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9/05/2020

La violencia de género en la escuela


La Jornada

Nuestro país tuvo un inusual inicio del ciclo escolar. Las aulas lucen vacías y los hogares se convierten en inéditos salones de clase. Desafortunadamente el piso no es parejo para la mayoría de las y los estudiantes, pues más de 50 por ciento no cuenta con los elementos mínimos para afrontar la nueva rutina escolar. Desde la falta de un lugar adecuado para el trabajo académico hasta la televisión o la computadora, que en muchos casos debe compartirse con el resto de la familia. Ni se diga el acceso a Internet o la supervisión de un adulto de tiempo completo durante la jornada educativa y en la realización de tareas para fortalecer lo aprendido. En muchos lugares de este México tan diverso priva la pobreza, que no abona al proceso educativo. No obstante, la infancia y la adolescencia permiten adaptarse con facilidad a cualquier situación por extraña que parezca, aunque por ahora la sana distancia limite la convivencia y los juegos cotidianos tan importantes en esas etapas, y el contacto presencial con el personal docente.
La educación es fundamental para el desarrollo de un país y la escuela tiene un papel destacado en la sociedad. Desafortunadamente no siempre responde a estas expectativas y las niñas, los niños y los adolescentes están expuestos a diversos riesgos que dejan secuelas que perduran en la etapa adulta o que terminan con su vida. Así lo demuestra el lamentable caso de una estudiante de 14 años que tuvo problemas con algunas de las materias que cursaba. El vicerrector de la institución se ofreció a promoverla de grado, siempre y cuando sostuviera relaciones sexuales con él. Situación que perduró durante más de un año y que no era ajena al personal del plantel.
Tiempo después, la inspectora tomócartas en el asuntoy envió a la madre de la joven un citatorio para que se presentara en el colegio. Ese día la adolescente ingirió unas pastillas que contenían una sustancia venenosa. Al día siguiente se presentó a clases y en la enfermería de la escuela únicamente le sugirieron que rezara. La madre fue notificada y trasladó a su hija a un hospital donde murió al día siguiente.
La progenitora de la joven denunció la comisión de ilícitos de índole sexual e instigación al suicidio. El juez ordenó la detención del profesor, quien se dio a la fuga, y tres años después declaró extinguida la acción penal.
El asunto fue del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por sentencia de 24 de junio pasado y notificada el 14 de agosto siguiente, concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por violación a diversos artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos vinculados con el deber de garantizar los derechos sin discriminación y de adoptar medidas de protección para niñas y niños, y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos. Además por contravenir algunas disposiciones de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la madre y hermana de la adolescente.
Para llegar a esa conclusión valoró el contexto en que se suscitaron los hechos del caso Guzmán Albarracín vs. Ecuador, en el que prevaleció el abuso de poder sobre la estudiante motivado por la confianza en la persona que tenía a su cargo los cuidados del alumnado y del entorno escolar. Aunado a la presencia de estereotipos de género que facilitaron el ejercicio de poder de la autoridad educativa y naturalizaron actos indebidos y contrarios a los derechos de la víctima que, por su edad, se encontraba en situación de vulnerabilidad.
La sentencia también razona sobre la obligación de los Estados relativa a contar con acciones para la protección de las niñas y adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar, prevenir esta clase de violencia en las instituciones educativas y propiciar mecanismos seguros para que las víctimas puedan denunciar y las autoridades investigar y sancionar.
Esta realidad nos compromete a estar alertas ante cualquier señal que pueda desembocar en actos de violencia sexual que lesionen los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Como docentes y autoridades, se impone el deber de evitar que se reproduzcan conductas de esta naturaleza o como la ocurrida recientemente y que pusiera en el debate la eficacia de la impartición de justicia. Un juez dejó en libertad a un servidor público que se encontraba a bordo de un vehículo en compañía de una niña desnuda. Los argumentos de la decisión, que fueron del dominio público, reflejan la necesidad de remediar los efectos discriminatorios y las prácticas institucionales que generalmente agravian a las mujeres. Juzgar con perspectiva de género, bajo los parámetros de la metodología de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (consultable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 2011430), garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Prestar atención al ambiente en que se desenvuelven las y los educandos es fundamental. Fortalecer las redes de apoyo, creer a las víctimas de estas conductas, actuar con prontitud y diligentemente para atacar y erradicar la violencia de género pueden salvar una vida.
No olvidemos, como afirma la antropóloga Rita Segato, quela violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia.
* Magistrada federal y académica universitaria

