Doce años sin sentencia: la batalla de Mónica Yuliana contra la prisión preventiva

Sin una condena firme, como la mayoría de las mujeres privadas de la libertad en México, Mónica Yuliana denuncia desde el Cefereso 16 fabricación de delitos, tortura, uso abusivo de la prisión preventiva y el desgaste de un encierro prolongado.

Autor:Marcela Nochebuena

Mónica Yuliana, 12 años privada de la libertad. Foto: Cortesía

Mónica Yuliana Espinoza Balderas lleva 12 años privada de la libertad. Actualmente permanece en el Cefereso 16 sin haber recibido una sentencia definitiva. Acusa que es víctima de fabricación de delitos, tortura y del uso abusivo de la prisión preventiva, medida cautelar que la mantiene privada de la libertad. Ha emprendido diversos recursos legales para que su situación sea revisada.

En 2014 Mónica Yuliana tenía 19 años y cursaba el quinto cuatrimestre de la carrera de Criminología en Tehuacán, Puebla. El 3 de junio de ese año, mientras entraba a su universidad por una rampa, varios hombres la abordaron, la llamaron por su nombre y la subieron a la fuerza, encapuchada, a una camioneta.

Centro Federal de Readaptación Social (Cefereo) 16 en Morelos. Foto: Especial

Al día siguiente, 4 de junio, era su cumpleaños. Para su familia, era difícil creer que se ausentara ese día y empezaron una campaña de búsqueda en Facebook, tras suponer que había sido secuestrada. Su actual pareja acusa que durante su desaparición fue torturada física y psicológicamente para obligarla a firmar declaraciones autoinculpatorias sobre hechos y delitos que desconocía por completo. Sus captores la llevaron a diferentes lugares, tomaron su teléfono, respondieron mensajes y desviaron llamadas.

Un cajero de una caseta de Capufe en Tehuacán, que conocía a Mónica porque era una modelo con presencia en redes sociales, avisó a la familia que la había visto pasar, sometida dentro de una camioneta. Fue hasta el 5 de junio, cuando acudieron a denunciar su desaparición ante la fiscalía estatal, que se les informó que estaba detenida.

“En esta fabricación del delito que le imputaron mencionan que fue detenida el 5 de junio en la noche, afuera de su casa, lo que es absurdo dado que ese día su familia ya estaba en el proceso de búsqueda. Ella reconoce varios de los vehículos y de las personas que se la llevaron por la fuerza, y se ofrece una pericial en materia de fotografía, audio y video de los vehículos que pasaron por esa caseta de Capufe el día que la vio el joven que avisó a la familia”, explica su hoy pareja.

Aunque las pruebas fueron presentadas el 2 de febrero de 2017, el juzgado ha retrasado su desahogo. En el sistema tradicional escrito corresponde al órgano jurisdiccional desahogarla; sin embargo, hasta la fecha sigue sin hacerlo. Bajo el pretexto de que la fiscalía no recibe oficios o que los peritos no son los adecuados, se niega a hacer efectiva su capacidad juzgadora, añade.

Esa prueba sin desahogo ha sostenido la privación de la libertad de Mónica Yuliana durante 12 años. El 27 de febrero de este año promovió un incidente pidiendo el cese de la medida cautelar, porque la Constitución mexicana establece que la prisión preventiva debe prolongarse por dos años como máximo. Sin embargo, desde su perspectiva, la jueza —que, posterior a la reforma judicial, la familia y la defensa de Mónica pensaron que impartiría justicia bajo la garantía de derechos humanos— ha sido completamente parcial.

El 2 de marzo pasado decidió desechar el incidente por no considerarlo procedente debido a que dos años atrás se había revisado la medida y para ella no había una actualización de las causales de valoración. “Era un absurdo no abrir el debate, dado que las condiciones de internamiento de Mónica ya habían variado, y dado que el mismo juzgado, al tener en su poder la posibilidad de desahogar una prueba que no había sido desahogada, actualizaba constantemente esta violación a sus derechos fundamentales, que es la impartición de justicia pronta y expedita”, apunta.

Animal Político ha documentado las diversas dificultades y desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en prisión. Ellas mismas relataron esas condiciones desde su privación de la libertad durante las conmemoraciones del 8M. Además, del 86 % de personas que ingresan a prisión sin sentencia bajo alguna modalidad de prisión preventiva, en el caso de las mujeres es una proporción que aumenta (90 %) frente a la de hombres (86 %).

Esto provoca, a su vez, que muchas de ellas obtengan una sentencia mediante un procedimiento abreviado (36.7 %), las más de las veces bajo presión. Ese proceso implica un acuerdo mediante el que la persona imputada acepta su responsabilidad y renuncia a un juicio completo —en el que se cancela toda posibilidad de desahogo de pruebas y de reclamo— a cambio de la reducción de su pena.

