“Lo
urgente generalmente atenta contra lo necesario”. Esta frase –atribuida
a Mao Tse-Tung– es casi siempre acertada. Sin embargo, lo urgente en
México, salvar vidas durante la pandemia, ha abierto el debate en el
país sobre la necesidad de contar con un sistema de salud universal,
efectivo y de calidad. Los hechos de corrupción, de una dimensión que
raya en lo inverosímil, minaron durante años al sistema público de salud
y lo dejaron al borde de la inutilidad frente a la Covid-19. Escases de
camas de terapia intensiva, de médicos especialistas e infraestructura
hospitalaria y de un largo etcétera, colocaron a México en los últimos
lugares de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
Apurado por la emergencia, el gobierno
ha equipado hospitales, contratado personal médico y destinando grandes
recursos con el propósito de volver operante el sistema de salud,
anquilosado y dividido en varias instituciones que otorgan una atención
médica dispar. Es justo ese fraccionamiento del sistema de salud
nacional (IMSS, ISSSTE, INSABI, Pemex, SEDENA y SEMAR) y de cada una de
las 32 entidades estatales lo que crea diferentes condiciones de acceso
de la población a estos servicios.
Además del precario sistema de sanidad
pública, se hizo patente la muy diezmada salud de los mexicanos: el 15
por ciento padece de obesidad y diabetes, lo que convierte a este
segmento en potencial grupo de riesgo frente a la pandemia. No hay que
ser muy perspicaz para responsabilizar a las refresqueras de esa otra
pandemia, mucho más mortífera que la propio Covid-19.
La empresa Coca-Cola, con el 47 por
ciento del mercado de bebidas azucaradas en México, es la principal
responsable del desastre, aunque también es verdad que el gobierno
mexicano no ha tomado una sola medida efectiva contra este vicio que nos
enferma y mata. Los más liberales, y no faltan, dirán que la
responsabilidad de ingerir bebidas azucaradas recae en cada uno de
nosotros. No obstante, hay que recordar que en las zonas más marginadas,
justo ahí donde hay menos educación y trabajo, se encuentran las
concentraciones más grandes de diabetes ocasionadas por la ingesta
diaria de esos productos.
La mayoría de los mexicanos no podemos
acceder a los servicios de salud con los estándares que se esperarían de
la decimotercera economía mundial. Y sucede lo mismo con el resto de
los derechos sociales: no contamos con un seguro de desempleo, que sería
de gran ayuda en situaciones como la que estamos atravesando, por
ejemplo.
La seguridad social, que implica entre
otras prestaciones, derecho a una jubilación, no garantiza un retiro
digno por edad avanzada. Tampoco se ha logrado hacer efectivo el acceso a
la educación de calidad, a la alimentación, al agua potable, ni a la
vivienda digna. Derechos que determinan el bienestar integral de la
población.
El problema al que nos enfrentamos, más
allá de la urgencia en la atención médica, es al de haber minimizado la
responsabilidad del Estado en la generación de las condiciones básicas
para ejercer los derechos de forma plena. No obstante, existe una
solución a todo esto, una muy sencilla en términos teóricos, pero muy
complicada en términos fácticos: la redistribución del ingreso.
México ocupa el quinto lugar con más
porcentaje de pobres de todo el continente, según la Cepal, sólo por
debajo de Honduras, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Todos los avances
tras la Revolución Mexicana parecen quedar eclipsados por este único
hecho.
Los grandes empresarios mexicanos buscan
la reducción de la carga fiscal. Esto incluso quedó plasmado en la Ley
de Ingresos, reformada el año pasado, y que posibilitaba la condonación
de impuestos. Algunas de las medidas tomadas hasta hoy por la llamada
cuarta transformación, como desenmascarar a empresarios y políticos
corruptos que continúan con una visión egoísta, es fundamental; sin
embargo, aún es pronto para emitir un juicio sobre los efectos reales de
estas acciones. En todo caso, éstas, por más superficiales que
parezcan, son importantes para dar el siguiente paso: que el gobierno
aproveche su legitimidad para buscar una mejor redistribución de la
renta nacional. Redistribución que por fuerza causaría resistencias.
No hay duda de que el cobro de impuestos
progresivos es la base de toda redistribución justa del ingreso. Sólo
así se pueden financiar los servicios sociales necesarios para el
bienestar general. Todo acto de justicia social parece provocar pánico
de los mercados. Los más liberales dirán que el aumento de impuestos
progresivos ahuyentaría al capital. Empero, muchos de ellos no podrían
irse a ningún otro país a hacer negocios: aquí están las minas de plata y
cobre de Grupo México, aquí está la mina de litio más grande del mundo y
también Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del
continente.
En este momento parece haber un consenso
en México entre los más liberales y los que apuestan por la
construcción de un Estado de bienestar, en el que el sistema de salud
sea una realidad y no sólo una norma constitucional que no se ve
garantizada por el gasto público. Es el Estado el que tiene que hacer
frente a la pandemia y otorgar servicios de salud digna para todos,
pero, ¿cómo se puede hacer eso sin una recaudación de impuestos
suficiente?
Para lograrlo, el ejercicio universal y
efectivo del derecho a la salud, nuestro modelo de referencia debe ser
el europeo. En los países de la Unión Europea, los sistemas de salud son
en principio universales, por lo que no se limita a los
derechohabientes. En materia de derechos sociales, debemos dejar de
imitar a Estados Unidos. Nuestro vecino del Norte, que ha acumulado más
riqueza que ningún otro en la historia, es el mismo donde viven 27
millones de personas que no cuentan con un seguro que les garantice
atención sanitaria mínima. Una vez pasada la crisis ocasionada por la
Covid-19, una nueva reforma fiscal debería ponerse en marcha en México;
una reforma que, de una vez por todas, ponga a México en la senda de la
igualdad.
Mario Santiago**Doctor en derecho. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
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