7/05/2020

El juicio de amparo y el nuevo arquetipo de la justicia federal

Lilia Mónica López Benítez*



Hace apenas unos días participé en un foro académico en el que se abordó una temática muy interesante producto del andamiaje jurisdiccional construido alrededor de la expedición de la Ley de Amparo. Muchos son los tópicos de interés para los juzgadores y el foro jurídico, pero especialmente para las partes en el juicio.
El siglo XXI se caracteriza como un siglo jurídico que ha puesto en el radar temas centrales como los derechos humanos, el sistema penal acusatorio y la reforma laboral, entre otras de gran calado para la impartición de justicia.
En esa lógica, se requería que México tuviera una norma reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que permitiera que los derechos de todos estuvieran garantizados y protegidos.
A partir de abril de 2013, cuando se publicó la Ley de Amparo vigente surgió una gran expectativa con la consiguiente responsabilidad para hacer funcionales las nuevas prácticas y conectarlas con el paradigma de los derechos humanos acorde con la reforma de junio de 2011.
Desde luego que no fueron pocas las inquietudes. Cualquier sistema innovador produce incertidumbre que se traduce en resistencia al cambio.
Siete años después, el desasosiego ha desaparecido y hoy vivimos con naturalidad sus beneficios. Esto no significa que se hayan agotado los grandes temas que en la práctica jurisdiccional surgen en lo cotidiano, justo porque el derecho evoluciona y la salvaguarda de los derechos humanos nos enfrenta a otros desafíos.
Relacionar los avances que la ley ha traído a la práctica forense resulta complicado, pero vale la pena comentar algunos. La otrora nueva Ley de Amparo incluye figuras novedosas, como el amparo adhesivo que tiende a agilizar la resolución de los juicios de amparo directo, pues es promovido por la parte que obtuvo sentencia favorable y que tiene interés en que subsista el acto reclamado cuando su contraparte haya acudido al juicio. De esta forma, ambas posiciones pueden definirse integralmente.
Otro aspecto que también se caracteriza por apresurar la decisión de los asuntos es la obligación de analizar todas las violaciones procesales en el primer juicio de amparo, bajo la advertencia que de no invocarlas o no estudiarlas en suplencia de la queja, ya no podrán examinarse en un nuevo juicio.
Uno de los matices más significativos de la ley es la obligatoriedad de las sesiones públicas de los tribunales colegiados de circuito, que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Dos puntos sustantivos tienen que ver con la declaratoria general de inconstitucionalidad que opera como un aviso para que, de alguna manera, los órganos legislativos tomen cartas en el asunto cuando la SCJN resuelva por segunda ocasión sobre la inconstitucionalidad de una norma general; así como los Plenos de Circuito que han resultado una herramienta útil y eficaz para unificar criterios en cada Circuito y materia, lo que reporta certeza jurídica.
¿Cuáles son los retos del juicio de amparo tras la pandemia que vivimos?
La evolución del mundo jurídico obliga a adaptarse a cambios vertiginosos que hoy, además, son impulsados por el Covid-19. Esto nos apremia a incursionar en modelos de trabajo que no se aprovechaban por desconfianza o desconocimiento. El mayor reto al que nos enfrentamos es migrar de la justicia de papel a la digital, partiendo de la premisa que el acceso a ella es un derecho humano, el desafío no es cosa menor.
Las TI son imprescindibles para la tramitación del juicio en línea; sin embargo, vivimos en una sociedad donde no todos los interesados pueden tener acceso a los medios digitales.
El presidente de la SCJN ha impulsado el juicio de amparo en línea y a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) nos ha dotado de una plataforma robusta para que las partes que intervienen en el juicio y quienes juzgamos podamos utilizar esa vía. Incluso se ha preocupado por la capacitación de las personas que juzgamos y del personal profesional que nos apoya.
El CJF pronto emitirá acuerdos administrativos que permitirán que las sesiones remotas de los tribunales colegiados sean públicas en tiempo real, pues el reclamo social tiende a criticar la opacidad. Este cambio incluye el socializar con las herramientas tecnológicas, evolucionar como operadores y partes del sistema de justicia.
En ese orden se debe regular el traba-jo a distancia implica contar con aspectos tecnológicos de interconexión y con una jornada laboral flexible, pero definida, pues no significa disponibilidad de tiempo completo. Facilitar el trámitede la firma electrónica avanzada en línea y evitar la posibilidad de falsificación de esta firma, por lo que se deben fortalecer los mecanismos para blindarla.
Es importante considerar la simplificación de la estructura y el lenguaje de las sentencias. Evitar transcripciones innecesarias y la sobreargumentación. El uso excesivo de lenguaje técnico y la amplitud de las sentencias las vuelve incomprensibles, lo que provoca que se desconfíe del sistema de justicia.
Utilizar un lenguaje ciudadano e incluyente permitirá mayor cercanía con la sociedad y especialmente con las personas a quienes se dirigen las resoluciones, para quienes es vital entender a cabalidad los aspectos de una decisión que aborda situaciones de importancia capital para su vida, pues llegan a incidir en la libertad, el patrimonio, la guarda y custodia de los hijos, entre otras.
Acercar las decisiones a sus destinatarios es fundamental, pero también a la sociedad, pues como dice la feminista Rita Segato las sentencias ejercen un poder pedagógico en la nación. Lo suscribo.
*Magistrada federal y académica universitaria

