthropy Fund | 225 800 | 5 |
| Total general | 272 533 758 | 36 |
Rebaja de impuestos
Un DAF (fondo asesorado por donante) es una cuenta que cualquier organización, familia o individuo que tenga una entidad sin fines de lucro puede abrir con el propósito de manejar sus donaciones filantrópicas. Esos DAF ofrecen importantes reducciones de impuestos al donante, así como – y esto es esencial – una estructura que lo blinda de toda controversia suscitada por los beneficiarios de su donación.
Esto es importante porque, de otra forma, en Estados Unidos las donaciones con fines benéficos pueden ser de conocimiento público mediante el examen de las declaraciones de impuestos. En otras palabras, si usted es un billonario que quiere dar dinero a un grupo que aparece en las noticias por atacar a las personas trans, pero no quiere verse involucrado públicamente en esa polémica, abra una cuenta DAF con una entidad registrada como sin fines de lucro y canalice su donación a través de ella.
Quienes critican este sistema afirman que ese vehículo de dinero opaco desde los DAF constituye una amenaza para la justicia y los derechos humanos, de modo análogo a los tsunamis de dinero anónimo que alimentan las campañas políticas y electorales en Estados Unidos.
Este anonimato “trabaja en gran medida a favor de la gente que quiere ocultar a quién da dinero”, en especial a quienes apoyan a grupos que están siendo cada vez más cuestionados por exacerbar la desinformación, el discurso de odio y la violencia, dice Heidi Beirich del Global Project Against Hate and Extremism (proyecto mundial contra el odio y el extremismo).
El uso de DAF como vehículo de la filantropía en Estados Unidos crece de manera exponencial desde hace unas décadas. Cada uno de los 12 administradores de DAF examinados en esta investigación recibe más de 1.000 millones de dólares por año.
Diseñada para financiar el odio
Una de las organizaciones que obtienen dinero mediante DAF, Family Watch International, está involucrada en la campaña política que sentó las bases para la ley anti-homosexualidad de Uganda, recién aprobada y que contempla incluso cadena perpetua.
En 2020, una investigación de openDemocracy reveló que Family Watch International estaba entrenando a políticos africanos de alto nivel para que se opusieran a la educación sexual y los derechos LGBTIQ.
Un 6 % de los 2,9 millones de dólares que recibió este grupo entre 2017 y 2020 llegó vía DAF. Otra organización involucrada en la infame ley ugandesa, la Fellowship Foundation, obtuvo vía DAF unos 12,8 millones de dólares, casi un cuarto de sus ingresos en el mismo período.
Alliance Defending Freedom (ADF), que recibió en ese lapso 43 % de sus ingresos a través de los 12 administradores de DAF examinados en esta investigación, es conocida por sus batallas contra el derecho al aborto y las personas LGBTIQ.
Este mes logró, mediante un caso fabricado, que la Corte Suprema diera la razón a una ciudadana cristiana que dice querer diseñar páginas web para bodas, pero pretende negar el servicio a parejas gays o lesbianas, lo que violaría la ley antidiscriminación de Colorado, el estado donde vive. (La Corte Suprema considera que la demandante puede discriminar a esos potenciales clientes pues su derecho a la libre expresión tiene preeminencia).
Este grupo alardea de haber sido parte del equipo legal que litigó con éxito para que la Corte Suprema eliminara la protección constitucional del derecho al aborto, porque en 2018 ayudó a políticos de Mississippi a redactar una ley concebida para impugnar, y finalmente derogar, el fallo Roe contra Wade.
Legisladores conservadores atribuyen a Alliance Defending Freedom haber redactado leyes para prohibir a atletas trans participar en deportes – como el proyecto HB500 de Idaho. También redactó proyectos de ley “modelo” para prohibir a estudiantes trans el acceso a baños y vestuarios acordes con su género.
El brazo internacional de ADF ha estado asimismo muy activo en las cortes europeas. En 2015, por ejemplo, introdujo una petición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando a favor del mantenimiento de leyes que exigían la esterilización de las personas trans antes de otorgarles el cambio de género en documentos oficiales. Esta intervención de ADF contribuyó a que fuera designada oficialmente como grupo de odio anti-LGBTIQ por el Southern Poverty Law Center.
ADF también ha intervenido en campañas legales y políticas en América Latina. En Paraguay, por ejemplo, asesoró a grupos fundamentalistas que empujaron al gobierno en 2017 a prohibir las menciones al “género” en la educación pública.
Las principales administradoras de DAF entregaron 2,6 millones de dólares a dos organizaciones que colaboran con ADF – el American Legislative Exchange Council (ALEC) y Advocates International.
Algo más de la mitad del dinero descubierto en esta investigación se canalizó a través de dos administradoras de DAF, DonorsTrust y National Christian Charitable Foundation (NCF). Ambas se establecieron específicamente para manejar los recursos de donantes con puntos de vista conservadores, según fuentes conocedoras de la filantropía estadounidense.
Una quinta parte del dinero rastreado por openDemocracy se vehiculizó a través de una administradora de DAF conectada a NCF, llamada Servant Foundation y que en los últimos años experimentó un crecimiento explosivo. Se trata de una fundación poco conocida, que recibía y distribuía entre tres y cuatro millones de dólares por año, pero que en 2019 registró unos ingresos de 1000 millones de dólares, entre ellos más de 307 millones directamente desde NCF.
