Ciudad de México. A partir de este martes 12 de mayo
y hasta 2024, las fuerzas armadas de México tendrán la facultad de
realizar tareas de seguridad pública como operativos con autoridades
civiles para detener personas, asegurar bienes y realizar labores de
vigilancia.
Este lunes la Presidencia de la República publicó el acuerdo en el
Diario Oficial de la Federación a pesar de que organismos
internacionales y agrupaciones civiles han documentado el aumento de
violaciones a Derechos Humanos de las mujeres cuando soldados y marinos
salen de los cuartes para realizar tareas de seguridad pública.
Al respecto, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh), Melissa Zamora Vieyra, expuso en entrevista
que este acuerdo es consecuencia de la reforma constitucional de 2019,
que dio origen a la Ley de la Guardia Nacional; y aunque es legal, dijo,
es necesario que la Ley sea examinada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
¿Militarización del país?
El acuerdo, firmado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, ordena a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad
pública, de manera extraordinaria, hasta que la Guardia Nacional,
institución policial creada por ley en mayo de 2019, desarrolle su
estructura, como se planteó desde su creación.
El documento indica que la actuación del Ejército será de
forma “regulada, fiscalizada y subordinada”, pero remite a algunas
disposiciones del artículo 9 de la Guardia Nacional, como permitir que
soldados prevengan delitos, realicen operativos, detengan personas,
aseguren bienes y realicen tareas de vigilancia y control migratorio.
Atribuciones de las fuerzas armadas
- Prevenir delitos y faltas administrativas
- Garantizar, mantener y restablecer el orden en zonas fronterizas, centros de supervisión y control migratorio y carreteras federales
- Detener personas y asegurar bienes relacionados con hechos delictivos
- Realizar labores de vigilancia
- Realizar operativos conjuntos con autoridades federales, locales o municipales
- Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales
La abogada Zamora Vieyra señaló que el acuerdo no tiene un contenido
novedoso, sólo reitera el régimen de militarización de la seguridad
pública que fue avalado por el Congreso de la Unión el año pasado. En
2019, recordó, la sociedad civil ya advertía que estas normas tendrían
consecuencias terribles porque lejos de reducir el índice de violencia y
criminalidad, aumentarían las violaciones a Derechos Humanos.
Ejemplos de los delitos que ha cometido el Ejército en contra de la
población son los casos que han llegado a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH): uno por la desaparición forzada de un líder
ocurrida en 1974; dos por la violación sexual de dos mujeres indígenas
en 2002; uno por detención arbitraria y tortura de dos campesinos en
1999 y otro más por la privación de la libertad de tres personas (dos
mujeres y un hombre) en 2009.
Aunque no hay una cifra de cuántas mujeres y niñas han sido víctimas
de violencia, tortura, violación sexual, feminicidio, desaparición y
otros delitos, cometidos por las fuerzas armadas, diagnósticos de
organizaciones civiles como Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos o el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres, de Chihuahua, señalan que desde 2006 se
incrementaron estos crímenes.
Los distintos informes aseguran que durante la administración del
entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se “militarizó la
seguridad pública” como estrategia para detener la delincuencia
organizada y el narcotráfico. Incluso el informe 2020 de la organización
internacional Human Rights Watch indica que entre diciembre de 2012 y
enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
recibió más de 4 mil 600 quejas por presuntos abusos militares.
Otra consecuencia de la militarización en la vida de las mujeres es
la detención arbitraria y sin orden judicial y tortura sexual para que
se declaren culpables de cualquier delito que se les impute. Por
ejemplo, el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por
policías y Fuerzas Armadas en México”, elaborado por Amnistía
Internacional en 2016, analizó las historias de 100 mujeres que
denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto e
interrogatorio a manos de estos cuerpos policiales.
La abogada del Centro Prodh, organización que ha litigado casos de
mujeres víctimas de las fuerzas armadas, explicó que muchas violaciones a
Derechos Humanos siguen en la impunidad. Agregó que la situación
histórica de violencia y discriminación contra las mujeres se agrava en
contextos de militarización, como se evidenció durante los sexenios
pasados, donde la sociedad civil documentó casos de violencia contra las
mujeres, cometida por soldados.
En el caso de la tortura, mencionó Zamora Vieyra, hay sexualización
cuando se trata de víctimas mujeres. Además, recalcó que hoy en día hay
mujeres encarceladas después de ser torturadas y sometidas a procesos
irregularidades. Es por esta razón que debe existir un mecanismo de
supervisión de la Guardia Nacional, pero hasta hoy no se tiene claro
cómo sería, dijo.
Mando civil, cuerpo militar
En julio de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
quien hasta el cierre de esta edición no se ha pronunciado, promovió
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuatro acciones de
inconstitucionalidad respecto de la ley de la Guardia Nacional; sobre el
Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones; y del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
Considerando este antecedente y que el acuerdo publicado este lunes
11 es un derivado de la reforma constitucional y las leyes secundarias
en materia de Guardia Nacional, Melissa Zamora mencionó que se espera
que la SCJN revise estas impugnaciones para tener claridad de la
constitucionalidad del modelo de seguridad a seguir.
El documento del Diario Oficial de la Federación señala que las
actuaciones de las fuerzas armadas serán fiscalizadas y subordinadas;
sin embargo, la abogada señala que la frase es muy ambigua y queda
abierta a interpretaciones sobre quién o quiénes serás las autoridades
encargadas de este tema.
Hasta ahora, el acuerdo dice que cualquier imprevisto relacionado con
las fuerzas armadas será supervisado y atendido por los órganos de
control de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa
Nacional, aun cuando las agrupaciones civiles han señalado que estos
órganos tienden a cubrir actos de violaciones a Derechos Humanos y de
corrupción.
Cabe decir que, por ley, el mando de la Guardia Nacional es civil
pero su cuerpo es militar, porque se integrará por integrantes de la
Policía Federal, Naval y Militar, por lo que esto, sumado a que hay las
fuerzas armadas realizarán tareas de seguridad, el Centro Prodh hizo un
llamado para que las acciones que se implementen se den en un marco del
respeto a los Derechos Humanos.
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