Visitan Colectivos solidarios comunidades zapatistas

Equidad entre mujeres y hombres, imparten en comunidades de Chiapas

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gtz. Chis. 21 jul 10 (CIMAC).- Colectivos solidarios internacionales, simpatizantes del trabajo autónomo de las y los zapatistas, reconocieron que las mujeres indígenas han hecho visible su situación de marginación, y han logrado el reconocimiento de derechos fundamentales para la equidad, no sólo al exterior, sino dentro de sus propias comunidades.

Luego de un largo recorrido por las comunidades en Chiapas, en la comunidad el Caracol de La Realidad, los solidarios fueron informados por la Junta de Buen Gobierno, de que la importancia de la equidad entre hombres y mujeres, se enseña desde los primeros niveles de la educación autónoma, además se trabaja para que los varones hagan tareas también en la casa.

“En todas las zonas autónomas existen colectivos de mujeres que tienen un papel importante para la autonomía y el desarrollo de su auto-emancipación, por ejemplo, en el Caracol de Roberto Barrios las mujeres nos cuentan que antes del 1994, su trabajo no era considerado importante, y que no tenían derecho a participar en los procesos colectivos.

Esta situación ha cambiado, las mujeres tienen responsabilidades en las Juntas de Buen Gobierno y los consejos municipales, en las áreas de la salud o de la educación” sostuvieron los brigadistas internacionales.

Los Colectivos europeos participantes de la red de solidaridad con los zapatistas reconocieron además el trabajo y avance, en aspectos como la salud, la educación, la construcción de la autonomía, su organización política, la agro-ecología, la comunicación, la lucha por la tierra y el territorio y por los derechos de las mujeres.

Este 16 de julio terminó formalmente la gira de estos brigadistas europeos que se comprometieron a seguir apoyando y promoviendo la autonomía zapatista, como una alternativa viable al capitalismo del Siglo XXI.

Paramilitares en Chiapas, una estrategia de la Secretaría de Defensa mexicana

Desde el Frayba se denuncia la actual militarización de Chiapas y la existencia de grupos paramilitares que siguen operando contra las comunidades indígenas

Resumen Latinoamericano (Especial desde Chiapas) - Aunque el gobierno mexicano asegure que en el país se combate la violencia paramilitar, un recorrido por el estado de Chiapas muestra lo contrario. Estos grupos financiados, armados y entrenados con dinero del Ejecutivo e instructores del Ejército, todavía siguen en actividad. Si bien su presencia es más solapada y esporádica que a mediados de 1990, continúan armados y hostigando a comunidades indígenas, con el pretexto de detener el “avance zapatista”.

Las pruebas sobre la actividad paramilitar sobran: asesinatos, masacres como la ocurrida en el poblado de Acteal en 1997, robos de cosechas y ganado es un tema de conversación siempre presente cuando se recorren las comunidades. Todos los habitantes saben que están ahí, esperando nuevamente una orden para desenterrar sus armas y cometer toda clase de delitos. Quienes viven en las comunidades tienen claro también que las diferentes instancias gubernamentales sostienen una complicidad de muchos años con el paramilitarismo.

Entrevistado por Resumen Latinoamericano, Jorge Armando Gómez, coordinador del área de Trabajo Regional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), habló sobre la actualidad en Chiapas, la presencia paramilitar -ahora disfrazada en “organizaciones civiles”-, la complicidad de los gobiernos con estos grupos, y el rumbo que la mayoría de la clase política busca para México: la “colombianización” del país a través del Plan Mérida.

Conocido internacionalmente, el Frayba lleva a cabo un trabajo sistemático desde 1998 recolectando información y denunciando los crímenes, tanto de paramilitares como del Ejército. Quien lea algunos de sus informes anuales (www.frayba.org.mx), se encontrará con una situación crítica en Chiapas, donde la criminalización de la protesta está a la orden del día, mientras las comunidades indígenas resisten desde hace años toda clase de vejaciones.

-¿Cuál es la situación actual en Chiapas con respecto al paramilitarismo, sobre todo en relación con las comunidades indígenas?