Ni NCF ni Servant Foundation contestaron las preguntas de openDemocracy.
‘Derecho a expresarse’
Una vez que alguien deposita dinero en un DAF, a ojos de la ley de beneficencia estadounidense ese dinero pasa a pertenecer a la administradora del DAF. Esto quiere decir que el depositante obtiene una reducción de impuestos inmediata por su donación filantrópica incluso si el dinero no llega a su destinatario final.
En principio, esto significa que los administradores de DAF pueden vetar la recomendación de los donantes sobre a qué grupos entregar el dinero – de allí la expresión no vinculante “asesorado por donante”. En realidad, los administradores de DAF raramente ejercen esta potestad.
Algunas administradoras de DAF más pequeñas, como el Chicago Community Trust, se han negado a transferir donaciones a grupos conocidos por involucrarse en actividades cuestionables.
Otras, como DonorsTrust, defienden con energía el derecho de los depositantes a donar a quien quieran, sin importar el destino. “DonorsTrust está comprometido con la protección del derecho de nuestros cuentahabientes de expresarse mediante sus donaciones caritativas”, dijo a openDemocracy el presidente y director ejecutivo de la administradora con sede en Virginia, Lawson Bader. “Tampoco pretendemos saber qué motiva a un donante a recomendar una donación”.
“Es lamentable que la gente seleccione causas con las cuales pueda discrepar y luego demonice a quienes tengan diferentes creencias y opiniones sobre, por ejemplo, el aborto”, agregó.
DonorsTrust envió pequeñas sumas a dos organizaciones designadas como grupos de odio por el Southern Poverty Law Center, Liberty Counsel y ADF, y casi dos millones de dólares a ALEC, que colabora con esta última. También destinó más de 18,5 millones de dólares a la Federalist Society, un grupo que ha sido calificado como “el conducto conservador hacia la Corte Suprema” y “arquitecto de la distopía estadounidense”.
Incentivos financieros
Además de las consideraciones ideológicas, existen incentivos financieros para que las administradoras de DAF respeten los deseos de sus depositantes acerca de adónde donar el dinero.
Más de un quinto de los fondos identificados en esta investigación, entre ellos más de 8,6 millones de dólares para grupos de odio, fueron transferidos a través de DAF administrados por entidades sin fines de lucro vinculadas a bancos de inversión de Wall Street: Fidelity, Schwab, Vanguard, Morgan Stanley y Goldman Sachs.
Antes de transferir el dinero de los donantes a sus destinatarios, estas entidades lo invierten en sus compañías matrices, y así logran para ellas millones de dólares en honorarios y servicios de administración.
Por ejemplo, en 2020, Fidelity Charitable pagó a su empresa madre, Fidelity Investments, más de 94 millones de dólares por servicios de administración de inversiones.
Las administradoras de DAF también hacen millones de dólares en forma directa – en el año fiscal que terminó en junio de 2021, Fidelity Charitable se embolsó más de 146 millones que cobró a sus depositantes por administrar los fondos y las inversiones y por honorarios profesionales.
Con todo ese dinero en juego, las administradoras de DAF tienen un enorme incentivo para mantener a sus depositantes contentos, sin importar el costo en derechos humanos o el impacto en grupos marginados, según Alan Cantor, consultor de organizaciones sin fines de lucro de New Hampshire. Él critica las leyes que gobiernan los DAF y caracteriza el sistema así: “Wall Street tomando el control de la beneficencia”.
En comunicados enviados a openDemocracy o a otros medios, las administradoras de DAF que pertenecen a empresas de inversión justificaron su filosofía como “neutralidad en materia de causas” – argumento desestimado por algunas fuentes.
“El dinero nunca es neutral”, dijo Mark Hurtubise, expresidente de la entidad sin fines de lucro estadounidense Inland Northwest Community Foundation quien presenció cómo una administradora de DAF supuestamente “neutral” financió a un grupo nacionalista blanco.
Lo crucial, argumenta Hurtubise, es que lo que propugnan algunas de esas entidades sin fines de lucro no cumple con la definición de “propósito caritativo” que justificaría ser clasificadas como organización benéfica por las autoridades de EEUU.
“Lo que agrava el desafío”, agregó, “es que la estructura de los DAF implica que los verdaderos donantes permanezcan anónimos para autoridades, periodistas y, potencialmente, para los propios grupos” beneficiarios.
Hurtubise cree que esta opacidad ha hecho de las administradoras de DAF “el punto débil oculto de la filantropía estadounidense” al que se le ha “permitido contaminar las intenciones nobles” de la actividad caritativa.
Investigación y recopilación de datos: Angelina De los Santos, Dánae Vílchez, Diana Cariboni, Khatondi Soita Wephukulu, Lou Ferreira, Lucy Martirosyan, Lydia Namubiru, Maysa Pritilata, Mukanzi Musanga, Tatev Hovhannisyan y Zeynep Sentek. Traducción: Diana Cariboni.
Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy, con la que IPS tiene un acuerdo especial de republicación.
RV: EG
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