Ciudad de México. Desde 2019 nuestro país no cuenta
oficialmente con programas que coordinen la política pública en materia
de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia para las
mujeres, problemáticas que se han agudizado durante la contingencia
sanitaria por el COVID-19.
Al participar en una conferencia de prensa virtual el pasado 6 de
mayo, Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional México, advirtió que en México no existe una política de
Estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
“(Las mujeres) No somos una política de Estado. Tan que no lo somos
que el 6 de marzo de 2019, el presidente presentó en la conferencia
matutina el Plan Emergente para Prevenir y Sancionar las violencias
contra las mujeres que hasta el día de hoy no está publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), como tampoco está publicado el
Programa para la Igualdad. Al no estar publicadas las políticas públicas
en el DOF no podemos contar con indicadores, no podemos contar con
conocimiento de cuáles son las metas y los objetivos de esos programas”,
señaló la experta en Derechos Humanos (DH).
Tania Reneaum expresó que en México las políticas públicas en materia
de violencia contra las mujeres se han centrado en la violencia
familiar durante los recientes 15 o 20 años; además, hay pocas políticas
de prevención transexenales, que pueden evaluarse de un sexenio a otro,
ya que en cada sexenio se reinventan las políticas de prevención sin
dar resultados claros; a esto se suma, dijo, que México le ha apostado a
políticas punitivas que se basan en aumentar el catálogo de delitos o
de penas, pero no ha funcionado porque lo que se requiere son políticas
que ofrezcan alternativas de vida para las mujeres víctimas de
violencia.
SHCP retrasa programas
Cimacnoticias preguntó vía transparencia a la Secretaría de
Gobernación (Segob) cuáles son las acciones que ha implementado de 2019 a
2020 para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, así
como el estatus de publicación de los grandes programas transversales en
esta materia: el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Esta dependencia respondió que ambos programas fueron diseñados en
2019 tras la elaboración de foros con sociedad civil en entidades como
Oaxaca, Colima, Sinaloa y el Estado de México. Sin embargo, ambos
prevalecen en dictaminación final por parte del área Jurídica de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Una vez que se cuente con el
dictamen favorable correspondiente se procederá a su publicación en el
DOF”, dijo la dependencia.
Estos programas son centrales en la política pública a favor de los
derechos de las mujeres porque tiene metas y acciones específicas
medibles y porque contienen las directrices para la coordinación
interinstitucional y entre los tres niveles de gobierno.
Por ejemplo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece objetivos
específicos para el acceso a la justicia, la coordinación
interinstitucional, servicio de atención para las mujeres y prevención
de la violencia; asimismo, el Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, conocido como ProIgualdad 2019-2024, cuyo objetivo es
garantizar la transversalización de la perspectiva de género en toda la
política pública federal.
De acuerdo con la Segob, estos programas entrarán en vigor para
empezar a coordinar con los integrantes del Sistema Nacional para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes una vez que sean publicados en el DOF. Es
decir, sin estos programas cualquier acción para prevenir o atender la
violencia contra las mujeres no estará articulada con una política
estratégica y central.
El pasado 30 de marzo, esta agencia consultó
al respecto de estos programas a la directora de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim),
Candelaria Ochoa Ávalos. La funcionaria dijo que la SHCP ya los había
validado pero permanecían en el área jurídica en espera de que se
publiquen y aseguró que aunque los programas no se han publicado
oficialmente, se están llevando a cabo. “No están paradas las acciones”,
respondió la titular.
Entre las acciones que, de acuerdo con la respuesta de Segob, la
administración de Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo estos
dos años para la prevención y atención de la violencia contra las
mujeres están 43 capacitaciones para 872 personas servidoras públicas;
la firma de la iniciativa Spotlight con la Unión Europea (para la que no
tiene información de operación o resultado, de acuerdo también con la
respuesta oficial); la instalación de una mesa para el seguimiento de
las recomendaciones de la CEDAW; el inicio de un diagnóstico sobre el
fenómeno de la tortura sexual de las mujeres en México; así como
acciones de comunicación en redes sociales, campañas en medios de
comunicación y concursos.
Asimismo, la Segob explicó que a través de la Conavim se crearon tres
Centros de Justicia para las Mujeres y se fortalecieron cuatro; así
como la asignación de 101 millones 591 mil 382 pesos para las Alertas de
Violencia de Género, y se modificaron los reglamentos para el Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las mujeres, pero todo esto hasta 2019, nada reportado durante
2020.
Ausencia de políticas de Estado agrava violencia durante COVID-19
Wendy Figueroa, coordinadora de la RNR, explicó también durante la
conferencia de prensa del 6 de mayo que un ejemplo de la ausencia de una
política de Estado para atender la violencia contra las mujeres es en
el tema los Refugios, ya que aún no se han implementado las casas de
transición que se requieren para atender a las mujeres antes de que
ingresen a un refugio; tampoco hay un mandato u obligación para que los
estados y los municipios implementen refugios bajo normativas
específicas; y cada año las organizaciones tienen que buscar el
financiamiento para operar.
Esta ausencia, dijo, se hizo especialmente visible durante la
contingencia sanitaria por la nueva pandemia, ya que la violencia contra
las mujeres aumentó y con ello la necesidad de atención en los
refugios, los cuales están saturados entre el 100 y 80 por ciento, no
tienen suficientes recursos y brindan atención a mujeres que fueron
canalizadas por las propias dependencias de gobierno en las entidades
porque no tenían los recursos para atenderlas.
Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional del
Sistema de Seguridad Pública del mes de marzo, las cifras de víctimas
mujeres por homicidio doloso aumentaron entre febrero y marzo al pasar
de 219 víctimas a 254 en el último mes, la cifra más grande reportada
durante este 2020. Además, los delitos contra la libertad y la
seguridad sexual, como abuso, acoso, hostigamiento sexual o violación
también aumentaron al pasar de 5 mil 239 carpetas de investigación a 5
mil 786.
En esa conferencia, distintas organizaciones a favor de las mujeres
advirtieron que tienen previsto acudir al Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Belém Do Pará (un organismo internacional que revisa y da
monitoreo a las políticas públicas de los Estados de la región americana
en materia de la violencia contra las mujeres) y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para que “revise que las políticas
públicas en materia de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en
México durante la pandemia, y aún antes de la pandemia, no son una
realidad”.
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