-Para hablar de los grupos paramilitares hay que ver el antecedente. Estos se crearon como un experimento de la Secretaría de la Defensa Nacional para ciertas regiones de Chiapas donde, según documentos, el Ejército identificaba hacia dónde se podía expandir la influencia zapatista. En la zona que directamente estaba identificada como zapatista aplicaron la militarización. En la zona que ellos decían que se podía extender la influencia, crearon grupos paramilitares. Ellos cometieron miles de crímenes de lesa humanidad: desapariciones, ejecuciones, violaciones, además de muchos desplazados. Esto empezó en 1995, sobre todo en la zona norte del Estado, en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, y hacia la parte de Los Altos, donde la punta del iceberg fue la masacre en Acteal en 1997. Como esto es una estrategia creada desde la Secretaría de la Defensa Nacional, se va modificando, entonces si el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha caminado más por una vía civil y pacífica, modificaron esa estrategia. Entonces todos esos grupos paramilitares empezaron a esconderse en organizaciones civiles, sin embargo siguen existiendo, nunca fueron desarmados y tomaron causes “institucionales”. A lo que ahora se dedican es a hostigar a las comunidades, a las organizaciones y, principalmente, a las bases civiles del EZLN.

-¿Estos grupos paramilitares tuvieron entrenamiento directo del Ejército mexicano?

-Nosotros documentamos que tenían fuertes vínculos con el comandante de toda la región que va de Tuxtla hasta Tabasco. Fueron ellos quienes les dieron adiestramiento, las armas y el dinero. Para eso se utilizaron recursos de programas federales y estatales, entonces es todo un diseño de funcionarios que operan en esta lógica. También los presidentes municipales actuaron en esa lógica.

-Una de las justificaciones de la existencia del paramilitarismo por parte del discurso oficial, fue el supuesto conflicto entre las propias comunidades indígenas. Tanto paramilitares como gobierno, ¿esgrimen otras razones para justificar la violencia que llevan adelante?

-Esa es la razón donde buscan ocultar el conflicto. Esos grupos actúan movidos por funcionarios de gobierno, siempre terminamos documentando quiénes son los funcionarios y de dónde vienen las líneas de mando para hostigar. Lo que más bien se argumenta es que son conflictos comunitarios y de esta forma el Estado niega queson ellos y que están detrás de esa estrategia. Es lo que nosotros llamamos “estrategia integral de contrainsurgencia”, que es la militarización del Estado, la creación de grupos paramilitares para sembrar el terror, y toda la acción de las políticas de cooptación y división de las comunidades.

-¿Qué cantidad de grupos paramilitares pudo registrar el Frayba en todos estos años?

-Han ido cambiando, pero hay varios informes del Frayba donde están documentados todos los grupos. Uno de los más fuertes era el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), que se forma en la parte de Las Cañadas, en la zona donde está más militarizado. Otros grupos son Los Chinchulines, en la zona de Chilón, y los Máscaras Rojas que se identificaban en la zona de Los Altos. Pero ha ido cambiando esta estrategia y se han ido “institucionalizando”. Lo que pasó, y que nosotros fuimos monitoreando en los últimos tres o cuatro años, es que estos grupos se unieron, formaron alianzas territoriales y tienen la misma lógica de expansión y ocupación que los militares. Hay una organización que se llama OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), donde se fusionó el MIRA y Los Chinchulines, entonces la OPDDIC creció mucho en la zona de Las Cañadas y corre hacia la zona norte de Chilón. Otra organización es Paz y Justicia, donde son todos paramilitares, pero siempre fue una “organización civil” que en el interior tenía un grupo paramilitar. Paz y Justicia sigue existiendo y tiene su sede en la ciudad de Palenque. Por otro lado, la parte más radical de este grupo se dividió y se fue a la zona norte.

-¿Cómo analizan ustedes el hecho de que el paramilitarismo recluta gente de las propias comunidades indígenas?