5/11/2020

Justicia en tiempos de confinamiento



Hace unos días circulaba en redes sociales un video donde se observaba a un hombre bajar despavorido de su moto y correr a esconderse tras la vegetación. La razón, un elefante avanzaba en total libertad en dirección contraria a la que él viajaba.
Por lo general los animales debían esconderse de la especie humana por temor a ser sacrificados. Hoy vemos maravillados cómo, ante la ausencia de personas, diversos animales se atreven a aventurarse en un territorio que les estaba vedado.
La pandemia ha cambiado nuestro dañino estilo de vida. Hoy estamos confinados y los patrones se revierten. Tenemos que aprender mucho de este cautiverio. Repensarnos como especie depredadora que está acabando con el ambiente y revalorar esta pausa que enseña que es posible revertir los daños generados.
Una acción que, aunque mínima, puede ayudar a evitar la contaminación es el trabajo remoto, pues privilegia un estilo diferente de actividades sin saturar el entorno. Generar procedimientos de trabajo amigables con el ambiente es una de las moralejas del coronavirus.
El trabajo a distancia no es nuevo; sin embargo, se veía como instrumento útil para la iniciativa privada. En muchas empresas este método es funcional.
La otra cara de la moneda podemos hallarla en dos vertientes: por un lado, millones deben salir a la calle en busca del sustento familiar y para ellos el home office es una ficción que el hambre supera. Es el caso de los más pobres, quienes realizan labores informales y carecen de un salario regular y de seguridad social.
Por otro, está el sector público. La burocracia que se ha resistido a sumarse a esta modalidad porque no se entiende el trabajo efectivo sin exceder la jornada laboral tras un escritorio y en muchas ocasiones sin que la productividad mejore por ese hecho.
No obstante, el Covid-19 vino a hurgar en el corazón de las instituciones y el Poder Judicial de la Federación (PJF) respondió. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente adoptó el uso de herramientas digitales para sesionar en línea, un hecho sin precedente.
Tres semanas después, los tribunales colegiados de circuito adoptamos esta forma de trabajo. A partir de ese momento ya nada será igual.
La justicia para la vida cotidiana es prioritaria en un Estado constitucional y democrático de derecho. Con mayor razón se advierte su preponderancia en tiempos de pandemia, cuando miles de personas se han quedado sin trabajo, cuando a otras se les ha vedado la oportunidad de realizar la actividad que representa su fuente de ingresos, cuando muchas mujeres son víctimas de la violencia derivada del encierro o cuando se espera ansiosamente el fallo que comunique la ansiada libertad.
Es indudable que estos aspectos fueron sopesados para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, impulsara la aprobación del acuerdo general 8/2020 del pleno del citado consejo, relativo al esquema de trabajo a distancia y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus que cambió la dinámica global.
