"Hoy la causa de fondo para Ayotzinapa es que un gobierno emanado de la llamada 4T dé solución al caso y castigo a los responsables".
El 26 de septiembre de 2014, fecha de la criminal desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ha quedado en la memoria con la misma tinta indeleble del 2 de octubre de 1968. La segunda fecha emerge como recordatorio del brutal carácter del viejo régimen, cuyo autoritarismo era estructural y no se limitaba a deberse a la incapacidad personal de un personaje prepotente como Díaz Ordaz.
La primera fecha nos recuerda, asimismo, que parte de esas taras permaneció pese a la transición a la democracia; y que aún en el siglo XXI, con la añadidura grotesca de la complicidad entre autoridades y crimen organizado, se seguían perpetrando crímenes que fueron distintivos de la guerra sucia mexicana, como la desaparición forzada.
Así, 26 de septiembre y 2 de octubre son una pinza más que dos fechas aisladas, cuya resonancia nos recuerda los muchos pendientes que existen en el país; y que son ya un emblema de activismo y memoria, como se resalta, por ejemplo, en una casa de estudios como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM, donde desde 2014 ha quedado asentado ese cúmulo de días como espacio de reflexión y de actividad sobre ambas fechas.
Para secundar esa línea, vale pensar qué implicaciones tiene ese dúo conmemorativo de dos cuestiones que no fueron tragedias, sino crímenes. El 2 de octubre de 1968 es un punto de inflexión en la historia de nuestro país, porque reveló el rostro autoritario no de un Presidente sino de un sistema.
Pero hay que hacer varias precisiones. La primera es que ese movimiento estudiantil no puede entenderse sin el clima global de la Guerra Fría interamericana, donde tras el triunfo de la revolución cubana en 1959 hubo una eclosión de movimientos armados en América Latina que pretendían lograr algo parecido, aunque el grueso de ellos fue marginal y difícilmente habría conseguido su objetivo. Asimismo, la década de los 70, también con el trasfondo de Cuba y las movilizaciones estudiantiles globales, como en París, Praga, Japón o el Uruguay; había dejado en claro un punto.
Como nos recuerda Eric Hobsbawm, esa afluencia estudiantil como actor político dejaba ver que había una generación que, a diferencia de la anterior, había hecho ya de la educación superior una cuestión identitaria. Por primera vez las familias de clase media tenían hijos en la universidad; algo impensable apenas unos años atrás.
Ese factor fue crucial para la renovación ideológica y el nacimiento de lo que después se conocería como “Nueva Izquierda”, es decir, esa que empezó a reflexionar que los cambios sociales no debían ser sólo económicos, sino también culturales, universitarios, estéticos y familiares, para combatir no sólo la explotación sino también la inequidad de género, los esquemas patriarcales o la educación represiva.
El movimiento mexicano de 1968 se ceñía a estas líneas y si bien hoy es visto como un punto de quiebre en la democratización mexicana, el historiador Jorge Puma ha expuesto cómo en realidad el discurso por la democracia electoral en sí no era tan presente en ese movimiento, más preocupado por la exigencia de la liberación de presos políticos y la desaparición del cuerpo de granaderos que en las vicisitudes de las simuladas elecciones mexicanas.
Hoy empero hay quien busca apoderarse de lo que no es suyo. El maestro Jaime Ortega publicó recientemente un notable artículo en el periódico La Jornada donde criticó que ciertas voces necias contemporáneas quieren ubicar hoy, por ejemplo, a Daniel Cosío Villegas como un integrante, o algo así, del movimiento de 1968. Con pruebas documentales y rigor en mano, Ortega expuso que Cosío no sólo no deslumbraba como parte de esa movilización, sino que sus opiniones ante esos estudiantes eran críticas.
La enseñanza es, quizá, que a toro pasado, cualquiera puede tomar postura a favor del lado correcto de la historia. Hoy nadie, salvo voces reaccionarias y obtusas, reniega de los estudiantes de 1968 o lanza loas a Díaz Ordaz por lo que hizo. Pero no es muy honesto hacer pasar a críticos de antaño -que por cierto, mientras no aplaudieran el autoritarismo, tenían derecho de serlo- como militantes de algo sólo porque ese algo es hoy un elemento loable en la memoria colectiva.
Con Ayotzinapa la cuestión es distinta. Se trata de un episodio histórico reciente que, por lo tanto, no puede distorsionarse de la misma manera que otro que las generaciones recientes no vivieron. Hace 12 años gobernaba el PRI de Peña Nieto que muchas voces públicas señalaban como “nuevo” o “moderno”, que había sentado un precedente de la formalización del PRIAN con eso que se llamó “Pacto por México”.
En los medios afines a esa amalgama, muchas de las acusaciones contra los normalistas de Ayotzinapa fueron terroríficas. En noviembre de 2014, un dirigente juvenil del PRI en el Estado de México, Luis Ramírez Ortiz, exigió ni más ni menos que el regreso de Díaz Ordaz para “poner orden” en las marchas que demandaban justicia por el caso de los estudiantes desaparecidos.
En un caso inolvidable por su sevicia, Luis González de Alba, quien fuera líder estudiantil en 1968, terminó su vida como un emisor de frustraciones, donde destacaron sus bajezas contra los padres normalistas de Ayotzinapa, a quienes acusó de lucrar con la tragedia de sus hijos porque cejar en su búsqueda significaría para ellos “regresar a la milpa” y dejar la vida de hoteles de lujo y “recepción de héroes”.
En las columnas del panfletista inescrupuloso Ricardo Alemán en El Universal de 2014 y 2015 se revictimizaba siempre a los normalistas, mientras en los foros de discusión del espacio de ese tipo en ese diario, lectores y fans de ese columnista envilecido se referían de manera sádica al crimen contra los jóvenes como “la parrillada de Cocula”; mientras resultan memorables también los intentos persistentes de muchas voces, como la de Carlos Marín, de darle carpetazo al asunto al emitir loas desmedidas a la deficiente investigación de la PGR, encabezada por el hoy preso Murillo Karam.
Debido a la perversidad con que los coros mediáticos del peñismo, que hoy lo son del prianismo, expusieron el caso, y desde luego con el telón de fondo de una responsabilidad histórica del gobierno priista y las alianzas de agentes del Estado con el crimen organizado, resulta muy difícil, sin embargo, que de la nada ahora esgriman una causa que repudiaron con vileza hace doce años.
Hoy la causa de fondo para Ayotzinapa es que un gobierno emanado de la llamada 4T dé solución justa al caso y castigo a todos los responsables, cuestión que hoy tiene cierto camino legítimo recorrido pero insuficiente. Un crimen de esa magnitud, que fue punto de inflexión en muchos aspectos, es una herida cuyo cierre no depende del tiempo sino del compromiso.
En lo relativo a 1968, es momento de seguir pensando el episodio como un hito de nuestra historia, y de exponer a aquellos que hoy buscan tergiversarlo por muchas vías, como por ejemplo los desorbitados exabruptos de académicos del CIDE, que en 2021 insinuaron que el conflicto en ese centro de estudios podría asemejarse a “1968”, o quienes hoy vociferan que se vive un “autoritarismo” que igualaría a la llamada 4T con Díaz Ordaz. Usar la historia para posicionarse en el presente es legítimo, y acaso, inevitable. Pero distorsionarla no lo es.
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