-Este es uno de los grandes retos que se tienen. Es lamentable, porque esta es la parte psicológica de la estrategia de contrainsurgencia: sembrar el terror y la división en las comunidades. Lo bello, maravilloso y la gran riqueza y aporte histórico que tienen los pueblos indígenas a nuestro país y a nuestra América Latina, es el sentido comunitario de la vida, de la lucha y de la esperanza. El gobierno, lo que busca, es atentar contra el corazón del tejido comunitario y llenarlo de miedo y odio. Eso es un crimen contra la humanidad. ¿Entonces qué pasa? Las comunidades están divididas, llenas de odios y rencores, miedos muy presentes en las poblaciones, miedos a organizarse, la palabra “organización” en algunas partes, donde fueron más crudos los paramilitares, genera miedos. Pero hay que ir recuperando el sentido de esperanza, que ellos rompieron. Eso es lo más fuerte, ver cómo el gobierno atenta contra el sentido de esperanza, que es atentar contra el sentido final de la humanidad. Pero los pueblos vienen resistiendo más de quinientos años a guerras muy crudas, a estrategias de exterminios, entonces esto es un capítulo más y nosotros tenemos la esperanza que vamos a salir adelante. El aporte histórico de los pueblos indígenas es que logran salir adelante pese a todo.

-¿El Frayba tuvo algún registro de que los paramilitares fueron entrenados directamente o tuvieron algún contacto con la Central de Inteligencia estadounidense (CIA) o el Ejército norteamericano?

-A los grupos paramilitares no, porque la CIA le daba la asesoría directamente a los militares mexicanos, entonces los militares ya operaban la estrategia. No tenemos registros de que hayan entrado en los pueblos, pero a partir de 1994 México comienza a enviar a todos sus mandos militares a lo que fue la Escuela de las Américas. Ahí se formaron todos los mandos militares que después estuvieron en Chiapas. Sí sabemos de la presencia de agentes de la CIA en México. El año pasado, la organización que desclasifica los archivos de seguridad nacional de Estados Unidos, reveló uno documentos que eran cables de sus enviados en México. Es una clara muestra de que aquí estaban presentes, además de toda la asesoría y educación en la contrainsurgencia de los militares mexicanos que fue por parte del Ejército de Estados Unidos.

-¿El Frayba cómo ve a futuro la presencia paramilitar y militar en Chiapas?

-Lo que nosotros estamos viendo es que México va rumbo a colombianizarse. Los políticos son cada vez más cínicos al decir que tenemos que ir hacia ese rumbo. Nosotros lo preveíamos cuando empezamos a monitorear cómo se estaba dando todo esto. Cada vez es más claro y los políticos son bastante cínicos para decir que tenemos que aplicar un Plan Colombia, aunque ahora está el Plan Mérida que es una cosa parecida. Esto va creciendo, lo que pasó en Chiapas está pasando en todo el país y vemos que se va a recrudecer. Esto va a suceder porque el sistema político mexicano está fracturado, debilitado, deslegitimado y cada vez hay más conflictos sociales por todas partes. Con un gobierno, representante del Estado, tan debilitado no les está quedando otra que aplicar la fuerza. Es lo más claro que se vio en este cambio de cuando salió Vicente Fox y entró Felipe Calderón a la presidencia. Calderón entró con una alianza con los militares, a darles mucho dinero a los militares, eso está claro en los presupuestos. Llegó a militarizar las policías, sacar a los soldados del Ejércitos y enviarlos con todas sus prestaciones y rangos a la Policía Federal, que es la que se encargó de hacer la represión, por ejemplo en Atenco y en Oaxaca. Ante esto, el único recurso que le queda al gobierno es estar golpeando a la población, pero al seguir golpeando ellos creen que van a fortalecer su legitimidad, pero al contrario, se están deslegitimando más. Entonces hay dos escenarios: el que se quede pasmado y con miedo, o el que se organice y luche. Nosotros tenemos esa gran esperanza, porque es la experiencia y aprendizaje que como Frayba tenemos de los pueblos indígenas en Chiapas. Ante tanto dolor y tanto sufrimiento, siempre está la esperanza, que es lo último que se pierde. Esos escenarios vemos, pero con muchas esperanzas, porque hay también muchos movimientos sociales en México. Invisibles cada vez más por los grandes medios, pero ahí están, hay mucha comunicación desde abajo. Y desde abajo vamos construyendo y sabemos que hay muchos compañeros y compañeras, organizaciones, colectivos, familias, comunidades, y por ahí vamos a caminar.

