.-Ciudad
de México.- Hoy se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las
víctimas de Tortura, proclamado el 26 de junio de 1997 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas para reafirmar la prohibición absoluta de
la tortura y acompañar a las víctimas y sobrevivientes.La fecha recuerda la entrada en vigor, en 1987, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, uno de los principales tratados internacionales en la materia, mediante el cual los Estados asumieron la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente los actos de tortura.
México firmó la Convención en marzo de 1985 y la ratificó el 23 de enero de 1986.
En las últimas dos décadas, el Estado mexicano adoptó reformas legales, creó instituciones especializadas y asumió compromisos internacionales para prevenir y sancionar la tortura. Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han señalado que persisten altos niveles de impunidad y que la implementación de estas medidas sigue siendo insuficiente.
Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió 3 sentencias por tortura sexual contra el Estado mexicano por el caso de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, víctimas de violencia sexual por parte de militares en Guerrero, en el año 2002.
Sus casos llegaron a la (CoiDH) y tras años de espera, finalmente en 2010 el Estado mexicano recibió una sentencia que reconocía que se utilizó la violencia sexual como forma de tortura contra ambas mujeres causándoles sufrimiento psicológico intencional.
Otro caso condenado por la Corte internacional fue el de las mujeres de Atenco, víctimas de violencia sexual durante los operativos de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 por parte de policías estatales y federales para desalojar a floristas de Texcoco, apoyados por integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que dejó como saldo 47 mujeres detenidas y 26 agredidas sexualmente, entre otras personas heridas y fallecidas.
La sentencia por este caso se dio en 2018. La CoIDH reconoció el uso excesivo de la fuerza en el operativo, que las agresiones sexuales cometidas contra las mujeres constituían tortura, que se trató de una forma de control social, represivo y de discriminación de género del Estado.
La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano capacitar a los cuerpos policiales en asuntos de género, crear un observatorio para medir la efectividad de las instituciones o políticas para regular y monitorear el uso de la fuerza (de la policía federal, hoy Guardia Nacional) y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, así como crear un diagnóstico sobre tortura sexual a mujeres.
Avances normativos
México creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes en 2017, que homologó el delito en todo el país, prohibió el uso de pruebas obtenidas mediante tortura y estableció obligaciones de investigación. También creó mecanismos de prevención y reparación como las Fiscalías Especializadas, un protocolo homologado para investigar este delito, la aplicación del Protocolo de Estambul.
En el caso concreto de tortura sexual y a raíz de las sentencias anteriores, durante la XLI Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sistema Nacional), se adoptó el acuerdo 04-05/11/2020 para formalizar el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres como un Grupo de Apoyo Técnico de la Comisión de Erradicación.
Sin embargo, no existe una estadística oficial de cuántos casos registrados de tortura sexual tiene el Mecanismo, los datos son más generalizados respecto a la tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad que se encuentra en el Diagnóstico Nacional.
Desafíos pendientes
Pese a todos estos avances normativos e institucionales, organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, así como organizaciones de la sociedad civil, han señalado que persisten las deficiencias en la investigación de los casos, uso insuficiente del Protocolo de Estambul, pero sobre todo, la práctica persistente de la tortura y tortura sexual durante las detenciones e interrogatorios, así como dificultades para garantizar a las víctimas la reparación integral y garantías de no repetición.
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