Las mujeres que buscan a sus familiares y a otras personas desaparecidas en México enfrentan niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, han terminado en su propia desaparición o asesinato, advirtieron personas expertas independientes de Naciones Unidas.
En un pronunciamiento difundido el 30 de septiembre, las y los expertos llamaron al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y garantizar que las mujeres buscadoras puedan realizar su labor en condiciones de seguridad.
La alerta ocurre mientras organizaciones internacionales han documentado que las mujeres tienen una participación central en la búsqueda de personas desaparecidas y, al mismo tiempo, enfrentan distintas formas de violencia por realizar esta labor.
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Mujeres buscadoras enfrentan ataques y desapariciones
Las personas expertas de la ONU señalaron que durante el último año se han documentado al menos cinco agresiones contra colectivos de búsqueda en Sinaloa, tres de ellas ocurridas en un periodo de 72 horas.
Entre los casos mencionados está el de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas, cuya desaparición fue denunciada el 29 de agosto de 2026.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con su hija y dos menores.
También recordaron que el 1 de septiembre integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
El colectivo ya había enfrentado otros ataques. En febrero de este año fue asesinada su integrante Rubí Gómez-Tagle, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025.
Para los expertos, estos hechos ocurren en un contexto de impunidad que favorece la continuidad de las agresiones.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado además preocupaciones relacionadas con ataques digitales, intimidación y obstáculos al ejercicio de los derechos de reunión y participación de personas buscadoras y familiares de personas desaparecidas.
La búsqueda no debe recaer sobre las familias
Uno de los principales señalamientos de Naciones Unidas es que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos corresponde primordialmente al Estado.
Las familias deben poder participar en las tareas de búsqueda y en las investigaciones, pero esta responsabilidad no puede trasladarse a ellas, especialmente cuando hacerlo las coloca en situaciones de riesgo.
Los expertos señalaron que atacar a las mujeres buscadoras profundiza el ciclo de dolor e impunidad y afecta sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
También destacaron que la violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos puede adquirir características específicas de género, relacionadas con su participación en el espacio público y con el cuestionamiento de los roles tradicionales asignados a las mujeres.
Por ello, pidieron al Estado actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia contra las defensoras.
Amnistía documentó violencia contra 97% de buscadoras entrevistadas
La advertencia de Naciones Unidas coincide con investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos.
En 2025, Amnistía Internacional publicó el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, elaborado a partir de testimonios de 600 mujeres buscadoras de México y otros países de la región.
El informe encontró que 97 por ciento de las mujeres entrevistadas había enfrentado algún tipo de violencia o afectación relacionada con su labor de búsqueda. Entre las principales formas de violencia se documentaron amenazas, extorsiones, ataques y desplazamiento forzado; también se registraron casos de secuestro, tortura, violencia sexual, desaparición y asesinato.
Amnistía Internacional también documentó afectaciones en la salud física y mental, deterioro de las relaciones familiares y pérdida de recursos económicos entre las mujeres buscadoras.
La organización señaló que las buscadoras enfrentan además estigmatización y revictimización, incluso por parte de autoridades, y que existen obstáculos para acceder a mecanismos de protección con perspectiva de género.
Estos hallazgos permiten dimensionar que el riesgo no se limita a los momentos en que las mujeres salen a buscar a sus familiares: la violencia puede extenderse a sus hogares, familias, comunidades y espacios de participación pública.
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Gobierno rechaza que exista un patrón estatal
Después de la alerta de Naciones Unidas, el Gobierno de México rechazó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reconocieron que existen desafíos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, pero sostuvieron que atender las desapariciones constituye una de las prioridades nacionales.
El gobierno también señaló que las opiniones de las personas expertas de Naciones Unidas se emiten a título personal e independiente y, por tanto, no representan necesariamente la posición institucional de la ONU.
La respuesta oficial agregó que la información disponible, desde su perspectiva, no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.
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ONU reconoce a las mujeres buscadoras
La advertencia de los expertos ocurre además después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una resolución para establecer el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
Para los expertos, este reconocimiento internacional visibiliza la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas.
Pero el reconocimiento internacional también plantea una exigencia para el Estado mexicano: garantizar que las mujeres puedan buscar sin que esa labor implique poner en riesgo su propia vida.
En México, la búsqueda continúa siendo encabezada en gran medida por mujeres que, además de enfrentar la desaparición de un ser querido, han tenido que asumir tareas que corresponden a las instituciones públicas.
La protección de las buscadoras, advierten los organismos internacionales, no puede separarse del derecho de las familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener una reparación integral.
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