FOTOS: YAMILA BLANCO

Masacre de Acteal: cuando el gobierno se disfrazó de paramilitar

El 22 de diciembre de 1997, el estado mexicano cometió una de las grandes masacres del país: paramilitares asesinaron a 45 personas en el poblado de Acteal

Resumen Latinoamericano (Especial desde Chiapas) - El taxi colectivo deja atrás San Cristobal de las Casas y sube por la ruta, serpenteando las montañas que parecen recubiertas por nubes verdes. Después de una hora y media, el auto se detiene y el chofer indica que abajo están Las Abejas. Eso se distingue desde la ruta: un cartel da la bienvenida a la tierra sagrada de los mártires de la masacre de Acteal, llevada a cabo en 1997 por paramilitares.

A un costado hay una pequeña tienda manejada por las mujeres de la comunidad y enfrente se levanta la columna de la infamia, una construcción que representa a personas entrelazadas que suben hacia el cielo. Alrededor todo es montañas, plantaciones de maíz y café, y una historia no muy lejana donde paramilitares y gobiernos aplicaron una fórmula conocida para acabar con hombres y mujeres que exigen respeto a sus derechos ancestrales y básicos.

Junto a la ruta hay una escalinata que lleva hasta el centro de la comunidad de la Asociación Civil Las Abejas, nacida en 1992. Cuando se llega abajo, lo primero que se ve es una iglesia con las imágenes de Jesús y la Virgen de Guadalupe. A la derecha está el santuario que se asemeja a un anfiteatro techado, donde cuelgan banderas multicolores. “Con la fuerza de nuestros abuelos y abuelas honraremos a nuestros mártires. Trabajamos por la justicia, la verdad y la paz”, se lee en una de las telas, donde hay dibujados un anciano y una anciana, y de fondo la cara de una joven indígena. La bandera se completa con imágenes de maíz, café y abejas sobre laderas verdes.

Debajo del santuario están las víctimas de la masacre de 1997. Y en Acteal es muy raro no encontrar a alguien que no tenga un familiar enterrado en ese lugar.

Relato de Agustín

Agustín dice que tiene una historia que contar. Esa historia es la de la masacre de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, pasadas las diez de la mañana, un grupo de cien paramilitares entraron a la comunidad de Las Abejas. Armados con fusiles de guerra y machetes asesinaron a cuarenta y cinco personas; nos distinguieron si eran hombres, mujeres embarazadas o niños. La orden era barrer y sembrar terror en las tierras tzotziles del café y el maíz.

Cae la noche desde las montañas y la niebla comienza a bajar. Llueve de forma intermitente y a lo lejos se escuchan una flauta, maracas y un arpa. En la cocina de Las Abejas, desde hace días hombres y mujeres cocinan tamales para la celebración de San Pedro, el patrono del municipio.

En uno de los cuartos donde atienden los promotores de salud, Agustín hierve frijoles y calienta tortillas. Este año fue elegido miembro de la mesa directiva de la comunidad. En la cara de Agustín siempre hay una sonrisa y sus manos en todo momento están al servicio de quien le solicite algo. Recuerda que unos días antes de la masacre, los paramilitares –que ya operaban en la zona desde principios de año como mínimo-, entraron y robaron las cosechas y el ganado. Desde hacía meses, tanto Las Abejas como los municipios autónomos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) venían denunciando que el gobierno estatal, con el beneplácito del entonces presidente Ernesto Zedillo, organizaban bandas paramilitares. El entrenamiento de los grupos corría por cuenta del Ejército mexicano, que bajo la teoría oficial de la “violencia intercomunitaria” mantenía la zona de Los Altos chiapanecos militarizada.

Agustín comenta que antes de la masacre, uno de sus hermanos se enteró de los planes paramilitares y les avisó, pero que en la comunidad nadie pensaba que podía concretarse el rumor. “Nosotros no usamos armas, lo único que tenemos son nuestros machetes para trabajar”, dice Agustín.