Del 86 % de personas que ingresan a prisión sin sentencia, la mayoría son mujeres. Foto: Cuartoscuro

“Está violentando el principio de presunción de inocencia”

Ante el incidente promovido por Mónica Yuliana y rechazado por la jueza, su defensa ingresó un recurso de apelación y a mediados de junio pasado el juzgado determinó que la jueza debe revisar la medida cautelar, para lo cual debía admitir a trámite el incidente.

En los días siguientes fue admitido y se fijó como fecha de audiencia el 23 de junio. Como resultado, la jueza decidió negar el cambio de medida cautelar. “No hay elementos, según ella, para cambiar esa medida cautelar, porque no excede los 40 años que, ella presume, a Mónica le tocan de sentencia, lo que para mí es gravísimo porque está violentando el principio de presunción de inocencia y está dictándole una pena anticipada”, reclama su pareja.

Todo ello pese a que los magistrados del tribunal le habían ordenado hacer un escrutinio minucioso de las condiciones que justifican la prisión preventiva en el caso de Mónica Yuliana. “Se salta todos esos pasos, y deduce que tiene que continuar bajo la premisa —no sé si no ha leído el expediente, lo desconozco— de que Mónica era procesada por delincuencia organizada y secuestro, cosa que no es real”, añade.

Mónica Yuliana fue absuelta del delito de crimen organizado y la única prueba que sostiene el de secuestro, subraya su pareja, es la autoincriminación que ella hizo bajo tortura. Una nueva apelación en contra de la resolución sobre el cambio de medida cautelar espera, otra vez, una resolución del Poder Judicial.

El desgaste físico y emocional, agravado por las condiciones en el Cefereso 16

El 11 de junio pasado, Mónica Yuliana participaba en diversas actividades en el Cefereso. Cuando regresó a su área de pernocta decidió usar las regaderas, de las que salió envuelta en una toalla al escuchar que le gritaban. Fue entonces cuando entre 20 y 25 integrantes del personal del sistema penitenciario la sometieron por la fuerza. Su pareja asegura que han logrado identificar a siete de los presuntos participantes.

En ese intercambio, intentó dialogar ante la intención que tenían las autoridades penitenciarias de reubicarla en otro espacio sin alguna justificación. Al seguir oponiéndose, las custodias la vistieron a la fuerza, le pusieron grilletes y la golpearon, e incluso sufrió tocamientos indebidos.

Mónica Yuliana, una víctima de la prisión preventiva. Foto: Cortesía

Fue un trato “cruel, inhumano y humillante”, afirma su pareja al recuperar su relato. Se la llevaron amarrada de pies y manos al área de hospital. Algunas de sus compañeras le avisaron a su pareja y familiares ante el temor por su integridad. Se dio vista al juzgado y se interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se salvaguarde su vida e integridad.

“Estamos en el proceso, Mónica tiene afectaciones en su salud mental bastante complejas. Hoy en día está bajo un tratamiento psiquiátrico, y algunos dolores y cuestiones que creemos que son secuelas, aun y cuando la autoridad determina otras cuestiones. Me parece súper arbitrario que lo haga de manera unilateral. Tenemos testigos, las mismas compañeras PPL dijeron que en el momento que tuvieran que ser testigos, aun cuando pudiera haber represalias, lo van a hacer”, apunta su pareja.

Uno de los principales reclamos y argumentos para solicitar la revisión de su medida cautelar son las condiciones en las que ha permanecido recluida. Aunque han variado durante los 12 años, han provocado que su salud física y mental se siga deteriorando. Además, ese tiempo representa un desgaste emocional y físico para cualquier persona privada de la libertad que lo enfrenta sin sentencia.

Hay muchos momentos difíciles, lamenta la pareja de Mónica, y a veces se conserva la esperanza, pero hay otros en los que es más complicado. “Nadie está preparado para vivir más de una década, 12 años, en prisión preventiva”, remarca. “Todo gana: la tristeza, la ansiedad, la incertidumbre; sin embargo, dentro de todo esto hemos intentado —por fortuna estamos juntas— resistir, y hemos encontrado el apoyo de organizaciones como CEA Justicia, de abogados como el que nos acompaña, que creemos en lo injusto que es este asunto”.

Es un hecho que, además, les ha llevado a vivir varios años en torno a un proceso injusto y doloroso, de desgaste emocional, económico y físico. Por eso, a las autoridades hoy les pide “que se respeten los derechos de Mónica; que nadie deba permanecer tantos años en prisión preventiva sin sentencia; y que no tengamos que gritar y exigir desde la rabia algo que debería estar garantizado: el acceso a una justicia pronta y expedita. Pero, sobre todo, que no seamos nosotros quienes tengamos que demostrar la fabricación del delito que le imputaron y que le cambió la vida, porque tenía 19 años cuando fue privada de la libertad”.

Hoy ambas están dispuestas a alzar la voz, porque además de la prisión, afirman, han sido muchos años de silencio.