En 2018, se logró
el triunfo democrático gracias a un partido surgido de las bases
populares, a un dirigente excepcional y a un pueblo participativo que
pudo superar el fraude oficial y la compra del voto. Hoy, el reto,
además de vencer la pandemia, es instaurar un cambio en las estructuras
económicas injustas que el pueblo de México ha padecido desde hace largo
tiempo.
Los términos del debate están claros, de un lado los que pretenden
mantener el sistema capitalista prevaleciente y frente a ellos, quienes
se proponen un cambio de fondo, a una mejor distribución de la riqueza,
más oportunidades para todos, en especial en materia educativa y más
equidad en general.
En México, los críticos de la transformación ya iniciada por el
gobierno actual, buscan mantener el sistema tal cual, con el ingrediente
venenoso de la corrupción y como proceso social clave, el de la libre
competencia y la calificación de todos como triunfadores y perdedores.
Para el Estado, proponen que sea tan sólo un espectador de la economía
y, a lo más, un árbitro para cuando surgen conflictos.
La propuesta que busca la democracia económica y la justicia social
no aspira a una revolución violenta. No se trata de un choque ni del uso
de la fuerza, mucho menos de violar la ley. La Constitución vigente
reconoce la economía mixta, acepta y alienta los tres sectores de ella:
público, privado y social; en su capítulo económico, confiere al Estado
el dominio directo de las áreas estratégicas del sistema productivo, le
confiere la rectoría en las áreas prioritarias y le faculta para
legislar en todo lo demás; nuestro sistema mixto admite la libre
competencia atemperada para evitar abusos.
Esta alternativa tiene precedentes históricos; recuerdo algunos
ejemplos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, se impulsaron empresas
cooperativas en las que los trabajadores fueron dueños de los medios de
producción. Cárdenas y su equipo impulsaron cooperativas en la pesca, en
los transportes, en la producción de cemento y otras. La experiencia
funcionó bien, con altibajos, pero en cuanto llegaron al poder
gobernantes con una visión distinta, se frenó el intento, se combatió,
se descuidó y al final quedó sólo en un buen precedente.
Las propuestas de economía social también salieron de la Iglesia
católica, que impulsó una red de sociedades cooperativas. El artífice de
esta experiencia fue el sacerdote Pedro Velázquez, quien desde el
secretariado social del Episcopado Mexicano promovió una forma novedosa
de ahorro y préstamo mediante las
cajas popularesque permitían ahorrar y otorgaban créditos sin fines de lucro, educar en el manejo del dinero, la discusión entre iguales, el principio de una persona un voto y arraigaron la solidaridad entre los participantes.
Fue el padre Pedro Velázquez el encargado de la experiencia social
entre 1941 y hasta su muerte en 1968; este peculiar sacerdote se formó
en la Universidad Gregoriana de Roma, pero también tomó cursos en la
Universidad Obrera y logró alentar cientos de cajas populares, verdadera
banca del pueblo, que funcionó con base en la buena fe y en el apoyo
mutuo.
Su hermano Manuel, también sacerdote, dio continuidad a la obra y
recibió en 2013, de la Cámara de Diputados, la Medalla al Mérito
Cooperativo; lamentablemente, a pesar del reconocimiento y de la
vigencia de una ley que reconoció la legitimidad de las cajas populares,
desde la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, en
pleno neoliberalismo, se les persiguió hasta prácticamente acabar con
ellas.
Hay otros muchos precedentes; uno de ellos es el de la Cooperativa
Pascual, que compite exitosamente con las refresqueras internacionales.
Tampoco hay que olvidar propuestas de la mejor época del PAN. A reserva
de, un día de éstos, dedicar un artículo especial a recordarlas, hoy
menciono algunas propuestas panistas, promotoras de la economía
solidaria y popular. Una ley para establecer el crédito escolar, una
reforma al Código Civil para prohibir el anatocismo, que es la
capitalización de los réditos o intereses; San Buenaventura calificaba
en su tiempo, al anatocismo como
el robo so pretexto del contrato.
Otra propuesta panista fue la iniciativa de reforma a la Ley de Pesca
para impulsar el cooperativismo entre los pescadores; otra fue la
iniciativa para que los trabajadores tuvieran acceso a la propiedad y a
la dirección de las empresas, mediante la adquisición de acciones con
sus ahorros o con parte de sus gratificaciones de fin de año; me consta
que un banco mexicano, antes de la expropiación bancaria, experimentó
con este sistema y sus empleados, cuando adquirían acciones del banco en
que trabajaban, se sentían más ligados a la empresa, que ya era, aunque
fuere en parte mínima, de su propiedad.
Reitero: la batalla de hoy, no hay que olvidarlo, está en el campo de
la economía. O se mantiene el sistema anterior, injusto y depredador de
la naturaleza, o se dan pasos firmes hacia una economía solidaria.
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