Cuando los paramilitares entraron a Acteal los pobladores realizaban una jornada de ayuno y oración por la paz. Desde hacía meses, en pocos kilómetros a la redonda, el número de desplazados por las agresiones paramilitares ascendía a diez mil. Casi sin comida, con fuertes enfermedades, viviendo en construcciones de plástico y algunas maderas, los desplazados además tenían que soportar los asesinatos contra los miembros de las bases de apoyo zapatistas. Mientras tanto, el gobierno mexicano argumentaba que la violencia se debía a un conflicto entre comunidades generado por la explotación de una mina de grava. Aunque suene irrisorio, un año después de la masacre el Ejecutivo publicaba el “Libro Blanco de Acteal”, donde volvía a defender esta teoría.

Huele bien en la habitación donde Agustín cocina y cuenta su historia, que es común a la de los demás pobladores de Acteal. “Creemos en la palabra de dios –explica- y la palabra es nuestra arma de lucha. No matarás, no robarás, es lo cumplimos, pero ellos no”. Si Agustín habla de “ellos”, es de los propios indígenas que el Ejército y el Partido de la Revolución Institucional (PRI) reclutaron y entrenaron para asesinar. Otra de las excusas esgrimidas (y contradictoria con la anterior) fue que Las Abejas eran parte del EZLN y estaban armados. Si bien el zapatismo cuenta con un ejército, para esa fecha solo realizaban operaciones defensivas a los ataques paramilitares y militares y era sabido que no utilizarían sus armas, ya que habían optado por el diálogo.

Agustín dice que la comida está lista y agrega que los paramilitares tuvieron seis horas para masacrar. A doscientos metros de donde ocurrían los asesinatos, la policía “vigilaba” y fue avisada por los pobladores. Llegaron pasadas las cinco de la tarde, cuando los propios habitantes de Acteal ya apilaban los cuerpos y buscaban a quienes habían escapado hacia el río, ladera abajo, tratando de escapar.

Llegan algunos miembros de la mesa directiva a cenar. El día fue largo y la mañana comienza temprano. Cuando Agustín relata la historia su cara no se conmueve. Tiene la paciencia de sus abuelos tzotziles y la certeza de que la verdad y la palabra están a su favor.

Paramilitares activados

Cuando se le pregunta a algún miembro de Las Abejas dónde están los paramilitares, la respuesta es simple: a pocos kilómetros, en otras comunidades manejadas por el PRI, con las armas “enterradas”, esperando la orden para activarse.

En la oficina de la mesa directiva los siete miembros están reunidos. Sus días son de actividad plena, recorriendo la zona, hablando con la gente, respetando ese mandato que tanto repiten: “mandar obedeciendo”.

José es el presidente, habla con un tono suave y lento, y explica a quien se lo pregunte que ellos tienen diferencias mínimas con los zapatistas pero que la lucha es la misma. También recuerda que hace un año atrás veinte paramilitares que estaban encarcelados por la masacre fueron liberados y que solamente el presidente municipal de ese entonces, César Ruiz Ferro, se encuentra en prisión como autor intelectual. José dice que a los demás responsables de la masacre nadie los toca.

Aunque la actividad paramilitar en Acteal se encuentre en un presunto repliegue, en el estado de Chiapas los grupos continúan intimidando, hostigando y agrediendo a los pobladores de las comunidades autónomas. Solamente observar la cartelera de la oficina de la mesa directiva para darse una idea. En una especie de periódico mural se hace un recuento: el 23 de enero la Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció la ocupación de terrenos zapatistas por parte del grupo paramilitar OPDDIC; el 29 de enero la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denunció la invasión y destrucción del poblado de Laguna de San Pedro por parte de policías, militares y funcionarios del estado; el 2 de febrero se denunció un ataque con armas de grueso calibre contra campesinos adherentes a la Sexta Declaración de la selva Lacandona del EZLN; el 7 de febrero la organización Ejército de Dios-Alas de Águilas (calificada como fundamentalista evangélica) realizó disparos en la cercanías de la comunidad de Mitzitón, perteneciente a La Otra Campaña del zapatismo; sobre este grupo además se revela que en julio de 2009 asesinó a un habitante de la comunidad pero “los culpables obtuvieron la libertad sin cargos”.