El CJF ponderó que la prestación del servicio público de justicia es esencial, por lo que autorizó el esquema de atención de casos urgentes priorizando la sana distancia y el trabajo remoto para los juzgados y algunos tribunales. En una segunda etapa, amplió el catálogo de situaciones urgentes y se aumentó en número los órganos jurisdiccionales de guardia para atender esos asuntos.
Ante la prolongación del confinamiento, se valoró el adoptar nuevos modelos para impartición de justicia, a efecto de preservar primero la salud de las personas justiciables, así como de los servidores públicos, la reducción de movilidad y el restablecimiento de la actividad jurisdiccional en el país.
En aras de delinear el esquema de trabajo, consideró la exhortación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1/2020 (Pandemia y derechos humanos de las Américas), que insta a asegurar los mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de derechos humanos derivados de la contingencia. Atendió lo expuesto por el relator especial de la ONU en la declaración Emergencia del coronavirus: desafíos de la justicia, que incita a la activación del sistema judicial en casos urgentes mediante el trabajo a distancia.
El acuerdo del CJF define el sistema de contingencia que se compone del trámite y resolución de asuntos urgentes, con independencia de que su promoción fuera física o a través del juicio en línea; la reanudación de aquellos que se hubieran tramitado físicamente y donde sólo esté pendiente el dictado de la sentencia o resolución final; el trámite y resolución de los juicios en línea, y la suspensión de plazos y términos procesales.
El punto toral del acuerdo, que da vida al restablecimiento de la actividad jurisdiccional en su efecto expansivo, tiene que ver con el uso de las tecnologías, pues en los tribunales colegiados de circuito estaremos sesionando, al menos en mayo, por videoconferencia. En atención a las reglas de las sesiones semanales ordinarias, pero respetando la sana distancia que restringe la presencia del público que podrá hacerse sabedor de lo resuelto una vez notificada la sentencia y regularizada la actividad en el PJF.
Entre otras materias, para la penal por su especial naturaleza, el acuerdo enuncia pero no limita los casos urgentes que deben ser atendidos prioritariamente, como las solicitudes de técnicas de investigación, arraigos e intervención de comunicaciones; los aspectos sensibles vinculados con la libertad de las personas en los sistemas penales tradicional y acusatorio, así como los asuntos que deriven de la fase de ejecución penal.
Las reglas han cambiado, el sector público debe invertir en tecnologías y adaptar la prestación de servicios a través de herramientas digitales. Ninguna emergencia futura podrá detener las actividades de los sectores esenciales para la vida de un país. La justicia estará atenta a las necesidades de quienes acudan a sus juzgados y tribunales. La nueva era, además, será útil para preservar el mundo en que vivimos.

