En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización del Aborto, organizaciones y activistas mantienen la exigencia de garantizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y reproducción, sin criminalización ni estigmas.
A cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, el avance legislativo en México no se ha traducido necesariamente en un acceso efectivo y libre de estigmas para todas las mujeres.
Aunque cada vez más entidades federativas han modificado sus legislaciones para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, persisten diferencias en las condiciones para acceder a este servicio de salud. Para Flor Rodríguez, abogada y activista por los derechos de las mujeres con formación en derechos humanos, género y política y directora de Repara Lumea, el reto actual consiste en dejar de medir los avances únicamente a partir de las reformas legislativas y garantizar que el derecho pueda ejercerse en los servicios públicos de salud.
En entrevista con CIMAC Noticias, Rodríguez explicó que uno de los principales pendientes es distinguir entre la despenalización y la garantía efectiva del derecho a decidir.
“Una cosa es la despenalización y otra es que se garantice la elección de las mujeres para poder gestar o sus derechos reproductivos”, señaló.
La especialista recordó que, aunque el aborto ya ha sido despenalizado en distintas entidades, en muchos casos continúan existiendo causales, límites y condiciones que determinan quién puede acceder al servicio y bajo qué circunstancias.
Por ello, consideró necesario preguntarse qué significa realmente que el aborto esté despenalizado y qué ocurre cuando una mujer necesita acceder a este servicio después de los límites establecidos en las legislaciones locales.
Despenalización no significa acceso garantizado
Para Rodríguez, uno de los principales desafíos está en los servicios públicos de salud, donde las mujeres pueden encontrar obstáculos incluso cuando legalmente tienen derecho a interrumpir un embarazo.
Entre las barreras que ha identificado durante su trabajo en territorio se encuentra la falta de medicamentos y de personal dispuesto a realizar procedimientos de aborto.
“Las mujeres que muchas veces acuden a estos hospitales se les dice: primero, no existe el medicamento. No hay medicamento que se les pueda administrar para que se les garantice el derecho a decidir”, explicó.
A esto se suma la objeción de conciencia de profesionales de la salud, situación que, desde su perspectiva, plantea la necesidad de garantizar que este mecanismo no termine convirtiéndose en un obstáculo para que las mujeres reciban atención.
El problema, agregó, es que el debate público puede quedarse únicamente en la dimensión legislativa, mientras que en los hospitales persisten las condiciones que dificultan el ejercicio efectivo del derecho.
“Solamente nos estamos quedando con sí, la despenalización en el tema legislativo, pero en el acceso estamos todavía a mucha distancia de que sea una realidad”, sostuvo.
Las desigualdades también determinan quién puede abortar
Las condiciones de acceso no son las mismas para todas las mujeres. El territorio, la situación económica, la lengua, la discapacidad y otras formas de desigualdad pueden acumularse y generar mayores obstáculos.
Rodríguez puso como ejemplo a mujeres que viven en comunidades alejadas de los servicios de salud. En estados como Guerrero, explicó, algunas mujeres que requieren atención deben recorrer largas distancias para llegar a un hospital y enfrentan dificultades relacionadas con el transporte.
A ello se agrega la barrera lingüística para quienes no hablan español.
“Hay mujeres que no hablan español, que hablan una lengua indígena, pues llegan a los hospitales y para llegar a los hospitales es una travesía porque no hay transporte”, señaló.
La atención puede darse además en establecimientos que no cuentan con todos los servicios necesarios y donde no siempre existen intérpretes que permitan garantizar una comunicación adecuada entre las pacientes y el personal de salud.
Para la especialista, estas situaciones muestran que el derecho a decidir también requiere políticas públicas capaces de responder a las desigualdades territoriales y sociales.
Mujeres con discapacidad enfrentan otras formas de discriminación
Las barreras también se profundizan cuando convergen diferentes condiciones de desigualdad. Las mujeres con discapacidad, señaló Rodríguez, enfrentan obstáculos adicionales alrededor del reconocimiento de su autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
“Las mujeres tenemos distintas formas en que la desigualdad nos atraviesa”, explicó.
Desde su perspectiva, la discriminación estructural puede hacerse más evidente cuando convergen factores como ser mujer, vivir en una zona periférica y tener una discapacidad.
A esto se suma el estigma que todavía existe alrededor de la capacidad de las mujeres con discapacidad para decidir sobre su vida sexual y reproductiva.
“Alrededor todavía del tema de las mujeres con discapacidad tenemos, súmale a eso, el tabú de la capacidad de decidir”, señaló.
El estigma también está dentro de los servicios de salud
La criminalización y el estigma no desaparecen automáticamente con una reforma legal. Para Rodríguez, una de sus expresiones puede encontrarse en la manera en que las mujeres son recibidas y cuestionadas cuando solicitan un aborto.
El simple hecho de mencionar la palabra “aborto” puede desencadenar cuestionamientos sobre la decisión de la paciente, explicó.
“Llegar a un hospital y mencionar la palabra aborto creo que ya empiezan como todos estos cuestionamientos”, dijo.
Preguntas reiteradas sobre si está segura de su decisión o sobre las razones por las que quiere interrumpir el embarazo pueden convertirse en mecanismos de presión que colocan nuevamente una valoración moral sobre una decisión relacionada con la autonomía reproductiva.
“¿Por qué lo estás haciendo?”, ejemplificó la especialista, al señalar que detrás de estos cuestionamientos persiste la idea de que una mujer que decide abortar es una “mala mujer”.
Para Rodríguez, el derecho a decidir debe poder ejercerse sin estigmas y con servicios de salud que garanticen información, atención y acompañamiento.
Tratar el aborto como un problema de salud pública
Frente a este escenario, la especialista consideró que uno de los siguientes pasos consiste en retirar la carga moral que todavía rodea al aborto y abordarlo como un asunto de salud pública.
“Creo que la principal es quitarle este adjetivo moralista que le ponemos al derecho a decidir y verlo como un problema de salud”, planteó.
Desde su perspectiva, la criminalización y la falta de garantías para acceder a servicios seguros pueden tener consecuencias graves para las mujeres.
Por ello, consideró que el avance legislativo debe acompañarse de políticas públicas que permitan que las reformas se traduzcan en servicios accesibles y libres de estigma.
“Nos falta como esa segunda parte de estas políticas públicas en donde socialicemos el tema, en donde les quitemos estos estigmas y en donde lo tratemos como un problema de salud pública y no un tema de moral”, afirmó.
A cinco años de la resolución de la Suprema Corte, el desafío no se limita entonces a ampliar el reconocimiento legal del derecho a decidir. También implica garantizar que una mujer pueda ejercerlo independientemente de la entidad donde viva, de su condición económica, de si habla español, de si tiene una discapacidad o de las condiciones del hospital al que acuda.
No dar por conquistados los derechos
En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, Rodríguez llamó a no dar por definitivos los derechos conquistados a partir de las luchas de generaciones de mujeres.
“Que no demos por hecho los derechos que ya hemos conquistado”, expresó.
La activista advirtió que, en distintas partes del mundo, existen procesos de retroceso en derechos reproductivos, por lo que consideró que su defensa requiere una acción permanente.
“Si hoy podemos decidir es gracias a la lucha de muchas otras mujeres y tenemos que seguir en esta lucha”, concluyó.
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