Por estos días, un grupo europeo de apoyo a las Bases Zapatistas se encuentra en Chiapas y en apenas algunas jornadas de trabajo ya realizaron varias denuncias en el diario La Jornada. En Oventik, la Junta de Buen Gobierno comunicó que el Ejecutivo “quiere dividir a las comunidades por medio de programas asistencialistas como Procampo o Provivienda, respaldando a sectas religiosas, o apoyando a grupos paramilitares para provocar enfrentamientos y justificar la intervención de la policía o el Ejército Federal”.

José repite lo que todos saben: en Acteal los paramilitares solo esperan ser activados, y que ahora los gobiernos federal como estatal buscan dividir a las comunidades a través del dinero. “Eso sólo se puede parar formando conciencia entre nosotros”, afirma José.

Dinero, vieja estrategia que nunca pasa de moda
Nacida en 1992, la organización Las Abejas tiene una historia en común con el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Los reclamos y demandas son los mismos, y el camino por recorrer también. Un ejemplo de esto es su adhesión a La Otra Campaña, lanzada por el EZLN antes de las elecciones presidenciales que llevaron al poder (fraude mediante) a Felipe Calderón.

En la comunidad se aprecia un trabajo paciente, responsable y donde los tiempos son muy diferentes a la “real politik” que se ve por televisión. Una muestra de esta ética en la práctica, es que los miembros de la mesa directiva solamente pueden ejercer un año y luego no ser reelectos por otros cuatro años. Cuando son elegidos dejan sus trabajos y viven durante toda la semana en el centro de la comunidad. No reciben sueldos, solamente la comida y una pequeña ayuda económica cuando tienen que viajar más lejos para alguna actividad. Toda elección o decisión importante se define en grandes asambleas donde todos y todas hablan y la mesa directiva está día a día recorriendo las diferentes comunidades.

Hace un año, Las Abejas tuvieron una fuerte división. La razón: parte de los dirigentes de ese entonces comenzaron a recibir dinero y a negociar con el gobierno estatal. Luego de discusiones y consultas, la organización partió aguas y se comenzó nuevamente desde bien abajo. Si Las Abejas llegó a aglutinar cerca de treinta comunidades, ahora ese número es mucho menor pero sus pobladores son más firmes a la hora de no dejarse engañar. Y el gran desafío de la actual mesa directiva es volver a agrupar a quienes fueron engañados o, como dice Oscar, uno de los promotores de salud, “dejaron a los cuarenta y cinco aquí y se fueron con el gobierno”.

José comenta que desde hace tiempo se reparte dinero en las comunidades, buscando dividirlas y enfrentarlas. Que ese dinero es escaso, pero que se juega “con las necesidades de la gente”, y que el gobierno ofrece cinco mil pesos a los familiares de las víctimas de la masacre para que “dejen reclamar”. José aclara que Las Abejas no reciben dinero del estado porque saben, por su experiencia, que siempre le van a exigir algo a cambio y eso es abandonar su lucha.

Mientras tanto, en la comunidad los preparativos para la celebración de San Pedro continúan. Son días de poco descanso y mucho trabajo, como casi siempre, sobre todo los 22 de cada mes, cuando Las Abejas se reúnen a homenajear a sus mártires con la “sabiduría de sus abuelos y abuelas”, con la esperanza de justicia y una nueva sociedad que va creciendo en Acteal.

FOTOS: Yamila Blanco

En diez días, cinco dirigentes sociales detenidos en Chiapas

Resumen Latinoamericano...

Víctor Hugo Zavaleta Ruiz (con micrófono), durante una reunión con bases sindicales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El integrante del comité directivo de la sección 50 del SNTSA es uno de los dirigentes detenidos por encabezar protestas sociales.

El dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata(Opez), Caralampio Gómez, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) después de participar, con un "discursosolidario", en un mitin de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizado el viernes en esta capital.

Con él, suman cinco líderes detenidos por las autoridades en los últimos 10 días. Los otros cuatro son Pedro Gómez Bahamaca, Misael PalmaLópez y Alberto Mirón Vázquez, integrantes de la dirección política de la CNTE, así como Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, miembro del comité directivo de la sección 50 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA).

Los cinco están arraigados en un lugar conocido como Quinta Pitiquitos, en el municipio de Chiapa de Corzo y están acusados de delitos relacionados con las movilizaciones sindicales para exigir el respuesta a demandas gremiales.

El líder de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), con sede en Oaxaca, Azael Santiago Chepi, arribó a Chiapas para encabezar pláticas con autoridades federales, con el propósito de que se frene la detención de más maestros.

A los tres maestros detenidos y otros 19 agremiados de la CNTE les giraron a órdenes de arresto, acusados de asociación delictuosa, ataquesa las vías de comunicación, atentado contra la paz, y uno de reciente creación denominado "delito contra la dignidad de las personas".

Todos esos cargos están relacionados con la movilización de mayo pasado, en la que exigieron a la dirigencia de la sección 7 del SNTE, encabezada por Rosendo Galíndez, liberar la caja de ahorro de los maestros.

Ante estas acciones, los mentores, apoyados por los sindicalistas delsector salud y campesinos, realizaron protestas. La más reciente fue este viernes, cuando los profesores efectuaron un plantón programado para ser indefinido, pero fue suspendido más tarde ante la detención de Misael Palma López y Víctor Hugo Zavaleta.

La noche de este sábado, unos cien profesores del bloque democrático se encontraban dentro de las instalaciones de una secundaria técnica en Tuxtla Gutiérrez, sitiados por policías estatales y personas vestidas decivil a bordo de motocicletas y vehículos sin placas, con el riesgo de ser detenidos.

Durante el mitin del viernes, Caralampio Gómez, al igual que Víctor Hugo Zavaleta, manifestaron solidaridad de sus respectivas organizaciones con los docentes chiapanecos, ante las detenciones y órdenes de aprehensión que se han girado en su contra.

Entrevistados la madrugada de este sábado, mientras se refugiaban en la secundaria cercada por policías, los maestros explicaron que "las organizaciones sindicales, campesinas y magisteriales hemos estado trabajando juntas para intentar detener la represión en contra nuestra, para intentar que las autoridades escuchen la demanda de nuestros derechos, pero ahora vemos que la represión se acentúa, que se incrementan las amenazas y la violencia contra nosotros".

Acusaron que "luego que Zavaleta y Caralampio estuvieron en nuestromitin, fueron detenidos con violencia, al igual que al maestro Misael Palma, quien acababa de salir junto con la comisión negociadora de la CNTE de una reunión con el secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón".

"Eso es una traición, pues nosotros habíamos aceptado la salida negociada para que fuera liberado Alberto Mirón Vázquez (detenido el 7 de julio) y Pedro Gómez Bahamaca", refirieron.

"Estamos por una salida pacífica a nuestras demandas. Por eso pedimos el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) para que funja como testigo de calidad en las reuniones con el gobierno de Chiapas. No queremos más traiciones, no más celadas",plantearon.

El Frayba exigió la liberación "inmediata" de los dirigentes sindicales y campesinos detenidos en forma "arbitraria" y la cancelación "de todas las órdenes de arresto relacionadas con el legítimo derecho a la protesta de los miembros del bloque democrático magisterial".

En una acción urgente emitida esta noche el organismo que presiden los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, sostuvo que los arrestos forman parte de una "acción represiva del gobierno de Chiapaspara desarticular las demandas sociales que realiza el sindicato de maestros desde hace dos años, y a quienes se solidarizan con su movimiento".

El Comité Regional (en los Altos de Chiapas) del Gobierno Legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno estatal la liberación de los líderes. Pidió el "cese de la persecución y la represión en contra de los dirigentes chiapanecos, y del hostigamiento contra las organizaciones sociales y sindicales".