*Magistrada federal y académica universitaria

3/21/2020

Nos crecieron alas



Desde hace años suelo escuchar, al inicio de marzo, que se avecinan tiempos de renovada esperanza. La primavera se anuncia con un delicado y tenue fulgor púrpura, que poco a poco se apodera del cielo y que se tiñe de violeta anunciando que la energía se transforma. El 8M de 2020, no cabe duda, es histórico, cerró un ciclo y dio la bienvenida a la Generación Igualdad.
¿Qué hace diferente el florecimiento de las jacarandas en esta década recién iniciada? La sinergia de las mujeres, unida en una sola voz, sin distingo de ideología, aspiraciones, ni condición. Niñas, adolescentes, adultas en estrecha alianza porque nos alcanzó el hartazgo.
A las mujeres nos ligan múltiples factores y una sola fuerza compartida. Durante años nos persiguió el silencio, la rabia, el enojo y un dolor callado. Dolor que ha traspasado la piel hasta llegar a los huesos y que debe ser exterminado cual tumor que amenaza con metástasis.
Durante esta etapa nos mantuvimos en silencio y con miedo. El temor a ser nosotras mismas nos paralizó, no por elección, sino por imposición. Como implantación de un sistema patriarcal que, pese a las dudas, existe y ha dejado sentir sus abusos durante generaciones con la consiguiente pérdida de la dignidad como valor esencial de las personas.
La discriminación y la desigualdad no tardaron en aparecer, no obstante las voces de otras mujeres que, desde diversas latitudes y épocas, han luchado por el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos, que desafortunadamente hemos recibimos a cuentagotas.
Con el florecimiento de las jacarandas, un río caudaloso de agua púrpura brama al unísono: ¡Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo! Es cierto, los años de afrenta nos han obligado a exigir, pintar muros, destruir todo. Las palabras en un tiempo tímidas, en otras suplicantes y en la mayoría reclamantes no fueron escuchadas.
Por eso marchamos, para que resuene nuestro aliento, para que se oiga a las que ya no están. Avanzamos en un contingente compacto, impenetrable, resistente. No estábamos solas. ¡Nos sembraron miedo y nos crecieron alas! A las mujeres nos hermana la esperanza de un mundo mejor.
No podemos permanecer indiferentes ante la evidente violencia que relatan las estadísticas. Cientos de cruces rosas recorriendo el corazón de la Ciudad de México dan testimonio de la violencia feminicida y de la decadencia que como sociedad experimentamos. Las fuentes de nuestro recorrido se tiñeron de sangre para hacer visibles a las víctimas indirectas que perdieron una hija, una hermana, una madre o amiga. Mujeres que perecieron en manos de feminicidas. Mujeres reales con sueños truncados que no merecen el olvido.
¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!
Imposible contener las lágrimas, inevitable multiplicar abrazos fraternos y solidarios que permitían ver nuestro rostro reflejado en la cara de la de junto, de la de enfrente, de la de atrás y de las que fueron silenciadas. Sororidad le llamamos.
La ausencia de nuestras hermanas nos recuerda que el enemigo está en casa, en la calle o en el transporte público o privado. Que existe un riesgo potencial cuando te encuentras sola. No importa la hora ni lo que lleves puesto, te matan, te violan, te golpean por simple el hecho de nacer mujer.
Escuchar a los deudos, percibir en sus rostros la congoja y la impotencia, conocer su lucha sin fin en espera de una justicia que no llega, nos obliga a replantearnos la responsabilidad social que en lo individual nos corresponde. Especialmente a las autoridades nos constriñe a cumplir con una administración e impartición de justicia pronta y efectiva. Sin velo en los ojos. Prescindiendo de reproducir la violencia estructural que menoscaba dignidades y que amplía con desmesura las fisuras que nos alejan de la igualdad. Es tiempo de cambio. Transitar hacia nuevos patrones de conducta de la sociedad mexicana libres de estereotipos y roles de género. Avanzar hacia el actuar efectivo de las personas que investigan y de las que juzgamos.
Nuestra voz ya no es la misma, resuena fuerte, reverbera el eco. ¡Querían detenernos, nos hicieron imparables! En cada estallido colectivo se dejó constancia de nuestro hastío. ¡Fuimos todas! Retumbaba un coro que estremecía conciencias.
¡Juntas somos más fuertes! Quedó demostrado. Las mujeres ya no somos las mismas. Exigimos derechos, reclamamos igualdad efectiva de oportunidades, demandamos una vida libre de violencia. Es cierto ¡si tocan a una, respondemos todas!, porque unidas no estamos solas y porque no hay poder más grande que tendernos puentes y lanzarnos redes. ¡Mujer, esta es tu lucha!
Nos crecieron alas y volamos libres.

*Magistrada federal y académica universitaria