La Jornada
Leopoldo Santos Ramírez*
“A tiempo amar y desatarse a tiempo”. Renato Leduc inició su poema con esta máxima referida no sólo al tiempo y destiempo dedicado al amor, como era su intención, pero igual, al tiempo perdido:
ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Este refrán, válido para todo tipo de circunstancias donde media una tarea por realizar, resulta de innegable utilidad aplicado al tiempo de la política. Porque una de las virtudes del oficio político consiste en conocer el acompasar del proceso social, de plazos estrictos, sobre todo si se mide por sexenios.
Bien entendido, otorga la capacidad para desatarse de todo aquello que aparece como rémora inútil. De ahí que, si en un principio, la 4T y Andrés Manuel creyeron que tenían seis largos años para resolver las tareas y proyectos propuestos, la realidad es que desde el primer momento empezó un conteo inexorablemente rápido.
La pandemia del Covid 19, al acelerar las contradicciones de una sociedad en confinamiento, reduce el lapso sexenal, si se considera la enormidad de las tareas por cumplir y las dificultades de la recesión en marcha. Los planteamientos de justicia social, tanto desde la campaña como los que aún conserva el discurso de la 4T, parecen difíciles de lograr en este tiempo político que en lugar de pasar, parece desvanecerse.
Si por la pandemia y las nuevas circunstancias de la economía mundial estuviéramos en la hipótesis de un aplazamiento de las metas del sexenio, entonces, a quienes tienen el timón, les resultará importante determinar qué objetivos pueden lograrse en el pos-Covid-19 que empezaremos a vivir muy pronto.
Los de la cúpula, los poderes fácticos o propietarios, a pesar de la orfandad parcial en que la 4T los mantiene, trabajan rápido con la convicción de que lo decidido hoy desde el gobierno y las legislaturas no podrá ser revertido tras el Covid-19 (en Sonora intentaron sin éxito, ante un Congreso bisoño, imponer la segunda vuelta en elecciones). Tienen dos estilos para ablandar; unos desde la lisonja, otros desde el ataque frontal. Si el gobierno cede en lo importante, jugará sus últimas cartas y habrá de cambiar su destino.
Hasta hoy, pese a la intensidad de los pronunciamientos, en el extremo popular no parece haber interlocutores. La pandemia no es pretexto para que grupos con décadas de organización y demandas legítimas permanezcan en cuarentena política, mientras gobierno y cúpulas discuten temas centrales para el destino de la nación. Nadie les abrirá las puertas si no lo hacen por sí mismos. Hablo de clases populares, sindicatos, movimientos, organizaciones con objetivos sociales y de partidos políticos que consideren rescatables los propósitos de la 4T; pero aun más allá, quienes piensen que para salvar esos proyectos es necesario moverlos hacia la izquierda, en ese espacio por ahora ambiguo, donde a pesar de todo se resguardan las reivindicaciones del interés de la nación.
El problema reside en cómo hacer que esa porción mayoritaria de la sociedad entre a la discusión como interlocutora con todos sus derechos. Hay varias tareas inconclusas en la 4T, de obvia resolución, ligadas a la organización de los canales en que correrá la relación obrero-patronal. Por ejemplo, el incumplimiento de la reforma a los sistemas de contratación mediane terceros ( outsorcing), condenando a trabajadores a la anulación de sus derechos.
En otro ejemplo de tareas inconclusas, pero muy ligada a la situación anterior, se encuentra la congelación a demandas como la reinstalación de los obreros en huelga de la sección 65, y la justicia para los pueblos localizados a la vera del río Sonora, víctimas en 2014 del derrame de la mina de Cananea concesionada a Grupo México.
En el tema financiero, el gobierno de la 4T se concedió tres años para presentar una reforma, pero quizá en esa fecha no pueda concretarla por las innumerables tareas que se acumularán. Por eso es importante que si no una reforma financiera completa, sí es posible detener los cobros indebidos, bajar las comisiones bancarias contra los usuarios y detener el acoso de los bancos a sus clientes. Simplemente bajar las comisiones ahora aliviaría a una clase media agobiada y fincaría el reconocimiento al gobierno de la 4T, parecido al que suscitó la primera intentona de bajar las comisiones por el Legislativo al inicio del nuevo régimen. Sería deseable empezar a cancelar las concesiones a la banca extranjera, sobre todo de aquellos bancos que al resguardar el dinero de los clientes hacen cobros indebidos, autopagándose con las cuentas a las que están obligados a proteger. Santander compite como el más dado a utilizar esas maniobras actuando siempre bajo reglas de impunidad. Las tareas que ahora pueden hacerse están a la vista de la sociedad entera. Falta la decisión de aprovechar el tiempo, evitando un destiempo, porque, como dice Renato Leduc, la sabia virtud consiste en reconocer el tiempo para no verlo pasar tan acremente.
*Investigador de El Colegio de Sonora
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