Lilia Mónica López Benítez*
Hace unos días
circulaba en redes sociales un video donde se observaba a un hombre
bajar despavorido de su moto y correr a esconderse tras la vegetación.
La razón, un elefante avanzaba en total libertad en dirección contraria a
la que él viajaba.
Por lo general los animales debían esconderse de la especie humana
por temor a ser sacrificados. Hoy vemos maravillados cómo, ante la
ausencia de personas, diversos animales se atreven a aventurarse en un
territorio que les estaba vedado.
La pandemia ha cambiado nuestro dañino estilo de vida. Hoy estamos
confinados y los patrones se revierten. Tenemos que aprender mucho de
este cautiverio. Repensarnos como especie depredadora que está acabando
con el ambiente y revalorar esta pausa que enseña que es posible
revertir los daños generados.
Una acción que, aunque mínima, puede ayudar a evitar la contaminación
es el trabajo remoto, pues privilegia un estilo diferente de
actividades sin saturar el entorno. Generar procedimientos de trabajo
amigables con el ambiente es una de las moralejas del coronavirus.
El trabajo a distancia no es nuevo; sin embargo, se veía como
instrumento útil para la iniciativa privada. En muchas empresas este
método es funcional.
La otra cara de la moneda podemos hallarla en dos vertientes: por un
lado, millones deben salir a la calle en busca del sustento familiar y
para ellos el home office es una ficción que el hambre supera.
Es el caso de los más pobres, quienes realizan labores informales y
carecen de un salario regular y de seguridad social.
Por otro, está el sector público. La burocracia que se ha resistido a
sumarse a esta modalidad porque no se entiende el trabajo efectivo sin
exceder la jornada laboral tras un escritorio y en muchas ocasiones sin
que la productividad mejore por ese hecho.
No obstante, el Covid-19 vino a hurgar en el corazón de las
instituciones y el Poder Judicial de la Federación (PJF) respondió. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente adoptó el uso de
herramientas digitales para sesionar en línea, un hecho sin precedente.
Tres semanas después, los tribunales colegiados de circuito adoptamos
esta forma de trabajo. A partir de ese momento ya nada será igual.
La justicia para la vida cotidiana es prioritaria en un Estado
constitucional y democrático de derecho. Con mayor razón se advierte su
preponderancia en tiempos de pandemia, cuando miles de personas se han
quedado sin trabajo, cuando a otras se les ha vedado la oportunidad de
realizar la actividad que representa su fuente de ingresos, cuando
muchas mujeres son víctimas de la violencia derivada del encierro o
cuando se espera ansiosamente el fallo que comunique la ansiada
libertad.
Es indudable que estos aspectos fueron sopesados para que el Consejo
de la Judicatura Federal (CJF), presidido por el ministro Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, impulsara la aprobación del acuerdo general
8/2020 del pleno del citado consejo, relativo al esquema de trabajo a
distancia y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales
derivado del virus que cambió la dinámica global.
El CJF ponderó que la prestación del servicio público de justicia es
esencial, por lo que autorizó el esquema de atención de casos urgentes
priorizando la sana distancia y el trabajo remoto para los juzgados y
algunos tribunales. En una segunda etapa, amplió el catálogo de
situaciones urgentes y se aumentó en número los órganos jurisdiccionales
de guardia para atender esos asuntos.
Ante la prolongación del confinamiento, se valoró el adoptar nuevos
modelos para impartición de justicia, a efecto de preservar primero la
salud de las personas justiciables, así como de los servidores públicos,
la reducción de movilidad y el restablecimiento de la actividad
jurisdiccional en el país.
En aras de delinear el esquema de trabajo, consideró la exhortación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución
1/2020 (
Pandemia y derechos humanos de las Américas), que insta a asegurar los mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de derechos humanos derivados de la contingencia. Atendió lo expuesto por el relator especial de la ONU en la declaración
Emergencia del coronavirus: desafíos de la justicia, que incita a la activación del sistema judicial en casos urgentes mediante el trabajo a distancia.
El acuerdo del CJF define el sistema de contingencia que se compone
del trámite y resolución de asuntos urgentes, con independencia de que
su promoción fuera física o a través del juicio en línea; la reanudación
de aquellos que se hubieran tramitado físicamente y donde sólo esté
pendiente el dictado de la sentencia o resolución final; el trámite y
resolución de los juicios en línea, y la suspensión de plazos y términos
procesales.
El punto toral del acuerdo, que da vida al restablecimiento de la
actividad jurisdiccional en su efecto expansivo, tiene que ver con el
uso de las tecnologías, pues en los tribunales colegiados de circuito
estaremos sesionando, al menos en mayo, por videoconferencia. En
atención a las reglas de las sesiones semanales ordinarias, pero
respetando la sana distancia que restringe la presencia del público que
podrá hacerse sabedor de lo resuelto una vez notificada la sentencia y
regularizada la actividad en el PJF.
Entre otras materias, para la penal por su especial naturaleza, el
acuerdo enuncia pero no limita los casos urgentes que deben ser
atendidos prioritariamente, como las solicitudes de técnicas de
investigación, arraigos e intervención de comunicaciones; los aspectos
sensibles vinculados con la libertad de las personas en los sistemas
penales tradicional y acusatorio, así como los asuntos que deriven de la
fase de ejecución penal.
Las reglas han cambiado, el sector público debe invertir en
tecnologías y adaptar la prestación de servicios a través de
herramientas digitales. Ninguna emergencia futura podrá detener las
actividades de los sectores esenciales para la vida de un país. La
justicia estará atenta a las necesidades de quienes acudan a sus
juzgados y tribunales. La nueva era, además, será útil para preservar el
mundo en que vivimos.
*Magistrada federal y académica universitaria
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